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De indignante, fue calificada por Ernesto Cedeño la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar y no investigar a 34 diputados reelectos por el supuesto uso de $403.4 millones en concepto de partidas circuitales, durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Cedeño demandó a los diputados por supuesto delito ‘contra la administración pública’ y adelantó la posibilidad de peculado.

El fallo de no proceder contra los diputados fue unánime por parte de los magistrados, aunque incluyó los votos razonados de los magistrados Oydén Ortega y Harley James Mitchell Dale. Jerónimo Mejía no asistió a la sesión del pleno extraordinario, pero asistió su suplente.

El argumento de los magistrados se fundamenta en la falta de pruebas sumarias como lo exige la Ley 55 que reformó el Código Penal y fue presentada por el diputado Hernán Delgado del CD en el 2012.

‘No existen testimonios directos, informes, documentos o pericias, como un alcance contable particular, informe de auditoría interna, o resultado al menos preliminar de auditoría de la Contraloría General de la República que indique no solo la recepción del dinero, sino la forma y manera en que fueron dispuestos estos fondos.

No hubo prueba idónea de la existencia del delito para entonces entrar a investigar la posible vinculación –individualizada– de los 34 diputados denunciados de manera colectiva’, informó la Corte en una nota de prensa.

El rechazo de la denuncia, se insiste en el comunicado de prensa, se da por no existir prueba idónea que la respalde y no implica tránsito a cosa juzgada, pues solo se ha decidido no iniciar la fase de investigación, evitándose así permitir la violación de garantías fundamentales o patrocinar la impunidad en perjuicio de la sociedad.

REACCIÓN LEGISLATIVA

Los diputados reelectos tomaron distancia de la decisión de la Corte y se limitaron a decir que es una decisión de otro Órgano del Estado.

‘Hay separación de poderes; no puedo opinar sobre las decisiones que tome la Corte, como ellos tampoco lo hicieron cuando juzgamos a un magistrado de la Corte’, aseguró el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós.

El diputado además planteó que cada uno de los Órganos debe jugar su rol. Por supuesto, hay armónica colaboración; sin embargo, eso no tiene que obligar a que haya injerencia de un Órgano en otro y eso debe mantenerse así.

Por su parte, los diputados de Cambio Democrático que fueron sancionados por el Tribunal Electoral por el uso de recursos del Estado, anulando las elecciones, se mantuvieron silencio. Uno de ellos fue Carlos Afú, quien aseguró que no daría declaraciones a los medios de comunicación.

Quienes si se atrevieron a hablar fueron breves. Javier Carrillo, del CD, dijo que el fallo debe emitirse basado en el derecho y esperemos que salgan las explicaciones técnicas y legales de cuáles fueron.

Héctor Aparicio, también del CD, se limitó a manifestar que esa es una decisión exclusiva de la Corte.

INSISTIRÁ

El demandante no se dará por vencido. Una vez reciba la copia autenticada del fallo, solicitará al contralor, Federico Humbert, que haga una auditoría en base a la decisión de la Corte.

Cedeño no descarta que esta decisión de los magistrados sea una respuesta a la advertencia que lanzaron algunos diputados de la Asamblea Nacional cuando culminó el juicio contra el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, con el que enviaron un mensaje indicando que se debería investigar las denuncias que han presentado al resto de los magistrados de la Corte Suprema.

En la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, reposan varias denuncias contra magistrados de la Corte por diversas causales. José Ayú Prado encabeza las denuncias. Por el momento, no hay fecha para su análisis.

 

Una denuncia penal fue interpuesta ayer ante el Ministerio Público contra la exdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM) María Cristina González y otras siete personas, a quienes se les vincula con una supuesta red dedicada a la venta de visas restringidas.

 

El abogado Rolando Sánchez presentó la denuncia a título personal, basado en publicaciones que hizo La Prensa la semana pasada en relación con las operaciones de la supuesta red.

En la denuncia también se menciona al exfuncionario Gabriel De Janon; a los excónsules de Panamá en Hong Kong (China), India y Cuba, Edwin Almario, Julio de la Guardia y Luis Carlos Cleghorn, respectivamente; a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Ricardo y Luis Martinelli Linares; y a Aurora Muradás, amiga del exgobernante.

La investigación de La Prensa reveló que por cada visa restringida a ciudadanos de Cuba, China, Haití, India y Bangladesh se pagaban más de $25 mil. La información fue confirmada por el brasileño Alexandre Ventura Nogueira.

Los supuestos ilícitos se cometieron durante la gestión de González en el SNM, entre 2009 y 2011.

La denuncia, a la que este diario tuvo acceso, pide que se investigue a los mencionados por tráfico de personas, corrupción y asociación ilícita para delinquir.

“Se ha puesto al descubierto una serie de sucesos que pudieran encuadrarse dentro de diversas conductas delictivas”, indica el documento.

“El diario La Prensa narra y describe un organigrama estructurado para cometer diversos hechos punibles, donde se da cuenta de la participación de diversas autoridades”, agrega.

Luego de presentada la denuncia, Sánchez manifestó que “próximamente estaremos aportando documentación que prueban cómo los cónsules de India y China se repartían el dinero con los Martinelli [hijos del expresidente] y la señora Aurora Muradás”.

El abogado pidió a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, que inicie las investigaciones de inmediato y cite a declarar al brasileño Ventura Nogueira.

Este medio llamó al celular y dejó mensajes de correo electrónico de las personas mencionadas, pero no respondieron. 

“Ricardo Martinelli sabía exactamente, no solo lo que pasaba en el PAN, sino en cada uno de sus ministerios”, aseguró Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia .

Papadimitriu, quien por años fue el hombre de confianza del entonces mandatario, acudió ayer al Ministerio Público, con documentos en mano, para probar que todas las órdenes de compra del Programa de Ayuda Nacional (PAN) se hicieron por instrucciones directas de Martinelli.

Lo dijo horas después de que Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli, lo denunciara por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, argumentando que tiene un patrimonio de $300 millones en el principado de Andorra, un “paraíso fiscal”.

Papadimitriu mostró una carta en la que supuestamente se señala que Martinelli le ordenaba firmar todo lo que le enviaba Giacomo Tamburrelli, antiguo director del PAN y actualmente bajo detención domiciliaria mientras se le investiga por la compra de comida deshidratada por $45 millones.

“Ese es el tipo de persona al que le gusta meter este tipo de denuncia, porque es un cobarde. Es cobarde, no quiere venir a Panamá y se esconde en Miami [Estados Unidos] con sus billones de dólares y no se atreve a venir a afrontar la ley”, manifestó Papadimitriu.

‘Martinelli es un cobarde’

El exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu (2009-2012) se convirtió ayer en el tercer funcionario de la era de Ricardo Martinelli que lo señala como la persona que daba las órdenes de lo que se aprobaba en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

“Ricardo Martinelli sabía exactamente, no solo lo que pasaba en el PAN, sino en cada uno de sus ministerios”, expresó Papadimitriu, quien por años fue su hombre de confianza.

Papadimitriu se sumó a los exdirectores del PAN Giacomo Tamburrelli (2009-2012) y Rafael Guardia Jaén (2012-2014), quienes en sus declaraciones indagatorias ante el Ministerio Público afirmaron que Martinelli daba las órdenes para avalar los contratos millonarios que hoy son investigados por presuntos sobrecostos.

Tamburrelli mantiene una medida cautelar de casa por cárcel desde diciembre pasado, tras enfrentar cargos por presunto peculado en una investigación por la compra de comida deshidratada por 45 millones de dólares a través del PAN.

En tanto, Guardia Jaén está detenido, desde noviembre pasado, por delitos de peculado y contra la administración pública. Hace una semana fue trasladado a El Renacer.

acusaciones

Papadimitriu respondió ayer, con documentos en mano, a su salida de la Procuraduría, adonde acudió para conocer sobre una denuncia que interpuso Sidney Sittón, abogado de Martinelli, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, argumentando que tiene un patrimonio de 300 millones de dólares en el principado de Andorra, un “paraíso fiscal”.

Papadimitriu divulgó una carta –con membrete del Gobierno Nacional y sin fecha– como prueba de que Martinelli le ordenaba firmar todo lo que mandara Tamburrelli.

El otrora “súper ministro” de Martinelli lo retó ayer: “Ven a Panamá… Podemos hacer una prueba de caligrafía”. Martinelli le respondió en su cuenta de Twiter: “Esa no es mi firma”.

“Ese es el tipo de persona a la que le gusta meter este tipo de denuncia, porque es un cobarde. Es cobarde, no quiere venir a Panamá y se esconde en Miami con sus billones de dólares y no se atreve a venir a afrontar la ley”, indicó Papadimitriu, quien señaló que Martinelli, también presidente de Cambio Democrático, tiene un “problema” con él porque asesoró a la campaña política de Juan Carlos Varela.

“No solo tengo esta carta. También tengo las agendas de las diferentes juntas directivas donde está la firma del señor Ricardo Martinelli. Así que yo tengo todo esto para decirles a ustedes que Martinelli sabía exactamente todo lo que pasaba en cada uno de sus ministerios”, destacó.

negocios con edificios

Papadimitriu, conocido como “el poder detrás del poder” en el gobierno pasado, declaró que “Martinelli sabía exactamente todo lo que pasaba en el PAN” ante las versiones del exgobernante que ignoraba las irregularidades en el PAN, adscrito a la Presidencia de la República y a pocos metros del Palacio de las Garzas.

Indicó que a su antiguo jefe “le gustaba tanto en PAN que, siendo Presidente, compró el edificio del PAN y lo remodeló con dinero del Estado y luego le subió el canon de arrendamiento”.

De acuerdo con una publicación de este medio, los edificios fueron remodelados por 699 mil dólares, en 2014, con fondos del Estado. Posteriormente a las remodelaciones, el alquiler anual fue aumentado a 662 mil dólares y antes de los trabajos se pagaba 552 mil dólares por año.

Sociedades vinculadas a Gaby Btesh, del círculo cero de Martinelli, estaban detrás del negocio con los alquileres de los edificios del PAN.

Pinchazos a todos

Papadimitriu también habló sobre los pinchazos. Afirmó que el exgobernante no solo tenía “pinchados” a sus opositores, sino a los de su gobierno.

Además, precisó que Martinelli trató de extorsionar a Tamburrelli con una grabación de una conversación entre él y el jefe del PAN.

Manifestó que salió del gobierno de Martinelli por las irregularidades que se cometían y que no interpuso las denuncias antes, porque el Ministerio Público estaba controlado.

Enfrentamientos

Sus declaraciones desataron los comentarios de Martinelli en Twitter, quien afirmó que Papadimitriu renunció al gobierno en 2012, una vez se expropió terrenos de Juan Hombrón, en las costas de Coclé, y que el entonces ministro trató de robarse esas tierras.

También señaló que el antiguo ministro era “dueño, amo y señor de PAN” y “el presidente y representante legal”.

Papadimitriu negó las acusaciones de Martinelli.

En su defensa salió la exviceministra de la Presidencia María Fábrega, quien aclaró que fue el mismo exministro el que pidió la expropiación de las tierras de Juan Hombrón.

Manifestó que, al igual que Papadimitriu, ella renunció al “gobierno del cambio” por decepción.

 

De dónde salió el dinero que acumuló ilícitamente el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna es una de las interrogantes que la Procuraduría General de la Nación debe resolver, o por lo menos eso es lo que pide el Movimiento Independiente de Renovación Nacional (MIREN), al que se suman los abogados Víctor Martínez y Guillermo Cochez.

MIREN, grupo encabezado por el excandidato presidencial Juan Jované, presentó ayer una denuncia contra el empresario Felipe ‘‘Pipo” Virzi y María del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna, y cualquier otra persona que resulte vinculada por los delitos que fueron imputados al exmagistrado.

La denuncia se fundamenta en que el empresario Virzi aceptó públicamente que le había prestado $1.8 millones al exmagistrado para la compra de los dos apartamentos, que fueron incautados por la Fiscalía de la causa que investigó a Moncada Luna.

Además, que Fernández era representante, en conjunto con su esposo, de las sociedades anónimas que compraron los apartamentos.

En la denuncia se pide que Virzi y Fernández sean investigados por los mismos delitos que fue procesado Moncada Luna: enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsedad ideológica.

Aunque Moncada Luna no fue condenado por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios, ‘no debe tomarse como que no hubo corrupción porque para que haya corrupción de funcionarios públicos, debe haber algún corruptor’, señala la demanda.

BANCOS, EN LA MIRA

Jované va más allá de las personas. Dijo que en este caso la Procuraduría debe investigar la responsabilidad de los bancos porque se dijo que los apartamentos habían sido pagados con un cheque de gerencia.

Jované también pide que se investigue a las personas relacionadas con las siete sociedades anónimas cuyas cuentas bancarias quedaron incautadas.

Cochez, en tanto, consideró que es probable que ese enriquecimiento injustificado de Moncada Luna haya sido por venta de fallos o por contratos que otorgó cuando fue presidente de la Corte.

Moncada Luna adelantó a la empresa constructora Corcione, vinculada al expresidente Ricardo Martinelli, un pago de $1.3 millones por un contrato de construcción de estacionamientos. La obra no se realizó por protestas de los vecinos y la empresa tuvo que devolver el dinero.

Martínez pidió que los fallos de Moncada Luna sean auditados y que se investigue a bancos y empresarios.

Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría, afirmó que evaluarán las pruebas que tiene la Asamblea para verificar si son suficientes para formular cargos o ampliarán la investigación antes de tomar una decisión sobre las personas mencionadas.

Este diario llamó a Virzi para conocer su versión, pero no respondió las llamadas.

 

En medio del proceso por supuestas compras con sobreprecios en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Ministerio Público tiene en agenda secuestrar cuentas de las empresas General Mills y Calox Panameña. En ambas compañías figura como accionista Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.

Los oficiales del Ministerio Público están en el proceso de determinar el monto en el que Martinelli se pudo ver beneficiado y sobre la base de éste se tomarán acciones legales contra las cuentas en las que aparece como accionista.

Se trata de dos empresas filiales de compañías internacionales dedicadas a la venta y procesamiento de granos, cereales, harina y otros productos alimenticios.

Mario Martinelli, quien representó al partido Cambio Democrático en la Junta Nacional de Escrutinio en las pasadas elecciones, fue señalado por Pablo Ruiz, representante de Hialing Corporation S.A., al momento de rendir declaración en el proceso por sobreprecios.

Según declaró Ruiz al Ministerio Público, Mario Martinelli se encargaba de proveer el financiamiento, además de asesorar los trámites legales, así como lo que correspondía a los actos públicos y, sobre todo, cobrar las cuentas con el Estado. También proveía los productos y los contactos de los proveedores.