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Una máquina para la recepción, conversión y regeneración de voz entró al país el pasado 12 de febrero a solicitud de una empresa panameña que prefirió no proceder con la revisión aduanera, y dejó la carga por más de un mes en una bodega en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Se trata de un aparato que, según la descripción de carga, se especializa en la

captación de voz, además de imágenes y otra información. Costó $1.8 millón y otros $10 mil por el envío a Panamá. Su compra la realizó la empresa hindú Cadryche Automation and Office Solutions, y la consigna del paquete la efectuó la sociedad china Kingtex Limited.

El equipo debía ser entregado a las oficinas de la firma Offshore Legal Support, con dirección en Plaza Aventura, en la avenida Ricardo J. Alfaro.

El representante de esta sociedad es Steffan Roy Leguísamo, quien en su sitio web se proyecta como especialista en la creación de empresas y en aprovechar las ventajas fiscales que brinda Panamá, de acuerdo con la sugerencia del nombre de la propia empresa. 

 

Una rápida búsqueda realizada por este medio, en el Registro Público, dio cuenta de que Roy Leguisamo aparece en la directiva del al menos, 200 empresas.

RESERVADO

En entrevista con este medio, Roy Leguísamo confesó que una empresa panameña, cuya identidad no quiso revelar, lo contrató para servicio de correspondencia. Es decir, cualquier mercancía para enviar o recibir tendría que realizarse a través de Offshore Legal Support para mantener oculta la identidad de la sociedad.

Según explicó una fuente cercana al trámite carguero del aparato, y que ha preferido el anonimato, la empresa de transporte contactó a Roy Leguísamo para conocer la fecha de retiro de la carga. Sin embargo, el abogado en primera instancia negó que la carga fuera suya.

Una llamada sobre el tema a la empresa china bastó para que la carga fuera aceptada. La fuente explicó que para poder retirar la carga de la bodega, la misma se debe declarar a aduana para que realice una inspección detallada.

UNA EMPRESA EN LA SOMBRA

“Ese es un cliente. No es que sea mío el aparato”, contestó un nervioso Roy Leguisamo al ser cuestionado sobre los propósitos de este artefacto de escuchas.

“Yo les dije [a los dueños] que ese era un aparato de temas sensitivos. Ellos me contrataron para servicio de correspondencia, y cuando la tipa me contrata, pensé que era por papeles, y cuando veo era un aparato de 85 kilos de algo muy raro”, añadió.

Roy Leguísamo explicó que se comunicó con la empresa que lo contrató para desligarse de cualquier responsabilidad, ya que no quería tener nada que ver “con interceptación de voces ni nada por el estilo”.

Aunque decidió no revelar el nombre de la empresa que recibiría el aparato, sí dio algunos detalles de la misma. “Es una empresa que hicieron unos cuantos abogados. Me extraña porque cuando una empresa contrata a unos abogados, los abogados le hacen ese servicio. No me contrataron como abogado, pero sí en correspondencia. Es una empresa panameña, pero los dueños no son panameños”, afirmó.

El día siguiente después de la conversación, la empresa china que envió el aparato a Panamá ordenó que la carga fuera devuelta.

EL ESCÁNDALO DE ESPIONAJE

El aparato, diseñado para captar conversaciones, tiene similitudes técnicas con el que adquirió el expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) por $13.4 millones a una empresa israelí en 2010.

El artefacto permitía intervenir llamadas telefónicas, infiltrar computadoras y captar conversaciones en privado. En 2014, el gobierno de Cambio Democrático adquirió otro equipo más sofisticado que les permitía apoderarse de los teléfonos móviles para rastrearlos y controlarlos desde un punto remoto.

Con ese artefacto, ubicado en el Cerro Ancón según revelaron fuentes vinculadas a su operación, Martinelli intervino al menos 150 personas, entre los que resaltan políticos de gobierno y de oposición, empresarios, periodistas y hasta ciudadanos estadounidenses. El propio presidente, Juan Carlos Varela, fue víctima de esta operación clandestina.

Todos los lunes, de acuerdo a los testimonios, Martinelli recibía un informe semanal de los más importante.

Por este caso, los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz son investigados por el presunto delito contra la violación del secreto y el derecho a la intimidad.  

 

Mientras que Garuz también enfrenta otra investigación por el supuesto delito de peculado, ya que no solo se utilizaron fondos públicos para pagar la operación detectivesca, sino que se calcula un sobrecosto de $11.5 millones en la compra del primer aparato.

 

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, desistió de la solicitud de audiencia que había presentado ante el pleno de la Corte Suprema  de Justicia (CSJ), para pedir la acumulación de las dos denuncias presentadas contra el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza. 

Porcell requirió la audiencia en una nota enviada el 10 de febrero pasado y 10 días después el magistrado Harry Díaz fue asignado como juez de garantías. El desistimiento tiene fecha del 6 de este mes y fue entregado en la Secretaría General de la CSJ. 

Mediante resolución del 9 de marzo se archivó la solicitud.  

Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron de que la procuradora Porcell está revisando el expediente para ver lo que procede y dar un dictamen sobre las denuncias, que fueron presentadas por Carlos Rubio, del Partido Popular, y por el Colegio Nacional de Abogados (CNA). 

A su vez, fuentes del Órgano Judicial explicaron que el Código Procesal Penal dice que es el MP el que debe acumular las denuncias. 

Luego, según las fuentes, Porcell puede pedir una audiencia ante la Sala Penal para someter las pruebas a control de legalidad. 

Peñaloza es funcionario con mando y jurisdicción nacional, por lo que es investigado y juzgado bajo las reglas del sistema penal acusatorio.  

Rubio y el CNA acusan a Peñaloza de omisión al no investigar los delitos en la pasada campaña electoral, cuando se usaron recursos del Estado para favorecer a los candidatos del gobierno anterior.  

Peñaloza regresó ayer en la mañana a su puesto.  

Explicó que decidió suspender sus vacaciones –de cuatro meses– luego de lo acontecido el pasado lunes, cuando –entre forcejeos– Ceila Peñalba, fiscal suplente, asumiera el control de las oficinas de la Fiscalía Electoral. 

"No era la forma adecuada para que se posesionara del cargo", dijo Peñaloza. "Se tomó por la fuerza… esto no puede ser", añadió. 

Peñaloza, según una resolución de la Fiscalía, se acogió a vacaciones desde 16 de enero hasta el próximo 15 de mayo. En aquel momento anunció que tomaba vacaciones para asumir su defensa ante las dos denuncias que existen en su contra ante el Ministerio Público. 

Sin embargo, en la mañana de hoy –en entrevista aTelemetro– Peñaloza dijo que se había separado de la institución para resolver "asuntos personales". El pasado viernes 13 de marzo, en declaraciones a La Prensa, indicó que todo este tiempo había permanecido en Panamá Oeste.

SU RETORNO A LA ENTIDAD

A su llegada a la sede de la fiscalía, a eso de las 8:00 a.m., Peñaloza dijo que evaluará las acciones legales que interpondrá para que se determine si hubo o no un delito, luego de que Peñalba fuese juramentada ayer en su oficina.  

Estuvo acompañado de José Félix González, a quien había dejado encargado en sus vacaciones y que ayer mismo debió abandonar la sede de la fiscalía. Peñaloza describió lo sucedido como un “asalto a la Fiscalía Electoral” y “un atentado a la institucionalidad”. Sin embargo, dijo que estaba dispuesto a conversar hoy mismo con Peñalba. "Yo no tengo nada que esconder", comentó.

LA FISCAL SUPLENTE

Tal y como había previsto, Peñalba llegó a las 10:00 a.m. de hoy para conversar con el fiscal electoral, pues ya no puede ejercer el control de la institución pese a que ayer tomara el cargo durante un accidentado acto. 

"No se trata de quién gana y quién pierde aquí, solo cumplo con lo que dice la Constitución", explicó Peñalba, casi en tono molesto, por las amenazas que diera ayer José Félix González.  

González, en entrevista al noticiero nocturno de Telemetro, denunció que le habían sacado del despacho de la fiscalía y obligado a firmar un documento en el cual le traspasaba el mando a Peñalba. 

Incluso amenazó con demandar a la notaria Norma Marlenis Velasco por supuestamente haber presentado una declaración notarial para que se retirara y entregara las oficinas.  

"Eso es totalmente falso", respondió Peñalba.  Contó que ya desde el domingo había acordado previamente una transición sin complicaciones, y que él se regresaría a su puesto como fiscal electoral en la provincia de Chiriquí. 

Incluso, reveló que fue el propio González quien propuso que se estableciera en un documento que ella quedaría a cargo, puesto que "me dijo que la Fiscalía estaba prácticamente paralizada" porque la Contraloría General de la República no le reconocía la firma. 

Por ello, dijo Peñalba, se redactó la declaración notarial "en una firma de abogados" en "concordancia con él". Sin embargo, el acuerdo se complicó luego de que el lunes 16 de marzo, a eso de las 11:50 a.m. llegara Peñalba junto a directivos del Colegio Nacional de Abogados, entre ellos su presidente José Alberto Álvarez.  

El ambiente se puso tenso cuando González, luego de saludar y permitir la entrada exclusiva a Peñalba a la institución, le cerrara abruptamente el paso a Álvarez. Hubo empujones, gritos y amenazas. 

Tras la mediación de algunos miembros del CNA, los asistentes y el fiscal encargado acordaron subir el despacho.  

Como el acuerdo previo, que incluía la firma del declaración notarial, se había caído, la fiscal suplente y los miembros del CNA acordaron llamar a la notaria Norma Marlenis Velasco para que diera fe del ingreso de Peñalba.   

En tanto, al mediodía acabó la reunión entre Peñaloza y Peñalba. Esta última dijo que se acordó pedir que se haga una auditoría a la Fiscalía General Electoral. "Ya salgo de escena", anunció Peñalba, toda vez que el principal en el cargo suspendiera sus vacaciones.

La Contraloría General de la República comenzó ayer un proceso de auditoría en la Universidad de Panamá (UP), justo cuando se dio inicio al primer semestre de clases y en medio de una protesta por la suspensión por cinco años del profesor Miguel Antonio Bernal.

La investigación surge después de una denuncia presentada por el propio Bernal y ante la exigencia de la ciudadanía de conocer a profundidad el manejo administrativo y financiero de la casa estudios superiores.

La auditoría pretende confirmar o descartar supuestas anomalías en el envío de dinero a la Fundación Universidad de Panamá, la venta de inmuebles, arrendamientos, manejo de planillas especiales, entre otros aspectos administrativos.

Gustavo García de Paredes, rector de la UP desde 2003, manifestó que es la décima auditoría que se realiza durante todos sus períodos.

UP espera notificar hoy a Bernal sobre su suspensión

Un grupo considerable de personas acompañó ayer a Miguel Antonio Bernal a dictar su primer día de clases este año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (UP), y de manera unánime exigir al Consejo Académico de esa casa de estudios revaluar la medida de suspensión de cinco años aplicada en su contra.

Entre aplausos y gritos de consignas, representantes de organizaciones civiles como el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Federación de Asociaciones Profesionales y el Movimiento Renovación Universitaria acudieron a respaldar al catedrático desde las 6:00 a.m.

Entre los asistentes se encontraban el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado y el presidente del CNA, José Alberto Toto Álvarez, quienes calificaron la decisión del Consejo Académico como “intransigente” y violatoria de derechos.

El propio decano de la Facultad de Derecho, Gilberto Boutin, reconoció que “Bernal es un extraordinario catedrático de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional”, y que aunque su personalidad es un poco anárquica y controvertida, “sería una pérdida muy lamentable que fuese expulsado”.

Bernal agradeció a los presentes e indicó que presentará los recursos que la ley le permite para evitar ser suspendido.

El rector, Gustavo García de Paredes, reiteró ayer que la suspensión de Bernal se debió a expresiones irrespetuosas de este en 2004.

Mientras tanto, el secretario de la UP, Miguel Ángel Candanedo, detalló que para hoy se tiene previsto notificar de la medida al catedrático a través de su abogada, Rita Jaén, quien quiso cumplir con dicho trámite ayer, pero no se pudo porque pidió una copia autenticada de la resolución suscrita por el Consejo Académico.

AUDITORÍA

En tanto, funcionarios de de la Contraloría se presentaron ayer en la universidad, para investigar una denuncia sobre supuestos malos manejos administrativos interpuesta por Bernal.

El contralor Federico Humbert informó la semana pasada de que recibió la denuncia, que consta de 13 páginas e incluye señalamientos de supuestos malos manejos de recursos públicos.

En ese sentido, García de Paredes aseguró no tener ningún temor por las investigaciones que se realizarán, ya que, a su juicio, sostener la universidad durante los últimos años “ha sido un milagro”, ya que casi no tiene recursos.

 

En $2.2 millones se calcula el alcance de la auditoría realizada por la Dirección de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría a las propiedades del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, informó una fuente ligada a las investigaciones que se siguen al exfuncionario.

Entre las propiedades que Ferrufino no reconoció como suya figura una casa de campo ubicada en el Valle.  

 

“Tampoco tengo casa en el Valle de Antón. Hay una casa que es una cabaña propiedad de una hermana mía, que con su propio pecunio ella la logró hacer… ¿sabe cuantas veces he ido allí?: dos veces”, declaró en Telemetro el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La casa está ubicada en las faldas de cerro Gaital, a pocos metros del zoológico El Níspero, y desde donde se puede apreciar a los dos océanos que rodean a Panamá. “Esa es la casa de Ferrufino, allí siempre vienen él y sus hijos”, dicen los lugareños cuando se les consulta por la propiedad.

La vida legal de esta casa en el Valle está resumida en esta historia: la finca, registrada bajo el número 15629 era propiedad de Dalila Bellido de Ponce y de Gladys Marina Bellido de Ponce. Fue adquirida por la Fundación Hermanos HEFE, [por $29 mil 616], el 21 de octubre de 2011, según consta en el Registro Público.

La Fundación Hermanos HEFE se creó cinco meses antes de la compra de la finca [20 de mayo de 2011]; su presidenta es Martha Herrera, hermana de Miguel Herrera, cuñado de Ferrufino: está casado con Sonima Ferrufino Benítez, hermana del exministro.

Cuando se realizó la compra, Miguel Herrera figuraba en la planilla del Mides como “Coordinador de Planes y Programas del Despacho Superior”.

Sin embargo, cheques obtenidos por este diario, [ver facsímil] dan cuenta de que la propiedad no costó $29 mil 616, sino $198 mil 400 dólares. La operación fue la misma que el exfuncionario aplicó para pagar una finca en La Chorrera.

Se giraron dos cheques a nombre de Dalila Bellido: el primero se emitió el 19 de enero de 2012 por $150 mil, y salió de la chequera del empresario Fotis Lymberópulos, amigo del expresentador del programa Qué tal si te digo.

El segundo pago, por $48 mil 400, se realizó el 3 de marzo de 2012 y salió de la cuenta de la empresa Helix Craft, cuyo presidente es Lymberópulos.

FINCA EN LA CHORRERA

Empresas de Lymberópulos aparecen en la transacción de la compra de la finca 262419, [24 hectáreas] ubicada en el sector de Santa Cruz, corregimiento de Herrera en La Chorrera, propiedad que está registrada a nombre de Milena Vallarino, esposa de Ferrufino.

Carlos Crespo Marín, expropietario de la finca, recibió tres pagos por las tierras: un cheque por $32 mil, otro por $250 mil y un tercero por $150 mil. Estos últimos dos pagos fueron emitidos por la empresa Heliflight Panama, S.A., propiedad de Fotis Lymberópulos.

Heliflight Panama, S.A. obtuvo contratos del Mides, gestionados por el Programa de Ayuda Nacional, por $3.8 millones. En entrevista con La Prensa, Crespo Marín aseguró que los cheques se los entregó Ferrufino.

Recientemente, la fiscal segunda Anticorrupción Vielka Broce, ordenó la detención preventiva del exministro, luego de que este rindiera indagatoria por los contratos irregulares otorgados a Heliflight Panama, S.A. para el alquiler de helicópteros a través del PAN.

Otra de las propiedades de Ferrufino que están en la mira de las autoridades es una camioneta Toyota Land Cruiser del año 2013.

Aficionado a los carros de lujo y de carrera, el exministro importó el mencionado vehículo a través de la empresa Larosch Panamá en septiembre de 2012. Le costó $110 mil.

“No utilicé la exoneración… tenía los autos del Estado, teléfono y gasolina. Hice una inversión de una camioneta. Eso sí tengo que aceptarlo y lo digo públicamente… y pido disculpas: hicimos una declaración jurada haciendo una excepción, ese vehículo [la Toyota Land Cruiser] lo puse a nombre de la madre de mi esposa”, contestó Ferrufino en noviembre de 2014 cuando en una entrevista en Telemetro se le consultó sobre sus propiedades.

Pero lo que no contó el hombre que un día soñó con ser Presidente de la República fue que parte del costo del carro se pagó con un cheque de $60 mil firmado por Rodrigo Rodríguez, representante legal de la empresa Food Gel, S.A.

Esta empresa, de acuerdo con documentos oficiales, recibió contratos entre 2012 y 2013 por $2.9 millones para el suministro de bolsas con comida, abastecimiento de comedores comunitarios y casas hogares en Panamá, Colón y Darién.

La compañía en cuestión también distribuyó jamones a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Varios de los contratos fueron otorgados a través de convenios establecidos entre el dúo Mides y el PAN.

De acuerdo con información del Registro Público, la empresa [Food Gel S.A.] fue inscrita el 18 de julio de 2011. Tiene como dignatarios a Angel Brennan Rodríguez (presidente); Briceida Buitrago Castillo (Tesorera y Secretaria); y Jaime Camargo (director).

En calidad de agente residente aparece Carmela de Araúz.

Food Gel S.A., que también vendió artículos promocionales al Programa 100/70 por más de $2 millones, está ligada al empresario Carlos Caneto Araúz, actualmente con detención preventiva a raíz de una investigación que se le sigue como parte del expediente inherente a la compra de bolsas de comida, que adelanta la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

En 2013, cuando este diario le consultó sobre los contratos otorgados a esta compañía, un Ferrufino sereno y con la seguridad que otorgaba ser miembro del gabinete de Martinelli contestó: “[Al PAN] Nosotros le hacemos solicitudes simplemente de artículos, bolsas de comida para los adultos mayores, y a veces nos las aprueban”. Argumentó que los adultos mayores “no tienen a veces ni siquiera una tolda donde guarecerse, un paraguas o algo”, dijo, buscando justificar un negocio de millones de dólares con el Estado para un amigo suyo.

En el quinquenio pasado, Ferrufino y Araúz forjaron una amistad al calor de los negocios. Vacacionaron en Aruba, paseaban en yate por las costas panameñas y participaban en ruidosas y costosas fiestas.

Este medio contactó ayer al abogado de Ferrufino, Luis Carlos Cabeza. Se le pidió una reacción sobre estas nuevas revelaciones. Esta fue su respuesta: “Aunque no lo creas, aún no hemos visto el Informe”. Dijo que estudiaría [el expediente] y prometió que invitaría a este periodista a conocer los argumentos de él y otros dos abogados [Eduardo Sequeira y Francisco González] que llevan el caso. “Eso pudiese ser el martes”, afirmó.

PLANILLA Y EMPLEADOS

El pasado sábado 14 de marzo, en la nota periodística titulada El Mides pagó vida secreta de Ferrufino , este diario contó que el exministro utilizó los recursos del Mides para pagarle a trabajadores de sus fincas.

Bernardino Frías, identificado como el administrador de las tres fincas del exministro, estuvo en la planilla del Mides con un salario inicial de $800, pero en 2013 Ferrufino le aumentó el sueldo a mil dólares. También está el caso de Daniel García, quien devengó en el Mides mil 500 dólares mensuales, como jefe de Seguridad; mientras que Javier Chacón, emplanillado en el Mides como asistente (transitorio) de Ferrufino, ganaba $3 mil.

Carlos Espino Villalaz, otro asesor de Ferrufino, traspasó a Chacón el carro que supuestamente fue baleado por el entonces ministro en su fiesta de cumpleaños celebrada el 7 de marzo de 2013 en La Chorrera.