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A quince días de concluir el actual periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que pretende derogar la denominada ‘ley de blindaje' no ha logrado el consenso entre los diputados.

En lugar del acuerdo, a lo interno del Legislativo ya se habla de grupos que pretenden boicotear el anteproyecto para que no se convierta en ley de la República.

La iniciativa, que fue presentada el 30 de enero por el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, pretende modificar la ‘ley blindaje' que establece que para denunciar a algún diputado, sea necesario incluir la prueba sumaria de parte del demandante.

Además, la Ley 55 establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo de hasta dos meses para investigar a cualquier diputado y, en el caso de que no concluyan las pesquisas en este término, los magistrados se verían obligados a archivar el proceso.

Según trascendió, hay un grupo, entre los cuales estarían los diputados Benicio Robinson, Crispiano Adames, Zulay Rodríguez y Luis Barría, que se oponen a la iniciativa y estarían buscando apoyo para que no se concrete.

A pesar de que el anteproyecto de ley fue presentado hace más de tres de meses, hasta el momento no ha sido siquiera prohijado y se espera que esta semana se retome la discusión.

Ante la falta de apoyo de parte de los diputados, Valderrama había adelantado la posibilidad de flexibilizar el texto y buscar un consenso que podría fijar entre cuatro a seis meses el periodo para la investigación.

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DEROGACIÓN DE LA LEY 55

El 30 de enero se presentó la propuesta que derogaría la Ley

Se eliminaría el plazo de dos meses para que la Corte Suprema investigue a los diputados.

Se eliminaría la exigencia de la prueba sumaria para que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia contra algún diputado

La vista fiscal de la investigación por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad —en la que están involucrados Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exjefes del Consejo Nacional de Seguridad— estará terminada esta semana.

Así lo informó ayer la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, quien adelantó que se solicitará condena para los implicados. Además de Pérez y Garuz, están involucrados los exagentes William Pittí y Ronny Rodríguez (actualmente prófugos), a quienes se les formularon cargos.

El 31 de marzo, las autoridades judiciales informaron que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada había cerrado la investigación.

La procuradora Porcell explicó ayer que el fiscal Contra el Crimen Organizado debe remitir su vista fiscal a los tribunales para continuar con las diligencias judiciales. Porcell añadió que en el caso de Pittí y Rodríguez, se seguirán las diligencias judiciales para que comparezcan ante los tribunales.

Pérez y Garuz están detenidos desde el pasado lunes 12 de enero, luego de ser capturados en un operativo simultáneo en sus residencias en horas de la madrugada. En la residencia de Pérez se encontraron armas de uso militar para las cuales no existen permiso de posesión personal.

Los hechos están relacionados con las intervenciones telefónicas y filtración de correos electrónicos durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.

La Procuraduría logró determinar que habían sido pinchadas las comunicaciones de unas 150 personas, entre ellas empresarios, políticos opositores, dirigentes obreros y de la sociedad civil organizada. Incluso Pérez y Garuz están en la lista de los pinchados. También personas con nombres de origen extranjero y empresas.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a parte de lista que aparece en el expediente en los folios 5851, 5852 y 5853.

No obstante, se informó que la lista variaba de acuerdo con el interés que tuviera el gobierno de Martinelli en determinado momento.

El aparato tenía capacidad para espiar a 150 personas de manera simultánea.

Algunos políticos afectados han presentado denuncias en la Procuraduría y en la Corte Suprema de Justicia en contra de Martinelli, al considerar que es el principal responsable del espionaje.

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DETENCIÓN PREVENTIVA

Pérez y Garuz fueron capturados en un operativo sorpresa

El 12 de enero, las autoridades allanaron, simultáneamente, las residencia de Pérez y Garuz.

Ambos fueron llevados a la cárcel La Gran Joya. La semana pasada, Pérez fue trasladado a El Renacer.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal ha prometido volver este lunes a las aulas de Derecho de la Universidad de Panamá (UP) confiado en que interponer un escrito de aclaración a la decisión del Consejo Académico de suspenderlo por cinco años le dará tiempo para salir airoso de la disputa legal que lleva con las autoridades universitarias.

Entre febrero y este mes, Bernal ha interpuesto seis amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, y uno de ellos, asegura, ha sido admitido.

Se trata de un proceso que llevó a la Corte porque la UP no remitió una advertencia de inconstitucionalidad que le hizo justamente en febrero pasado, por el caso que hoy la directiva universitaria lo ha sacado temporalmente.

El caso data de 2004, cuando, según la administración de la UP, Bernal irrespetó al rector Gustavo García de Paredes, quien anunció este año su intención de correr por un sexto período consecutivo en 2016, cuando se convoquen a nuevas elecciones en la institución.

El expediente que la Corte habría acogido está en manos del magistrado Harry Díaz, argumentó Bernal.

Otros cinco amparos están en los despachos de Harley Mitchell, Abel Zamorano y José Ayú Prado.

Tras la negación de su recurso de reconsideración a su expulsión, el docente anunció que interpondrá otro contencioso administrativo contra la decisión de la UP, uno de los caminos que al calor de su expulsión hace dos semanas, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, había recomendado.

Mañana se formalizará un movimiento ‘de dignidad por el rescate de los valores universitarios’, cuya principal demanda será ‘rechazar la persecución a Bernal y el respeto al debido proceso’.

El rector García de Paredes ha anunciado que demandará a Bernal.

Con la participación de los más altos representantes de las principales empresas líderes en tecnología del mundo, se realizó un conversatorio entre estos y el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Irvin A. Halman.

Halman calificó el encuentro como inédito y de crucial importancia para el país por la calidad de invitados que asistieron, en el marco de la II Cumbre Empresarial de las Américas.

El administrador general de la AIG, explicó a los presentes las iniciativas de la Agenda Digital Panamá 4.0 que entre otros proyectos, contempla un rediseño de la Red Nacional de Internet gratuito con mayor capacidad y cobertura, lo que fue bien recibido por empresas como Facebook y Microsoft que han mostrado su disposición de apoyar las iniciativas de conectividad para la inclusión que lleva a cabo el Gobierno panameño.

Microsoft apoyará con la implementación de la tecnología conocida como White Space, que permitirá conectar lugares remotos de nuestra geografía, así como otras empresas participantes mostraron igual interés de colaborar en proyectos que incidirán en la modernización del Estado a través de nuevas tecnologías que ya están al alcance de los gobiernos y de los ciudadanos.

En tanto el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos de América,  Bruce H. Andrews, manifestó su complacencia con este encuentro e instó a los presentes a apoyar con soluciones innovadoras como aliados estratégicos en el desarrollo del ecosistema innovador y las iniciativas que ha propuesto el país.

En este encuentro participaron las siguientes empresas globales de tecnología: Microsoft, Hewlett Packard, Cisco, Twitter, Facebook, Google, Intel, Dell, BlackBerry, Intelsat, Paypal, VMware, Huawei.

Por el Gobierno de Panamá participaron el ministro Consejero y Presidente del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental, Francisco Sierra, así como los viceministros Néstor González, Augusto Arosemena y Eyda de Chinchilla, de Comercio, Presidencia y Economía, respectivamente. Además asistieron el Dr. Jorge Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Roberto Melo, presidente de la Cámara Panameña de Tecnología e Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), entidades que en conjunto con la AIG, están tomando acciones concretas para el desarrollo del sector con miras a establecer un “hub tecnológico” en Panamá.

La Asamblea Nacional tiene el reto de discutir y aprobar en lo que resta de abril, dos proyectos para que Panamá no siga siendo considerado un paraíso fiscal por organismos internacionales.

Se trata de los proyectos de ley N° 167 y N° 183, que adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales y busca adelantar la vigencia del régimen de custodias para las acciones al portador, respectivamente.

Hoy a partir de la 1:00 p.m., la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea discutirá el proyecto que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al menos tres actividades confrontan problemas con el pago a proveedores, además de las dificultades que están teniendo los bancos con sus corresponsales y solo una de ellas, pone en riesgo unos 5,000 empleos, indicó a la agencia de noticias ANPanamá el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia.

El ministro de Economía ha señalado que el proyecto contra el blanqueo de capitales completa un 60% de una serie de medidas que debe poner el país en vigor a más tardar este año para cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De La Guardia ha dicho que espera que el proyecto sea aprobado antes de que terminen las sesiones de la Asamblea el 30 de abril, debido a que el GAFI ha llamado a Panamá a cumplir con una serie de acciones para la plenaria de junio próximo. De lo contrario habría que esperar al nuevo periodo legislativo que inicia el 1 de julio de 2015.

De ser aprobado el proyecto de ley por la Asamblea y luego por el Ejecutivo, en la plenaria del GAFI se aprobaría enviar una misión para confirmar que Panamá ha adoptado los cambios, y tal vez, en octubre podría ser excluida de la lista gris donde aparece desde junio de 2014.

PROYECTO 167

Busca reforzar los controles y supervisiones en la banca, la actividad bursátil y otros sectores económicos, con el fin de evitar delitos financieros ampliando a 44 el número de sujetos regulados.

Actualmente, son supervisados el sector bancario, seguros y valores y se incluye actividades de las zonas francas, las promotoras y corredoras de bienes raíces, los juegos de azar, las casas de cambio, casas de empeño y de remesas, financieras, proveedores de tarjetas de crédito, compañías que comercializan metales y piedras preciosas, las que se dedican a la compra de automóviles y al ramo de la construcción, correos y telégrafos.

Además de las asociaciones de ahorro y préstamo, servicios de encomiendas internacionales y la Lotería también deberán establecer controles contra las actividades delictivas de este tipo.

Adicionalmente, serán supervisadas las actividades realizadas por profesionales cuando actúan en nombre de un tercero, como es el caso de los contadores y los abogados. Las empresas que desempeñan estas actividades serán consideradas ‘sujetos obligados’ y deberán profundizar en el conocimiento de sus clientes.

PROYECTO 183

El lunes el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, también presentó un proyecto de ley que busca agilizar la vigencia del régimen de custodia de las accines al portador.

Este proyecto que consta de siete artículos busca modificarían los artículos 4, 5, 23, 25 y 28, de la Ley 47 del 6 de agosto de 2013.

El artículo 4 y 5 se refieren a la entrega de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la vigencia de la ley y los emitidos con posterioridad a la vigencia de la ley, respectivamente.

El artículo 23 se refiere la suspensión de custodio autorizado y el artículo 25 establece que el período de transición de los certiicados de acciones al portador emitidos antes de la vigencia de la ley tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, en la ley actual se extendía el plazo hasta enero de 2018.

Finalmente, el artículo 28 señala que la ley entraría a regir en 10 días despú es de su promulgación.