Las Inconsistencias Del Magistrado Benavides

El dinero depositado en la cuenta a plazo fijo que el fiscal Jorge Alberto Rosas pretende incautarle al magistrado Víctor Benavides proviene, según la defensa del juez, de un pago retroactivo del Ministerio Público en 2004, por su gestión como secretario general de la Procuraduría de la Administración.

‘Eso va a ser contundentemente probado', ha afirmado Ángel Gómez, abogado de Benavides.

Aunque hay baches: el magistrado, investigado por supuesto enriquecimiento injustificado, no aparece en la lista de funcionarios que percibió los fondos, y que, en todo caso, nunca superaron los $140 mil. Aun así, según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía encontró que en la cuenta hay $400,295.

Gómez sostiene que la cuenta fue abierta antes de que Benavides asumiera el cargo de magistrado, aunque según documentación a la que La Estrella de Panamá tuvo acceso, data de febrero de 2012 y tenía fecha de vencimiento a finales del mes pasado.

El plazo fijo estaba en el Banco Nacional, donde Benavides tiene otras dos cuentas. En una de ellas percibe sus salarios, ingresos que, acumulados desde su gestión en la Procuraduría, según la defensa, habrían llegado a sumar $2 millones.

La fiscalía especial que sigue el caso ha determinado, sin embargo, que en sólo una de las cuentas llegó a acumular hasta $1 millón.

Benavides, de 64 años, gana mensualmente $10 mil como juez de lo Contencioso, y otros $2,500 por la pensión por jubilación, argumentó su abogado Ángel Gómez.

El magistrado posee un apartamento en Obarrio, valuado en $142 mil, y una vivienda en Santiago. También respondió como codeudor de su sobrino, Edwin Villar Benavides, de una hipoteca por $58 mil en Santiago.

El fiscal Rosas ha solicitado al presidente de la Comisión de Garantías, Héctor Carrasquilla, la aprehensión de la citada cuenta, aunque la acción depende de que la jueza de garantías Kathleen Levy retorne al país, tras un viaje oficial por Estocolmo.

Las inconsistencias del magistrado Benavides

miércoles 3 de junio de 2015 – 12:00 a.m.La defensa del juez asegura que el plazo fijo de $400 mil que le incautó la Fiscalía se abrió con un retroactivo que el Ministerio Público le desembolsó en 2004.

Demandan A Abogado De Martinelli

Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó ayer una demanda civil por calumnia e injuria contra el abogado Sidney Sittón por $5 millones.

La demanda fue recibida en el Registro Único de Entrada del Órgano Judicial.

Sittón, uno de los seis abogados de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, acusó a Robinson de recibir un millón de dólares de un pago que se efectuó Cobranzas del Istmo, que mantenía un contrato irregular con el Estado por el cobro de impuestos.

Además, se informó que Sittón también será demandado por José Luis Varela, diputado y hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Robinson y Varela negaron vínculos con el supuesto cobro de un millón de dólares para cada uno por gestionar pagos por $7 millones que efectuó el Estado en enero de 2015 a Cobranzas del Istmo, luego de que Sittón lo denunciar en la Corte Suprema de Justicia.

Robinson aseguró que ‘se busca enlodar al hermano del presidente de la República y a mi persona, para desviar vinculaciones que pudo tener el gobierno pasado en las irregularidades'.

Testigo Aporta Nuevas Pruebas En El Caso A Benavides

“Los objetivos se cumplieron”. Con esta frase resumió ayer el diputado fiscal Jorge Alberto Rosas las cinco horas que permaneció en la cárcel pública de Santiago de Veraguas, entrevistando a Vicente Caballero, principal testigo en la investigación que le sigue la Asamblea Nacional al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Benavides, por la presunta comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual, y la administración pública.

“Ha sido un cuestionario extenso donde él (Vicente Caballero) ha dado mucho más detalles en base a la denuncia que presentó”, reveló Rosas. 

En la diligencia que empezó a las 10:50 a.m. y finalizó a las 3:00 p.m., Caballero reveló nuevos detalles al fiscal. Dio el nombre de otro banco donde Benavides depositaba dinero producto de la venta de fallos. También mencionó nuevos nombres de personas y lugares que él solía frecuentar por órdenes del magistrado.

Tras los nuevos datos proporcionados por el testigo, el fiscal manifestó que investigará información en el Registro Público y cuentas bancarias y, además, documentos que puedan aportarse como prueba en la investigación.

Aunque Rosas prefirió no hacer público los nuevos elementos planteados por el exjefe de seguridad de Benavides, precisó que la información obtenida “sirve para engrosar el expediente”.

Luego de la entrevista a Caballero, el siguiente paso del fiscal será ubicar e indagar a las personas que fueron mencionadas por el recluso.

“Habrá que buscar a las personas que se ha mencionado para corroborar los hechos”, señaló el diputado.

Caballero paga una sentencia de 15 años en la cárcel de Santiago por el secuestro de la madre del magistrado Benavides, hecho ocurrido el 15 de octubre de 2010.

Casi cinco años después Caballero envía una carta a la comisión Legislativa de Credenciales en la que acusó al magistrado de supuesta venta de fallos y delitos contra la libertad sexual de menores de edad.

Tras los hechos denunciados por Caballero, la firma de abogados Vega & Álvarez presentó una denuncia el 21 de abril pasado contra el magistrado ante el Legislativo. Esta denuncia fue admitida por la comisión de Credenciales el pasado 7 de mayo.

Por su parte, Ángel Álvarez, abogado defensor de Caballero, dijo que la declaración de su cliente fue “muy amplia”. Aseguró que el fiscal no improvisó por lo que logró obtener más información. “Mi cliente sigue cooperando con la justicia. Vicente Caballero no tiene temor a hablar”, enfatizó.

Mientras que Ángel Gómez , abogado de Benavides, dijo que espera que el fiscal siga el debido proceso para reunir las supuestas pruebas contra su cliente, ya que de no ser así presentará recursos por la violación a las garantías del magistrado.

LA ENTREVISTA

Rosas aseguró que “sabía que la entrevista a Caballero iba a generar un mayor cúmulo de documentos”. 

El encuentro entre Rosas y Caballero se dio a las 10:50 a.m. El fiscal entró al centro penitenciario en una camioneta todoterreno color celeste. Allí lo esperaban Jerry Wilson y Juan Manuel Tuñón, ambos asesores de la fiscalía. De igual forma se encontraban en el lugar el abogado de Benavides y de Caballero.

Todos fueron conducidos por un agente de la Policía Nacional a la sala de visita donde ya estaba el recluso.

Al llegar Rosas le extendió la mano para saludarlo. Instantes después empezó la diligencia en un salón. Fueron varias preguntas, un cuestionario extenso , dijo más tarde Rosas.

Rosas salió en dos ocasiones. Caminó por el pasillo y habló con el policía que custodiaba la puerta. Después volvió a salir, esta vez lo acompañó el abogado de Benavides y Tuñón , asesor del fiscal. Intercambiaron palabras durante varios minutos. Volvieron a entrar y permanecieron en la sala hasta concluir la diligencia.

POLÉMICO CORREO

En tanto, ayer Franz Wever, secretario general de la Asamblea anunció que envió a la oficina del fiscal la reciente denuncia hecha por Aristóteles García Marciaga, exfuncionario de la Universidad de Panamá.

García Marciaga, presentó ante la Secretaria de la Asamblea un correo en el que supuestamente Benavides adelantó a Gustavo García de Paredes, rector de la UP, un proyecto de fallo en el que favorecía su reelección en 2011 tras resolver una demanda de inconstitucionalidad.

Wever aseguró que no envió la carta a la comisión, a raíz de que su presidente Luis Barría le había pedido que aun no la enviara. “Yo tengo que evacuar los documentos que lleguen a mi oficina”, dijo Wever.

A juicio de Rosas Wever debió enviar esa denuncia a la Comisión de Credenciales, pues es la encargada de admitir o no la denuncia contra los magistrados.

Sobre este tema, el Ministerio Público anunció que abrió una investigación contra el rector García de Paredes

Millonaria Coima De Proyecto De Tonosí Pasaron Al “Círculo Cero”

Un total de $5.2 millones que pagó por adelantado el gobierno de Ricardo Martinelli a la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo fue distribuido entre personajes del denominado ‘círculo cero' (amigos y allegados políticos y empresariales al mandatario).

El responsable de la distribución, Felipe Virzi, tendrá que enfrentar al Ministerio Público, la Fiscalía giró para hoy orden de conducción.

Según consta en el expediente que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción, de los $37.4 millones que recibió la empresa se destinaron $5.2 millones a pagos a algunas empresas y figuras cercanas al expresidente Martinelli.

Los pagos se endosaron a Felipe Alejandro Virzi a través de la empresa Summer Venture Inc., que se relacionó con la compra de un apartamento al exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna.

La empresa giró el cheque a Virzi, que se encargó de dividir el dinero y girar los cheques a los beneficiarios.

El Ministerio Público investiga la transacción ante la posibilidad de delito contra la administración pública en el modo de peculado.

‘Pipo' Virzi, quien distribuyó el dinero, fue vicepresidente de la República por el PRD entre 1994-1999 y saltó a la palestra durante el proceso que concluyó con la destitución de Moncada Luna y fue identificado como el ‘Tío Pipo'.

Hoy el Ministerio Público investiga si esto corresponde a ‘coimas'.

El mismo Virzi se constituyó en el principal beneficiario de estos pagos, al recibir $3 millones del total.

Entre los beneficiarios están su socio, Gabriel Btesh, a quien le giró un cheque por $360 mil, según consta en el expediente.

A Gabriel Btesh, además de socio en los negocios de Virzi, se le identifica como uno de los empresarios más allegados a Martinelli, en cuyo gobierno logró beneficios como parte del ‘círculo cero'.

Además se consignó $500 mil a Promotora y Desarrollo Los Andes, uno de cuyos dignatarios es el expresidente.

Porfirio ‘Bolita' Ellis que en el pasado proceso electoral corrió como candidato a diputado por el circuito 9-1 (Veraguas) por el entonces oficialista Cambio Democrático, habría recibido $319 mil, a través de un cheque del Banco Universal ( Ver tabla ). Las elecciones en este circuito fueron anuladas por el Tribunal Electoral, se comprobó el uso de recursos del Estado por $4.6 millones.

FALLIDO PROYECTO

En la vista fiscal se establece que a pesar de que el MIDA había contemplado $128.6 millones para el proyecto, el contrato fue suscrito por $155 millones. No se explica el porqué de la diferencia.

En el mismo expediente, se investiga al entonces titular del MIDA, Oscar Osorio, quien firmó el contrato con la empresa ecuatoriana. Hasta el momento, Osorio no ha sido indagado, pero se le han imputado cargos.

Por esta causa, se encuentra detenido desde la semana pasada el empresario Marco Alfredo Albán Crespo.

Según el contrato, la empresa estaba obligada a construir y ejecutar el proyecto Integral y Multi propósito para el Desarrollo Agropecuario del valle de Tonosí, provincia de Los Santos.

La obra no se concretó por supuestas irregularidades que fueron detectadas en su desarrollo.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción investiga, además del exministro Oscar Osorio, a Francisco Iturralde y a Marco Alfredo Albán Crespo.

Según consta en el contrato firmado el 11 de mayo de 2012, la empresa debió consignar una fianza por incumplimiento de lo pactado por $14.9 millones.

Ahora corresponderá a la actual administración determinar si hacen valer la fianza de cumplimiento por la obra que no se realizó.

 

Sin Fondos Para Investigar Al Expresidente Ricardo Martinelli

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta apuros económicos para la logística, el nombramiento de personal y la compra de equipos necesarios en los procesos que se le siguen en esa institución al expresidente Ricardo Martinelli y a por lo menos seis diputados de la Asamblea Nacional, según los estándares exigidos por el sistema penal acusatorio.

Así lo confirmó el magistrado de la CSJ Harry Díaz, quien es el ponente en ocho denuncias interpuestas contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tras las escuchas ilegales en su gobierno (2009–2014

Según Díaz, el Órgano Judicial tiene “una capacidad limitada”, ya que trabaja con ahorros mínimos. Por ello, dijo que necesitarán más fondos y personal para atender los nuevos casos.

De acuerdo con el magistrado, ya tienen personal para el proceso que se le sigue al exgobernante por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el caso de la compra –supuestamente irregular– de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional.

También disponen de los asistentes necesarios en el caso de que se admita el conocimiento de las denuncias contra Martinelli por los pinchazos, decisión que está pendiente en el Pleno.

Sin embargo, aclaró que para los demás procesos no tienen los recursos básicos.

Díaz precisó que para tramitar estos expedientes se necesita una oficina independiente al despacho que analiza los casos que regularmente llegan al Pleno de la Corte (amparos de garantías, demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus, hábeas data, entre otros).

A la vez, detalló que los magistrados a quienes se les asigna el trabajo de fiscal o de jueces de garantías en estos procesos no pueden sacar personal de sus despachos para realizar otra investigación si no están especializados en ese tema.

El Ministerio Público anunció la semana pasada que enviaría a la CSJ los señalamientos hechos por el empresario Cristóbal Salerno contra Martinelli.

Salerno, investigado en el caso de supuestos ilícitos en el cobro de impuestos morosos por parte de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. dijo en su declaración indagatoria ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que el exmandatario le pedía dinero cada dos y tres meses y que él mismo se lo llevaba “en un bolso” a su oficina de Monte Oscuro”.

Este sería el tercer expediente relacionado con el exmandatario enviado a la Corte en los últimos meses.

El magistrado Oydén Ortega lleva el caso de la comida deshidratada y habilitó un despacho para que funcione como fiscalía, al tiempo que el Ministerio Público le nombró personal para las pesquisas.

En el caso de los pinchazos, Díaz tiene el personal, pero no espacio físico.

El Pleno de la CSJ tramita otras cinco denuncias contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, sustracción de documentos, extralimitación de funciones y usurpación de funciones.

Este diario buscó la versión del presidente de la CSJ, José Ayú Prado, pero no respondió.

 

Fiscales Buscan Pistas De Las Anomalías De Benavides

La investigación que sigue la Asamblea Nacional contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides podría enrumbarse bajo el supuesto de enriquecimiento injustificado, tal cual ocurrió en marzo último con Alejandro Moncada Luna, expresidente del Órgano Judicial.

Fuentes legislativas han confirmado que esta sería la ruta menos compleja del proceso. El diputado fiscal Jorge Alberto Rosas no sólo debe corroborar si Benavides cometió un delito contra la administración pública por supuestamente vender sus fallos, sino determinar si cometió o no pedofilia.

Rosas entrevistará este jueves en la prisión de Santiago al detenido Vicente Caballero, exjefe de seguridad de Benavides y denunciante y principal testigo de la trama de negociados alrededor de la justicia, que persigue ahora al magistrado.

Caballero ha dicho estar dispuesto a contarle al fiscal la forma en la que operaba la red ilegítima y que daría pistas de los montos que, ha asegurado a La Estrella de Panamá , depositaba en cuentas bancarias del propio Benavides, en las sucursales del Banco Nacional de Ancón, Avenida Perú y de Balboa. ‘Eran $5 mil, $10 mil y $20 mil', relató.

‘Yo veía los fajos de billetes de cien (dólares). El magistrado los cerraba y los mandaba', siguió Caballero, en una entrevista con este medio el lunes.

LOS SILENCIOS

Según Caballero, durante el tiempo que laboró en la Corte (2006-2010), Benavides guardaba en gavetas de su propio despacho el dinero en efectivo producto de la venta de fallos y luego le pedía repartirlo entre quienes eran parte del círculo: dos funcionarias de la Procuraduría de la Administración a las que identificó como ‘Linda' y ‘Yadira' (ambas exsubalternas suyas durante su período como Secretario General de la Procuraduría), además del jurista Abilio Batista.

De acuerdo con el detenido, a estas tres personas Benavides enviaba expedientes para que redactaran proyectos de fallos.

EL EXTRAÑO CASO DEL CORREO

El diputado Rosas es el segundo funcionario que visita a Caballero esta semana. Fuentes judiciales confirmaron que el martes el testigo fue entrevistado por Rolando Rodríguez, secretario del Ministerio Público (MP), ente que investiga otra ramificación del escándalo de Benavides: haber compartido con el rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, un proyecto de fallo que le permitiría reelegirse en 2011.

El MP abrió un proceso con base en una denuncia de Aristóteles García, un exfuncionario de la UP que reveló que a solicitud del rector García de Paredes recibió en su correo electrónico el 1 de junio de 2011 un documento de Word con la ponencia de Benavides para que el equipo legal de la universidad lo revisase.

El correo había llegado de parte de Bolívar Perigault Sánchez, identificado como el interlocutor del magistrado Benavides. A este último La Estrella de Panamá ha intentado contactar, sin éxito, desde el estallido del escándalo.

García de Paredes negó en una entrevista a TVN haber recibido tal proyecto de fallo, y puso distancia de Benavides. ‘Tengo más cercanía con otros magistrados', afirmó, aunque Caballero ha sostenido que entre el rector y el magistrado había, para entonces, un estrecho vínculo.

‘Nosotros íbamos a menudo a la rectoría, hasta dos veces por semana, y García de Paredes iba a las fiestas que hacía Benavides en su casa en Santiago', relató.

Caballero confirmó también la cercanía de Perigault con Benavides: ‘Él estaba todos los días metido en la oficina de Benavides… era quien redactaba sus discursos'.

Hasta el año pasado, Perigault fungió como asesor de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia, en la que coincidió con el magistrado Benavides, quien fue también hasta 2014 el presidente del consejo de ese ente educativo.

 

Las Huellas Del Dinero

Hay más de 47 millones de razones para seguirle la pista al dinero que facturó Cobranzas del Istmo, S. A.

La empresa cobró al Estado comisiones infladas y gestionó cobros fantasmas, de acuerdo con investigaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La trama de corrupción y de cómo la compañía supuestamente compartió sus ingresos con el expresidente Ricardo Martinelli fue develada por una figura ligada a la empresa.

Cobranzas del Istmo giró cheques a favor de sociedades vinculadas al ex director general de Ingresos Luis Cucalón y a empresarios del llamado círculo cero de Martinelli.

Ahora, un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), fechado el 8 de mayo de 2015, detalla las huellas del dinero y califica como “inusuales” las transacciones a través del sistema financiero.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción investiga la supuesta comisión del delito de peculado en los cobros ilegales de Cobranzas del Istmo.

En la declaración de indagatoria de Cristóbal Tobín Salerno –accionista visible de Cobranzas– ante la fiscal Ruth Morcillo, se abrió una caja llena de secretos.

El pasado viernes, Salerno dijo que él mismo entregó dinero en efectivo para el expresidente Ricardo Martinelli.

“Quiero añadir que al expresidente Ricardo Martinelli se le entregaron fondos durante los años 2013 y 2014 en sus oficinas de Monte Oscuro. Dichos fondos se le entregaron en efectivo únicamente por mi persona en sus oficinas y había una secretaria o un seguridad que me esperaba y a quienes se le entregaba los fondos por instrucciones del señor Martinelli”, afirmó Salerno en la foja 1732 de su ampliación de indagatoria.

Y el comerciantes dio detalles de las movidas. “Cada entrega era de aproximadamente 400 a 600 mil dólares. Hice, si mal no recuerdo, de tres a cuatro entregas de dinero entre 2013 y 2014”.

Trazabilidad

El dinero que manejó Cobranzas del Istmo no siempre fue cash. Antes de terminar en las “encomiendas” de las que ahora habla el comerciante, la empresa, tras gestionar el cobro de impuestos morosos al Estado, recibía cheques con el membrete del Banco Nacional de Panamá (BNP).

En esta entidad bancaria se confeccionan todos los cheques del Estado. Y en lo que respecta a Cobranzas del Istmo, los pagos eran certificados y aprobados por la Dirección General de Ingresos (DGI), para luego ser emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Una vez cumplido ese proceso, el dinero era depositado a una cuenta que Cobranzas del Istmo tenía en Multibank, para luego ser transferido a otra cuenta en el mismo banco, pero a nombre de la sociedad Langton International Holdings Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas en 2002. (Ver registro empresarial).

El informe de la UAF detalla el recorrido que tomaron 25 millones de dólares depositados en Multibank, desde el 1 de junio de 2012 al 30 de junio de 2014.

El reporte de la entidad reguladora fue emitido el 8 de mayo pasado y guarda relación con la denuncia que presentó en enero Publio Cortés, actual jefe de la Dirección General de Ingresos, ante el Ministerio Público.

El funcionario solicitó que se investigara cómo se elaboró el contrato de Cobranzas del Istmo y los 47 millones de dólares que recibió en concepto de comisiones durante cuatro años.

Los movimientos detectados por la UAF son reveladores y sirven como punta de lanza para que la fiscal Morcillo cuestionara a Salerno en la indagatoria el pasado viernes 22 de mayo.

Rastros de la trama

En una cuenta corriente en Multibank, Cobranzas del Istmo recibió 23 millones 947 mil dólares del MEF en concepto de comisiones, y 1 millón 267 mil dólares de empresas vinculadas con Salerno. Exactamente, 25 millones 214 mil dólares.

El monto fue transferido a favor de Langton International Holdings Limited en múltiples operaciones. Para ser exactos, 35 cheques girados de la cuenta de Cobranzas del Istmo.

El dinero pasaría a otras manos, quedando en evidencia nombres de empresas y personajes vinculados a Salerno, a Cucalón y al expresidente Martinelli, aunque todos los destinatarios finales están por conocerse.

Gabriel Gaby Btesh, empresario del círculo de confianza de Martinelli, recibió dos cheques por un monto total de 833 mil 535 dólares.

Según las declaraciones de Salerno, se trató del pago por inversiones en bienes raíces.

Sin embargo, este no sería el único trato comercial entre ambos. Salerno y su hija, María Alessandra Salerno Gómez, se asociaron para vender impresoras fiscales con Btesh, y estuvieron vinculados en la sociedad Real Space Corporation.

Además, Sky Parking S.A., compañía que el gobierno de Martinelli contrató para la administración y operación de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, giró cheques a Cobranzas por 150 mil dólares.

Btesh ­una figura recurrente en los contratos pactados en el gobierno de Martinelli­ y Francisco Frankie Martinelli, tenían vínculos con Sky Parking.

Según Salerno, Langton International Holdings Limited fue creada para hacer todo tipo de inversiones. Y así lo demuestran los desembolsos bancarios recopilados en el informe de la UAF.

Esta sociedad también giró un pago por 900 mil dólares a Corporación Energía del Istmo. En su indagatoria, Salerno declaró a la fiscalía que entregó este cheque a Martinelli.

Los fondos provendrían de su “participación” en los cobros que recibió Cobranzas del Istmo por gestionar la recuperación de la cartera morosa de la DGI.

Sería un pago adicional al dinero en efectivo que supuestamente llevó a Martinelli a las oficinas administrativas del Súper 99, ubicadas en Monte Oscuro.

Del manejo de dinero en efectivo no se habla en el reporte de la UAF, aunque las autoridades advierten que las investigaciones a Langton International Holdings Limited siguen abiertas.

Ayer, el gerente general de Multibank, Rafael Sánchez, dijo que el banco siempre sintió mucha tranquilidad con la cuenta de Cobranzas del Istmo, ya que todos sus ingresos provenían del Estado.

Aclaró que ni a Cobranzas ni a ningún otro cliente del banco se le aprueba el movimiento de dinero en efectivo sin pasar por las rigurosidades que exige la ley.

“Todos los movimientos de Cobranzas se hicieron a través de transferencias y nunca en efectivo”, detalló.

La regulación establece que cada vez que un cliente deposita o retira más de 10 mil dólares en efectivo, la entidad bancaria debe tramitar un formulario de declaración de efectivo y remitirlo a la UAF.

Este reporte es de obligatorio cumplimiento, a menos que sean empresas que hacen movimientos de dinero en efectivo a diario, como abarroterías, ferreterías o almacenes en general. 

Se conoció que Multibank nunca vio nada sospechoso en las transacciones de Cobranzas del Istmo, por lo que en la UAF no figuran reportes relacionados a este tema de vieja data.

En la actualidad, el banco coopera con la información que solicita la UAF. Así lo demuestra el informe de inteligencia con fecha de mayo.

Fuentes consultadas en este tema explican que, dado el esquema que hoy se descubre, el dinero que recibía Cobranzas del Istmo pasaba por un complicado recorrido; una telaraña mucho más enredada de lo proyectado con la idea de generar la liquidez para el pago de las supuestas coimas.

En la banca hay quienes describen a Salerno como un broker financiero. Él mismo dijo a la fiscal que participa en tantas empresas dedicadas a hacer inversiones que se le hace difícil recordarlas.

A juzgar por su declaración ante la fiscal Morcillo, Salerno era una especie de money maker con una fortuna que creció tras el contrato con el Estado.

Los tentáculos de la familia Cucalón

Cobranzas del Istmo fue la única empresa que, desde el 25 de agosto de 2010, salió elegida para recuperar deudas de los contribuyentes, servicio por el cual se llevaría una serie de comisiones dependiendo de la antigüedad de la cuenta.

No faltaron los cuestionamientos por la exclusividad otorgada y lo delicado que resultaba entregar los datos confidenciales de los contribuyentes a una empresa particular.

Para aquel entonces, Cucalón defendía a capa y espada un contrato con el que prometía recuperar cientos de millones de dólares para el fisco. Cobranzas era el músculo de intimidación que tenía Cucalón. El exfuncionario no desaprovechó aparición pública alguna para amenazar a los contribuyentes morosos con secuestros y alcances fiscales.

Ahora, resulta que Salerno entregó dinero a Cucalón por la agilización de los pagos a favor de la empresa.

Declaró que le dio 5.8 millones de dólares a Cucalón a través de una empresa dirigida por sus hijos y en desembolsos de mil a tres mil dólares mensuales “…como una ayuda a él porque me decía que el sueldo no le alcanzaba”.

El informe de la UAF valida que Strategic Hotel Alliance recibió de Langton International Holdings Limited la suma de 3 millones de dólares. Gustavo Adolfo Cucalón Zamora y Alberto Cucalón Zamora son los directivos de esta sociedad.

Este diario conoció que la Superintendencia de Bancos de Panamá incluiría el caso Cobranzas del Istmo en lo que denominan: investigaciones especiales.

El reporte de inteligencia de la UAF, por ahora, refleja una minúscula parte de los movimientos de Langton International Holdings Limited, la empresa a la que Salerno destinó todo el dinero facturado a través de Cobranzas y cuyos beneficiarios finales o accionistas se desconocen.

 

Contraloría Audita Bienes De La Corte Suprema De Justicia

Los bienes patrimoniales y todas las dependencias del Órgano Judicial están en trámite de auditoría por la Contraloría de la República.

La investigación llega en momentos en que el Judicial está en la mira de la sociedad por los escándalos de corrupción.

Fue el propio presidente de este Órgano del Estado, José Ayú Prado, quien desde principios de este año hizo la solicitud al contralor Federico Humbert.

En la carta dirigida al contralor, el magistrado presidente aseveró que esta acción tiene ‘el propósito de imprimir transparencia y rendición de cuentas' a la gestión de la Junta Directiva de la Corte en el bienio 2014-2015, que él encabeza.

Ayú Prado se convirtió en magistrado en 2013. Remplazó en la presidencia de la Corte Suprema desde el 2 de enero de 2014 al hoy encarcelado exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

El 15 de enero solicitó al contralor actuar ‘con la mayor brevedad' posible en el áudito completo de la gestión de la Dirección Administrativa del Órgano Judicial y de todas las dependencias —direcciones, departamentos, secciones— entre el 1 de enero de 2014 y diciembre de 2014, tiempo de su primer año de gestión como presidente de la Corte Suprema.

Cuatro meses después de la solicitud, el contralor de la República informó, a través de su departamento de prensa, que la petición del presidente de la Corte está en trámite y que es una de varias auditorías que adelanta la institución.

Copia de la carta enviada a la Contraloría, por Ayú Prado, fue remitida a Angélica Maytín, administradora de la Autoridad de Transparencia.

REVISIÓN DE CUENTAS

Auditar los bienes de la Corte en el primer año de gestión de Ayú Prado no es la única solicitud del magistrado. Durante la investigación que se hizo a Moncada Luna, por enriquecimiento injustificado, el presidente de la Corte pidió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una auditorías de sus cuentas bancarias y que se comparara con su declaración de bienes.

El magistrado autorizó que, en el caso de que se descubra indicios o pruebas de algún delito, se le notifique a la Asamblea Nacional, órgano que investiga a los magistrados. Además, Ayú Prado instó a sus colegas, a los magistrados de tribunales superiores, jueces y jefes de oficinas administrativas, a pedir que también se les auditen sus bienes.

Justo en este momento, la Asamblea se alista para iniciar una investigación, por venta de fallos y pedofilia, al magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso, Víctor Benavides.

Todo esto, según Ayú Prado es para garantizar la transparencia en la gestión del Órgano Judicial.

Cristóbal Salerno, Un Eterno Amigo Del Poder

Cristóbal Salerno ha demostrado tener la habilidad para estar bien conectado con las altas esferas del poder. Quedó confirmado durante el quinquenio pasado. Con Cobranzas del Istmo logró un negocio hecho a la medida a costa de las arcas del Estado, y de paso ganó otros millones con la venta de impresoras fiscales luego de que los comerciantes fueran obligados por el Ministerio de Economía y Finanzas a adquirir esta tecnología.

Su cercanía con el partido Cambio Democrático (CD) quedó en evidencia la noche del 10 de octubre de 2013, cuando el entonces colectivo oficialista realizó una cena en el hotel Marriott para recolectar fondos para la campaña de su candidato presidencial, José Domingo Arias.

Salerno, uno de los grandes contribuyentes económicos de la plataforma que garantizaba la continuidad del partido de Ricardo Martinelli en el poder, se sentó en la mesa principal, la que estaba presidida por la estrella de la fiesta: Martinelli, el hombre que mandaba en Panamá en esa época. Eran buenos tiempos.

La maniobra política de CD se creía vencedora con las proyecciones positivas que les daban las encuestas. Y había que celebrar. Esa noche, por ejemplo, los invitados bebieron whisky Buchanan’s 18 años, champaña Veuve De Cliquot, vodka Grey Goose, además de vinos blancos y tintos de finas cepas.

El aporte económico que hizo Salerno a la fallida campaña de Arias, quizá era la manera de devolverle a CD los favores por los buenos negocios con el gobierno. Ya para entonces, Salerno era un comerciante curtido en la calculada estrategia de donar millones a los políticos. Él mismo confesó en una entrevista con La Prensa, publicada el 13 de agosto de 2006, que había “apoyado económicamente” a la campaña presidencial de Ernesto Pérez Balladares en 1994.

“Porque es mi amigo”, reveló. En ese tiempo declaró ser miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y de paso contó que también le había dado fondos a la campaña de Martín Torrijos para llegar al palacio de Las Garzas en 1999. En esos comicios Torrijos fue derrotado por Mireya Moscoso.

Dijo entonces que en 2004 no respaldó al hijo de Omar Torrijos porque ya había perdido. Por eso, contó, optó por apoyar “al arnulfista” José Miguel Alemán, “por la amistad que existe entre ambos”.

Pese a que no lo respaldó con sus millones, Salerno no tiene motivos para quejarse del gobierno del perredista Martín Torrijos.

Una funcionaria de su administración, la entonces gobernadora de Panamá Gladys Bandiera, archivó un expediente por posesión de explosivos que mantenía el comerciante en la Gobernación. “La existencia y posesión del material de guerra incautado en el allanamiento de mayo de 2006 data del mes de febrero de 1995”, por lo que, a criterio de Bandiera, no se le podía sancionar con una ley actual.

A Salerno se le vinculó con el hallazgo de 195 granadas y otros explosivos como TNT y C-4 en la empresa Servicios de Promociones Norma González, ubicada en Calidonia.

Investigarán A Cinco Exministros De Martinelli Sobre Presunta Lesión Patrimonial En Alquiler De Helicópteros

Una investigación a cinco exministros de la administración de Ricardo Martinelli (no se mencionaron los nombres) y cuatro empresas dedicadas al servicio de alquiler de helicópteros en Panamá, será iniciada por la Fiscalía  General de Cuentas.

Esto, luego de detectarse una posible lesión patrimonial, por un monto que supera los $10 millones, informó este ente hoy a través de un comunicado de prensa.

Un informe de la Dirección de Investigación y Auditoría Forense (DIAF), de la Contraloría General de la República, reflejó que el perjuicio económico corresponde a los servicios de alquiler de aeronaves, durante el periodo 2010-2014.

De acuerdo con el documento las contrataciones fueron tramitadas por diferentes entidades estatales y el pago de las mismas se realizó a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El examen revela, además que no existe evidencia de la prestación del servicio por parte de las arrendadoras, que según declaraciones de los imputados ante el Ministerio Público, “el alquiler de las naves oscilaba alrededor de $3 mil la hora, a pesar de que el precio promedio en el mercado local era de mil 800 la hora”.

El comunicado detalla que las rutas y horas de vuelo, no se ajustan a los registros de la Autoridad de Aeronáutica Civil, de igual manera se obvio la verificación previa que exige la Ley 22 de Contrataciones.

El expediente con 10 tomos y más de 8 mil fojas, ya fue enviado a esta institución por el Tribunal de Cuentas, para iniciar el proceso donde se mencionan además a 11 exfuncionarios, entre ellos cuatro directores de entidades estatales.