Ricardo Martinelli, A Seis Meses De Su Autoexilio En Miami

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El 28 de enero, la misma fecha en que los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia decidieron abrirle una investigación criminal por las denuncias de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), Ricardo Martinelli abandonó Panamá y hasta la fecha no ha regresado, lo que muchos consideran una ‘fuga'.

Hoy se cumplen seis meses de su salida del país. Sobre Martinelli — empresario propietario de supermercados que gobernó el país en el quinquenio 2009-2014— no pesa, hasta ahora, ninguna orden de conducción o llamado de la justicia, aunque tiene varios procesos abiertos, por lo que puede entrar y salir del país sin impedimento legal.

El exmandatario mantiene tres expedientes abiertos en la Corte, se le procesa con el Sistema Penal Acusatorio (SPA), como diputado del Parlacen, así lo establece la Constitución Política de la República.

La primera investigación —la más adelantada por la Corte—, se inició luego de que el Ministerio Público compulsó copias de las declaraciones del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, quien aseguró que Martinelli le dio la orden para aprobar de manera fraudulenta un contrato de $45 millones para la compra de alimentos deshidratados.

Consciente de que el resultado del embrollo en el que está metido le puede ser adverso, Martinelli ha ejecutado, sin éxito, acciones para desmontar lo que él llama ‘persecución política' montada por quien fuera su compañero de fórmula y ahora presidente de la República, Juan Carlos Varela. En este periodo se iniciaron todas las investigaciones.

Los abogados del exmandatario alegan que los procesos que se llevan en la Corte son nulos.

Leonardo Paul, uno de los abogados de Martinelli, ha dicho que, en criterio de la defensa, no hay lugar para los procesos porque se han iniciado investigaciones sin cumplir formalidades. Además, en un caso similar contra 34 diputados los procesos se rechazaron por considerar que no había causa penal.

El exprocurador Rogelio Cruz y el abogado Carlos Carrillo, también defensores de Martinelli, sostienen que los procesos que se sigue al expresidente están viciados.

En el mes de julio, el primer proceso contra Martinelli fue suspendido temporalmente, después de que el fiscal del caso, Oydén Ortega, presentara una advertencia de inconstitucionalidad a la Ley 55 (de blindaje) de 2012, que protege a los diputados.

Ortega solicitó, además, más tiempo para la compleja investigación. La ley que protege a los diputados limita a dos meses el tiempo que tiene la Corte para investigarlos y le puede dar un mes adicional; si no, la investigación o la causa penal se extingue.

Además del caso de la comida deshidratada, al expresidente se le investiga por escuchas telefónicas y por indultos otorgados al final de su gestión.

Tras la decisión de acumular causa penal contra el expresidente por los presuntos delitos contra la libertad (violación a la intimidad), peculado, delito contra la administración pública, abuso de autoridad, contra la seguridad informática y asociación ilícita, se designó como fiscal de la causa al magistrado Harry Díaz y Jerónimo Mejía actuará como magistrado de garantías.

En el tercer caso, los decretos del expresidente suprimían penas y exoneraban de investigación a los policías imputados por la masacre de menores en la cárcel de Tocumen (2011), a figuras que trabajaron para el Ejecutivo entre 2009 y 2014, y que estuvieron, por lo tanto, bajo órdenes del propio Martinelli. Entre los beneficiados también estaban dirigentes de su partido Cambio Democrático y exdiputados acusados de malutilizar los fondos del Estado en sus campañas de reelección.

La Corte designó al magistrado Abel Zamorano como fiscal, mientras que el juzgado de garantías recayó sobre José Ayú Prado, quien fue el último de los jueces nombrado por Martinelli en la Corte.

Se desconoce si Martinelli regresará al país por voluntad propia o si la justicia solicitará su extradición, como lo establece el Código Procesal.

 

Señalan A Porfirio Ellis Como El ‘Cobrador’ De Hidalgo & Hidalgo

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El  abogado Luis Vargas, quien gestionó a nombre del empresario Felipe Pipo Virzi un supuesto contrato de servicios profesionales con Hidalgo & Hidalgo (H&H), reveló que el exvicepresidente era quien le ordenaba hacer los cobros a H&H a través de Porfirio Ellis.

Vargas indicó que Ellis –excandidato a diputado de Cambio Democrático– le dio dos  veces documentos para gestionar cobros ante la empresa H&H, que se adjudicó el contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí, Los Santos, en 2012.

En una declaración ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción –que investiga posibles coimas recibidas de H&H–, Vargas señaló que él no podía autorizar ningún cobro a menos que Pipo Virzi le diera luz verde, aunque también se lo ordenaba a través de Ellis.

Precisó que uno de los trámites que gestionó por orden de Ellis  fue la cesión de los derechos adquiridos en el contrato a favor de la empresa Agroenergía Internacional,  pero luego la empresa H&H no aceptó.

Reveló que posteriormente participó en un cobro de $5 millones, el único que él realizó, y declaró que fue Ellis quien coordinó todo con H&H.

Incluso, dijo que fue el político veragüense quien le presentó a Marco Albán, representante de H&H, y que coordinó con Virzi para que lo contrataran como abogado en  esa transacción.

Vargas aclaró que todos los cobros fueron con base en el contrato de servicios profesionales firmado con H&H y por el cual Virzi recibiría 10% del valor de la bra, $155 millones; es decir, $15 millones.

H&H realizó pocos avances en el proyecto de riego y a pesar de ello recibió $37.1 millones de anticipo por parte del gobierno de Ricardo Martinelli.

En tanto, Marco Alfredo Albán Crespo, ejecutivo de H&H, afirmó en su declaración indagatoria que esa compañía había participado en varias licitaciones anteriormente y en  ninguna  había ganado, por lo que buscó a profesionales que lo contactaron con Ellis, quien le aseguró que podía ayudarlo con el proceso de licitación y este luego le presentó al abogado Vargas.

Reveló que recibía instrucciones tanto verbales como escritas de Ellis, que le decía a quién debía pagarle y qué montos, y además Ricardo Ricky Calvo gestionó otros cobros como parte del contrato de prestación de servicios.

Así mismo, destacó que las órdenes de pago a favor de Virzi fueron dadas por Ellis y de Vargas, por intermedio de Ricky Calvo y de Juan Moreno, de la empresa Agroenergía.

Mientras tanto,  en su declaración indagatoria ante la fiscalía,  Ellis aseguró que  nunca recibió pago alguno de H&H y alegó que el cheque de $319 mil  que supuestamente le fue entregado no fue cobrado por su persona y que incluso nunca lo ha visto; por ende, no lo depositó en ninguna de sus cuentas.

Sostuvo que, como economista y asesor, vio la posibilidad de ayudar a H&H. Por eso tocó la puerta de Virzi  para coadyuvar con la empresa, pero nunca se entrevistó, pagó o entregó dinero a un funcionario.

También refirió que en el año 2012, luego de que había ayudado a la empresa a ganarse la licitación, Virzi le comunicó que ya no estaba en el proyecto y le señaló que  su contribución había sido insignificante y no ameritaba una cuantía significativa del contrato, por lo que se sintió ofendido e indignado.

Detalló que días después lo llamaron del Banco Universal, para decirle que tenía un cheque a su favor relativo al proyecto de riego, pero contestó que no le interesaba y luego lo endosaron a la  cuenta de Summer Venture, vinculada con Calvo y Virzi.

Alegó que no tenía potestad de ordenar pago alguno, ya que no era dueño del contrato  y que no gozaba de jerarquía para dar órdenes a funcionarios.

Esta declaración de Ellis contrasta con la ampliación de indagatoria efectuada por Pipo Virzi, quien aseguró haber ingresado al proyecto de riego por invitación de él.

Precisó que el cheque se endosó a la empresa Summer Venture a través de Ricky Calvo, uno de los firmantes de esa cuenta, y que el segundo pago de $5 millones de H&H se realizó de forma electrónica, aunque el entonces presidente de la República  Ricardo Martinelli  giró instrucciones a través de Calvo y le dio una lista de personas a quienes debía repartir ese dinero.

Asimismo, señaló que Martinelli dijo que a Ellis había que darle un porcentaje del pago producto del contrato.

Ellis está detenido como parte de este caso, mientras que Virzi tiene casa por cárcel. Calvo está fuera del país y no ha sido indagado.

 

Detenidos Señalan A Nicolás Corcione

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Nicolás Corcione Pérez-Balladares, según María Gabriela Reyna, le concertaba las citas de negocios. 

La ampliación de María Gabriela Reyna ante la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sobre la investigación de blanqueo de capitales relacionada a cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, deja al descubierto el mismo modus operandi en diferentes contratos que asignó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es decir, según la versión de Reyna, el empresario Nicolás Corcione Pérez-Balladares era quien le refería a los empresarios que obtenían los contratos de parte de la CSJ durante la presidencia de Moncada Luna, y luego los pagos efectuados por los beneficiados eran depositados en cuentas ligadas a Moncada, Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi, entre otros.

Días después de que Jorge Espino, de la sociedad Concepto y Espacios, delatara a Corcione Pérez-Balladares en una ampliación de su indagatoria, Reyna –detenida preventivamente por este caso– decide contar su verdad a la fiscalía.

Hay que recordar que Espino –quien mantiene detención preventiva junto a su socio Julián París– reveló al fiscal que Corcione Pérez-Balladares le pidió $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcción del Tribunal Marítimo, por $8.9 millones.

Contó que Corcione Pérez-Balladares le dio instrucciones de que tenía que pagar $400 mil a Corporación Cubemu S.A., sociedad ligada a Ricky Calvo, Moncada y Pipo Virzi. Los otros $200 mil los giró a nombre de Cobros G.C., S.A.

Añadió que fue Corcione Pérez-Balladares el que le dio el número de cuenta y el nombre del banco para hacer el depósito a Corporación Cubemu. Era Banco Universal, ligado a la familia Virzi.

En su ampliación, Reyna reveló a la fiscalía que “en octubre de 2014, el señor Nicolás Corcione me dice que me va a referir unas personas, no me dijo para qué y esa persona era Jorge Espino”.

Reyna ayudó a Espino a disfrazar el pago a Corporación Cubemu S.A. a través de unas letras antiguas que cubrirían el pago de los $400 mil y sus intereses.

Omega, el mismo modus operandi

Omega Engineering obtuvo un contrato por $16.4 millones para la construcción de la ciudad judicial en Panamá Oeste, justamente cuando Moncada presidía la CSJ.

Reyna contó al fiscal que fue Corcione el que le refirió a los empresarios ligados a Omega Engineering.

La representante de Reyna y Asociados en su primera declaración había dicho a la fiscalía que conoció a Frankie López, ligado a Omega Engineering, en un restaurante del edificio Splendor para hablar sobre una oferta inmobiliaria para ofrecerles una propiedad en Cañas.

Luego, la empresaria varió un poco su versión y dijo al fiscal: “quiero aclarar que la cita que tuve con el señor Frankie López en el Splendor a mediados de 2012 fue concertada por el señor Nicolás Corcione, pero él no asistió”.

Reyna señala que: “yo me entero de que ellos son contratistas de la Corte durante la investigación hecha por la Asamblea y luego me secuestran mis cuentas”.

“Yo contacté al señor Corcione para que me explicara qué pasaba, porque él me refirió a estas personas…”.

Corcione Pérez-Balladares le contestó a Reyna, según su versión, que no se preocupara por el asunto y que los pagos por la supuesta transacción inmobiliaria que hizo con ellos vendrían del extranjero.

Igual que Reyna, Espino contó a la fiscalía que cuando se enteró de que Corporación Cubemu S.A. estaba ligada a la investigación de Moncada Luna en la Asamblea, él llamó a Corcione Pérez-Balladares para que le explicara y este le respondió que no se preocupara, ya que no le había hecho pagos a un funcionario.

Además de López, aparece como representante legal de Omega Enginieering Óscar Rivera Rivera, ciudadano estadounidense, domiciliado en Puerto Rico. Ambos son requeridos por la fiscalía para ser indagados por este caso, pero están fuera del país.

La fiscalía adelanta un aviso a Interpol para capturar a estos dos últimos ciudadanos y hacerlos comparecer.

Según las investigaciones que realizó el entonces diputado-fiscal Pedro Miguel González por el caso de Moncada Luna en la Asamblea Nacional, de Omega Engineering salió parte de los $2 millones girados al exmagistrado que la Contraloría General de la República comprobó que fueron obtenidos de manera injustificada.

Los pagos

Reyna reveló pagos hechos a cuentas ligadas a Ricky Calvo y a Moncada.

Declaró que, luego de los pagos recibidos en la cuenta de Reyna y Asociados, “de ese dinero hice algunos abonos a una cuenta que me suministró el señor Ricardo Calvo de una sociedad llamada Sarelean y se hicieron otros pagos a terceros… yo nunca tuve conocimiento qué destino le daba el señor Calvo a los dineros que yo le depositaba, así como tampoco tenía conocimiento alguno de qué contratos manejaba la gente que el señor Corcione me trajo para comprar la finca de Cañas. Para mí, ellos solo eran una empresa, una empresa que venía de una multinacional y que venía referida de mi cliente de muchos años, Nicolás Corcione, en el cual yo confiaba”.

El modus operandi

La fiscalía interrogó a Reyna sobre este modus operandi, que se repite con Corcione Pérez-Balladares: “¿Era normal que el señor Corcione le refiriera personas para tales fines, es decir justificaciones relacionadas a pagos?”. La indagada contestó: “En dos ocasiones, anteriormente hice unas para un cuñado de él [Corcione], pero relacionados directamente a unos préstamos del cuñado del señor Corcione, a veces la gente no documenta las transacciones que hace sino hasta después que las hace”.

Reyna, además, es dignataria de la sociedad Traffic Safety, que en 2011 firmó un contrato con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para colocar cámaras de vigilancia de velocidad. Por entonces esta compañía la representaba Ricardo Chanis, presidente de Editora Panamá América, S.A., empresa de la que el expresidente Ricardo Martinelli es accionista.

Expandir ImagenDetalles de la indagatoria de María Gabriela Reyna, en la que señala su relación con Corcione Pérez-Balladares.

Indagarán a gerente

Para hoy el fiscal Murgas tiene programado indagar al gerente del Banco Universal, Alberto Ortega, a quien se le vincula a la investigación porque fue el que hizo los documentos para los depósitos en las cuentas de Cubemu, Serelean y otras relacionadas al caso.

Este medio volvió a llamar en reiteradas ocasiones a Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez-Balladares, pero no contestó.

En un comunicado emitido el viernes pasado, el Grupo Corcione dijo que el nexo que hubo entre Corcione Pérez-Balladares, Julián París y Jorge Espino “es una relación comercial proveniente de la compraventa de apartamentos”. Negó vínculos del empresario con esta investigación por supuesto blanqueo de capitales y aseguró que está en un viaje familiar programado y no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

 

El Pacto De Caballeros Entre Cucalón, Varela Y Martinelli

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En julio de 2009, tres hombres hicieron un ‘pacto de caballeros'. El trato consistía en que si Luis Cucalón, entonces director de General de Ingresos, lograba una recaudación fiscal superior a los $16,000 millones en cinco años de gestión, el presidente Ricardo Martinelli le daría un bono de productividad de $10 millones.

El acuerdo se hizo en presencia del hoy presidente Juan Carlos Varela, quien ocupaba la vicepresidencia del Gobierno al momento en que Cucalón decidió aceptar el jugoso reto.

Así lo ha contado a La Estrella de Panamá el mismo Cucalón, quien reclama a Martinelli haber faltado a su palabra de ‘caballero', de la que fue testigo Varela, a quien también involucra en la millonaria promesa.

Cucalón envió una nota a este diario en la que relata que, en los primeros quince días de julio de 2009, acudió a una reunión en el Palacio de las Garzas, donde le esperaban en el despacho principal el presidente Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, su aliado político durante los dos primeros años de gobierno.

LA CITA

‘Éramos R. M, J. C. V. y mi persona. Me dijeron lo siguiente: que nadie me iba a llamar para perdonar impuestos. Todos, ricos y pobres por igual (iban) a pagar', recuerda el exdirector de Ingresos en una misiva que, desde su celda en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), envió a este medio.

Al inicio del gobierno de Martinelli, había por hacer una tarea casi imposible: Recuperar el 70% de la cartera morosa de contribuyentes que no pagaban impuestos, para sacarle el mejor provecho al plan ambicioso de inversiones que tenía programado Martinelli.

‘Había que incrementar los ingresos del quinquenio de $9,400 millones a $16,500 millones' para lograr las metas que se proponía el gobierno, indicó el exdirector.

Cucalón describió que el pacto se hizo según el modelo de incentivos que un empresario ofrece a sus mejores trabajadores. ‘Como si fuera una empresa privada, me prometieron un bono que saldría de sus bolsillos si llegaba a la meta', aseguró.

Pasaron los cinco años y Cucalón sobrepasó las proyecciones fiscales iniciales, recaudó dos mil millones más de lo establecido.

Pero, hasta donde contó, la promesa no quedó sellada en documento alguno. ‘Era un pacto de caballeros que yo honré. Porque para mí la palabra se honra', dijo. ‘Llegué a los $18,500 millones y no cumplieron', se lee en el papel de una libreta común que tiene la firma del detenido y se entregó de su parte en la redacción del diario.

Cucalón se encuentra en prisión preventiva después de que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción lo acusara de delitos contra la administración pública en una investigación abierta por pagos irregulares de comisiones a la empresa gestora del cobro de los impuestos atrasados, Cobranzas del Istmo.

‘Ricardito y yo no nos hablamos', contó Cucalón a La Estrella de Panamá en marzo pasado. ‘Ahora soy yo el que le quiere tirar un carro encima porque me debe mi plata. Para mí la palabra se honra', exclamó entonces en una entrevista de la que no se publicó todo el contenido, a petición del ahora encarcelado.

A pesar de su situación, Cucalón dice que no se arrepiente de su trabajo porque con los dineros recaudados se hicieron muchas obras. Aunque está convencido de que parte de la recaudación ‘se la robaron'.

También dio detalles de cómo tuvo que resistir las presiones de distintos sectores del gobierno de Martinelli y de la empresa privada para evitar el cobro de impuestos. Esta promesa, de que tendría total independencia, tampoco la cumplieron.

Esas presiones generaron tensiones incluso con el propio presidente Ricardo Martinelli, y el entonces viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

RECORDANDO A DULCIDIO

‘Yo hice mi trabajo y mi trabajo era cobrar. Yo sabía que iba a ser el malo de la película', aseguró Cucalón en respuesta a su criticada gestión y su vinculación, como director de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), con Cobranzas del Istmo S. A., por cuya contratación se le investiga.

‘Yo cobraba', dijo Cucalón, al recordar el momento en que el gobierno de Varela prescindió de sus servicios, que por ley se prolongaban hasta 2020.

Su salida de la Dirección de Ingresos la asoció a sus diferencias con el hoy ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, mientras ocupó el cargo de viceministro en el gobierno de Martinelli. De él dijo que le llegó a solicitar que ‘borrara' de la lista (de cobros) las cuentas morosas de sus clientes.

‘Mi relación con Alberto era una buena relación, estrecha profesionalmente', comparó.

Cucalón alertó que el primer semestre de este año el Gobierno tendría un déficit fiscal de $600 millones. ‘La lógica es que de las declaraciones juradas y la estimada del año 2013, son mayores a los índices actuales. La economía se contrajo en el segundo semestre del 2014; ventas al por menor, exportaciones, y el impuesto de ITBM (Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios). Por tanto, la declaración jurada será mayor y el Gobierno tendrá que darles un crédito fiscal', adelantó el exdirector desde la cárcel.

Hasta mayo de 2015, el déficit en las recaudaciones publicado por la DGI es de $245.3 millones de lo presupuestado.

‘Yo no sabía la importancia real hasta que lo ejecuté, teniendo en cuenta que Panamá no tiene papel moneda. La recaudación es la columna vertebral del Gobierno', manifestó.

 ‘Éramos R. M, J.C.V. y mi persona. Me prometieron un bono que saldría de sus bolsillos si llegaba a la meta. Llegué a los 18,500 y no me cumplieron',

EXDIRECTOR DE INGRESOS

Cucalón y Cobranzas del Istmo, S.A.

Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, se encuentra en prisión preventiva por su vinculación en el entramado de corrupción en que se convirtió la tercerización del cobro de impuestos morosos en la administración de Ricardo Martinelli. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, denunció que el exdirector de Ingresos consideró un ‘documento falso' para favorecer la contratación directa de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., propiedad de Cristóbal Salerno, un antiguo socio y amigo.

El contrato, que firmó por el Estado Cucalón y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, omitió trámites expresos en materia de contratación pública, provocando un perjuicio al Estado panameño en concepto de comisiones pagadas a la empresa, según la denuncia interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas. La contratación permitió a la empresa gestora de cobros manejar una cartera morosa de $172 millones y ganar comisiones por $54 millones, entre 2010 y 2015.

En una declaración jurada ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, Salerno dijo que Cucalón había recibido $5.8 millones por agilizar los trámites de pagos de las comisiones a la gestora de cobros.

El empresario también dijo que el expresidente Ricardo Martinelli había recibido ‘cada dos o tres meses' maletines con entre $400 mil y $600 mil. Era su porcentaje en el negocio del cobro tercerizado de impuestos, que le había concedido la Dirección General de Ingresos en 2010, con la ayuda de Cucalón. Pero no todo era en efectivo. Salerno dijo haber pagado a Martinelli otros $900 mil en cheques, a través de la compañía Energías del Istmo.

El 24 de mayo de 2015, después de haber sido indagado, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la detención preventiva de Cucalón.

 

Puesto De Nicolás Corcione, En Juego

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La ley orgánica de la ACP [Ley No. 19 del 11 de junio de 1997] en su artículo 20 establece que “Los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda”.

Además, el directivo de la ACP estaría violando el acuerdo 11 del 6 de mayo de 1999, que le dio vida al Reglamento de Ética y Conducta de la ACP.  

En su artículo 2, esa disposición estipula: "Los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la Autoridad deben respetar la Constitución, las leyes de la República de Panamá y los principios éticos y normas de conducta contenidos en este reglamento, por encima del beneficio privado; lo mismo que evitar cualquier conducta que pueda afectar desfavorablemente a los intereses de la autoridad”.

Corcione Pérez–Balladares llegó a la directiva de la ACP en marzo de 2010, nombrado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. Fue ratificado por la Asamblea Nacional, que en ese entonces estaba presidida por el panameñista José Luis Varela.

Eloy Alfaro, exintegrante de la directiva de la ACP, opina que “es angustioso que un miembro de esta agrupación colegiada esté sujeto a este tipo de situación”.

“Si el director se enfrenta a esta situación tan delicada, no debe descartar la posibilidad de presentar su renuncia a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá”, recalcó.

“Sería una alternativa que debería considerar”, reiteró. También se le consultó sobre el particular a Roberto Roy, presidente de la directiva de la ACP, pero evitó opinar.

Manifestó que trasladaría la inquietud a los miembros de la junta directiva de la vía interoceánica, pero no precisó cuándo se reunirían.

EL CASO

Durante una ampliación de indagatoria, Jorge Espino, directivo de la firma Conceptos y Espacios, S.A., junto con Julián París, aportó a la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada copia de un cheque por $200 mil que giró a Corcione, como parte de un supuesto pago, luego de que su compañía obtuviera el primer desembolso de un contrato [por $8.9 millones] para la construcción del Tribunal Marítimo.

En esa época, el presidente de la Corte Suprema de Justicia era Alejandro Moncada Luna, hoy preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Esta investigación se inició a raíz del caso que adelantó la Asamblea Nacional para juzgar al exmagistrado de la Corte.

Culminado este proceso, el Legislativo envió el expediente al Ministerio Público para que investigara la participación de particulares en las cuentas bancarias ligadas al exmagistrado.

Espino también reveló que recibió una llamada de Corcione Pérez–Balladares, quien presuntamente le solicitó un “pago” si querían obtener el contrato.

De acuerdo con sus declaraciones, al recibir el primer pago del 20% del contrato hicieron dos depósitos: uno por $400 mil a la cuenta de Corporación Cubemu, S.A., ligada a los empresarios Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi,  y desde la cual se giró dinero al entonces magistrado Moncada Luna.

Además, $200 mil a una cuenta de una sociedad ligada al entorno de Corcione Pérez–Balladares.

La fiscalía dispuso indagar a Corcione Pérez–Balladares el próximo 29 de julio, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.

EMPRESA RESPONDE

En un comunicado, el Grupo Corcione defendió al empresario, que, según informaron, se encuentra fuera del país “en un viaje familiar programado y no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

“Está informándose de los pormenores del caso y evalúa sus opciones como corresponde con sus abogados”, agrega.

Además, expresa que el nexo que hubo entre Nicolás Corcione Pérez–Balladares, Jorge Espino y Julián París “es una relación comercial proveniente de compraventa de apartamentos”.

También, que la operación entre la sociedad Raesro, S.A. y Jr. Bocas Investment Inc., se dio hace 10 años y fue una transacción legítima y culminada. 

Estas son las sociedades que, según las declaraciones de María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A. -otra de las implicadas en el caso- le recomendó Ricardo Ricky Calvo para que hiciera el pago a Conceptos y Espacios, S.A., dentro de una operación que adelantaba con Jr. Bocas Investment, la cual realizaba una transacción de compra y venta con Raesro, S.A., representada por Corcione Pérez–Balladares.

La empresa informó que “es completamente falso” que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse a Reyna que tenía “todo arreglado”, tal como lo publicó La Prensa. Sin embargo, esa información fue obtenida de fuentes judiciales vinculadas al caso.

La compañía asegura que “en ningún momento La Prensa llamó a Nicolás Corcione ni a ningún representante del Grupo Corcione (…) a pedir nuestra versión”.

Sin embargo, este medio llamó el pasado jueves a su abogado, Roberto Moreno, quien dio detalles sobre el día de la indagatoria y de paso manifestó que los cargos que se le imputan a su cliente “son falsos”.

 

El PRD De Robinson Pierde Poder En La Asamblea Nacional

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Después de negociar para la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional, se aclara el panorama de las corrientes de poder que mantienen divididas las bancadas legislativas.

Uuno de los mayores perjudicados resultó ser el actual presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, quien durante el primer periodo legislativo ejerció como primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión de Presupuesto y en este periodo parece haber quedado disminuido.

A pesar de ser miembro de las tres comisiones más estratégicas de la Asamblea (Presupuesto, Credenciales y Gobierno), ni Robinson ni ninguno de sus allegados logró ubicarse en las presidencias de estas comisiones ni de ninguna otra.

Contrario sucedió con los seis disidentes del PRD y los rebeldes de Cambio Democrático (CD) que apoyaron al ungido candidato presidencial del PRD, Rubén De León, y quienes sí lograron presidir algunas comisiones .

Cuatro comisiones quedaron a cargo del Panameñismo; tres, a cargo del PRD; tres más para el CD. Una quedó en manos del Partido Popular.

Si bien la facción de Robinson no obtuvo ningún liderazgo legislativo, se estableció como mayoría en las comisiones de Credenciales, Economía y Finanzas, Comunicación y Transporte (tres de nueve), y en Presupuesto (cuatro de nueve).

Para el analista político Richard Morales, el resultado de la negociación de las comisiones es una demostración palpable del poder que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo para ordenar. ‘Así lo ha demostrado', dijo.

‘El Gobierno volvió a imponer su voluntad sobre un PRD relegado en la medida de lo posible y con los disidentes alineados con el Gobierno, como parte del modelo presidencialista que existe en Panamá', dijo Morales.

En opinión de Morales, el PRD ha quedado debilitado, porque es evidente que en ninguno de los sectores de este partido (ni por los lados de los disidentes, ni por el lado de Robinson) hay una ‘real oposición al Gobierno panameñista'.

A juicio del analista, lo que existe es ‘la intención de acomodarse en la medida de lo posible para exigir recursos al Ejecutivo'.

‘Cualquier posibilidad de que surja una corriente opositora al Gobierno Panameñista que permita al PRD posicionarse ante los temas nacionales desaparece cada vez más, a medida que sus miembros van subordinándose a cambio de partidas gubernamentales', insiste en analista.

En opinión del diputado perredista Leandro Ávila, a los diputados les compete trabajar y sacar las leyes que el país necesite.

Lejos de opinar sobre los intereses o grupos políticos de la Asamblea, Ávila señaló que confía en ‘la voluntad y capacidad analítica de cada diputado para apoyar los temas de Estado. El que no comprenda esa misión, estará en contra de los ciudadanos'.

Ávila señaló que el PRD hará la oposición ‘que tenga que hacer cuando las cosas estén mal'.

Instalan las primeras comisiones

El próximo martes 28 de julio, con el establecimiento de la Comisión de Comercio, se inicia el proceso de instalación formal de las 15 comitivas de trabajo de la Asamblea Nacional.

El presidente reelecto de esta comisión, el diputado perredista Quibián Panay tiene programada la instalación de la nueva directiva en el Salón Manuel Leneé, conocido como el ‘Salón Azul'.

Al día siguiente, el miércoles 29 de julio, será instalada la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, por su presidente, Luis Barría, a las 10:00 a.m., en el salón Miraflores de las esclusas del Canal de Panamá.

Ese mismo miércoles será instalada la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por José Luis Castillo. La actividad se realizará a las 9:00 a.m., en el salón del ‘lobby' del despacho superior del Ministerio de Salud. Y la Comisión de Asuntos Agropecuarios, presidida por Juan Miguel Ríos será instalada el 4 de agosto, a las 9:00 a.m, en el salón auditorio, del nuevo edificio de la Asamblea.

 

Asamblea Aprueba Restablecer Plazos De Prescripción De Penas

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En espera de sanción por parte del Ejecutivo está el proyecto de ley 149 que modifica el Código Procesal Penal y que restablece los plazos de prescripción para los delitos contra la administración pública, luego de que este fuera aprobado ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto elimina un “camarón legislativo” introducido por diputados de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), durante la pasada Asamblea y sancionado por el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli.

En este “gol” legislativo se modificó el Código Procesal Penal para reducir el término de prescripción para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública a un plazo igual al máximo de la pena para estos delitos, cuando inicialmente la iniciativa buscaba fijar el procedimiento de extradición par ciudadanos extranjeros. La norma se convirtió en la Ley 35 de 2013.

El proyecto 149 propuesto por la diputada independiente Ana Matilde Gómez modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal de la Ley 35 para que se restablezca que la prescripción se da al vencimiento de un plazo igual al doble del máximo de la pena prevista.

Gómez recordó que uno de los resultados del Pacto de Estado por la Justicia fue la aprobación en 2008 de ajustes al Código Penal y la adopción del Código Procesal Penal en el cual se elevaron las penas y se estableció la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo y de lesa humanidad y se fijó plazos de prescripción en los delitos contra la administración pública, por lo que consideró necesarios restablecer los plazos fijados en 2008.

El diputado Leandro Ávila, quien avaló el proyecto, afirmó que quienes aprobaron este proyecto en 2013 para que el plazo de prescripción de la pena fuese igual al mismo término de la pena “se hicieron un saco a la medida".

La Trama De Los Contratos Vinculados A Moncada Luna

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Para el próximo miércoles 29 de julio, Nicolás Corcione ha sido llamado a rendir una declaración indagatoria por el delito de blanqueo de capitales que le ha imputado la Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo de Nahaniel Murgas.

Así lo señaló a La Estrella de Panamá Roberto Moreno Obando, abogado defensor del empresario de la construcción que ha sido vinculado a una investigación contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, quien purga una condena de 60 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y falsificación de documentos.

Corcione es señalado en una trama de blanqueo de capitales que, se presume, se ejecutó a través una red de al menos 14 cuentas bancarias en las cuales empresarios beneficiados con millonarios contratos adjudicados durante la presidencia del exmagistrado depositaron jugosas sumas de dinero a sociedades vinculadas a Moncada Luna.

La fiscalía intenta probar que estos empresarios recibieron las contrataciones con la condición de repartir parte de los montos.

El jurista explicó que su cliente está dispuesto a enfrentar a la justicia. Actualmente, Corcione se encuentra en unas vacaciones familiares fuera del país, planificadas, según Moreno, desde el mes de febrero.

Julián París y Jorge Espino, representantes de la empresa Conceptos y Espacios, que se encuentran en prisión preventiva por este caso, han señalado al empresario como parte del entramado.

Moreno explicó a este medio de comunicación que en los últimos dos años su cliente ‘les vendió cinco apartamentos a los empresarios. Ellos (París y Espino) alegan que los dineros de uno de estos apartamentos provenían de un contrato que se había adjudicado en la Corte. Eso es falso', dijo.

La empresa Conceptos y Espacios se adjudicó la construcción del nuevo edificio del Tribunal Marítimo por un monto de $10 millones.

Los representantes de la constructora hacen referencia a $200 mil que, supuestamente, le dieron a Nicolás Corcione para que usara su influencia para que ellos lograran adjudicarse este contrato para reconstruir el Tribunal Marítimo a un costado del Instituto Oncológico Nacional. Sin embargo, para Moreno estas declaraciones son inconsistentes, tomando en consideración que era una sola empresa la que proponía construir la obra.

Según Moreno, ambos empresarios se contradicen en sus declaraciones. El jurista añade que mientras uno (ESpino) dice que los dineros girados a Corcione eran para adjudicarse la obra, el otro (París) afirma que eran para agilizar los pagos de la misma.

En su declaración, la abogada María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, también mencionó a Corcione en esta trama de blanqueo de capitales.

Según consta en el expediente, Corcione fue quien refirió a Jorge Espino a Reyna para que efectuara los trámites para una posible transacción de $400 mil a la cuenta de la sociedad Cubemu, de Ricardo Calvo.

Durante la administración de Moncada Luna, el Grupo Corcione & Asociados fue beneficiado con un contrato de $6.9 millones para construir un edificio de estacionamientos en los predios de la Corte.

El contrato tuvo que ser rescindido por la imposición de grupos ambientalistas y de las comunidades aledañas.

El Órgano Judicial había anticipado $1 millón a la constructora de Nicolás Corciones, que posteriormente devolvió.

Las relaciones entre el exmagistrado y el empresario eran muy superficiales, no eran estrechas ni de confianza por lo del fallido contrato, enfatizó el abogado. Sin embargo, uno de los apartamentos que compró Monada Luna se lo vendió el Grupo Corcione.

Corcione es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá (ACP).

La Ley establece que si alguno de sus miembros está vinculado a procesos contra la administración, debe abandonar el cargo.

Por esta investigación hay cuatro personas bajo la medida de prisión preventiva, todas relacionadas con empresas o sociedades que transfirieron millonarias sumas de dinero a las cuentas del exmagistrado, con las que, se cree, adquirió dos apartamentos en Coco del Mar, valorados en $1.7 millones.

Por este caso cumple también medida cautelar de casa por cárcel la esposa del exmagistrado, María del Pilar de Moncada Luna.

En la lista de los indagados del fiscal Murgas se encuentran miembros del círculo empresarial cercano al expresidente Ricardo Martinelli como Ricardo Calvo Latorraca y el exvicepresidente de la República Felipe Virzi.

Corcione, De Exitoso Constructor, A Buscado Por La Justicia

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Además de directivo de la ACP, Nicolás Corcione también fue designado como directivo de la Empresa Nacional de Autopistas. LA PRENSA/Archivo

Otro miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se unió a la lista de los que tienen cuentas pendientes con la justicia. Se trata del directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y empresario de la construcción, Nicolás Corcione Pérez-Balladares.

La Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Nahaniel Murgas, ordenó la indagatoria de Corcione Pérez-Balladares por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con la investigación que adelanta ese despacho a las cuentas vinculadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer luego de que la Asamblea Nacional lo procesara por enriquecimiento injustificado y falsedad.

María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A., actualmente detenida preventivamente mientras se investiga su participación en este proceso, en indagatoria ante la fiscalía manifestó que en octubre de 2014 [en medio del proceso que se le seguía a Moncada Luna] Nicolás Corcione le refirió a Jorge Espino, directivo junto con Julián París, de la empresa Conceptos y Espacios, S. A. Espino, contó Reyna, le llevó una copia de un cheque de Conceptos y Espacios a nombre de la sociedad Corporación Cubemu, S.A.

Resulta que Conceptos y Espacios había obtenido un contrato con el Órgano Judicial para el diseño y construcción del nuevo edificio del Tribunal Marítimo, durante el período en que Moncada Luna presidía la CSJ. En principio, el contrato adjudicado sumó $8.2 millones, pero luego, tras la aprobación de varias adendas, se elevó a más de $10 millones.

Días después de haber recibido un adelanto del dinero, la empresa giró un cheque por $400 mil a Corporación Cubemu, S.A., una de las compañías vinculadas a Moncada Luna y al comerciante Ricardo Ricky Calvo.

Durante la indagatoria, Reyna agregó que Espino, actualmente detenido junto con su socio Julián París, por este proceso, le informó que necesitaba “unas justificaciones relacionadas con ese pago, ya que habían surgido algunos problemas”.

A la vez detalló que a raíz de esta situación conversó con Calvo, otro de los que está implicado en este caso, pero que actualmente se encuentra prófugo.

Calvo, añadió Reyna, le aseguró que ese hecho no era “nada importante” y que lo que ocurría era que una de sus empresas le había prestado dinero al entonces magistrado, pero que el “tío Pipo”, Felipe Alejandro Virzi, en su momento aclararía toda esa situación.

Además detalló que Calvo le recomendó incluir el pago a Conceptos y Espacios dentro de una operación que adelantaba con la empresa JR Bocas Investment, que realizaba una transacción de compra y venta con Rasero S.A., representada por Nicolás Corcione Pérez-Balladares.

Pero, Reyna en principio rechazó la propuesta. Le dijo que “mejor buscara otra forma”. Sin embargo, narró que esa noche saliendo de su oficina y cuando se disponía a cerrar la verja, una persona la agarró, la atacó por la espalda, le dobló el brazo hacia atrás, le tapó la boca y la amenazó. Le exigió “que mejor cooperara con esta vaina”, que había mucha gente implicada en el caso de Moncada Luna. “[Dijo] que mi cabeza tenía precio” añadió.

La firma Reyna y Asociados tenía una cuenta bancaria desde donde transfirió más de medio millón de dólares a otras dos sociedades vinculadas al proceso que terminó con la destitución de Moncada Luna.

En una segunda reunión con Espino, Reyna le informó que iba a cobijar su pago dentro de una operación legítima, sin embargo, contó que ellos querían más documentación que acreditara dicha operación y por ello se canalizaron a través de la empresa JR Bocas Investment.

Mientras que Espino, por su lado, dijo a la Fiscalía que al enterarse que su sociedad (Conceptos y Espacios) se encontraba mencionada en el proceso seguido a Moncada Luna, acude a donde Corcione Pérez-Balladares y este le indicó que fuera donde Reyna que ella tenía “todo arreglado” para justificar la operación, a través de la cual se transfirieron los $400 mil a Corporación Cubemu, S.A.

Ayer, en un careo entre Reyna y Espino, los comerciantes mantuvieron sus posiciones.

Fuentes vinculadas al proceso, manifestaron a este medio que Corcione Pérez-Balladares se encuentra fuera del país desde hace varios días, y que si su abogado [hasta el momento este medio desconoce quien lo representa] no hace que comparezca ante el Ministerio Público por este caso, se solicitará ayuda a Interpol para localizarlo.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, también entregará a Interpol Panamá una solicitud para la ubicación de los empresarios Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz Quezada, dignatarios de la sociedad Constructora P&V, S.A.

De acuerdo con la fiscalía, estos comerciantes habrían sido partícipes de los ilícitos que motivaron el juzgamiento del exmagistrado Moncada Luna.

Constructora P&V, S.A., forma parte del consorcio HPC-Contratas-P&V a la que durante el gobierno de Martinelli se le adjudicó el contrato para la construcción del Centro de Convenciones Amador, a un costo de $193.7 millones.

En esta investigación por lavado de dinero se encuentran detenidos los comerciantes Jorge Espino, Julián París directivos de la sociedad Conceptos y Espacios; la abogada María Gabriela Reyna, de la Firma Reyna y Asociados; además de Óscar Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y Humberto Juárez, vinculados por la fiscalía con las cuentas manejadas por Moncada Luna.

También está detenido Felipe Rodríguez Guardia. Mientras que al exvicepresidente y comerciante Felipe “Pipo” Virzi se le aplicó una medida de casa por cárcel, en tanto que María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado, tiene impedimento de salida del país. También se solicitó a Interpol la ubicación de Ricardo Ricky Calvo, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

En este caso la fiscalía mantiene cauteladas cuentas por más de $1.4 millón, que se presume corresponden a dineros entregados a Moncada Luna por adjudicar proyectos adelantados por la Corte.

 

Analizan Dotación De Recursos A Municipios

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Unos $180 millones en impuesto de inmueble recaudarán los municipios una vez entre en vigencia la Ley de Descentralización Municipal en el 2016.

Con miras a la implementación de la descentralización, el presidente Juan Carlos Varela, lideró ayer la primera mesa de trabajo para establecer la fórmula solidaria que se utilizará para dotar a los municipios de recursos económicos que requieren.

Los distritos de Panamá, Colón, David y La Chorrera son los que recaudan la mayor parte de los $180 millones del impuesto de inmueble, dijo el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

La mesa tuvo como tema central la metodología para la distribución del impuesto de inmuebles. También se analizó las fórmulas basadas en el tema de la población del distrito en concepto de impuesto de inmueble y la fórmula para establecer un mínimo que le debe tocar a cada distrito, en el caso de los más pobres, explicó el ministro Alemán.

Precisó que todavía no se ha definido la cifra correspondiente a cada municipio, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacer algunas proyecciones para consensuar el monto.

Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, dijo que en esta primera mesa de trabajo se hizo planteamientos sobre la distribución de los recursos, con la salvedad de que los más pobres tengan una mayor capacidad.

Se aclaró que estos recursos serían para obras de inversión, como manda la ley.

También participaron el presidente de la Asamblea, Rubén De León; el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia y el contralor, Federico Humbert.