Listado de la categoría: Noticia

Los fiscales brasileños han desenmarañado una compleja y sofisticada arquitectura financiera, creada por especialistas para ocultar el rastro de decenas de millones de dólares, presuntamente destinados para el pago de coimas.

Los fiscales han resuelto un rompecabezas que implica tres niveles de presunto lavado de activos, que serían entregados ya “limpios” a los destinatarios finales, exejecutivos de la estatal Petrobras, que guardan arresto, en espera de que concluyan sus procesos judiciales.

En ese esquema de presunto lavado de activos, una sociedad constituida en Panamá – Constructora Internacional del Sur– fue destinataria de más de 47 millones de dólares, en una cuenta en Credicorp Bank.

Un hecho que llamó la atención de los fiscales –y que fue anexado a la denuncia contra Marcelo Odebrecht– fue una noticia publicada en febrero pasado por La Prensa, en la que se narra que la sociedad cambió de agente residente tres semanas después de que tomara posesión el expresidente Ricardo Martinelli, en julio de 2009.

Igualmente, destaca la denuncia, este trámite se hizo con la participación personal de Francisco Frankie Martinelli, primo del exmandatario Martinelli, quien también está vinculado a un contrato secreto de más de 2 millones de dólares que una sociedad offshore, que presidía su exchofer, firmó con un contratista del consorcio Odebrecht-FCC, constructor de la línea 1 del Metro.

La misma noticia también señala que Constructora Internacional del Sur fue disuelta en agosto de 2014, en medio de la operación Lava Jato, la misma que ha puesto al poderoso presidente de Odebrecht en la cárcel.

De las cuentas de Constructora Internacional del Sur –tras un largo viaje por tres continentes– salieron más de 3 millones de dólares para ejecutivos de Petrobras, en cuentas bancarias en Suiza, y cuyos fondos provenían –de acuerdo con las investigaciones en Brasil– de sociedades pertenecientes al grupo Odebrecht.

PANAMÁ, UN PARAÍSO PARA ODEBRECHT

Marcelo Odebrecht llegó a Panamá para hablar del destino de América Latina. Fue ejemplo para los hombres más ricos del continente. Dio consejos y se impuso –poderoso– en una cena en la que coincidió con varios presidentes de la región. Era abril de 2015 y la flamante Cumbre de las Américas, el escenario.

Para ese entonces sus días más oscuros estaban escritos. Los fiscales de su natal Brasil habían levantado toda la información que documentaría la red de corrupción más escandalosa de América.

Bautizaron el caso como lava jato (lava auto) y fichan a Marcelo Odebrecht como uno de los líderes del cartel de corrupción, coimas, sobornos y lavado de dinero en el que están implicados las empresas más importantes del país sureño y sus líderes políticos, cuyas consecuencias estremecen con fuerza y a diario a todo el continente.

El seguimiento de las transacciones de Odebrecht parece no dejar cabos sueltos y las acusaciones ponen al heredero de la constructora más importante de Brasil de regreso a Panamá. De hecho, nunca se fue.

La estrecha franja centroamericana no tiene un papel accidental en el supuesto esquema de sobornos. Por el contrario, Panamá es la pieza clave y neurálgica en el modelo que habría usado Odebrecht para ocultar y lavar dinero durante los últimos 10 años, de acuerdo con la información que manejan los fiscales.

La ruta del dinero era compleja, precisamente para hacer difícil su rastreo. Pasaba por Europa, África y América, y tenía tres niveles de “limpieza”.

Era muy parecido al ciclo de una lavadora: restriega, enjuaga y por último, tuerce. En el caso de Odebrecht habría mucho que “lavar”.

El 19 de junio, a Marcelo Odebrecht le llegó la hora de ir a prisión. El Ministerio Público Federal de Brasil acusa a la corporación Odebrecht de haber obtenido ventajas contractuales multimillonarias a través de un sistema gigantesco de sobornos y blanqueo de capitales.

Este diario tuvo acceso a detalles de la investigación judicial descrita en la denuncia a Marcelo Odebrecht. El documento detalla las complejas maniobras ilícitas a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur, constituida en Panamá, la cual fue destinataria de coimas por $47.2 millones.

A diferencia de otras empresas de papel, cuyas operaciones están absolutamente fuera de Panamá, Constructora Internacional del Sur se movía como los peces en el agua. Usó el sistema de sociedades anónimas y también el sistema financiero a través de una cuenta bancaria en Credicorp Bank.

Odebrecht tenía una determinante cuota de poder en el manejo de todo. A través de otras sociedades domiciliadas en África y Europa era quien alimentaba a Constructora Internacional del Sur.

 

La empresa Lerkshore International –que facturó $60 millones en el negocio de la comida deshidratada para niños de escuelas públicas con el mayor índice de pobreza en el gobierno de Ricardo Martinelli– manejaba con lujo de detalles los pormenores del proyecto, seis meses antes de que el entonces director del Fondo de Inversión Social (ahora Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, le otorgara un primer contrato por $14.5 millones.

En mayo de 2010, Tamburrelli adjudicó la primera compra de comida deshidratada, pero un contrato de agente comisionista revela que el negocio se armó meses antes en la Presidencia.

El ministro Papadimitriu fue el primero en hablar públicamente de la comida deshidratada en una degustación en la Presidencia.

El 5 de enero de 2010, el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, convocó una reunión poco usual en el Palacio de las Garzas. Invitó a varios de sus colegas a la degustación de alimentos deshidratados procesados en

El acto fue el escenario para anunciar que los programas vaso de leche, galleta nutricional, crema enriquecida y otros más –que desde 1995 entregaba el Ministerio de Educación en las escuelas públicas del país– tenían sus días contados.

El recién instalado gobierno de Ricardo Martinelli buscaba cambiar el régimen alimenticio ofrecido a los estudiantes, so pretexto de “reducir la deserción escolar”. Ello, según Papadimitriu, se lograría dotando de alimentos deshidratados –con “alto valor nutritivo”– a las escuelas públicas del país.

La escena montada por Papadimitriu también pretendía demostrar que, de lo que comían los ministros, comerían los niños más pobres del país. Pero la degustación fue un completo fracaso.

Ese día, ni Papadimitriu ni los titulares de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino; de Educación, Lucy Molinar, y de Salud, Franklin Vergara, terminaron sus viandas. Sobre la mesa dejaron sus platos casi intactos.

Según pudo saber este medio, en este evento a nadie pareció gustarle el arroz fortificado con frijoles y carne deshidratados. Su desagradable olor hizo picadillo el apetito de los ministros. El agua resultó ser su mejor aliado, pues ayudaba a engullir los pocos bocados de aquellos repulsivos platillos.

Pero ese acto de degustación era la antesala –ahora sí– de un delicioso negocio que había empezado semanas antes en las entrañas del Ministerio de la Presidencia.

Como resultado, cientos de miles de niños de escuelas públicas de los corregimientos más pobres del país fueron obligados a consumir estos desagradables, peligrosos y poco nutritivos alimentos durante meses.

 

UN NEGOCIO ‘CUADRADO’

Aquel 5 de enero fue la primera vez que el gobierno de Martinelli habló públicamente de alimentos deshidratados –a través del ministro Papadimitriu– pero, en privado, la transacción se gestó meses antes.

Así, por ejemplo, en noviembre de 2009 el negocio ya estaba “cuadrado”, a tal punto que la operación tenía número de proyecto y hasta un proveedor.

La Prensa tuvo acceso a un “contrato confidencial” que firmó la sociedad Lerkshore International Limited –proveedora de los alimentos deshidratados– con el bufete Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz, que prueba, justamente, que el negocio estaba arreglado.

En mayo de 2010, Tamburrelli adjudicó la primera compra de comida deshidratada, pero un contrato de agente comisionista revela que el negocio se armó meses antes en la Presidencia.

Lerkshore, representada por Rubén De Ycaza, otorgó al “agente comisionista” [Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz] el derecho de representarlo y asesorarlo en “todo lo concerniente a su participación en el acto público por medio del FIS en el proyecto No. 045582, denominado compra de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales de los corregimientos con mayor índice de pobreza 2010”.

Los firmantes de ese contrato privado –fechado el 25 noviembre de 2009, seis meses antes de la “licitación”– pactaron el pago de comisiones sobre la base de un acto público inexistente, conociendo el valor exacto del contrato, el número del proyecto, el producto que se compraría y los lugares donde se distribuiría.

Salvo que el abogado firmante –Amado Arjona Duque– y Rubén De Ycaza tuvieran el don de la clarividencia, era imposible conocer esos detalles.

Y eso no era todo. De Ycaza en ese contrato privado ya daba por ganadora a su compañía de la “licitación”.

O era un extraordinario adivino o alguien muy encumbrado en el Gobierno había acomodado las clavijas a favor de Lerkshore, porque, además, en este contrato, los firmantes conocían el costo del proyecto: 14.5 millones de dólares. Solo funcionarios del Ministerio de la Presidencia podían saber ese detalle.

Las sorpresas no terminaban allí. El monto que cobró la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz en comisiones fue de 4.4 millones de dólares, equivalente al 30% del valor del proyecto. ¿Qué cosas tan extraordinarias haría esta firma para cobrar millones en una licitación sin competencia y evidentemente arreglada?

PAGOS ‘OFFSHORE’

En el “contrato confidencial” se pactó que el pago de la comisión se haría de forma fraccionada y se consignaría mediante cheques certificados o de gerencia a sociedades off shore de Islas Vírgenes Británicas.

A cambio de los 4.4 millones de dólares que recibió en “comisiones”, el abogado Amado Arjona Duque quedó facultado para: “inscribir a la compañía como proponente ante el FIS, adquirir el pliego de condiciones, asistir y representar a la empresa en el acto de convocatoria y asesorar a la compañía en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros de la propuesta”.

Así como “representar a la empresa, siempre que lo considere necesario, aun para actos no mencionados en el contrato…”.

La Prensa contactó al abogado Amado Arjona Duque, pero se negó a hablar de este contrato. Igual lo hizo su asistente Yulissa Ortega Espinosa, quien aparece como firmante en varias de cuentas bancarias utilizadas para cobrar las comisiones.

El abogado Arjona Duque no es, precisamente, un desconocido. Su nombre ha sido mencionado en otros escándalos, pero eso es materia de una próxima entrega periodística.

ENTRAMADO

Volviendo al día de la degustación –el 5 de enero de 2010–, además de los ministros presentes, en la mesa estaban otros dos comensales: Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore, y el futuro funcionario del FIS Ángel Famiglietti.

La presencia de ambos en la degustación no era producto de la casualidad. De Ycaza y Famiglietti tenían una relación de amistad y comercial. El día de la degustación, los dos escuchaban atentamente a Janete Fries, directora comercial de la empresa brasileña Prativita, fabricante de los productos alimenticios deshidratados (ver fotos).

Y es que, entre 2008 y 2010, Famiglietti recibió más de 18 mil dólares en cheques de Lerkshore, de acuerdo con registros bancarios a los que ha tenido acceso La Prensa.

¿Y cómo llegó Famiglietti al PAN? La pregunta no la respondió ni Papadimitriu ni Tamburrelli. Y no es que no sabían la respuesta, sino que esta es comprometedora.

El hecho es que el 16 de abril de 2010, Famiglietti empezó a trabajar con el cargo de jefe del programa de Nutrición del FIS.

Y ¡sorpresa! Famiglietti fue encargado de inmediato al contrato de la comida deshidratada. No en vano había estado presente en el acto para su degustación.

Su nombramiento habría violado el manual de Cargos de la Carrera Administrativa, ya que este indica que, para ocupar la jefatura de Nutrición, se debe “contar con dos años de experiencia laboral a nivel profesional en la coordinación y desarrollo de programas nutricionales, a nivel técnico especializado [… y] “se debe tener título universitario a nivel de licenciatura en nutrición, dietética o ingeniería de alimentos”.

Y Famiglietti tenía de nutricionista lo que la comida deshidratada tenía de sabrosa. Según su hoja de vida, es economista.

Así pues, Famiglietti no entró al FIS por sus méritos en el campo de la nutrición, sino por pura influencia. Y eso también está plasmado en su currículo, en cuyo margen superior derecho se lee con letras manuscritas:“recomendado por [Javier] Pariente con visto bueno de Jimmy [Papadimitriu]”. Referencias de peso, sin duda.

Así, Famiglietti es nombrado con un sueldo de 2 mil dólares mensuales y con una misión específica: elaborar el pliego de condiciones para la compra de la comida deshidratada. Sí, él se encargaría de ponerle nombre y apellido a la “licitación”.

 

MÁS CONEXIONES

El 26 de enero de 2015, Tamburrelli declaró en la Fiscalía Segunda Anticorrupción que Javier Pariente –exgerente de la empresa de distribución de energía Elektra Noreste, S.A. (Ensa) y exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar (razón social del Súper 99, propiedad del expresidente Martinelli)– fue uno de los artífices del negocio de la comida deshidratada.

“El intermediario entre la Presidencia y el PAN era Javier Pariente. Él transmitía algunos mensajes del señor presidente de la República, Ricardo Martinelli, para que se diera todo tal como lo requería la Presidencia […] todo lo relacionado con la contratación, el enlace del proveedor, inclusive con la compañía directa en Brasil de la comida deshidratada. Este señor era quien mediaba en todo”, declaró Tamburrelli.

Pariente, por su parte, dijo en su momento que “eso no es tan así”, aunque reconoció su amistad con De Ycaza, pero negó tener vínculos con Lerkshore International.

Ni Pariente ni De Ycaza aceptaron una entrevista con La Prensa. Mientras, Tamburrelli dijo que por la “reserva sumarial” no hablaría del tema y que, además, se está en la víspera de la audiencia preliminar. En tanto, la defensa de Papadimitriu informó que este se encuentra de viaje en asuntos familiares.

La exministra Molinar, por su parte, expresó que [La Prensa] está construyendo una “historia con premisas falsas”. “No estoy segura de que tengan la voluntad de corregir”, precisó.

Y el empresario De Ycaza aseguró que toda esta información “ya fue aclarada” al Ministerio Público y a la propia Contraloría General.

‘PANTALLA’

La llegada de Famiglietti al entonces FIS aceleró la “licitación” de la comida deshidratada, en la que, además de Lerkshore, participaron dos compañías: Terno, S.A. y Fujico, S.A., supuestamente dedicadas a la venta de productos alimenticios.

Fujico, S.A., es una de las sociedades que usó el empresario de Penonomé Juan Carlos Marciaga para facturar en el PAN más de 70 millones de dólares. Marciaga está bajo arresto domiciliario, luego que la Fiscalía Segunda Anticorrupción le formuló cargos por peculado en la venta de bolsas con comida al PAN.

Pero ambas empresas –Terno y Fujico– se prestaron para simular competencia en el acto público, pues incumplieron casi todos los requisitos del pliego de condiciones elaborado por Famiglietti.

Luisa Riley Puga –por entonces encargada del programa de Nutrición del FIS– envió una carta a Rubén Pitty, director nacional de Proyectos de la entidad, solicitando un número para el proyecto de “licitación” de los alimentos deshidratados, quizás desconociendo que ese dato lo manejaba el proveedor con lujo de detalles seis meses antes.

La respuesta llegó casi de inmediato. Guillermo Burbano, por entonces jefe de Presupuesto del FIS, remitió al programa de Nutrición un formulario indicando que el proyecto sería el No. 45582 y que la partida presupuestaria ya estaba reservada.

El contrato fue firmado por Tamburrelli y Lerkshore el 20 de mayo de 2010, por 14.5 millones de dólares y establecía que la compañía estaba obligada a ejecutar el proyecto en 120 días a partir de la orden de proceder.

El FIS entregaría a Lerkshore un pago anticipado de casi 3 millones de dólares, equivalente al 20% del valor total del contrato. El desembolso restante –de 11.7 millones de dólares– se realizaría contra la presentación de documentos, entre ellos, un informe de recibido a satisfacción.

El fabricante de la comida recibió por este primer contrato 7 millones de dólares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparándose en el Reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y en la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, que reorganiza esa corporación, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, pidió al ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, suspender del cargo de directivo de la ACP a Nicolás Corcione Pérez Balladares.

 

Su solicitud se da en medio de la presentación de recursos de la defensa del empresario, que se ampara en ese cargo para no rendir indagatoria ante la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, que le sigue una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado a las cuentas vinculadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

Según la defensa de Corcione Pérez Balladares, por ser miembro de la directiva de la ACP no corresponde al Ministerio Público (MP) investigarlo, sino a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que han interpuesto dos incidentes de controversia ante el Juzgado Decimosexto Penal y ante la citada fiscalía.

Maytín basó su requerimiento en el numeral 13 del artículo 6 del Reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá, que establece que: Son principios de conducta ética que rigen para la Autoridad del Canal de Panamá, los siguientes: evitar cualquier acción que aparente ser contraria a la ley o las normas éticas.

Además, argumenta el artículo 20 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, por la cual se reorganiza la ACP, el cual señala: “ los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda. Los directores también podrán ser suspendidos o removidos, por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.

En tanto, el constitucionalista y exministro de Estado Mario Galindo opinó que “la investigación para determinar si Corcione ha incurrido o no en un delito corre, sin duda, a cargo del MP, que le corresponderá promover la formulación de cargos ante la referida sala de la Corte”.

De acuerdo con Galindo, tanto el director o administrador de una entidad autónoma o semiautónoma, como los miembros de la junta directiva de esas empresas, son sujetos a investigación por supuestos delitos por el MP.

En ese mismo sentido se pronunció el exdirectivo de la ACP y exmagistrado de la Corte Eloy Alfaro, quien apuntó que el empresario, por ser miembro directivo del Canal, debe ser investigado por el MP.

Este medio llamó a Alfredo Ramírez, también exdirectivo de la ACP, pero indicó que no ha analizado esta polémica y por lo tanto no puede dar una opinión al respecto.

Por su lado, Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez Balladares, manifestó que no opinaría sobre el pedido de la jefa de la Antai, porque desconocía el contenido de la carta que envió al ministro de Asuntos del Canal.

 

En mi opinión, el artículo 40 del Código Procesal Penal, según el cual corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema conocer de los procesos 
penales que se sigan contra “los directores y gerentes de entidades autónomas y semiautónomas”, debe ser interpretado en el sentido de que solamente la persona que ostenta la dirección superior administrativa de la entidad de que se trate, es decir, el funcionario ejecutivo que ocupe el cargo de mayor jerarquía administrativa en la entidad, llámesele gerente general (como en el caso de la Lotería y de ETESA) o director general (como en el caso del Seguro Social) o administrador (como en el caso de la ACP y de la Autoridad Marítima) o administrador general (como en el caso de la Autoridad de Turismo) o como quiera llamársele, goza del privilegio de ser juzgado por la mencionada Sala de la Corte, no así los miembros de la junta directiva de dichas entidades. Pero todos ellos, sin excepción alguna, serán investigados por el Ministerio Público (MP) en el supuesto de que hayan delinquido.
En consecuencia, aun cuando fuese correcta la muy discutible tesis de que el ingeniero Corcione, por el hecho de ser miembro de la junta directiva de una entidad autónoma del Estado, como la ACP, solo puede ser juzgado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es claro que, de todas maneras, la investigación para determinar si Corcione ha incurrido o no en un delito, corre, sin duda, a cargo del MP, al cual le corresponderá promover la correspondiente formulación de cargos ante la referida Sala de la Corte.

 

Luego de seis años de haber sido presentado ante la Asamblea Nacional (2009), el proyecto que crea la ley de carrera judicial está a un paso de convertirse en ley de la República, ya que solo espera por la sanción del Ejecutivo y su promulgación en la Gaceta Oficial.

El proyecto de ley, que ha sufrido varios tropiezos, incluyendo un veto presidencial por parte del actual jefe del Ejecutivo, establece como punto modular la creación de un sistema de selección del personal a través de concursos de méritos, en el que el superior jerárquico solo intervendría para oficializar el nombramiento y no para recomendarlo.

A juicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harley Mitchel, la iniciativa es positiva porque traerá estabilidad, concursos transparentes, una reorganización total del Departamento de Recursos Humanos y la creación de algunas instancias para garantizar la representación de los distintos componentes humanos del Órgano Judicial en los organismos de selección.

Explicó que el Tribunal Superior nombrará a los jueces, pero no va a participar, como pasa ahora, en el proceso de selección. Para tal fin, se crea una unidad especial que participará en el proceso de selección, y el Tribunal Superior nombrará sobre la base del que gane el concurso de escogencia.

Mientras, los jueces de circuito no nombrarán directamente a los jueces municipales, sino que estos serán objeto de un proceso especial, y el juez de circuito los nombrará basado en los que hayan obtenido el mayor puntaje.

Para Anacita Rowe, representante técnica del Órgano Judicial en el tema de la carrera judicial y presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas, con este sistema de “ingreso transparente” los más competentes serán los que concursarán por las plazas de trabajo. “Se acabaron los nombramientos por amistad”, dijo la funcionaria, quien pidió al Ejecutivo sancionar el proyecto de ley.

La norma aprobada también incluye un sistema de evaluación del desempeño de los servidores del Órgano Judicial, magistrados y jueces y para los funcionarios administrativos.

Además, obliga a los funcionarios a rendir cuentas y publicar estadísticas con la indicación puntual de la fecha de ingreso de los procesos, la situación actual y el despacho donde se encuentra cada expediente.

TRIBUNAL ESPECIAL

De igual manera, en las distintas instancias judiciales el superior no va a juzgar al subalterno, pues ahora se crea el Tribunal de Integridad y Transparencia, un ente independiente que juzgará y aplicará las sanciones por las faltas cometidas por los servidores públicos del sistema de justicia. En la actualidad, el mismo jefe superior es quien nombra y juzga a los subalternos.

Este tribunal estará conformado por tres magistrados especiales, que deberán ser nombrados posteriormente. Además, los jueces y empleados administrativos tendrán un defensor ante las acusaciones que se les formulen y podrán recomendar el nombramiento de este ante el pleno de la Corte.

“El superior solamente va a ver lo que la Constitución manda, ver las apelaciones; es decir, que no va a nombrar directamente ni va a sancionar al inferior, lo cual significa mayores garantías, más independencia y menos centralización en cuanto a apelaciones, nombramientos y sanciones”, precisó el magistrado Mitchell.

BONOS DE ANTIGÜEDAD

Se eliminó del proyecto el pago de un retiro compensatorio para los funcionarios, jueces y magistrados, figura que había provocado el veto del Ejecutivo. Ahora se aprobó en la ley un bono de retiro por antigüedad.

En materia de personal, al establecerse un esquema de compensación por antigüedad, se permitirá oxigenar al Órgano Judicial abriendo paso al retiro de funcionarios en edad de jubilación, según el proyecto de ley.

De acuerdo con la iniciativa, consensuada por magistrados de la Corte, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Órgano Judicial, los miembros de la carrera judicial tendrían derecho a la bonificación por antigüedad en los casos de supresión de empleos, renuncia o jubilación.

La bonificación se calculará en función de los años de trabajo desempeñados en el Órgano Judicial.

En este sentido, estos servidores tendrán derecho a bonos por 4 meses de su sueldo al completar 10 años de servicio; a 6 meses de sueldo al completar 15 años; a 8 meses de sueldo al completar 20 años; y a 10 meses de su salario al tener 25 años de servicio.

Según el proyecto, los servidores judiciales que gocen de estabilidad otorgada por leyes anteriores y que tengan más de 10 años de servicio en la institución, también se beneficiarán de los derechos consignados en la propuesta.

Para Rowe, esta disposición será muy conveniente para muchos funcionarios jubilados que están cansados de trabajar y que solamente esperan la sanción de la ley, ya que no existe un mecanismo que les dé ese equilibrio y que les permita salir de algunas obligaciones económicas para retirarse.

Según Rowe, el proyecto permitiría que unos 600 funcionarios con edad para jubilarse y que aún trabajan en el sistema se retiren con el goce del bono.