Fiscalía impone país por cárcel a Sáez-Llorens y a de Souza

La Fiscalía Tercera Anticorrupción aplicó una medida cautelar de impedimento de salida del país y notificarse dos veces al mes ante ese despacho al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez- Llorens en la investigación por delitos contra la administración pública por el alquiler de 32 locales comerciales en el área de Juan Díaz, en el año 2012.

Una fuente ligada a la investigación confirmó que la fiscal Zuleyka Moore determinó que el exfuncionario también debe mantenerse viviendo en el lugar señalado en la indagatoria rendida el pasado viernes.

La medida también fue aplicada al exsubdirector de la CSS Marlon de Souza, indagado el pasado jueves.

En julio de 2012, la CSS contrató 32 locales comerciales en el área de El Cruce en Juan Díaz para trasladar allí medicamentos que estaban en depósitos en Curundú y serían desalojados por la construcción de la línea 1 del Metro.

 

Informe de seguridad contradice a Mulino

En las dos últimas semanas, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino ha asegurado que los contratos que suscribió Panamá con el conglomerado italiano Finmeccanica –que comprendían la compra de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital– se hicieron basados en las recomendaciones de un informe técnico en materia de seguridad elaborado por la consultora McKinsey & Co.

“Este señor no tiene idea de lo que está hablando”, aseguró Mulino al referirse a las declaraciones del embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, quien dijo que la compra de los equipos llevada a cabo por el gobierno anterior se hizo con premura, sin que existieran estudios previos ni pliegos por parte de Panamá que justificaran dichas adquisiciones.

“La estrategia existe, se diseñó desde agosto de 2009 y se pagó a una consultora de alto prestigio” dijo Mulino en una entrevista en TVN 2. 

“Yo volé el país entero con ellos”, refiriéndose a los expertos en seguridad de McKinsey.

“Nosotros trabajamos rápido. Yo no fui un ministro que llegó con miedo, llegué a trabajar”, afirmó.

Este diario contactó al exministro solicitándole copia de dicho informe.

A pesar de estar aún a la espera del ofrecimiento de Mulino, este medio tuvo acceso al precitado “Plan Nacional de Seguridad” entregado al gobierno de Ricardo Martinelli.

El informe preparado por McKinsey & Co. no hace alusión a la compra de radares, mucho menos recomienda que los mismos sean comprados a Selex, la filial de Finmeccanica.

TAMPOCO CONTEMPLA UN MAPA DIGITAL

En cuanto al tema de helicópteros para el sistema de seguridad del país, el documento únicamente señala la necesidad de “reparar los helicópteros existentes”.

No recomienda adquirir helicópteros y menos aún adquirir naves de fabricación italiana como terminó ocurriendo con Agusta Westland, otra filial de Finmeccanica.

El informe –que consta de 57 páginas– se empezó a elaborar en junio de 2009, un mes antes de que Mulino asumiera el cargo de ministro de Gobierno y Justicia (hoy Seguridad Pública). Y seis meses después –el 11 de diciembre de 2009–, fue entregado oficialmente al gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli.

En otras palabras, este informe se elaboró, al menos, siete meses antes de que el exministro Mulino firmara dos contratos para comprar equipos de seguridad italianos: uno con Selex para adquirir 19 radares y otro con Agusta Westland para comprar 6 helicópteros, los cuales suman más de 200 millones de dólares.

CONTROVERSIA

Mulino dijo ahora a La Prensa que el informe elaborado por McKinsey & Co. “no tenía por qué mencionar la compra de esos equipos”. “Había que dotar a las bases de helicópteros y lanchas. Si no era así, qué haríamos en Coiba sin transporte”, preguntó.

“El tema de radares sí formaba parte de nuestra estrategia de seguridad, ya desmontada por el gobierno actual”, enfatizó Mulino durante la entrevista concedida a TVN 2 el miércoles pasado. Al día siguiente, el exfuncionario insistió en Nextv que “el concepto de radares, lanchas y helicópteros era un paquete que se complementaba uno con otro”.

MARTINELLI – BERLUSCONI

Si el informe McKinsey no contiene especificaciones técnicas ni recomienda instalar radares ni comprar helicópteros, ¿por qué Panamá terminó comprando equipos al conglomerado italiano y en base a qué?

“Algo hay que recalcar” , dijo Mulino refiriéndose al memorándum de entendimiento firmado entre el expresidente Ricardo Martinelli y el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi. “¿Por qué no había que hacer licitación? Porque era un acuerdo de Estado a Estado”.

Mulino argumenta que, como todo nació como parte de un convenio internacional, el país quedó obligado a comprarle a Finmeccanica.

“Se permitió que Italia designara las empresas”, dijo, endilgándole la responsabilidad a la Cancillería de entonces, cuyo titular era Juan Carlos Varela.

“No saben cómo sacar el cuerpo a sus actuaciones. En 26 meses de Gobierno [los panameñistas] no objetaron nada”, remarcó.

De nuevo, el convenio Martinelli–Berlusconi contempla algo distinto a lo que asevera Mulino.

En él se establece que ambos países se comprometen a trabajar conjúntamente en un sistema de seguridad que “podrá” desarrollarse a través de varias actividades. O sea, no era una obligación vinculante, se trataba de un “acuerdo para acordar”, como ha dicho varias veces el diputado Jorge Alberto Rosas. 

En cuanto a la obligación de contratar determinadas empresas, Italia no las “designaba”. Italia se comprometía a “recomendarle” a Panamá empresas calificadas, según la cláusula IV citada por Mulino. Panamá siempre tuvo la potestad de aceptar o no dicha recomendación. 

Lo que sí dice el informe

Quizás lo más sorprendente del informe preparado por McKinsey & Co son las recomendaciones que no menciona el exministro. Es cierto que se hacen recomendaciones para luchar contra el narcotráfico, así como para disminuir el crimen violento. Sin embargo, como tercer punto prioritario en la estrategia de seguridad del país la consultora incluyó “eliminar la corrupción”, en un capítulo expresamente dedicado a este tema. Seguidamente, como cuarta prioridad se establece “cerrar el círculo del proceso judicial”, refiriéndose a los pasos que se deben tomar para disminuir la impunidad. En cuanto al tema de la corrupción, el documento recomendaba “realizar pruebas de integridad y destituir los elementos corruptos, asignar a una agencia independiente el diseño del programa anticorrupción y la persecución de casos de alto nivel y fortalecer auditoría interna y recursos humanos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Caso Financial” pone a Martinelli contra la Corte y ministro Aguilera

La Corte Suprema de Justicia investigará los vínculos del expresidente Ricardo Martinelli con la casa de valores Financial Pacific, desde la cual, según denunció la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), utilizó información privilegiada para la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd. La SMV envió el expediente al Ministerio Público y a la Corte para que se investigue el caso.

El pleno realizó varias observaciones al proyecto de fallo del magistrado Hernán De León y ordenó reformularlo para admitir el proceso contra Martinelli por la compulsa de copias que envió la SMV. En la votación participaron los magistrados José Ramón Fábrega, Harley Mitchell, Harry Díaz, Hernán De León, y cinco magistrados suplentes.

El magistrado De León aceptó las observaciones efectuadas por el pleno.

Sin embargo, a la par de la admisión del proceso, Martinelli ha recibido otra noticia sobre el caso: el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, aseveró que lo demandará por supuesta difamación, al implicarlo desde un tuit en las actividades fraudulentas de Financial Pacific.

Según Martinelli, ‘los Aguilera' lavaron $3.2 millones en la firma. ‘Como (la) justicia es selectiva nada (le) pasa ellos pero asolean a otros', reclamó el exjefe de gobierno en Twitter.

Aguilera ha dicho que se asesorará legalmente en Estados Unidos, tomando en cuenta que se presume que Martinelli reside desde enero en la ciudad estadounidense de Miami.

‘Lo voy a revisar con detenimiento, así como me tomó un año lograr un triunfo en la Corte con el caso Finmeccanica (de coimas por $25 millones para la compra de radares). Lo veré despacio y con buena letra', sostuvo.

Además, dijo, de interponer una denuncia lo haría en Estados Unidos porque allí ‘puedo pedir una reparación o reclamar una indemnización punitiva, y si es así tengo que ver de cuántos millones puede ser'.

La semana pasada el equipo de la defensa de defensa de Mayte Pellegrini, extrabajadora de la empresa Financial Pacific, aseguró que en el escándalo hay figuras del gobierno de Juan Carlos Varela implicados, aunque por el momento se han abstenido de revelar nombres de los im

Magistrado De León frena proceso a Ricardo Martinelli

Luego de que múltiples voces cuestionaran la lentitud con la que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernán De León ha manejado el expediente que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) remitió en junio a esa entidad para que se investigue al expresidente Ricardo Martinelli respecto a supuestos ilícitos en la casa de valores Financial Pacific, el togado se pronunció a través de un proyecto de fallo.

En dicho documento, De León expone, por ejemplo, que la SMV no es entidad jurisdiccional que pueda enviar a la CSJ expedientes no concluidos, para que se investigue a los diputados. 

De León, nombrado en la Corte por el exmandatario en 2012, puso a circular el proyecto de fallo el pasado lunes y en este decide que la CSJ no es competente para investigar a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros en cuatro cuentas de la casa de valores Financial Pacific.

EL CASO

El 29 de junio pasado, la SMV envió un informe a la CSJ, pidiendo que se investigara si el exgobernante habría incurrido en delitos financieros por supuestas irregularidades en las inversiones hechas en las cuentas High Spirit, Jal Offshore, Distribuidora Comar, S.A. y Ricardo Martinelli.  

Desde esas cuentas se compraron y vendieron acciones de la canadiense Minera Petaquilla, usando, supuestamente, información privilegiada para manipular el mercado de valores.

De León fue asignado como ponente del caso el 1 de julio pasado y se tomó dos meses para pronunciarse, acción que generó críticas entre diferentes actores de la sociedad civil, quienes coincidieron en que está dilatando el proceso.

‘NO ES UNA CAUSA PENAL’

En el proyecto de fallo, al que tuvo acceso este medio, el magistrado también concluye que lo enviado por la SMV “son copias de un expediente administrativo por ella adelantado”.

Cita el artículo 487 del Código Procesal Penal para sustentar que los expedientes o causas administrativas no son competencia del pleno de la CSJ. El citado artículo establece que la Corte es competente para investigar y juzgar actos delictivos y policivos de los diputados principales y suplentes.

“Dicha disposición determina con claridad que aquello que se eleva al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia son causas penales no concluidas de determinadas agencias (dentro de las cuales tampoco se incluye a la Superintendencia de Valores)”, puntualizó De León en el proyecto de fallo.

Argumentó también que, ante la falta de competencia, no se puede hacer un examen formal y de fondo del informe enviado por la SMV. Esta decisión, manifestó, no implica que “se estén estimando o desestimando los hechos relacionados al señor Ricardo Martinelli, así como tampoco una posterior investigación”.

Dejó claro que lo anterior depende de la documentación que remitan las autoridades que estipula la ley.

SERÁ DISCUTIDO HOY

El citado proyecto de fallo, que resuelve uno de los 12 expedientes que tiene Martinelli en la Corte, está agendado para ser discutido en  

el pleno ordinario de hoy, miércoles.

Como ha sucedido en otras ocasiones, el proyecto de fallo puede ser retirado o modificado antes de que sea decidido por el pleno de la CSJ. Incluso, De León puede perder la ponencia de este expediente. Esta semana, el magistrado Luis Ramón Fábrega cambió el pleno ordinario de la Corte que se celebra todos los jueves.

‘SE DEBE INVESTIGAR’

Voces consultadas discrepan con lo planteado por el magistrado de la Corte. Por ejemplo, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que “en este momento –cuando se decide la admisión– no se debería evaluar si corresponde a un proceso administrativo o penal”.

Para Araúz, en las etapas de admisión, a razón de denuncias o compulsas de copias provenientes de cualquier entidad, se debe dar cumplimiento a la investigación y esclarecer los hechos.

“No hacer esto de abrir las investigaciones se presta para que la sociedad estime que la Corte Suprema de Justicia no cumple la labor de investigar los hechos que se ponen en conocimiento y que se señalan como conductas delictivas”, agregó.

Mientras que Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, expresó que “lo que están demandando los ciudadanos es que estos casos sean lo más expeditos y transparentes posibles”.

Jaén consideró que crea impotencia el hecho de que todos los días el país amanece con una denuncia contra quienes han sido reiteradamente señalados en otros casos, y esas personas siguen libres por la calle.

“Las autoridades deben cumplir la ley para pasar de un clima de impunidad a una cultura de legalidad”, dijo.

De los 12 casos que el expresidente Martinelli tiene en la Corte, solo 3 han sido admitidos: el que investiga la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional por $44.9 millones; el que lo investiga por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad tras los pinchazos telefónicos a ciudadanos durante la pasada administración; y el que contiene las pesquisas por los indultos que el exgobernante otorgó antes de culminar su gestión.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barakat reconoce emisión de licencias fraudalentas

‘La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está llena de funcionarios vinculados a firmas de abogados que se benefician con los registros', manifestó Luis Fruto, tesorero de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM).

El gremialista se refirió en particular al subadministrador Alejandro Agustín Moreno y al secretario general de la institución, Tomás Ávila.

La firma de abogados Moreno & Arjona Bureau inscribió las sociedades anónimas Samoa International Maritime Authorithy, Inc. y Maritime Affairs Group, vinculadas al proceso de acreditación de certificados y endosos de títulos de marinos bajo el fallido acuerdo entre la AMP y el Gobierno de Samoa. Federico Moreno, hermano del subadministrador, aparece como dignatario en la primera sociedad, y firmante de una de las cuentas en la segunda.

Jorge Barakat, administrador de la AMP, y Alejandro Agustín Moreno han guardado silencio acerca de este tema, a pesar de las continuas llamadas y correos electrónicos de este medio.

Pero fue a los directivos de APOM a quienes respondieron en una cita a la que estos fueron en busca de explicaciones a raíz de las publicaciones de La Estrella de Panamá .

Según Fruto, cuando cuestionaron a Barakat sobre el conflicto de intereses que implicaría al subadministrador, ‘el propio Moreno respondió que la firma (Moreno & Arjona Bureau) no tenía nada que ver'.

En vez, continuó Fruto, ‘Moreno habló de la trayectoria del bufete y aseguró que nunca ha utilizado sus influencias para favorecer a la firma de su hermano, y que él no se había aprovechado del cargo'.

De acuerdo con los miembros de APOM, Barakat dio su voto de confianza a Alejandro Agustín Moreno.

Este diario conoció que en una reunión previa con la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Barakat pidió a sus miembros una segunda oportunidad para el subadministrador.

INSCRIPCIÓN DE NAVES

Otro caso que riñe con la ética del funcionario público es el de Tomás Ávila, secretario general de la AMP.

A pesar de estar de licencia de su firma (Ávila & Co.) por un año para ejercer en la AMP como secretario general, Ávila tiene una oficina legal que desde 2009 abandera naves y lidera las inscripciones de embarcaciones con bandera panameña.

Su ausencia temporal en la firma, explicó, le impide tomar parte de lo que en ella ocurre. ‘Como secretario general no tengo tiempo de visitar marina mercante de la institución, ni llamo a los clientes para que usen mi firma', manifestó a este diario ( ver listas ).

Sin embargo, el tráfico de influencias en los consulados es un asunto de vieja data, afirma el abogado Ebrahim Asvat.

‘Es tradicional que al nombrar los cónsules, se empatan con una firma de abogados. Todo el que entraba ahí le decía al cliente con qué firma de abogados debía trabajar. Así funcionaba desde la dictadura militar. En Asia persisten ese tipo de prácticas. En las certificaciones hay todo un relajo. Panamá debe decidir si quiere ser un registro marítimo serio o pirata', opinó Asvat.

Jorge Loaiza, de Arias, Fábrega & Fábrega, también dedicada a este negocio, consideró que el conflicto de intereses ‘puede depender de los arreglos que tenga la persona con sus socios para efectos de la función pública, y lo relevante es que el funcionario actúe con probidad'. Agregó que el Decreto 246 de 2004, en el capítulo V, contempla los impedimentos por razón de las funciones: ‘A fin de preservar la independencia de criterio y la equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales o económicos pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo'.

Loaiza acota que ‘posiblemente la prueba de lo ético o no de un funcionario pudiera medirse si hay alguna relación cuantitativa entre sus gestiones y lo que se refleje en la cartera de clientes de los negocios que, se suponía, no debía aprovechar como funcionario'.

 

 

Corte mantiene 12 procesos a expresidente Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli tiene al menos 12 procesos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero solo tres de estos expedientes han sido admitidos.

Allí se incluyen las pesquisas por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) por $44.9 millones; el que envió la Cancillería para determinar si el exgobernante cometió delito al otorgar indultos poco antes de dejar su gestión; y la investigación por la presunta comisión de delitos contra la libertad [inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad] por violar las comunicaciones de ciudadanos.

Este último está en manos del magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal. De acuerdo con fuentes del Órgano Judicial, Díaz ha entrevistado a exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, y algunas de las víctimas del espionaje.

Durante el pasado gobierno, y según investigaciones del Ministerio Público (MP), se espiaron las comunicaciones de líderes políticos, empresariales, sindicales, magistrados y periodistas.

Mientras que el proceso relacionado con la comida deshidratada está en manos de Oydén Ortega, quien actúa como fiscal. Este expediente fue remitido por el MP en enero pasado. Desde entonces han pasado siete meses y la investigación no concluye. Ortega presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A de la Ley 55, que limita a dos meses el término para investigar a los diputados. Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano. Este recurso tiene paralizadas las pesquisas hasta tanto el pleno no lo resuelva.

Otro magistrado que tiene responsabilidad en casos contra el exgobernante, es Abel Zamorano, quien está a cargo de las pesquisas por las indultos. Por este proceso específico, fuentes judiciales explicaron que la Corte ya solicitó al Tribunal Electoral levantar el fuero a Martinelli por su participación en las elecciones internas de su partido Cambio Democrático.

Mientras que el Juzgado Primero Penal ordenó compulsar a la Corte copia del caso por el que se condenó a cinco años de prisión al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega para que se investigue a Martinelli, quien fue señalado por Fábrega en el escándalo de Financial Pacific (FP). De hecho, el pasado 29 de junio la SMV remitió copias de un expediente para que determine si el exgobernante incurrió en delitos por irregularidades en cuentas de FP. El tema está en manos Hernán De León, quien tiene pendiente presentar un proyecto de fallo sobre el mismo.

En la calle, voces de la sociedad civil organizada cuestionan la lentitud de la CSJ para darle trámite a estos procesos. Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, argumenta, por ejemplo, que los magistrados de la Corte están buscando “excusas” para no investigar a Martinelli. Afirmó que esta situación está evidenciada en los múltiples subterfugios para mantener los expedientes engavetados.

“No quieren meterse con Martinelli e inventan consultas, ya que todos esos magistrados encargados de manejar estos casos estuvieron involucrados con la manipulación de la justicia en los últimos cinco años”, enfatizó.

Por su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal coincidió con Castillo en que “no hay voluntad” por parte de los magistrados. Sostuvo que tampoco existen los mecanismos legales “para investigar la empresa criminal montada por Martinelli  durante su gestión”.

 

Directivos de la AMP, enlazados a empresa que emitió endosos

En la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hubo intereses particulares para sacar adelante una certificación de credenciales con el Gobierno de Samoa que resultó ser fraudulenta.

Existen documentos que relacionan al subadministrador de la AMP, Alejandro Agustín Moreno Velásquez, y a Encarnación Samaniego, exmiembro de la junta directiva de esta entidad, con la empresa Maritime Affairs Group Inc., que sería la sede de Samoa International Maritime Authorithy Inc. (SIMA), que de manera fraudulenta certificó a marinos extranjeros para trabajar en la flota mercante panameña.

En el sector marítimo se identificó que detrás de SIMA estaba Encarnación Samaniego. ‘Él vociferaba por todos predios de la institución que era el dueño de la empresa', dio a conocer a La Estrella de Panamá una fuente vinculada a la administración marítima panameña.

Samaniego lo niega todo. ‘No aparezco en la empresa', dijo el exmiembro de la junta directiva. En efecto, la empresa inscrita en el 2015 cuenta entre sus representantes legales a Abilio Domínguez como presidente; Suniel Sharma como tesorero y Federico Moreno como secretario.

Lo que pudo comprobar este diario es que Samaniego estuvo vinculado a Maritime Affairs Group. Corp., la empresa que se encargaría de manejar el registro mercante de la isla de Samoa desde Panamá.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a una tarjeta de presentación de Encarnación Samaniego en la que figura como gerente general de Maritime Affairs Group. Corp. En esta misma empresa, Abilio Domínguez se desempeñó como manager técnico.

En la compañía SIMA, ‘el vínculo de Samaniego era Abilio Domínguez', aseguró la misma fuente. ‘La Decana' conoció que Samaniego y Domínguez formaron un equipo de trabajo en temas marítimos. Samaniego era director del registro de naves de Belice, mientras que Domínguez era gerente.

MÁS COINCIDENCIAS

Federico Moreno es otro nombre obligado a mencionar en la triangulación SIMA-AMP-Maritime Affairs Group. Corp.

Es hermano del subadministrador de la AMP Alejandro Agustín Moreno Velásquez y, además, es firmante de la cuenta bancaria de Maritime Affairs Group, con terminación 02247-3, tal como se observa en el cheque al que tuvo acceso este diario y se publica en esta edición.

Otra referencia con el subadministrador de la AMP es que Moreno es socio de la firma Moreno & Arjona Bureau, la que el 25 de febrero de 2015 inscribió en el registro panameño a SIMA. Esta acción se ejecutó quince días después de que se firmara el acuerdo entre SIMA y la AMP.

Se trató de conocer la versión del subadministrador sobre el conflicto de intereses que representa ocupar el cargo gubernamental, haber inscrito la empresa bajo la firma de abogados en la que es socio, y que su hermano aparezca como uno de los representantes legales de SIMA, y firmante de la cuenta Maritime Affairs Group, pero a pesar de haber acusado recibo de un cuestionario enviado por correo, nunca lo respondió. Tampoco contestó las llamadas efectuadas a su celular hechas por este medio.

Samaniego y Moreno son viejos conocidos. Desde 2005 trabajaron juntos en la AMP. En aquel momento, Alejandro Agustín Moreno se desempeñaba como asistente de Rubén Arosemena, entonces vicepresidente y administrador de la institución. Mientras que Samaniego era director de Gente de Mar, experiencia que transmitió a Alejandro Agustín Moreno, quien, entre otras de sus funciones, auditaba los centros de formación de marinos.

El convenio entre la AMP y Samoa nunca se implementó debido a que el Gobierno de la isla desmintió haber otorgado una concesión a SIMA para certificar marinos. Sin embargo, hubo tiempo para emitir endosos o convalidaciones a gente de mar extranjera.

Una prueba de ello es el certificado 31665 emitido por SIMA en el que se lee: ‘El Gobierno de Samoa certifica que Vijay Kumar Shaw se encuentra calificado de acuerdo' al Convenio de 1978 sobre normas de formación, titulación y guardia de la gente de mar.

La autenticidad de este certificado podría verificarse en el sitio web www.maritimesamoa.com , se lee en la credencial.

Se conoció que Jorge Barakat, administrador de la AMP, citó para el día de hoy a la Asociación Panameña de Oficiales de Marina para una reunión urgente referente al tema de las certificaciones ilícitas.

 

Ley 214 se debate entre “ley blindaje” y “ley súper blindaje”

El proyecto de Ley 214 o ley blindaje sigue generando opiniones encontradas entre los miembros de la clase política que defiende a toda costa el proyecto y los miembros de la sociedad civil quienes la han bautizado como la ley “súper blindaje”.

En el programa Radar que se transmite por Tvn Canal 2, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, explicó que el proyecto de ley propone darle la misma igualdad de condiciones a presidentes, diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando enfrenten un proceso legal.

Por su parte el analista político y excanciller de la República, Jorge Eduardo Ritter, manifestó su desacuerdo en que a un ciudadano común se le permitan seis meses o más para ser investigado, mientras que a los presidentes, diputados y magistrados solo se le den dos meses y ahora cuatro.

“La razón del blindaje es que al termino de dos meses no se ha concluido la investigación se cae el caso, eso es lo que es blindaje”, dijo Ritter.

Agregó que “al decir que se eliminó la 'prueba idónea', 'se ha engañado al país', ya que solo le han cambiado el nombre y a quedado igual o peor que la anterior”.

González replicó a Ritter, asegurando que al admitir una denuncia contra un magistrado, presidente o diputado, se da un plazo para la investigación y luego cuando se tienen los elementos necesarios se interpone la imputación de cargos.

El dirigente del PRD, trajo a colación el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, el cual tomó cuatro meses para concluir un juicio y dijo que el gran problema de este tipo de investigaciones es la “falta de voluntad para investigar”.

Mientras que Annette Planells, miembro de Movimiento Independientes (Movin), coincidió con González, en que el gran problema es la falta de voluntad para investigar y la desconfianza del pueblo en la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional.

“La única manera de devolver esa confianza es investigando a los magistrados y diputados”, señaló Planells.  

Este proyecto de ley ya fue aprobado en tercer debate y espera la sanción del presidente Juan Carlos Varela, sin embargo, miembros de la sociedad civil han pedido el veto de la misma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Críticas al magistrado Hernán De León por caso Financial Pacific

Desde hace dos meses, el magistrado de la CSJ sigue sin decidir si admite o no el expediente para investigar al exgobernante.

Abogados explican que el ‘Código Judicial’ establece que por cada 100 páginas de un expediente, un magistrado tiene un día para resolver.

Pedirán investigar a Salo Shamah

Hernán De León analiza el expediente sobre el caso Martinelli y Financial Pacific desde el 1 de julio. 

Hernán De León, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cargo del expediente remitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para investigar al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas irregularidades en cuentas en la casa de valores Financial Pacific, no puede eludir su responsabilidad de agilizar el proceso. 

En eso coinciden algunos juristas consultados, quienes afirman que un magistrado ponente de un caso debe impulsar un proyecto de fallo para adelantar el trámite y no estancarlo.  

Desde el pasado 1 de julio, De León analiza la documentación enviada por la SMV y hasta la fecha no ha presentado un proyecto de fallo sobre el particular para que sea analizado por el pleno de la Corte. 

“En un caso tan significativo como este –en mi opinión–, es una irresponsabilidad no haber decidido la admisión todavía. No es posible que a estas alturas no se haya admitido o rechazado este caso”, aseguró Guillermo Márquez, exmagistrado del Tribunal Electoral.  

De León se escuda en que trabaja un proyecto de fallo “que debe ser revisado con detenimiento y no con premura”.

EXIGEN CELERIDAD

Aunque la admisión o rechazo de una denuncia corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es responsabilidad del magistrado ponente impulsar un proyecto de fallo para agilizar el trámite y no estancar un caso.

Así opinan abogados consultados sobre las competencias de un magistrado ponente cuando está a cargo de un expediente en la máxima corporación de justicia.

El tema surge luego de que el magistrado Hernán De León, en nota enviada a La Prensa, justifica su papel en el expediente remitido a la Corte por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para investigar al expresidente Ricardo Martinelli, por supuestas irregularidades en cuentas en la casa de valores Financial Pacific (FP).

La documentación de la SMV llegó al palacio Gil Ponce el pasado 29 de junio y dos días después –el 1 de julio– fue asignada a De León, sin que hasta la fecha se reporten mayores avances en el proceso.

En la nota, De León intenta eludir su responsabilidad al argumentar varios aspectos. Por ejemplo, que la defensa del expresidente Martinelli solicitó “disposición” del expediente que estaba en la Secretaría de la CSJ y luego pidió copias del mismo. “Así se dispuso”, indicó.

Sin embargo, el excontralor Alvin Weeden sostiene que De León no puede tener paralizado un expediente porque alguien ha pedido copia. “Las copias se evacuan rápidamente”, dice.

Advirtió que ese proceso no puede convertirse en una táctica dilatoria, no solo por parte de la defensa, sino del responsable del expediente.

El abogado Candelario Santana también sostiene que esto “no es excusa para paralizar el caso”. “Las copias se pueden sacar en uno o dos días”, señala.  

En cuanto a la disposición del expediente solicitado por la defensa de Martinelli, destaca que eso significa que los abogados simplemente tienen acceso a verlo en los estrados del tribunal y entonces, en uno o dos días, pueden sacar las copias. “Eso no amerita que se haya demorado dos meses [sin admitir]”, dice.

Otro de los puntos que expone De León es que “la admisión del expediente no es exclusivo del ponente. Esto le corresponde al pleno de la CSJ”.  

Empero, Raúl Olmos, especialista en el sistema penal acusatorio, indicó que si bien es el pleno de la CSJ el que admite, el magistrado ponente tiene la responsabilidad de presentar el proyecto de fallo lo más pronto posible para la consideración de sus ocho colegas restantes.

Esta misma tesis la comparte Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral. “Él [como ponente] debe impulsar ese trámite”, afirma.  

Mientras que la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño  estimó que la tramitación de la admisión o no de un expediente tarda usualmente un promedio de 30 días.

Cuestionó el hecho de que algunos abogados soliciten copias de todo el expediente como táctica para dilatar el proceso.

De León también informó de que ha estado leyendo el expediente y trabaja “en un proyecto [de fallo] que debe ser revisado con detenimiento y no con premura, pues se quiere evitar cometer errores, ya que este proceso debe atenderse bajo el sistema penal acusatorio”.

PLENO RÁPIDO

El caso, de acuerdo con los juristas, se puede evacuar más rápido. Olmos asegura que el proyecto de fallo puede ser enviado para lectura, pero en ocasiones, por políticas judiciales internas, los magistrados ponentes llevan estos casos directamente a las reuniones del pleno para ser discutidos y decididos. “En un pleno es más rápido. Si lo hacen por lectura de cada uno, demora más”, señaló.

“Que vayan más de dos meses y no se hayan pronunciado sobre la admisibilidad, eso sí está raro”, manifestó José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien de paso dijo que se le hace “extraño” que De León no se pronuncie sobre el particular, porque “no es de esos magistrados que se sienta en los expedientes”.

Varios de los juristas consultados detallan que el Código Judicial estipula que por cada 100 páginas de un expediente, el magistrado tiene un día para resolver, por lo que “ellos [los magistrados] abusan porque no cumplen con los términos”.

EL CASO

De acuerdo con información divulgada inicialmente por TVN y, con base a documentación a la que tuvo acceso este diario, Martinelli compró y vendió acciones mineras días antes de aprobar la extracción de oro en Petaquilla Gold (subsidiaria de Petaquilla Minerals).

La estrategia detectada por la SMV revela que la adquisición de las acciones por parte del exmandatario se hizo a través de tres cuentas de FP, en las que tenía participación: High Spirit Overseas, Distribuidora Comar, S.A. y una tercera que estaba registrada con su propio nombre.

 

 

Ignacio Fábrega, condenado a cinco años por corrupción

El exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega fue condenado a cinco años de prisión por dar información confidencial a la casa de valores Financial Pacific (FP) cuando esta era investigada por irregularidades administrativas.

Ocho días después de realizado el juicio en que Fábrega se declaró culpable, el Juzgado Primero Penal dictó ayer el fallo en el que condenó a Fábrega, quien era el único acusado en este proceso, por el delito de corrupción de funcionarios.

“Ignacio Fábrega de Obarrio es autor del referido delito por su participación personal y directa en la ejecución de la conducta descrita”, dijo el juez Rolando Quesada Vallespi en el fallo, al que este medio tuvo acceso.

El pasado 25 de agosto y tras estar más de cuatro meses prófugo, Fábrega se presentó ante el juzgado para participar en la audiencia preliminar del proceso. Allí se declaró culpable y solicitó proceso abreviado. Es decir, que se pasó de la audiencia preliminar al juicio.

El juez fijó discrecionalmente la pena en seis años de cárcel. Pero tomó en cuenta el citado proceso abreviado para rebajar la pena aplicada a Fábrega, que finalmente fijó en cinco años.

Además, el juez ordenó compulsar (enviar) copias del expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que investigue al expresidente y actual diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli.

Con esta, Martinelli sumaría 13 denuncias y querellas en la CSJ.

La solicitud de investigar a Martinelli fue hecha por la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, el día del juicio.

Aquel día, Fábrega declaró que Martinelli y el exministro de Turismo Salomón Shamah le pidieron que evitase la intervención de FP.

De igual forma, Fábrega contó que Martinelli y Shamah invirtieron dinero en FP cuando la casa de valores cambió de dueños y fue adquirida por el Grupo brasileño Mendo Sampaio.

Agregó, además, que el exjefe de la SMV Juan Carlos Martans sabía de todas sus actuaciones.

Quesada Vallespi negó la compulsa de copias para investigar a los otros señalados por Fábrega, porque, a su juicio, debieron ser investigados en este mismo expediente. “Los involucrados son ciudadanos comunes y por un solo hecho no pueden ser investigados en procesos aparte”, concluyó el juez.

Tanto la fiscalía como el abogado querellante Jair Urriola, que representa a la SMV, habían pedido la pena máxima de ocho años de prisión.

La fiscal Moore fue notificada ayer de la condena a Fábrega.

Fuentes judiciales informaron que tanto la fiscal Moore como el abogado Urriola van a apelar la condena aplicada a Fábrega.  El Segundo Tribunal Superior deberá resolver la apelación y decidir si mantiene o aumenta la pena al exfuncionario.

Nuevo caso contra Martinelli

El Juzgado Primero Penal ordenó compulsar a la Corte Suprema de Justicia copia del expediente por el que se condenó a cinco años de prisión al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega, para que se investigue al expresidente Ricardo Martinelli, señalado por el propio Fábrega en el escándalo de Financial Pacific.