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El dilema que sugiero no es retórico ni superficial. Hoy día, ese es un tema de actualidad ardiente. Lastimosamente, no lo es y desde hace buen rato. El pasado 2 de abril se cumplió un año más de vigencia del Código de Trabajo. La sola circunstancia de que con ese 43.er aniversario se celebrara también el Jueves Santo de la Iglesia católica hace interesante la coincidencia entre la trascendencia del martirologio del Mesías con la desapercibida existencia de la codificación laboral.

Cuando el general Omar Torrijos hizo aprobar el Código de Trabajo y las leyes de vivienda, dio camino a una política social que, a la fecha, ningún Gobierno desde entonces ha podido ni querido superar. Para medir el compromiso real de los partidos políticos encarnados en el Gobierno, bastaría con tomarle pulso a la firmeza con que hayan defendido la efectividad de esas leyes o lo timorato con que asumieron posición frente a ellas. El repaso final hace difícil no encontrarse con la conclusión doloriente de que todos los Gobiernos se alinearon con una disposición blandengue ante esa política social oficial.

Del Código de Trabajo puede decirse desde la A hasta la Z. Pero es innegable, se acepte o se disimule, que no se ha promulgado ninguna ley, desde que existe esa enfermiza hemorragia de producir leyes, que le haya dado tanto poder al sector productivo de los trabajadores, como sí lo hizo el Código de Trabajo. Se concedieron derechos que apenas se arañaban en sueños antes de 1972. La constitución de sindicatos se declaró de interés público y modo para contribuir a la democracia panameña, y le permitió a los trabajadores organizados un poder legislativo a través de la negociación colectiva sin parangón en los 69 años restantes de vida republicana.

La legislación laboral fue el refugio que les facilitó a los trabajadores disponer de las herramientas mínimas para enfrentar y superar las míseras condiciones de trabajo en las que sobrevivían. No por otra razón los detractores del Código le han endosado las peores consecuencias y le han atribuido efectos diabólicos sin vergüenza alguna, pese a los desmentidos contundentes de la realidad incuestionable.

Pero la gloria de ayer, ¿sigue resplandeciente hoy? El rostro descolorido del Código de Trabajo es producto de su edad cuarentona ¿o efecto de los golpes que lo han mutilado? ¿Son responsables los gobiernos complacientes tanto como los irresponsables? ¿O se debe a las zancadillas de sectores de la empresa privada que le han empedrado su tránsito?

Sin importar con cuál respuesta termine el lector por afiliarse, el Código de Trabajo modela un estatus de decadencia lenta pero sostenida. Hoy día, el Código es interpretado y aplicado por lo que dicen de él en lugar de por lo que dispone su articulado. Hay más trabajadores al margen de los sindicatos comparados con aquellos que optaron por matricularse en ellos. Abundan los sindicatos con nombres ruidosos con significación en cero de importancia. Existen sindicatos de maletín que se intercambian como zapatos o prendas de vestir. Hay dirigentes francotiradores y dogmatizados que impiden cualquiera gestión por la unidad sindical. Muchos libran cruzadas épicas para encaramarse en puestos de juntas directivas de instituciones públicas o en delegaciones para viajes al extranjero o se atornillan en sus cargos con una laboriosidad que envidiaríamos si se tratase de la defensa de la legislación laboral.

Si el Código no es lo que debiera ser, cabe examinar a la dirigencia sindical que está mirando hacia otros objetivos o porque no tienen perspectivas ni objetivos fijos.

Pero el Código puede dar más de lo que tiene. ¿Por qué no existe mecanismo para el aseguramiento económico de las prestaciones acumuladas cuando se da una sustitución? ¿Por qué al jubilado o al que se incapacite físicamente en el trabajo se le puede despedir sin derecho a compensación alguna por sus años de servicio? ¿Por qué el Código revive en el área metropolitana y no en el resto del país? ¿Por qué los denominados “acuerdos colectivos” de olor y sabor amarillo han desplazado las convenciones colectivas de trabajo? ¿Por qué se permite desnaturalizar el papel de los trabajadores con el azucarado rótulo de “colaboradores” en las empresas?

Salvo que se pruebe otra cosa, los trabajadores, la dirigencia sindical y el movimiento sindical en su conjunto están resultando en los perfectos “pendejos” que vaticinó Torrijos por permitir que se les esté arrebatando la conquista del Código de Trabajo, habida cuenta de la insensibilidad que lucen ante la lamentable, desmejorada y alicaída existencia de la legislación laboral.

Que es tarde para repensar, no. Que hay atraso en la renovación, sí. Que si se sigue como hoy, el desenlace será peor, cierto. Que no se cuenta con material humano para recomenzar, falso.

Es preferible el autoexamen antes que cualquier afán por señalar con el dedo a otros.

Nunca como ahora, la pregunta del famoso ideólogo de izquierda sigue requeteactualizada: ¿Qué hacer? Y agreguemos: ¿cuándo empezar?

Unas semanas atrás, el Presidente ordenó a sus ministros que salieran a divulgar y proyectar el trabajo de su gobierno. Desde entonces, varios se han vuelto extraordinariamente locuaces; pero después de algunas sonoras y preocupantes metidas de pata, tal vez fuera mejor, si no tienen algo positivo que informar, que vuelvan a la parquedad o al prudente silencio.

Por lo que ha trascendido del caso de los radares, el Estado panameño fue timado por todo lo alto. Los equipos, comprados por un precio muy superior al que la misma empresa cobró en otros países por instrumentos similares, son inservibles en su mayor parte o requieren de la inversión de millones adicionales para hacerlos operativos. Cuando el gobierno asumió el poder prometió revisar exhaustivamente todas las contrataciones hechas y, de encontrar componendas o irregularidades, poner los remedios y actuar con energía contra quienes resultaran responsables de lesiones patrimoniales al Estado.

Uno de los casos que se denunció como ejemplo de malos manejos, matizados con coimas y sobornos, fue el de los radares. Grabadas están las declaraciones de los más altos personeros del gobierno, con el Presidente a la cabeza, secundadas por el ministro Aguilera, de que se procedería a rescindir el contrato y demandar las reparaciones económicas correspondientes. Pero el eco de esas “valientes y decididas declaraciones” hace mucho que se perdió en la nebulosa del tiempo.

Una de las primeras y más sorprendentes declaraciones posteriores a las citadas vino del propio Aguilera, cuando dijo que el Estado no podía relevarse de pagar el costo de los radares, porque la empresa había cedido su crédito, es decir, el precio por cobrar, a bancos a los que era obligatorio pagarles. Tanto lógica como jurídicamente esa explicación es una auténtica sandez. Quien asume por subrogación la titularidad de un crédito no tiene más derechos que los que tenía el acreedor original subrogado; y si este, por no haber cumplido sus obligaciones contractuales, pierde el derecho a cobrar el precio pactado, también lo pierde el acreedor subrogante. Así de claro y simple.

Pero como si no tuviéramos suficientes metidas de pata por altos personeros del gobierno, en otras, pero igualmente sorprendentes declaraciones, ese ministro informó que el Gobierno contrató a una firma de abogados de la localidad, para que esta, después de un análisis del asunto, le “recomiende qué es lo que debe hacer en el caso de Finmecánica”. Es sorprendente, para no usar otro calificativo, que un ministro con formación jurídica que, además, tiene a su disposición una batería de asesores legales bien pagados decida saltárselos y, aparte de tomar una decisión de muy dudosa legalidad, desconocer que la Constitución Política, en el Art. 220, numeral 5, asigna esa función al Ministerio Público. Y si a todo lo anterior se suma la aún más incomprensible decisión del ministro de Seguridad, de recibir y comprometerse a estudiar la última, absurda y trasnochada, propuesta de la empresa italiana, para librarse de responsabilidad, mediante la entrega de juguetes voladores no tripulados (drones), hay que preguntarse, y muy seriamente, si el Sr. Aguilera está a la altura de las responsabilidades de su cargo.

‘Hay cerca de 50 denuncias contra magistrados y (Víctor) Benavides esperará', dice uno de nuestros titulares… Además de la suspicacia que pueda causar la respuesta del presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN), Luis Barría, sobre que la denuncia presentada contra Benavides tendrá que esperar por la mora legislativa ante denuncias contra magistrados, preocupa que hayan tantas denuncias contra miembros del Poder Judicial, encima, desde el 2005, y sin resolver… Impera la necesidad de que la AN proceda a hacer su trabajo en ese sentido para contribuir a la limpieza, de casos y de posibles malas piezas en el tablero de la Justicia. Es justo, para el país, para el sistema de justicia e incluso para los mismos denunciados de ser inocentes, que la AN cumpla con este compromiso. ¡A trabajar!

Hay dos grandes preocupaciones que mantienen en zozobra a la opinión pública. Por un lado, ¿tiene el actual Gobierno panameño la voluntad política de hacer justicia con los casos de corrupción? Por el otro, ¿evitará el actual Gobierno que los casos de corrupción no se repitan durante la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019)? Todos los días se repiten los casos de corrupción en casi todas las dependencias gubernamentales. Se acusa al presidente Varela de ser lento a la hora de tomar decisiones. Otros señalan que es un problema de poner en orden cuáles son los negocios que pretende privilegiar.

Desde la invasión (1989) a esta fecha los Gobiernos no tienen un plan de trabajo. Desde la presidencia de Pérez Balladares (1994-1999) la palabra planificación fue borrada del léxico de la administración pública. Las decisiones se toman sobre la base de qué negocio puede generar más ganancia para los especuladores. Incluso, la Constitución Política fue reformada para que el Canal de Panamá se convirtiera en un negocio. La vía interoceánica fue ‘blindada' por la Carta Magna para que el sector público no pudiese penetrar sus gruesas paredes. El negocio del Canal de Panamá está reservado para la clase ‘rentista' que se apoderó de los resortes del Gobierno.

Durante la presidencia de Martinelli se hablaba de los ‘megaproyectos'. Los más emblemáticos superaban los mil millones de dólares. Entre ellos se destacaron la atrasada ampliación del Canal (que ya alcanza los 6 mil millones de dólares), la línea 1 del Metro, la Cinta Costera Nº 3, la Ciudad Hospitalaria, la limpieza de la bahía de Panamá y otros. A su vez, otras fuentes de corrupción fueron el Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Caja de Seguro Social, (CSS), el IDAAN, los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Vivienda y otros.

En total, algunos calculan que fueron desviados cerca de 5 mil millones de dólares en el quinquenio de Martinelli. No es una casualidad que entre 2009 y 2014 el Tesoro Nacional recibió esa misma cantidad producto de las transferencias que por ley hace la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Por una buena razón quienes controlan al país y gobiernan no quieren saber de la palabra planificación. Esos recursos deben destinarse al desarrollo nacional. En vez de eso fueron objeto del despojo por quienes gobiernan sin rendir cuentas.

El Gobierno actual tiene en miras varios ‘megaproyectos' para el período 2014-2019. Entre estos se destacan la construcción de facilidades portuarias en el sector de Balboa de la ciudad de Panamá. Además, la Minera Panamá (concesión hecha a una empresa sudafricana-canadiense), las líneas 2 y 3 del Metro, la renovación de la ciudad de Colón y otros. Todos estos proyectos serán financiados y pagados por los 3.7 millones de panameños. Es probable que los ingresos del Canal de Panamá sean nuevamente desviados a manos de los especuladores para esta finalidad.

Ninguno de los proyectos se inserta en un plan de desarrollo nacional. Los especuladores se apropian de lo ajeno y no rinden cuentas. Cada día se pierden empleos, niños se quedan sin escuelas y los servicios de salud desaparecen por falta de recursos. Los fondos desviados reaparecen en cuentas cifradas, bajo nombres ficticios, en la banca norteamericana. Si cada proyecto formara parte de un plan de desarrollo, podríamos incrementar la producción agropecuaria e industrial, para generar más empleos y enviar más niños a escuelas que no existen o que han colapsado.

El Gobierno sabe que construir puertos en la entrada del Pacífico del Canal es un buen negocio. También sabe que el negocio se va a truncar a corto plazo, debido a que no ha sido objeto de un plan de desarrollo que le permita darle seguimiento. A corto plazo quiere tener en Balboa tres puertos con capacidad de mover 12 millones de contenedores TEU. Igual que Colón y más que cualquier otro puerto en América Latina.

La magnitud del proyecto absorberá casi de inmediato la capacidad urbana de la ciudad y no tendremos los ingresos para cubrir los enormes gastos que implica. En vez de convertirnos en un Amberes o Singapur, la ciudad de Panamá quedará como Colón o Buenaventura. En 20 años los ‘megaproyectos' nos chuparán hasta la última gota de lo que generan los peajes del Canal de Panamá. Seguiremos bajo el imperio de la corrupción y sin un plan de desarrollo nacional.

Con la asistencia de unos 3 mil delegados, la mitad de ellos extranjeros, provenientes de casi todos los países del conteniente, salvo Canadá y algunas Antillas Menores, representando a todo el espectro del movimiento social, se realizó exitosamente la Cumbre de los Pueblos, que sesionó durante tres días en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.

A esa gama de delegados se sumó otra significativa porción de nacionales representativa de los sectores más combativos del movimiento popular, logrando un grado de unidad y trabajo en común pocas veces visto en nuestro país, que debe ser antesala a los retos por venir.

Tanto el bloque sindical de Frenadeso como el bloque de la Federación Sindical Mundial capítulo de Panamá arrimaron el hombro, superando suspicacias y rivalidades para dar fruto a los resultados de la Cumbre de los Pueblos.

Quince mesas de trabajo debatieron la mayoría de los temas que preocupan a los pueblos de América: la política injerencista de parte del imperialismo estadounidense en la región; las políticas neoliberales y sus efectos contra el derecho al trabajo digno y la libertad sindical; el problema de la migración y el trato humanitario que merece; el extractivismo y la catástrofe ecológica que está causando; los pueblos originarios y sus derechos; la invasión estadounidense a Panamá del 20 de diciembre de 1989 y la exigencia a Barack Obama de que pida perdón a las víctimas; la discriminación que sufren las mujeres y algunas identidades de género, etc.

Dos asuntos ocuparon gran parte de los debates: Por un lado, el hecho de que Cuba, por derecho propio, con apoyo solidario de América Latina y el Caribe, sin ceder un ápice a sus principios y representada por su presidente Raúl Castro, se sentara por primera vez en 50 años en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Suceso este que todos los delegados a la Cumbre de los Pueblos celebraron, pero advirtiendo que el bloqueo contra la isla continúa y exigimos que cese de inmediato.

Por otro lado, la Cumbre de los Pueblos, al igual que la VII Cumbre de las Américas de jefes de Estado, estuvo atravesada por el decreto de Obama que declara a Venezuela como una “amenaza a su seguridad nacional”. Decreto que todas las personas con dignidad, incluidos la mayoría de los gobernantes asistentes, han condenado y exigido, junto a 11 millones de firmas que se le han entregado a Estados Unidos.

Ese “error” de la política exterior de Obama contra Venezuela lo aisló por completo como quedó evidenciado, e hizo fracasar la cumbre oficial, al no poder emitir una declaración común. Declaración que sí tuvimos en la Cumbre de los Pueblos y que es uno de nuestros éxitos.

Quedó demostrado que los “foros” montados por la OEA eran instrumentos de la política exterior estadounidense: porque sus organizadores carecían de representatividad; porque se abrogaban a título privativo el derecho de admisión; porque fueron copados por los leales a Washington, incluyendo gente de cuestionable legitimidad, mientras que los que tenían posiciones críticas se los puso a priori en minoría; porque monopolizaron los acuerdos. Quedó demostrado que el verdadero foro democrático de la sociedad civil fue la Cumbre de los Pueblos.

El broche de oro de la Cumbre de los Pueblos fue la participación de tres connotados presidentes latinoamericanos: Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Los tres hablaron sobre el momento político que vive el continente y la lucha por una integración sin tutela imperialista, cuyo modelo a seguir son la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.