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En el Anexo 1 de la Declaración de Managua, de la reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, realizada del 15 al 16 de abril del año en curso, en la ciudad de Managua, Nicaragua, considerando ‘que los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá impulsan, como política institucional, el establecimiento de Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales (SNFJ) con diverso grado de desarrollo', resolvió ‘adoptar los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales coma una política regional judicial del Consejo Judicial de Centroamérica y El Caribe y establecer como meta la existencia de servicios nacionales de facilitadores judiciales consolidados en 2020 en toda la Región'.

Esta declaración fue firmada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Ana Luz Vanegas; los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de El Salvador, José Oscar Armando Pineda Navas; Guatemala, Josué Felipe Baquiax Baquiax; Honduras, Jorge Alberto Rivera Avilés; y República Dominicana, Mariano Germán Mejía; el magistrado representante de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Román Solís Zelaya; el magistrado representante del presidente del Órgano Judicial de Panamá, Hernán De León; la jueza representante de la presidenta del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Nereida Cortés González; el vicepresidente del Tribunal Supremo del Reino de España, Ángel Juanes Peces, como observador; y el representante del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos, Armando Reyna De La Fuente, como observador.

La importancia que para una cultura de paz reviste este novedoso servicio de acceso a la justicia se ve reafirmada en la Declaración del IV encuentro en el marco de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral, dada en Panamá, del 16 al 17 de abril del presente año, en que se declaró QUE ES DE RIGOR, entre otras, ‘ratificar la importancia de poner en funcionamiento el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en la Región Centroamericana y del Caribe, en el marco del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un medio eficaz para coadyuvar con los poderes judiciales a facilitar el acceso a la Justicia especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad, para solventar la conflictividad y apoyo a la paz social, instando a la OEA a continuar brindando su apoyo técnico y económico y exhortando a los poderes judiciales de países hermanos de Centroamérica y El Caribe que todavía no lo han implementado a que lo hagan'.

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales nace para promover el acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad, y en la actualidad se desarrolla en ocho países: Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Paraguay. Panamá cuenta con un total de 969 facilitadores judiciales y más de 480 000 ciudadanos con acceso a un facilitador judicial.

Panamá está convulsionada desde que se descubrió la corrupción demencial que había generado el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal. Aunque lo intuíamos no sabíamos las dimensiones gigantescas de estos delitos, según han declarado a las autoridades numerosos exservidores públicos imputados.

Hoy conocemos gran parte de este desenfreno, debido a las confesiones de los señores Rafael Guardia Jaén y de Giacomo Tamburrelli, quienes declararon con lujo de detalles la corruptela que convirtió en multimillonarios a muchos menesterosos amigos íntimos del exgobernante. Sorprendentemente, ambos personajes han sido los únicos que confesaron su participación en las irregularidades cometidas y, en el caso particular de Guardia Jaén, él aceptó devolverle al Estado los dineros y las propiedades mal habidas.

Es extraño que este personaje –Guardia Jaén–, al haber confesado, sea el único a quien los fiscales mantienen en la cárcel, mientras que a otros, que además han negado su participación en los atracos, a pesar de beneficiarse de estos, les hayan dado su casa o el país por cárcel. Guardia Jaén es al que más han zarandeado los fiscales, porque no había día en que no lo citaran a declarar, aunque tuvo menos tiempo que Tamburrelli en la posición de director del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

No se sabe aún a cuánto asciende la cuantía robada al Tesoro Nacional, pero según un grupo de jóvenes economistas universitarios que han estudiado estos atracos, se presume que el monto total sobrepasó los 18 mil millones de dólares, o sea el 15% del presupuesto nacional de los cinco años de gobierno de Martinelli. Esta suma no incluye los compromisos “llave en mano” que contrataron específicamente para estafar al pueblo panameño, aunque las obras no se construyeran ni fueran de primera calidad y que tendrá que pagar el gobierno actual.

A estos totales hay que agregar los cientos de millones de dólares estafados a las empresas internacionales y ciudadanos particulares en el tráfico de personas, licencias para marinos, abanderamientos de barcos, lavado de dinero y muchos otros delitos que suman otros cientos de millones de dólares.

La admisión de Guardia Jaén ha permitido que se conozca la madeja de corrupción que se ha encontrado y, sin embargo, las autoridades que investigan, según he apreciado, no le han dado al imputado el aliciente para que hable más, a pesar de haber colaborado con la justicia. Mientras otros se han acogido a la Constitución para no declarar, y a esos sí se les otorga el país o sus residencias por cárcel, con los lujos incluidos.

Los panameños consideramos que en vista de la cantidad de atracos a los dineros del Estado y, por ende, de todos los panameños, se debe duplicar el nombramiento de fiscales, valientes, dedicados y, sobre todo, alérgicos a la corrupción, para que en caso de encontrar culpables a los imputados, envíen a esos delincuentes a la cárcel lo más pronto posible. Y después hay que vigilar a los jueces que juzgarán esos casos, no sea que luego de detener a los implicados y comprobada su culpabilidad, ellos salgan libres por argucias y habilidades subterráneas de sus abogados.

Es la primera vez que observo casos en que a los imputados les ofrecen beneficios como el país o la casa por cárcel, a pesar de haber pruebas fehacientes de su culpabilidad. Tenemos que proteger a aquellos que desean declarar la verdad, ofreciéndoles alicientes para estimularlos a que declaren todo lo que saben sobre estos delitos.

Considero que si deseamos descubrir los cientos de latrocinios cometidos por las personas afines a Martinelli es imperativo que se otorguen ciertos privilegios de protección y algún otro beneficio a los que desean declarar.

En los albores del siglo XX el presidente Theodore Roosevelt resolvió construir un canal interoceánico que atravesara Nicaragua. Contra la oposición del Senado, Roosevelt favoreció la ruta panameña, motivado por los insuperables enfrentamientos políticos con Colombia y por recomendaciones técnicas de la Comisión Walker. El toque final correspondió al francés Phillipe Buneau Varilla, quien tuvo el tino de remitir a cada senador un sello postal del volcán Momotombo en plena erupción. El mensaje no pudo ser más evidente, Nicaragua perdió la ruta.

El canal nicaragüense vuelve a ensombrecernos, esta vez movido por fuerzas encarnadas en el industrial Wang Jing, de la comunista República Popular China. El convenio para la construcción fue suscrito por el presidente Daniel Ortega y Hong Kong Nicaragua Development Group (HKND), compañía financiada con recursos propios de Wang Jing, que no es adicto a chistes ni bromas. Se han gastado 300 millones de dólares en las preliminares del proyecto, que incluye autopista, puertos, zonas francas, ferrocarril, oleoducto y un aeropuerto internacional, obras que deben entrar en operación en el año 2020. Wang niega que su país esté detrás del proyecto, pero no puede ocultar que los nuevos millonarios chinos son fichas del Gobierno de Beijing. En su caso, todas las empresas que ha desarrollado son financiadas por la estatal Banca de Fomento China. También rehúsa Wang dar a conocer la secreta identidad de sus socios, pero jerarcas rusos han manifestado que el canal chino les interesa. Es evidente que Moscú dispone de unos cuantos rublos para esta aventura de política global.

Los estamentos de poder estadounidenses y panameños no toman en serio el nuevo canal interoceánico, porque consideran que no es rentable a un costo estimado entre 50 mil y 70 mil millones de dólares. Por el contrario, entre otros el respetado catedrático de la Universidad de Washington, consultor en asuntos de defensa nacional Evan Ellis, dando en el blanco declara: “… las empresas chinas no caen del cielo en América Latina”.

Las intenciones de Wang Jing son serias, el campo socialista parece haber dispuesto asumir cualquier gasto para poner dos pies en América, sin declarar una guerra ni disparar un fusil. La fuerza Wang es real, la corrida de buques abanderados en China –segundo usuario de nuestro Canal– significa cuantiosas pérdidas en operaciones de la propia vía, de la zona franca, puertos y los servicios estratégicos del comercio internacional afincados aquí. Panamá no dispone de poderes para impedir el nuevo canal, pero puede contrarrestar sus dañinos efectos aprovechando las carencias de Nicaragua. Fortalecer la infraestructura con inteligencia y creatividad, mediante un proyecto nacional apoyado en 100 años de experiencia, en servicios internacionales de comunicaciones, banca y finanzas, centros logísticos, industrias de valor agregado y nuevos puertos… el cielo es el límite. Ruego que los lectores investiguen sobre este delicado tema, con toneladas de información disponible en internet.

La vida está llena de posibilidades, también de necesidades. Se dirá, con algo de razón, que entre lo posible y lo necesario no hay distancia pronunciada; que existe, entre una y otra, cierto grado de complemento, ya que lo que sentimos como posible tiene, como fuente, una necesidad que está por delante. También en la comunidad universitaria se expresa la fuerza de la necesidad, la que será satisfecha siempre que actuemos bajo los parámetros de la planificación, la seguridad y el entusiasmo, y si lo hacemos con visión y convencimiento. Una de las necesidades que tiene la generación de los años 50 y 60, y que haría posible aquello, es la de interpretar el contexto por el que transita la educación superior en correspondencia con las exigencias de los nuevos tiempos.

El contexto emergente —que señala un mercado global competitivo y una revolución del conocimiento— nos obliga a adoptar los compromisos que la institución universitaria exige y de superar las barreras (las electorales, incluso). Hay que creer que sí es posible abrazar aspiraciones y salir adelante en los fines propuestos, así como tan posible es lograr el apoyo de las mayorías para seguir enrumbando —con liderazgos renovados— a la universidad del pueblo panameño, la universidad de todos.

¿Y qué con el relevo generacional? No solo es posible, sino más que necesario. Quienes administran, por corto o largo periodo, llegan (o llegarán) a comprender, en su momento, que siempre nos llega la hora de decir adiós. Porque la insistencia de perdurar va en contra de la propia lógica institucional y de su necesaria renovación. La universidad necesita, hoy, de nuevos impulsos; de innovadas estructuras funcionales al contexto emergente, arriba aludido; de la revisión —como necesidad apremiante— de su modelo de funcionamiento, en particular de su excesiva politización. Hay que poner la mirada sobre los cambios que ya son más que exigidos.

Es imperativo que se imponga en nuestras cabezas la confianza de que sí es posible variar el ‘statu quo'. Que es imprescindible, igualmente, fundar las barreras contra todo aquello que deteriora la imagen institucional, así como de todo aquello que dificultan la calidad de lo hacemos desde el claustro universitario. Llegó la hora de reconocer que el arraigado activismo político es como el tuétano que se esconde en una gruesa capa sobre la que se sostiene el régimen electoral, las candidaturas de toda naturaleza, las campañas costosas que nada tienen que envidiar a las de diputaciones nacionales, y todo esto, han venido deteriorando, lento, pero continuamente, lo que es esencial para el buen desempeño institucional.

Claro que es posible y la necesidad no puede esperar para encontrarnos con el camino más consecuente. Por más entusiasmo que alberguemos, la historia termina por enseñarnos que las circunstancias se ponen por encima de los deseos, que los retiros oportunos son también un valor ético que se reconoce, más cuando las circunstancias que lo conducen son el resultado de la vida misma. Sentirse útil es bueno y las experiencias no se desperdician. Pero, es la fuerza de lo natural lo que hace ilusorio los actos indefinidos, como ocurre con las elecciones de las autoridades universitarias. Si es verdad que bregamos por la Universidad de Panamá, que somos defensores para que ésta ocupe en el mejor sitial, entonces digamos y aceptemos que llegó la hora: la hora de lo posible y de lo necesario.

No recuerdo haber vivido una época en la que los temas jurídicos y de tribunales estuviesen tan de moda y con alto grado de divulgación, como ahora. Temas relacionados con actos de corrupción en la administración pública, fueros electorales, medidas anticorrupción y antilavado, funcionamiento bancario, contratación pública, garantías y libertades individuales, sistema penal acusatorio y suspensión de profesores de derecho, entre muchos otros, son expresiones de gran agitación y actividad en esta faceta social.

Todos los días, los medios de comunicación y las redes sociales nos brindan información e inspiran la participación de nuestro pensamiento e intelecto para comprender y analizar estos actos o sucesos. Queramos o no, esto llama nuestra atención. Así como la fuerza de gravedad existe y nos afecta, aunque no lo creamos el derecho también lo hace y nos impacta por el solo hecho de vivir en sociedad. Se trata de una expresión social que aparece en la historia de la humanidad cuando los individuos decidieron convivir en un mismo lugar, para que la ley del más fuerte no imperara en cualquier conflicto o disputa que se presentara.

Cada acto social e individual tiene un efecto jurídico y, por tanto, todos los días somos protagonistas y generadores de derecho.

Recuerdo en mis clases de “Introducción al estudio del Derecho”, cuando se explicaba que este es un instrumento de paz. Pero, ¿cómo puede ser un instrumento de paz algo que genera tanta controversia y fogosos debates?

Luego, a medida que avanzaba y maduraba, como estudiante y abogado, logré comprender que la divergencia no la provoca la ley, sino los actores de la vida social, y que realmente para poder vivir en armonía se hace necesario aplicar la ley de la misma forma, no importa las circunstancias ni los personajes. Y ese es el concepto de igualdad ante la ley. No es que seamos iguales, al contrario, el derecho nos concibe distintos e individuales, como en realidad somos, pero nos trata como si fuéramos idénticos, sin fueros y sin privilegios.

Para algunos esta teoría puede ser algo utópica en su aplicación, pero no cabe duda de que constituye el deber ser, y es un anhelo al que no nos podemos dar el lujo de claudicar o renunciar.

En la medida en que cada ciudadano eleve su nivel de información, en cuanto a sus derechos y libertades individuales y sociales, tendremos más participación. Pero también se reforzará el concepto de responsabilidad personal, para entender que el cumplimiento de las obligaciones y normas legales debe ser una convicción, no una imposición. De manera que, en caso de inobservancia, el efecto o consecuencia sea tan incuestionable y contundente como lo es la gravedad, que te hace caer no importa cuan alto creas que estás respecto a los demás.