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Desde el nacimiento de la República en 1903, y sin entrar en detalles, nos percatamos de que el Estado ha sido administrado de manera caciquesca o feudal por casi todos los gobiernos, con la intención de obtener ganancias personales o de grupos. En el transcurso del tiempo hemos sido testigos de que la llamada democracia ha sido violada debido al progresivo deterioro de la calidad y capacidad humana, siendo una de las causales del fracaso administrativo del Estado.

Los partidos políticos, anteriores y posteriores a la dictadura militar, continúan su deterioro. Lo único que ambicionan en sus campañas es obtener el poder político y, por ende, el económico, mientras le prometen al pueblo la satisfacción de las necesidades básicas a cambio de un voto, muchas veces comprado con dinero o en especie. Esto decepciona al electorado que, tras votar, se siente engañado.

Los partidos políticos mienten y, a sabiendas de que la mayoría del pueblo carece de la adecuada formación ciudadana. No se preocupan por reformar los programas educativos, así mantienen una educación mediocre que genera ciudadanos sin capacidad de análisis, que no participan en la discusión ni en la solución de los problemas nacionales.

Es decir, mantienen a la población distraída, ignorante y apática, y utilizan la estrategia del paternalismo improductivo, que inclusive le hace daño a la imagen del propio gobierno. Así, aprueban leyes inconsultas que siguen líneas partidistas o del Ejecutivo para su beneficio o el de grupos, y violan la independencia de los poderes.

Los funcionarios electos o designados por el clientelismo o el padrinazgo no tienen un perfil cónsono a sus cargos. Son ignorantes y no realizan discusiones planificadas de los programas que deberían coordinarse con otras entidades, para dar un aporte real al plan de desarrollo nacional. Además de esta incapacidad administrativa, lo que más agrava el fracaso gubernamental es la corrupción, permitida y defendida por el mismo gobierno, llámese Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Desde los inicios de la República hasta el presente la mayoría de estos administradores considera que los proyectos positivos que realiza dentro de su gestión, justifican los actos de corrupción.

Egon Zehnder, es un ciudadano suizo que a sus 84 años se mantiene activo. Es un defensor de la meritocracia y famoso en reclutar personal calificado, pues ha participado en la selección de presidentes y directores de instituciones estatales y privadas en Inglaterra, Australia, Singapur y Suiza. Zehnder dice: “Considera que el nombramiento de un ministro o director de una institución no debe ser 100% político, pues un ministro sin credibilidad y sin habilidad para organizar un buen equipo de trabajo puede paralizar los servicios públicos que estén bajo su responsabilidad”.

Las decisiones equivocadas le hacen más daño al sector público que al sector privado, con la consiguiente baja productividad, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública. Provocan el descontento, la protesta popular y llevan a los gobiernos a recurrir a la represión, violentando así los derechos humanos de sus ciudadanos.

James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, explica en El Federalista (No. 57): “La elección de los gobernantes constituye el sistema característico del gobierno republicano. Los medios en que esta clase de gobierno confía para evitar la degeneración de aquellos [los gobernantes] son numerosos y variados. El más eficaz consiste en limitar los periodos para los cuales se les designa, en tal forma que sean debidamente responsables ante el pueblo” (http://libertad.org/wp-content/uploads/2013/04/El-Federalista.pdf).

Lo que Madison y sus colegas llamaban “república” equivale a lo que hoy llamamos “democracia representativa”. A finales del siglo XVIII, Madison y sus compañeros intelectuales aún se ceñían a la antigua definición de democracia, un sistema en el cual los ciudadanos se gobernaban directamente, sin intermediarios.

El sistema republicano delega “la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto” (Madison, El Federalista No. 10). Esa delegación, según la teoría republicana, produce dos efectos importantes.

El primero: permite que la república comprenda “un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio” que la democracia clásica. Un gobierno popular en que el cuerpo ciudadano se gobierna directamente (democracia clásica) solo puede ejercerse en un ámbito pequeño, que abarque, a lo sumo, unos cuantos miles de ciudadanos. Un gobierno popular indirecto (república o democracia representativa), en que la colectividad se gobierna indirectamente mediante representantes, puede ejercerse en un ámbito que abarque millones de personas.

El segundo efecto es que el sistema republicano permite, a través de su fórmula electoral, “conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público” (Madison, El Federalista No. 57). Evidentemente, las probabilidades de que el sistema republicano produzca buenos gobiernos dependen de ciertos factores, principalmente –según Madison– la fórmula electoral y un mandato razonablemente corto: ni tan breve que menoscabe la estabilidad y “energía” del gobierno, ni tan largo que propenda al abuso de poder y la tiranía.

En Panamá teníamos períodos presidenciales de cuatro años, que también era la duración del mandato de los diputados. Los concejales, a su vez, duraban dos años en sus cargos.

A partir de 1932 se alargó a cuatro años el período de los concejales.

En 1972, la dictadura de Torrijos prolongó a seis años el período del presidente y los representantes de corregimiento. En 1983, la dictadura de Paredes fijó en cinco años todos los períodos constitucionales, un término demasiado largo.

Si cojeamos en lo que a duración de mandatos respecta, en lo se refiere a la fórmula electoral, somos parapléjicos. El sistema electoral impuesto por los militares, aún vigente, garantiza que sus efectos serán opuestos a lo que pronosticó Madison. En vez de sabiduría y virtud, es torpeza y corrupción lo que produce.

Cada cinco años, concluidas las elecciones, se realizan reformas electorales cosméticas, que no atienden los problemas fundamentales porque quienes las plantean carecen de los conocimientos para mejorar el sistema electoral según criterios republicanos y porque, además, no tienen autonomía frente a las cúpulas de los partidos políticos, a las cuales les conviene que el régimen de indecencia creado por la dictadura permanezca inalterado.

El mejoramiento del régimen electoral pasa, invariablemente, por cambios constitucionales y legales que democraticen radicalmente la designación de candidatos a todos los puestos de elección; transformen de raíz el método para elegir a los integrantes a los consejos municipales y la Asamblea Nacional, de forma tal que se elija a concejales y diputados en circuitos de adecuada magnitud mediante una fórmula de representación proporcional; prohíban absolutamente el financiamiento privado a las campañas políticas; castiguen severamente el uso de recursos del Estado para promover las candidaturas oficialistas; y sujeten las actuaciones del Tribunal Electoral a controles democráticos, incluyendo veedurías ciudadanas.

No es posible que, en nombre de una pretendida “autonomía”, los jerarcas de esa organización sigan manejando su presupuesto arbitrariamente para, entre otros propósitos, llenar la planilla de parientes y amigos (seguramente, por amor).

Mientras no se produzca un “revolcón electoral”, nuestro sistema de elecciones seguirá llevando al poder al elemento menos calificado de la sociedad: lo opuesto a lo que anhelaron quienes a finales del siglo XVIII diseñaron el gobierno republicano que supuestamente rige en Panamá.

Una vez más el Consejo Nacional de la Empresa privada (Conep) ha salido en defensa de la “seguridad jurídica”. En el diccionario de los términos sacrosantos del neoliberalismo “seguridad jurídica” ocupa un lugar privilegiado. Están muy preocupados los empresarios por las decisiones que toma el Gobierno cuando gobierna y les molesta sobremanera que se suban impuestos o se terminen contratos lesivos para la nación. No parece molestarles, eso sí, la concentración empresarial, los oligopolios que manipulan precios, la firma de tratados de libre comercio que acaban con el sector agropecuario del país, el encarecimiento brutal de la canasta básica o la precariedad de la institucionalidad democrática del país. Eso son minucias al lado de la imprescindible “libertad de empresa”–otro término sacrosanto– tan asociado al desarrollo (de sus cuentas corrientes y a ser posible offshore). No quiero imaginar el próximo pronunciamiento del Conep pidiendo el regreso urgente de Ricardo Martinelli, no para que se presente ante la justicia sino para que restablezca el “gobierno de los empresarios”.

La verdad es que confío tanto en el actual gobierno como en el descubrimiento del país de la Cucaña, pero en algunos casos concretos, como en el de Barro Blanco, intuyo que trata de salvaguardar los intereses privados machacando un poco menos a los ciudadanos y ciudadanas panameños que habitan el río Tabasará. Tremendo delito. Ya sabemos que en su diccionario la definición de Conep es algo así: “Dícese de aquellas garantías jurídicas de las que solo y exclusivamente gozan las empresas para sacar el mayor beneficio de sus inversiones, sin que importe el impacto social, cultural, político o ambiental de sus acciones. El Estado debe limitarse a garantizar esta seguridad jurídica y a lanzar a la Policía y demás cuerpos represivos, cuando la población se ponga tonta y exija el cumplimiento de sus derechos constitucionales, siempre inferiores en rango a la seguridad jurídica que los empresarios merecemos”.

Yo estoy deseando que alguien teorice sobre la seguridad jurídica de los pueblos. Esa parece no existir. De hecho, cuando tratan de defenderla les toca litigar hasta el agotamiento para llegar al sistema interamericano de derechos humanos porque, normalmente, la justicia local los ignora. Los panameños normales –es decir: la mayoría– no tiene derecho a la seguridad jurídica ni a la libertad política. Ese es un hecho incontestable en un país en que todas las violaciones de derechos humanos han quedado impunes y en que los victimarios y corruptos (de los gobiernos y de las empresas privadas) pueden elegir, cada noche, restaurante de lujo donde disfrutar el dinero hurtado a las arcas nacionales.

La denuncia del Conep, además, parece un chiste cuando se acaba de licitar la línea 2 del Metro. Una feria en la que una empresa siempre lleva los boletos marcados. En condiciones normales, habría que hacer un referendo nacional para que los ciudadanos decidan si le entregamos el país a la multinacional brasileña Odebrecht. Mírenlo así, para poner en marcha las obras del Canal a un precio inicial de algo más de 5 mil millones de dólares hicimos una consulta. Desde 2006, el mismo año del referendo y como quien no quiere la cosa, Odebrecht y sus filiales se han embolsado unos 8 mil 500 millones de dólares. No creo que los brasileños se quejen de la seguridad jurídica ni de los problemas que hay en Panamá para ganar dinero a costa del erario público.

En una estadística torticera, el sector privado se atribuye el 80% del PIB nacional, pero se les olvida que el dinero público es el que financia muchos de sus proyectos y que son las decisiones amañadas en las instituciones (las que generan corrupción sin límite) las que les permiten especular y saquear sin ningún tipo de control. Seguridad jurídica, vaya.

En Panamá hay muchos empresarios honestos, por supuesto, pero todavía hay una mayoría de capitalistas que en lugar de lucrarse con su trabajo o creatividad pretenden forrarse con la especulación a costa del bienestar de la mayoría de los panameños.

Lo que debería hacer el Conep es preguntarse por qué los panameños no han mejorado su calidad de vida de forma significativa o por qué al menos cuatro de cada 10 panameños vive en la pobreza cuando la economía del país ha crecido a un ritmo vertiginoso en la última década. ¿Dónde está esa riqueza? ¿Quién se la ha quedado? ¿No será que está en manos de los pocos que sí tienen seguridad jurídica? El sector privado debe mirarse al espejo y también debe rendir cuentas, porque en la piñata corrupta de los gobiernos de Martinelli, de Torrijos o de Moscoso fueron ellos los que corrompieron y se lucraron. ¿Seguridad jurídica? Seguridad jurídica la que merecen los panameños, que debería traducirse en bienestar, en el fin de la impunidad y en la redistribución de la riqueza.

De acuerdo a la interpretación literal del Código Electoral, nadie debe considerarse aforado hoy, pues ya terminó el proceso electoral en Panamá.

Código Electoral

Artículo 143. Gozarán de fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrante delito, las siguientes personas:

1. Los funcionarios electorales, así como los representantes ante las corporaciones electorales de los partidos y de los candidatos de libre postulación, por el tiempo que ejerzan funciones durante el proceso electoral y hasta tres meses después del cierre de este.

2. Los candidatos, los Presidentes y Vicepresidentes, Secretarios y Subsecretarios Generales de los partidos legalmente constituidos, desde la convocatoria a consultas populares y hasta tres meses después del cierre del proceso electoral.

Las personas que ejerzan los cargos anteriores podrán renunciar expresamente al derecho consignado en este artículo. Se entiende por renuncia expresa al fuero penal electoral la manifestada por el interesado ante las autoridades, la cual será irrevocable.

Las consultas populares que permiten la protección de un fuero penal electoral, a mi juicio, son las que se hacen dentro del proceso electoral y hasta tres meses después del cierre del mismo y no las que se celebran después de cerrado el proceso electoral.

Cualquier interpretación extensiva que haga el Tribunal Electoral, sería ‘contra lege' (contrario a la Ley) y estaría blindando a los políticos de atender los casos judiciales con prontitud.