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El terrorismo, como lo conocemos, es la sucesión de actos violentos para infundir pánico. El terrorismo judicial es la constante violación de la Constitución, las leyes, el debido proceso y los derechos ciudadanos por parte de las autoridades. En ambos casos, no se respetan reglas, se infunde terror con propósitos tan turbios como ilegítimos y todos somos víctimas potenciales.

Terrorismo judicial es lo que se practica actualmente en el Ministerio Público, especialmente, por parte de los fiscales anticorrupción y algunos jueces. Estos señores, sintiéndose por encima de la Ley, ordenan allanamientos, detienen a las personas (con o sin pruebas), las privan de libertad por períodos prolongados y aplican medidas cautelares de manera ilegal, selectiva y arbitraria. Las víctimas, sus familiares y sus abogados guardan silencio por temor a represalias.

Por ser tal vez el más evidente, me voy a referir al sonado caso del préstamo que le otorgó la Caja de Ahorros a la sociedad Consorcio HPC Contratas P&V, S.A. para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, en 2012.

Por este caso detuvieron a quienes fungían entonces como Gerente, Sub Gerente, Presidente y a uno de los miembros de la Junta Directiva del banco, al constructor de la obra y al contador de la empresa constructora. A ellos y a otras 10 personas, que por diversas ‘razones’ gozan de libertad (16 en total), se les imputa el delito de ‘peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros’.

Peculado es el delito que se concreta cuando un funcionario se queda con el dinero público que debía administrar. Sin embargo, el dinero que prestó la Caja de Ahorros al consorcio para financiar la construcción del centro de convenciones, se canceló en su totalidad (capital e intereses) y al momento en que les quitaron la obra, estaban cumpliendo con los tiempos y especificaciones estipulados en el contrato. Entonces… ¿Dónde está el delito? Aquí, quien se ha quedado con lo ajeno es el Gobierno, que no ha pagado al constructor por los avances de la obra (más del 39%) ni por otros proyectos entregados a satisfacción.

Como si no fuera suficiente con la contradicción mencionada arriba, el constructor de la obra y el contador de la empresa nunca han trabajado en la Caja de Ahorros ni ninguna institución del Estado.

Otro de los argumentos de que se valen los fiscales y jueces para mantener detenidas a estas personas es que el préstamo se concedió sin seguir los procedimientos establecidos. Sin embargo, se conoce que los informes de la Superintendencia de Bancos no señalan ninguna arbitrariedad en el otorgamiento de dicho préstamo. Además, de haberse omitido algún procedimiento, no constituiría delito, sino falta administrativa.

Vamos a suponer que las cosas no se veían tan claras al principio y que hay algunos elementos de este caso que desconocemos. ¿Por qué se han demorado tanto en la investigación (cuatro meses), cuando no hay nada más fácil de auditar que un banco? ¿Por qué sólo a dos de ellos se les concedió la medida cautelar de país por cárcel a la que tienen derecho todos, por el tipo de delito que se les imputa y por no existir peligro de evasión? Esto, señores, es justicia selectiva.

Es la misma justicia selectiva que se aplicó en el caso de las mochilas: privaron de libertad a la empresaria que las vendió y le concedieron el país por cárcel a quienes tenían la responsabilidad de cuidar el patrimonio de la institución.

A los cuatro detenidos que no fueron beneficiados con la medida cautelar que en derecho les corresponde, los mantuvieron en la Dirección de Investigación Policial (DIP) desde el 12 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017, fecha en que los trasladaron a la cárcel El Renacer, donde permanecen hasta hoy. Sus familiares están devastados y sus empresas en quiebra. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes siguen libres.

Estando todavía en la DIP, circuló en las redes sociales una fotografía que les tomaron junto a sus familiares, el mediodía del 24 de diciembre, después de celebrada una misa. Como castigo, les restringieron las visitas. Nadie sabe de dónde provino la orden. Lo que sabemos es que la dio alguien con mucho poder y que constituye un acto de crueldad.

Haberlos detenido fue un error; imputarles el delito de peculado, una arbitrariedad; mantenerlos detenidos sin presentar pruebas y a sabiendas que no existe peligro de evasión, es una violación a la Constitución, a las leyes y a sus derechos; restringirles las visitas y humillarlos, es una infamia.

Mery Alfaro de Villageliú

 

 

Mientras los ciudadanos observamos de cerca las acciones del Ministerio Público, con una sed de una justicia imparcial que nos devuelva la confianza en nuestra democracia, parece que ya algunos actores y aspirantes del ruedo político empiezan una extraña campaña para 2019. Sin querer ser pesimista ni fatalista, da la impresión de que la admiración por el estilo chabacano de la descalificación ha calado en la cultura de algunos panameños. Se empieza a ver la repetición sistemática de mentiras que, con total falta de objetividad, apelan a las emociones de los menos informados.Lamentablemente, son muchos los panameños que se dejan confundir por cadenas de mentiras, sin mucho ánimo de averiguar los detalles de los hechos.Esto parece ser parte de una competencia para ver cuánto embuste puede aguantar el papel, o más bien las redes sociales.Los cerdos se desenvuelven mejor e incluso disfrutan cuando la cancha está enlodada. En medio del lodo, ganan ventaja sobre cualquiera que intente competir con ellos. Jugar en una cancha enlodada le hace más daño a los buenos que a los malos. Y alejar a los buenos –que necesitamos en la vida pública– solo le hace daño al país y nos perjudica a todos. Es de esperar que empiecen a aparecer enemigos ficticios del pueblo. Ahora resulta que los culpables de todos los males son los medios de comunicación social, los industriales, los abogados, los empresarios, Movin, la Cámara de Comercio, los millonarios, La Prensa y, desde luego, nunca faltan los gringos, la Organización de las Naciones Unidas o incluso la OCDE. Ahora, además, aparecen nuevos enemigos públicos, como los inmigrantes y los panameños que reciben algún tipo de subsidio. Que los panameños disfrutemos, de diferentes formas los carnavales, no significa que nos guste vivir en un ambiente político inmerso en la eterna disputa entre calle arriba y calle abajo. El Carnaval solo dura unos días, pero los problemas nacionales seguirán a lo largo de toda la historia. Pareciera que fuese muy difícil argumentar con base en la objetividad; esto es una pena, ya que el análisis basado en la objetividad es lo que demuestra la capacidad de los políticos y los servidores públicos de conocer y resolver los problemas de los que todos somos víctimas. Nunca sabremos qué porcentaje de los panameños realmente está ansioso de escuchar una competencia entre políticos que sustenten ¿cómo harán para que el país sea más rico, más productivo, gane valor y genere más dinero? o ¿cómo lograrán que el dinero sea mejor distribuido, y todos seamos más felices Hay temas que son la raíz de muchos problemas, pero sobre estos tampoco se escucha un debate de altura que busque cómo corregirlos. Me encantaría que los políticos explicaran ¿qué harán para que la justicia se gane nuestra confianza? o ¿cómo sacarían a la política partidista del funcionamiento de las instituciones públicas? Tampoco se realiza un elevado debate político para ver cómo hacer un mejor reordenamiento territorial en todo el país o para escuchar diferentes posiciones respecto al equilibrio entre desarrollo económico y preservación del ambiente. ¿Se imagina usted, estimado (a) lector (a), un elevado debate entre políticos panameños, proponiendo diferentes puntos de vista para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes? ¿O para defender diferentes puntos de vista en la promoción de la cultura? Y ¿qué tal una discusión entre partidos políticos que propongan diferentes formas viables, coherentes y realistas para rescatar a la Caja de Seguro Social? Espectacular sería un feroz debate, con argumentos, sobre la manera de mejorar los servicios públicos.

Lamentablemente, parece ser que los problemas públicos son demasiado complicados y elevados para la capacidad de la mayoría de las personas públicas ¿Será que sigue siendo difícil estudiar, a profundidad, los problemas del país, para aterrizar en un análisis de propuestas que lleve a mejorar la administración estatal? o ¿Será que hay quienes siguen apostando al populismo como camino fácil para figurar en la política? Todo esto en un momento en que hay un clamor de que se suba el estándar, que se maneje la cosa pública con más rectitud, que la clase política sea cada vez más capaz, trabajadora y dedicada a enfocarse en resolver los problemas. Estamos en un momento que demanda subir el estándar y elevar el nivel de los discursos, lamentablemente, esto no se logra.

Juan Manuel Muñoz

Creo que al leer estas primeras líneas los lectores pensarán que estoy hablando de nuestra nación como un ejemplo del futuro. Sin embargo se van a equivocar totalmente. Voy a hablar del Panamá presente donde todo debe esperar para al día siguiente o días posteriores. De un Panamá que desafortunadamente creía que la siesta era una costumbre sana y cree que hay que dejar para luego lo que puede hacerse de inmediato.

Afortunadamente lo de la siesta ya no es costumbre nacional porque la globalización no lo permite y apenas hay tiempo para almorzar, lo cual no es bueno tampoco, pero mejor que dos horas de siesta.

Soy consciente de que actualmente predominan los temas de la libertad de expresión, de los escándalos de corrupción y de lavado de capitales, de un presidente extranjero que para muchos puede traer conflictos a nivel mundial, de un reo que no se arrepiente de sus crímenes y manifiesta no haber tenido participación en los mismos y de otros temas de inmediatez mediática.

Sin embargo, de una forma u otra, todos estos temas pasarán al archivo judicial o al olvido ciudadano, temporal o permanentemente. ¿Pero qué de dejar para mañana cuando se puede hacer hoy? ¡Seguirá ocurriendo, si no le hacemos un alto ya!

Un país que requiere de un esfuerzo conjunto de sus nacionales y residentes para seguir adelante, más ahora que nunca, y así neutralizar todos los problemas presentes, no puede darse el lujo de dejar para mañana lo que puede hacer hoy. La competitividad internacional nos lo exige.

Al nivel gubernamental es casi una regla el que para obtener un documento, cualquiera, que con los adelantos cibernéticos debe estar en un banco de datos, se nos diga: ‘Venga a recogerlo mañana o dentro de un número plural de días’. Se comprende cuando se trata de documentos que requieren una revisión a profundidad o de una responsabilidad exclusiva. Pero documentos que, además de no ser gratuitos y deberían serlo, solo requieren de un par de minutos para imprimirlos y entregarlos, no hay justificación.

Si es por falta de personal y muchas las solicitudes por el servicio, entonces aumenten el recurso humano y atiendan como es debido. Incrementar el presupuesto para nombramientos adicionales no debe ser un problema, ya que como mencioné anteriormente, no son gratis. Por el contrario, a mejor y más expedita la atención al usuario mayor el ingreso a la institución involucrada y por tanto al Gobierno, pues el mayor número de documentos requeridos es para proceder con alguna transacción o actividad comercial o personal que produce a su vez otros ingresos monetarios al Estado. Su demora en entregarlos ocasiona todo lo contrario y una percepción de ineptitud o ‘poco me importa’ y obviamente, menos ingresos al erario.

Un ejemplo de atención o demora en ella son las de las notarías públicas. Y aquí el funcionario responsable tiene beneficios directos e inmediatos de la agilidad administrativa, tanto de su personal como de la suya. Las hay que en pocos minutos le entregan lo solicitado a sus clientes, muy bien por ellas. Hay otras que, sin embargo, utilizan la expresión antes mencionada de un retorno posterior y no exactamente ese mismo día. ¿Será que tienen demasiado movimiento de solicitudes? Entonces, aumenten el personal y permanezcan más tiempo en sus despachos o lleguen más temprano y así el beneficio es para todos.

A nivel de la empresa privada o de particulares también se presentan con frecuencia casos similares. Colaboradores que hacen varias funciones, atender al cliente, buscar el producto y cobrar la cuenta. Aquí no aplicamos el ‘venga mañana’ porque no funciona; pero, el que el cliente tenga mayor tiempo de espera, no beneficia en absoluto. Sin embargo, hay entidades financieras o comerciales donde, al solicitar un documento o estado de cuenta, le manifiestan sin reparo lo mismo que en las estatales. Y sumado a eso, cobran por el servicio, no solo por el costo de una copia simple.

¿Será que tanto los unos como los otros piensan que el tiempo y dinero de los usuarios o clientes no tiene precio, es decir, que no tienen valor? ¿Y qué de las pérdidas que por estas acciones poco primermundistas nos vemos diariamente obligados a aceptar? ¿Seguimos creyendo nuestra propia propaganda de que Panamá es el clon del Paraíso Terrenal? Claro que es un país privilegiado, pero necesitamos que continúe así y que, por favor, hagamos hoy lo que no tenemos que dejar para mañana.

Jorge Morales Quijano

 

El respeto a la seguridad jurídica es un principio reconocido no solo a nivel nacional, sino en el orden internacional. Los individuos y entidades llamados a velar por su cumplimiento son los funcionarios y las instituciones que ellos representan; violar este principio universal es el peor servicio que se le puede ofrecer a un país que, como Panamá, se precia de ser un imán para la inversión directa extranjera. Por eso causó sorpresa que el 17 de enero pasado el alcalde y el Concejo de Colón decidieran sesionar en los rieles del ferrocarril como señal de protesta porque, según ellos, la concesionaria Panama Canal Railway Co. (PCRC) no tiene programas de ayuda social en Colón ni paga impuestos. El absurdo paralizó el servicio del ferrocarril durante seis horas. En primer lugar, esa no es la forma como deben actuar los ciudadanos, mucho menos las autoridades llamadas a dar el ejemplo. En segundo lugar, el argumento que esgrimían era falso, pues PCRC tiene sus propios programas de responsabilidad social y paga al Estado más de $10 millones anuales. Además, gasta en compra de bienes y servicios más de $25 millones al año, de los cuales más de $12 millones se quedan en Colón. De su operación, que se rige por la Ley 15 de 1998, se benefician camioneros, talleres, proveedores de piezas, operadores de turismo y de canteras, restaurantes, arrendatarios de equipo pesado y, sobre todo, muchos colonenses que laboran en esa empresa de capital estadounidense. Es por actitudes como la que censuramos aquí, que la United Brands liquidó hace muchos años sus operaciones en Puerto Armuelles, lo que la dejó convertida en ciudad fantasma.

Redacción La Estrella de Panamá

Mañana se cumplen 30 días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Constructora Norberto Odebrecht confesó el pago de coimas por, al menos, 59 millones de dólares a altos funcionarios panameños y a sus allegados. En el mes transcurrido no ha sucedido nada en nuestro país. ¡Nada! No hay bienes cautelados, no hay oficinas allanadas ni funcionarios o empresarios, si quiera, indagados. Esa falta de acción contrasta con lo que está ocurriendo en los otros países donde Odebrecht tiene negocios. Desde expresidentes en Perú, hasta exsenadores y exviceministros en Colombia están enfrentando la justicia. De los 12 países donde la empresa reconoció que pagó coimas, solo en 3 se mantiene lo que parece una descarada impunidad: Angola, Mozambique y Panamá. Somos el país de los rascacielos, pero también la política panameña nos ha condenado a ser parte de esta vergonzosa liga de naciones. ¿Es que nunca vamos a salir de estas listas tan poco edificantes? Y, por si fuera poco, el presidente de la República, administrador político de nuestro Estado, tibiamente pide confianza en el Ministerio Público, mientras ignora abiertamente la recomendación del procurador de la Administración y no instruye a sus ministros a constituirse en querellantes en procesos judiciales para que Odebrecht enfrente aquí las consecuencias de su corrupción. Tampoco les da instrucciones para proceder civilmente contra esta empresa, tal como se hizo con Finmeccanica, para así recuperar los sobrecostos y los elevados daños y perjuicios cometidos contra el país. Digna de condena es la reacción del Gobierno, de catalogar el affair Odebrecht como un caso mediático, cuando realmente es un reflejo de la más grande podredumbre de la clase política panameña. Señor presidente: el país espera de su máximo dirigente acciones concretas, que demuestren el genuino interés de que se conozca la verdad, sin importar quién caiga. No olvide que en este, su gobierno, a pesar de todas las alarmas y advertencias, a Odebrecht se le concedieron contratos por más de 2 mil 500 millones de dólares. Usted con la excusa de que las licitaciones fueron impolutastambién tiene mucha responsabilidad ante este enorme desatino. Ahora, los ciudadanos asqueados de tanta corrupción, exigimos de usted que pase del discurso a los hechos y cumpla con su irrenunciable deber de recuperar lo robado y que se sepa toda la verdad. La mejor herencia que puede dejarle a su país no son obras. Su mejor legado: la rendición de cuentas y adoptar las medidas necesarias para lograr una lucha frontal contra la corrupción y que se haga justicia. Presidente Varela, Ministros de Estado: este no es un tema mediático, es un tema de ¡corrupción.

Juan Carlos Varela