Los Deportes Que Nos Trajo Julio

Julio fue un mes pródigo en desafíos deportivos, en los cuales nuestros atletas tuvieron una actuación destacada. Tres torneos internacionales nos mantuvieron en vilo durante todo el mes, acaparando la atención pública que seguía la narración televisiva y radial de las peripecias de nuestros jugadores con sus competidores. Seguimos el desarrollo de la XIII Copa Oro y de los XVII Juegos Panamericanos; contuvimos la respiración, nos enfurecimos y saltamos de gozo a medida que se presentaban las diferentes posibilidades. Aún le damos seguimiento y nos mantenemos informados sobre los Juegos Parapanamericanos que se desarrollan en Toronto.

Las alternativas de la Copa Oro nos dejaron un sabor agridulce, pero una valiosa experiencia. El sabor agrio inicial se debe a un desastroso arbitraje, reconocido así por expertos analistas del mundo entero vinculados directamente al fútbol o a medios deportivos. Salvo contadas excepciones, el consenso ha sido que el arbitraje fue sesgado en nuestra contra desde el momento en que nos obligaron a seguir en la cancha con un jugador menos que los adversarios, hasta privarnos del triunfo al final por un penal inexistente.

Perdimos el juego, pero ¿qué ganamos? Muchísimo: jugadores que demostraron fibra combativa, manteniendo su ventaja en el marcador hasta el final, a pesar de la inferioridad numérica impuesta desde el inicio del juego; que mostraron cordura y control emocional, evitando actos violentos por una decisión descabellada a la vista de todos; que volvieron a la cancha para cumplir con su hombría de bien, a sabiendas del resultado adverso previsto.

Por todo ello, ganó nuestro fútbol. Ganó también nuestro país, cuando una opinión mundial reprochó la injusticia cometida y el organismo organizador de la competencia ordenó investigar los antecedentes del árbitro y de su designación. El balance final es que tratamos de ‘tú a tú' a los dos gigantes del área; los igualamos en el terreno de juego, ganándole a uno en buena lid y perdiendo con el otro en indignante final.

¿Qué nos puede quedar de experiencia? Que en este deporte hemos avanzado paulatina y consistentemente. No somos una potencia futbolística —todavía—, pero nuestra Marea Roja no es la sombra de lo que fue el fútbol panameño décadas atrás, cuando cada vez el resultado final desastroso era conocido antes del primer pitazo. Gracias al trabajo disciplinado de jugadores profesionales que aman este deporte, al apoyo económico privado, a la acción de un grupo de dirigentes decididos y complementado por la iniciativa de jóvenes entusiastas que idearon el eslogan e inyectaron la energía que hoy estimula a la fanaticada, estamos logrando altos niveles de calidad profesional.

Por su lado, en los Juegos Panamericanos de Toronto participaron 44 atletas en 12 disciplinas. Logramos dos medallas; ocupamos la posición 24 entre 31 países participantes. En fútbol nuestra ‘Rojita' se lució ante a Perú, pero luego cayó dos veces. Fue su primera participación en los Panamericanos y demostró que tiene prospectos con madera para constituir la generación de relevo de sus mayores de la Marea Roja. Desempeñaron un buen papel y se foguearon para sus próximas justas. Y los Parapanamericanos nos trajeron una impresionante cosecha de medallas que también dejan muy en alto el deporte panameño.

Exhorto a los panameños a aplaudir a todos los deportistas que compitieron en julio. Lo merecen, por los sacrificios personales exigidos en su preparación y la valentía con que cada uno participó, llevando orgullosamente la representación nacional. Solo resta que exista el apoyo gubernamental para ofrecer las infraestructuras necesarias, para incentivar el deporte desde las escuelas y para otorgar becas dentro y fuera del país a deportistas prometedores.

Violencia intrafamiliar:

Son tan repetitivas las noticias que dan cuenta de casos de violencia familiar en el país, que corremos el riesgo de acostumbrarnos, dejarlas pasar o desentendernos del asunto.

Pienso que algo así le pasa a las autoridades, porque están encasilladas en la búsqueda de soluciones que han probado, hasta la saciedad, que no funcionan. Así esgrimen boletas de alejamiento al cónyuge agresor (generalmente hombre) para la protección de una mujer maltratada, pero varias ya han muerto con el documento en el bolsillo. Es un problema serio del que antes no se conocía mucho, tal vez por la sumisión de las generaciones anteriores de mujeres. Ahora en tiempos de la comunicación instantánea no es fácil conservar algo así en secreto, por eso se conoce más del asunto.

Es necesario ensayar alternativas disuasorias en la búsqueda de frenar este tipo de violencia que tanto daño causa a toda la familia. El móvil de los feminicidios puede ser diverso: problemas económicos, desengaño, golpes, reclamos insatisfechos, huir de las responsabilidades y las mentiras, entre otros. Tocará a los sicólogos dilucidar esa parte, pero para evitar los hechos violentos hay que buscar otras alternativas. No podemos seguir esperando una disminución o cambios, si se continúa actuando de la misma forma.

De nada sirve emitir boletas de alejamiento, porque las ignoran; ni enviarlos a la cárcel, pues utilizan esa condición para evadir responsabilidades. Se impone experimentar con otras penas, tal vez, copiando los castigos de nuestros hermanos gunas mediante una rejera pública, con un ramo de ortiga, o como el castigo que los ngäbes aplican a los agresores al mantenerlos en el cepo, durante uno o varios días, en una plaza pública o, quizás, ordenando que realicen servicio comunitario, con grilletes y uniformes que indiquen el porqué cumplen penas limpiando áreas públicas (patios limosos, zanjas, quebradas y alcantarillas obstruidas) en la comunidad en que residen.

Estas penas, más que el castigo, tocan sus orgullo y los pone a pensar antes de actuar impulsivamente; evita la cárcel y no se corta su fuente de ingreso (lo que afectaría a la víctima y a los hijos). Con esto, también, se contribuye a evitar recargar las cárceles, ya de por sí congestionadas.

La violencia intrafamiliar es responsable de la desunión e influye directamente en el comportamiento de los hijos, que serán futuros agresores o víctimas sumisas, a menos que vean un fin no trágico de la situación y tengan ejemplos concretos de la certeza de castigo; no tan radical como la cárcel (que envilece más al agresor) o la muerte.

Entre los niños que acuden a los colegios públicos –cuyos padres incurren en esta conducta con mayor frecuencia– es necesario incluir clases de comportamiento civilizado en la relación de pareja, la conservación del hogar e inculcar buenos hábitos familiares como parte de la materia de educación para el hogar. También, se debería solicitar a los bancos locales (que tanto hablan de responsabilidad social empresarial) que dicten entrenamientos básicos a los docentes y estudiantes en el manejo de la economía en el hogar, el uso adecuado de las tarjetas de crédito, el cuidado del crédito, etc. Conocimientos que son complementarios para superarse en la vida y para tener mejores ciudadanos.

 

Estado, Responsable De La Violencia Contra La Mujer:

La sociedad panameña está en deuda con las mujeres. No hemos podido evitar el aumento de la violencia que sufren y que es una limitación total o parcial en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, tal como establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Datos oficiales indican que en Panamá se han duplicado los homicidios contra las mujeres en solo tres años. En 2012 eran el 5.3% de los asesinatos y en el primer semestre de 2015 fueron el 11.1%. Y un homicidio contra una mujer, generalmente, es la culminación fatal de un ciclo de violencia doméstica de años.

El Estado tiene la mayor responsabilidad de este problema; su patrón de negligencia y falta de efectividad para capturar, procesar y condenar a los agresores, le ha hecho fracasar en su obligación de protegerlas de la violencia. Peor aún, el Estado ni siquiera ha podido mantener a los agresores lejos de sus víctimas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha reiterado, en su Opinión Técnica Consultiva No. 009/2013, dirigida a los Estados de Centroamérica y el Caribe, que el maltrato contra las mujeres es considerado como violaciones a los derechos humanos, aunque –en su forma típica– estas sean perpetradas por los Estados y la violencia doméstica sea, generalmente, ejercida por particulares.

Y es considerado violación a los derechos humanos porque el Estado, representado por autoridades (corregidores, policías, fiscales, jueces) ha violado su obligación positiva de proteger el derecho a la vida de las mujeres. Como prueba de esto aportamos la conclusión de un estudio realizado por nuestra empresa consultora de que más de la mitad de los casos de homicidios de mujeres tiene un antecedente de denuncia de maltrato por parte de la víctima, tratada con negligencia o ignorada por una autoridad, sobre todo corregidores.

En este marco es que la Unodc busca formas de proteger a las mujeres y llega a la mesa del debate el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una fórmula. Su uso está ligado a la atención de una serie de recomendaciones hechas por esta agencia de las Naciones Unidas que deben observarse antes de implementar un plan piloto. Estas recomendaciones tienen el propósito de evitar los errores de experiencias pasadas, para garantizar que se contrata una solución con la tecnología adecuada.

Es por eso que ningún Estado que, hoy en día, quiere implementar el uso de estos dispositivos debe ignorar el proceso de ensayo y error en la región. En muchos casos se compraban brazaletes que eran chatarra barata y que los agresores burlaban quitándoselo con jabón, cortándolos con cuchillo, cubriéndolo con papel aluminio para evitar la conexión, provocándole una sobrecarga al conectarlo a una batería de auto, instalándole un cable a la caja para salir del perímetro o utilizando un interruptor de señal.

Panamá, donde ya hay iniciativa para retomar el tema de proteger a las mujeres víctimas de la violencia con brazaletes electrónicos, también debe aprender la lección de su uso en países del área. Es por eso que preocupa que el Gobierno panameño pretenda comprar los brazaletes en un baratillo. Esto si se analiza el precio de referencia del acto de licitación que ha anunciado para la compra de mil kits (dos unidades por kit). El precio de referencia es de $10.198 millones, es decir $4.72 por unidad por día ($10.198 mm entre 2 mil unidades entre 36 meses entre 30 días igual $4.72 por unidad).

¡Esto es una ganga! Y, como se dice, si es el precio es exageradamente bueno es casi seguro que el producto sea deficiente.

En todos los países del área donde se han adquirido dispositivos, en los últimos tres años, el precio ha sido hasta cuatro veces mayor a este. Costa Rica, por ejemplo, tiene un plan piloto, con financiamiento del BID, por un precio unitario de $17.00 diarios.

El otro vecino, Colombia, compró 4 mil 500 unidades a $9.50 diarios, en este caso porque el Estado adquirió los aparatos, pero instaló, a sus costes, los centros de monitoreo.

En San Martín se adquirieron en $20 por unidad por día y en República Dominicana a un precio unitario de 15 dólares diarios.

La licitación en Panamá debe hacerse sin pausas que permitan más mujeres víctimas de violencia, incluyendo homicidios, pero sin prisas que conlleven a la adquisición de brazaletes con tecnología obsoleta que no resuelvan nada, lo cual agregaría el problema de buscar responsables por esa compra.

 

En La Búsqueda De Oportunidad, No De Caridad

En nuestros pueblos aún se recuerda cuando los ciegos se ubicaban al lado de las puertas de las catedrales y bancos, las esquinas de las principales calles y plazas amenizando armónicos instrumentos musicales, buscando tocar las fibras sensibles del corazón de los transeúntes, que en gratitud arrojaban al sombrero del menesteroso una que otra moneda.

En Panamá, aunque es una rareza observar a los no videntes en estos lugares, desafortunadamente, a lo largo y ancho de nuestro país, aún persiste ese arraigado estereotipo, vinculando al ciego hacia la mendicidad o caridad, permaneciendo en nuestra sociedad la predisposición innata a creer que el disminuido visual es digno de la conmiseración, la lástima y solo sirve para pedir limosna.

A propósito, entre anécdotas de ciegos recuerdo una muy peculiar: ‘Cierto día, una compañera no vidente compró un ‘chicheme' en un kiosco contiguo a su parada de buses; no obstante, al terminar de saborear la tradicional bebida, y se abría paso entre la gente para arrojar el vaso en el cesto, sucedió lo insospechado: los transeúntes interpretaron que ella pedía limosna y comenzaron a echarle monedas en el envase'.

A pesar de todo, hay historias de superación: ‘Entre mis congéneres está Yessi, que perdió el sentido de la vista en el 2009, sin posibilidad de seguir distinguiendo los colores, la gente, el sol y la hermosa naturaleza… Sin embargo, esta condición no le ha impedido continuar con sus estudios universitarios en Gestión Turística Bilingüe, en la Universidad Especializada de las Américas'.

Paradójicamente, lo que más me sorprendió es su visión optimista de la vida y su convicción de que las personas con discapacidad sí pueden integrarse plenamente a la sociedad y a un empleo digno, si se les asegura la oportunidad y las herramientas cónsonas con un mercado laboral cada día más competitivo. Yessi, mantiene viva, a sus 26 años, la llama de su muy anhelado sueño: conseguir un empleo para continuar sus estudios y ayudar a su madre.

Ahora bien, Panamá no es ajena a los convenios internacionales y las políticas locales que garantizan a los Estados su compromiso con la población vulnerable. Si bien, la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, manifiesta que todo empleador que tenga cincuenta trabajadores o más, contratará o mantendrá personal con discapacidad debidamente calificado, en una proporción no inferior al dos por ciento, lamentablemente, la realidad es que la mayoría de las empresas prefieren ignorar el mandato y optan por negar la oportunidad y en su lugar dar caridad.

Penosamente, los empresarios y hasta el propio Estado se resisten en muchos casos a brindar esa anhelada oportunidad a personas con discapacidad visual, por considerar que no podrán desempeñar adecuadamente sus funciones o que tal vez ese trabajador pudiera resultar una carga. Una errónea y desafortunada actitud que se fundamenta en temores y estereotipos ancestrales, que al centrar la atención en la propia discapacidad impide abrir los ojos ante sus cualidades profesionales y en consecuencia prefieren ofrecer a los ciegos caridad o subsidios antes que oportunidad.

De ahí que, brindar las herramientas necesarias para el desarrollo personal y profesional de las personas ciegas e incluir a sus agremiados al mercado laboral es uno de los desafíos que tiene la Unión Nacional de Ciegos de Panamá, desde hace más de 53 años, y tras su fundación, ha rescatado de las calles panameñas un sinnúmero de personas con discapacidad visual que hoy, gracias a la educación, son profesionales idóneos que siguen esperando por su inclusión laboral.

Hoy, en pleno siglo XXI, donde nos rebasa la tecnología y la información, ni los empresarios ni el propio Estado terminan de comprender que incluir a trabajadores con discapacidad en una organización puede generar un impacto muy positivo en la empresa, que mejora la reputación corporativa, promueve el trabajo en equipo, posibilita un compromiso mayor con los valores, se aprende a ser más inclusivo y a aceptar la diversidad.

En definitiva, es una tarea pendiente promover y plasmar políticas de Estado concretas en favor de una verdadera inclusión social y laboral de personas con discapacidad, concienciar a los grupos empresariales, a fin de seguir reduciendo la brecha existente entre las personas con discapacidad visual que solo buscan una oportunidad, no caridad.

 

 

La rendición de cuentas en el sector público

Hoy día la percepción que se tiene de una persona o de una institución es tan importante, que aquel que no sale a defenderse o a dar la cara por las acusaciones en su contra, muy pronto se le estigmatizará con el adagio: “El que calla otorga”.

El tema de la transparencia está ahora muy vinculado con el ejercicio de las funciones públicas. Por ello, quienes gozan del privilegio de ejercer un alto cargo en el sector gubernamental tienen el deber de constituirse en el primer fiscalizador y hasta en el mejor relacionista público de su propia ejecutoria institucional.

Los funcionarios con mando y jurisdicción están obligados a rendir cuentas de sus actuaciones frente a sus respectivas instituciones, y deberían comprender que, por la investidura del cargo que ostentan, están obligados a informar y aclarar cualquier hecho referente al ejercicio de sus funciones públicas y hasta privadas.

Si las intenciones son las de trabajar con transparencia y honestidad, la mejor política que debe ponerse en práctica es la de puertas abiertas y de dar la cara cuando sea necesario, sin evasivas ni dilaciones, olvidándose del pánico escénico.

No encarar los problemas y cuestionamientos públicos crea suspicacias y distanciamientos innecesarios, que dificultan la labor de los medios de comunicación social. Por desconocimiento o falta de experiencia política, algunos funcionarios que incurren en esto luego no entienden la escasa proyección de su gestión pública.

Vivimos en la era de la tecnología, de las comunicaciones y de las imágenes instantáneas. Por ende, los hechos se dan a conocer en el mismo momento en que ocurren, de forma clara, sencilla y oportuna. De lo contrario, se corre el riesgo de ser rebasados por múltiples formas y fuentes, precisamente, por esa inmediatez que nos brinda la tecnología de hoy.

Por estas razones, reiteramos que las autoridades públicas con mando y jurisdicción deben rendir cuentas, dar las explicaciones de su ejecutoria institucional, sin temores y en tiempo oportuno, porque los proyectos que impulsen se convertirán mañana en sus obras (“criaturas”) y si no son capaces de defenderlas, no merecen estar en la línea de mando.

 

Justo y necesario

Todos sabemos de la necesidad de descentralizar el Estado. De hecho, hace varios años se aprobó una ley que le daba mayor autonomía a los municipios, pero fue cómodamente engavetada durante el Gobierno pasado. Lo cierto es que la descentralización es justa y necesaria. Es la forma como empezaremos a distribuir mejor la riqueza. Y es que ¿quién sabe mejor que los residentes de un distrito sobre los problemas prioritarios que necesitan resolver? Es lógico que esto va a traer problemas y enredos al principio. Que hay que subsidiar a muchos municipios que no generan suficientes recursos para mantenerse. No obstante, es solo el principio. La lógica elemental es que las propias autoridades municipales decidan la reparación de calles y escuelas, en vez de estar esperando a que un ministro sentado cómodamente en la ciudad capital sea quien decida cuándo sí o cuándo no. La descentralización es un asunto prioritario. Por fortuna este Gobierno ha emprendido la puesta en marcha de un anhelo largamente acariciado. Ojalá que las autoridades municipales sepan cómo ganarse el respeto de la sociedad y que los dineros que reciban los destinen para resolver los asuntos comunitarios y no se vuelvan locas gastando en autos o renovando oficinas. Esperemos lo mejor.

 

‘Lección De Vida: Grande Panamá’:

En los últimos meses el mundo pudo comprobar lo que era un secreto a voces, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como FIFA, no es más que otro organismo manchado por la corrupción. Muchos de sus dirigentes se vieron envueltos en grandes escándalos de corrupción, por ejemplo, el presidente de la Confederación de América del Norte, Central y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Jeffrey Webb, fue uno de los mayores implicados en estos casos, lo que deja mucho que decir de la organización que rige nuestra región.

La Concacaf celebró el pasado mes de julio su máximo torneo regional, la Copa Oro. Todo un país se unió para disfrutarla, sin embargo, los panameños vivimos el amargo sabor de la derrota ante México por circunstancias injustas. Cada jugador de la selección panameña demostró tener la suficiente capacidad para brindarnos un juego digno de admirar, pero, lastimosamente, el resultado no se logró. No porque los jugadores hubiesen fallado, sino porque Panamá no llenaba los bolsillos de la Concacaf.

El día a día del ser humano está lleno de injusticias, por ejemplo, el niño que se levanta en la mañana y no tiene qué comer o el abuelito que despierta sin un hogar, entre otras situaciones.

El fútbol une a personas de distintas razas, sexos y religiones, sin importar las circunstancias que vivan los seres humanos. Lastimosamente, durante las últimas décadas este deporte se ha visto manchado por la corrupción y esto causa mucha preocupación. Lo que vivimos y sufrimos durante la Copa Oro es una muestra extrema de cómo esta enfermedad está acabando con la sociedad. Lo que verdaderamente marca una diferencia, es lo que cada uno de nosotros, como humano, puede hacer para que no se repitan estas injusticias. En el caso particular del polémico partido contra México, admiro la manera en que nuestra selección se manifestó, una vez terminado el encuentro, es decir, mediante una fotografía en la aparecen los jugadores con toallas escritas con la frase: “Concacaf ladrones, corruptos”. Puede parecer algo insignificante, sin embargo esa imagen recorrió el mundo entero y marcó a muchas personas, logrando el objetivo de sus protagonistas.

Muchos miembros de las nuevas generaciones que observan el fútbol recibieron un mal ejemplo al ver lo sucedido y escuchar los comentarios que señalaban que el árbitro había sido comprado o de la inconveniencia de que México y Estados Unidos no estuviesen en la final, porque ello hubiese representado grandes pérdidas económicas. Además, recibieron el mensaje equivocado de que para alcanzar algo hay que comprarlo o para tener dinero hay que cometer actos injustos, como los que sufrió la selección panameña. Pero los jugadores, al repudiar esos actos de corrupción, dieron una lección tanto para el fútbol como para la vida, y eso debe ser reconocido. Confío en que con acciones similares, paso a paso, la sociedad irá tomando un nuevo rumbo.

Ahora bien, fuera de lo ocurrido en la Copa Oro, como panameños, tenemos la obligación de apoyar más al deporte nacional, por ejemplo, a la Liga Panameña de Fútbol. En lo personal, después de haber visto y sufrido todo lo que vivieron los jugadores durante la pasada copa, me comprometo a apoyar a la liga porque es ahí que se forja a los jugadores que llevarán la camiseta de Panamá. No es posible que veamos más los juegos de las ligas española, inglesa o italiana, que los de la panameña. Es hora de empezar a valorar lo nacional, de admirar lo que tenemos aquí en suelo patrio, y no solo en el fútbol, sino en disciplinas como la natación y el baloncesto, entre otras. Si no apoyamos a nuestros representantes, ¿quién lo hará? Tenemos que ser nosotros los que estemos pendientes y le demos aliento a todos los deportistas que se levantan a las 4:00 a.m. a entrenar; que dejan de lado los compromisos familiares o hacen sacrificios para representarnos con dignidad, tal y como lo hicieron los jugadores de la selección de Panamá.

Aquí se da el fenómeno de que los apoyamos solo cuando ganan, pero nos desentendemos cuando pierden. Esto debe cambiar, hay que estar con ellos, en las buenas y en las malas, pues hacen grandes sacrificios para estar donde están. Yo, como panameña, me siento y me sentiré orgullosa de ser representada por cada uno de ellos. Por eso, exhorto a los panameños a que apoyen a los deportistas que, día a día, dejan un legado al representar al país. ¿Cuál es tu legado?

A pesar de que la sele no trajo la copa a Panamá, los jugadores quedaron como héroes, no solo ante este país, sino ante el mundo. Repudiar la corrupción es una acción que debe ser replicada por cada uno de nosotros, tal y como ellos lo hicieron.

 

De La Ciudad Hospitalaria

En las últimas semanas se ha estado debatiendo en los gremios de la salud (al margen de la población y de los trabajadores) sobre el qué hacer con la Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud. Según las declaraciones del director general el 23 de julio (Telemetro Matutino), se procederá a su culminación (que tiene costo estimado de $1200 millones), a la demolición del Hospital de Especialidades Pediátricas y del Hospital General (en este caso para construir un centro de urgencias y de hemodiálisis).

Pareciese que los asesores del señor director general carecen del más elemental conocimiento de la Salud Pública, al menos que además prevalezcan los intereses de las mafias del negocio de la salud. En este sentido pueden haber ocurrido dos situaciones: a) las mafias de salud del Gobierno anterior hayan sido desplazadas por nuevas mafias del actual Gobierno o b) hay una colusión entre ambas mafias. Evidencias de esto último son cada vez más sustentables, si se tienen en cuenta los nexos entre algunos consejeros del poder político actual con funcionarios del Gobierno anterior (ya sea como empresas proveedoras de servicios a la CSS o facilitadores del turismo médico). Detrás de ello las fracciones de poder económico nacional y del capital transnacional, cuyo fin es esquilmar el ahorro de los trabajadores en los distintos programas de la CSS.

Los estudios de morbilidad demuestran que cerca del 80 % de las patologías totales se resuelven con profesionales generales dotados de capacidad diagnostica y terapéutica. Un 15 % de las patologías requiere de médicos especialistas. Un 5 % de las patologías ameritan ser tratadas por subespecialidades clínicas o quirúrgicas. Un 2 % requiere ser tratados por equipos multidisciplinarios especializados. Lo anterior conduce a la necesidad de reestructurar la red de servicios de salud según niveles de atención y de complejidad para romper con el modelo patocéntrico y hospital centrista. En este sentido la estrategia de atención primaria como primer contacto con el sistema de salud se sustenta en tres pilares fundamentales: a) La promoción de la salud, b) la prevención primordial y la prevención primaria y c) la capacidad diagnostica, terapéutica y tecnológica de resolución según los niveles de atención. En contraste hay que oponerse a la atención primaria para pobres o primitiva.

Si la Ciudad Salud consumirá más del 50 % del presupuesto del Programa de Enfermedad y Maternidad, si se demuelen hospitales que pueden ser de especialidades básicas y se centralizan las urgencia y centros de hemodiálisis, ¿qué les queda al resto del país? ¿Es esto acaso Salud Pública o robo descarado de los fondos de ahorro de los trabajadores?

 

La Paradoja De La Justicia:

 

La justicia en Panamá es algo extraño, tal vez por la base de hipocresía social sobre la que reposa. Un cuento de dos caras. Para los que acceden al poder, es como vivir con Alicia en el país de las maravillas. Y para los que no, equivaldría a soñar con Freddy Krueger en la calle Elm.

El panameño común desconoce el significado del término. Se entiende por justicia todo lo opuesto a que le hagan una maldad. Es decir, manejamos conceptualmente mejor la injusticia que la justicia, porque la sufrimos a diario. Confundiendo su significado con una especie de “regalo divino”, al que todos tenemos derecho por ser creaturas de Dios.

Al final de cuentas, mal que bien, repellamos un concepto deformado que entendemos como todo lo que nos beneficia, y por injusticia, todo lo que nos daña.

Por ejemplo, cada vez que cambia una administración los que fueron oposición consideran justo volverse gobierno, y los que fueron gobierno consideran injusto retornar a la oposición. Cada quien inventa intrincados conceptos que solo él o ellos creen, tratando así de justificar (volver justo) lo injustificable.

Hace poco un funcionario (proporciones guardadas, la recreación del otrora caso Liborio) promovió una ley relacionada a las pensiones infantiles. Pero la sociedad le brincó con tal ferocidad, que hasta lo despidieron. Sea que lo haya hecho a título personal, o no, ¿cómo queda ahora su hogar, su esposa, sus hijos actuales y/o anteriores?

Por castigar al supuesto injusto, castigaron también a los justos que conforman su hogar. En este ejemplo específico cabe preguntar si la justicia se volvió, paradójicamente, injusta.

Por otro lado, ¿por qué las voceras de la familia y los medios masivos no reaccionan, con tanta fogosidad, ante los crecientes feminicidios? ¿O para defender a los menores en “riesgo social”, que supuestamente condenaron por amenazar al Presidente? ¿Será que los panameños (gobernantes y gobernados) nos hemos acostumbrado a ver la justicia de forma emotiva, y solo del lado que nos conviene?

La mejor excusa para ser “justamente injustos” nos la da la mediocridad y los sistemas corruptos, cuando nos permiten coaccionar, sobornar y amenazar (tráfico de influencias) en los procesos judiciales. Sin embargo, la justicia, en su más pura concepción, requiere que todos practiquemos cierta actitud, seamos o no beneficiados por su accionar. En principio, no deberíamos aspirar a ser tratados justamente si actuamos a contravía.

La justicia implica entereza personal y compromiso del individuo para consigo mismo versus todos los que le rodean (y viceversa). Para ejercerla hay que tener carácter, objetividad y solvencia moral. Dando el ejemplo, siendo responsables de nuestros actos (no vivir escudándonos en otros) y, por último, aceptando los acontecimientos en buena lid, aunque no nos favorezcan.

 

La Mentira Del Salario Mínimo

Recientemente se inició el espectáculo público que tenemos que soportar los panameños cada dos años, cuando se implementan las disposiciones legales relacionadas al supuesto aumento del salario mínimo a un sector de los trabajadores panameños, para que el poder adquisitivo sea el apropiado al costo de vida real del país.

Ese supuesto ajuste del salario mínimo, es una farsa, porque la mayoría de los empleadores del comercio, la industria y los servicios aumentan inmediatamente el precio de sus productos en el mismo porcentaje que se aumenta el salario mínimo. Es decir, no hay ninguna mejora en el poder adquisitivo del presupuesto familiar. Y qué decir de los funcionarios de bajos ingresos, a los que nunca se les hace un aumento de su salario, pero sí enfrentan el aumento de los precios de los productos que hacen los comerciantes.

Creo que estamos a tiempo para que el Ejecutivo junto con los mal llamados ‘padres de la patria' se preocupen por elaborar un proyecto de ley mediante el cual se prohíba, a los comerciantes e industriales en general, el aumentar los precios de los productos tan pronto tienen conocimiento del ajuste que se hace al salario mínimo cada dos años.

Igualmente debe legislarse para establecer ese ajuste a los salarios de los funcionarios que, como he dicho, sin recibir ningún ajuste o aumento en su salario, sí tienen que asumir el pago del aumento del precio de los productos de los comerciantes, industriales y prestatarias de los diferentes servicios en nuestro país. Espero que la comisión, que recientemente se instaló, tome en cuenta los señalamientos que estamos analizando, porque el poder adquisitivo del panameño que es empleado de la empresa privada, constantemente se sigue reduciendo y cada dos años recibe un golpe más fuerte.

Somos totalmente consciente de que el tema que estamos tratando no será del agrado de muchos, pero es una forma de pelear, de alguna manera, lo que está sufriendo el panameño de pocos recursos, que poco a poco y día a día, sufre más los embates del encarecimiento de la vida, situación que poco a poco producirá el efecto del crecimiento de la delincuencia en nuestro país.

La nueva norma que sugerimos, en adición a considerar el salario mínimo para los empleados públicos, que también son panameños, debe establecer la prohibición a los comerciantes, empresarios, industriales, etc., desde que se instala la Comisión Nacional de Salario Mínimo e inmediatamente después de anunciado el nuevo salario por dicha comisión.

Creemos que hay suficiente tiempo para discutir o debatir lo que estamos sugiriendo, si es verdad que se quiere gobernar para el pueblo primero, dado que en la realidad el aumento o ajuste que se hace cada dos años al salario mínimo, verdaderamente, beneficia solo a los patronos del comercio que suple las necesidades mínimas de los panameños.