Dejemos trabajar a la justicia
El descubrimiento de los pinchazos y escuchas ilegales a políticos, empresarios y periodistas durante la administración de Ricardo Martinelli, ha provocado el rechazo hacia la figura del expresidente por la mayoría de los ciudadanos. El nivel de desprestigio es tan amplio, que podemos calificar como de casi nulas las posibilidades de recuperación de su caudal político y el del partido Cambio Democrático.
Basta leer los comentarios de los lectores bajo las noticias que los diferentes diarios publican en forma digital, para comprobar que la ciudadanía está tan convencida de la culpabilidad de Martinelli, que al parecer solo una severa condena a su actuación la dejaría satisfecha.
Los ciudadanos tomaron partido y la opinión pública exige la aplicación de justicia ejemplar. Aun cuando los magistrados responsables de decidir sobre este tema deben actuar de forma independiente y alejada de las presiones de la opinión pública, las actuales condiciones no parecen ser las mejores para que la justicia cumpla con sus obligaciones. Ante circunstancias de este tipo es cuando el Órgano Judicial debería empinarse sobre sí mismo, mostrarse independiente y hacer su trabajo. Esa es su responsabilidad. La actuación pronta y sin dilaciones de una Corte Suprema seria, sabia e independiente, es lo que espera y exige la sociedad panameña.
Casi coincidiendo con lo que ocurre en Panamá, Argentina ventila una situación en la que, guardadas las proporciones, se plantea un problema similar. Me refiero a la preocupación sobre la posibilidad de que presiones externas influyan sobre la decisión de la Corte en la investigación de las circunstancias que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman. Este, tras denuncia presentada el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su muerte, pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner, acusándola de haber sido promotora de una conspiración para encubrir a los responsables iraníes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido en 1984 que dejó 85 muertos. Las circunstancias bajo las cuales murió el fiscal han llevado a que buena parte de la opinión pública argentina piense que a Nisman lo “suicidaron”.
Preocupada por esto, Sandra Arroyo Salgado, jueza y exesposa del fiscal Alberto Nisman, madre de sus dos hijas, participó de una audiencia en el Senado organizada para debatir las circunstancias e implicaciones de la muerte del fiscal. Refiriéndose a la preocupación generalizada de que presiones externas podrían influir negativamente en el proceso y resultado de la investigación, afirmó: “Todo juicio de valor, aprobación o desaprobación, provenga del ámbito del que provenga, interfiere y condiciona la labor del poder judicial. Pido prudencia, respeto, ética, para la investigación de este hecho. Pido dejar que la justicia y el Ministerio Público fiscal trabajen tranquilos. Pido prudencia, respeto, ética para la investigación de este hecho que nos conmovió como sociedad, para mis colegas que les toca investigar este hecho”.
Resaltó la importancia de dejar trabajar a la justicia y no interferir desde ningún sector, afirmando que la sobre exposición mediática no ayuda. “Debiera ser la actitud no solo de los funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo y la sociedad en su conjunto. El tratamiento ético de los medios de comunicación social que no solo condicionan el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, sino también su rol que es sumamente importante como formadores de la opinión pública”.
Por coincidencia, el mensaje de la jueza Arroyo Salgado pareciera ser aplicable a las circunstancias que vivimos en Panamá. En lo personal, me parece preocupante comprobar la facilidad con que los medios ofrecen detalles sobre el avance de las investigaciones. Llama la atención cómo periodistas que cubren estos asuntos son capaces de realizar un relato completo y detallado de las preguntas y respuestas ocurridas durante indagatorias que tuvieron lugar solo minutos antes. Estos testimonios del sumario pudiesen ser filtrados, incluso, por personas interesadas en viciar el proceso.
Todo esto puede ser legal y permitido. Sin embargo, y según mi opinión, el abuso de esta práctica de sobre exposición mediática, como la califica Arroyo Salgado, puede llevar a que se caiga todo el proceso para decepción de una ciudadanía que aspira a que la justicia cumpla su responsabilidad constitucional y legal, que se reivindique de la mala opinión que se ha ganado. Viciar el proceso sería aun más frustrante para una ciudadanía que aspira a que los responsables de administrar justicia demuestren, por fin, que todos somos iguales ante la ley. Lo oportuno sería que la Corte Suprema borre, con su actuación, esa oscura mancha de parcialidad con la que se le califica actualmente.