Nueva máquina para espiar llegó a Panamá
Una máquina para la recepción, conversión y regeneración de voz entró al país el pasado 12 de febrero a solicitud de una empresa panameña que prefirió no proceder con la revisión aduanera, y dejó la carga por más de un mes en una bodega en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Se trata de un aparato que, según la descripción de carga, se especializa en la
captación de voz, además de imágenes y otra información. Costó $1.8 millón y otros $10 mil por el envío a Panamá. Su compra la realizó la empresa hindú Cadryche Automation and Office Solutions, y la consigna del paquete la efectuó la sociedad china Kingtex Limited.
El equipo debía ser entregado a las oficinas de la firma Offshore Legal Support, con dirección en Plaza Aventura, en la avenida Ricardo J. Alfaro.
El representante de esta sociedad es Steffan Roy Leguísamo, quien en su sitio web se proyecta como especialista en la creación de empresas y en aprovechar las ventajas fiscales que brinda Panamá, de acuerdo con la sugerencia del nombre de la propia empresa.
Una rápida búsqueda realizada por este medio, en el Registro Público, dio cuenta de que Roy Leguisamo aparece en la directiva del al menos, 200 empresas.
RESERVADO
En entrevista con este medio, Roy Leguísamo confesó que una empresa panameña, cuya identidad no quiso revelar, lo contrató para servicio de correspondencia. Es decir, cualquier mercancía para enviar o recibir tendría que realizarse a través de Offshore Legal Support para mantener oculta la identidad de la sociedad.
Según explicó una fuente cercana al trámite carguero del aparato, y que ha preferido el anonimato, la empresa de transporte contactó a Roy Leguísamo para conocer la fecha de retiro de la carga. Sin embargo, el abogado en primera instancia negó que la carga fuera suya.
Una llamada sobre el tema a la empresa china bastó para que la carga fuera aceptada. La fuente explicó que para poder retirar la carga de la bodega, la misma se debe declarar a aduana para que realice una inspección detallada.
UNA EMPRESA EN LA SOMBRA
“Ese es un cliente. No es que sea mío el aparato”, contestó un nervioso Roy Leguisamo al ser cuestionado sobre los propósitos de este artefacto de escuchas.
“Yo les dije [a los dueños] que ese era un aparato de temas sensitivos. Ellos me contrataron para servicio de correspondencia, y cuando la tipa me contrata, pensé que era por papeles, y cuando veo era un aparato de 85 kilos de algo muy raro”, añadió.
Roy Leguísamo explicó que se comunicó con la empresa que lo contrató para desligarse de cualquier responsabilidad, ya que no quería tener nada que ver “con interceptación de voces ni nada por el estilo”.
Aunque decidió no revelar el nombre de la empresa que recibiría el aparato, sí dio algunos detalles de la misma. “Es una empresa que hicieron unos cuantos abogados. Me extraña porque cuando una empresa contrata a unos abogados, los abogados le hacen ese servicio. No me contrataron como abogado, pero sí en correspondencia. Es una empresa panameña, pero los dueños no son panameños”, afirmó.
El día siguiente después de la conversación, la empresa china que envió el aparato a Panamá ordenó que la carga fuera devuelta.
EL ESCÁNDALO DE ESPIONAJE
El aparato, diseñado para captar conversaciones, tiene similitudes técnicas con el que adquirió el expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) por $13.4 millones a una empresa israelí en 2010.
El artefacto permitía intervenir llamadas telefónicas, infiltrar computadoras y captar conversaciones en privado. En 2014, el gobierno de Cambio Democrático adquirió otro equipo más sofisticado que les permitía apoderarse de los teléfonos móviles para rastrearlos y controlarlos desde un punto remoto.
Con ese artefacto, ubicado en el Cerro Ancón según revelaron fuentes vinculadas a su operación, Martinelli intervino al menos 150 personas, entre los que resaltan políticos de gobierno y de oposición, empresarios, periodistas y hasta ciudadanos estadounidenses. El propio presidente, Juan Carlos Varela, fue víctima de esta operación clandestina.
Todos los lunes, de acuerdo a los testimonios, Martinelli recibía un informe semanal de los más importante.
Por este caso, los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz son investigados por el presunto delito contra la violación del secreto y el derecho a la intimidad.
Mientras que Garuz también enfrenta otra investigación por el supuesto delito de peculado, ya que no solo se utilizaron fondos públicos para pagar la operación detectivesca, sino que se calcula un sobrecosto de $11.5 millones en la compra del primer aparato.