Escándalos rondan el Metro
Las empresas que entregaron ofertas para el diseño y construcción de la segunda línea del Metro tienen una trayectoria conocida en el sector, pero algunas están vinculadas con sobrecostos, tienen un alto nivel de endeudamiento o son investigadas por supuesto fraude o sobornos en otro país.
En la licitación por mejor valor entregaron propuestas tres consorcios integrados por compañías de China, de España, una de México, una de Brasil y una de Perú. Llama la atención que no hay ninguna de Estados Unidos, uno de los mayores inversionistas en Panamá y donde el Metro es uno de los principales medio de transporte.
China First Highway Engineering Company Limited, holding de China Harbour Engineering and Construction Company, que forma parte de uno de los tres consorcios que presentó propuesta técnica y económica para la segunda línea del Metro, está en una lista de inhabilitación para participar en proyectos del Banco Mundial por fraude y corrupción.
La empresa está inhabilitada para adjudicarse contratos financiados por el Banco Mundial entre el 4 de febrero de 2015 y el 14 de diciembre de 2017, según aparece en la lista de empresas de diferentes países que registra en su página web la entidad multilateral.
“La inhabilitación se hace extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma invalidada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada”, explica el Banco Mundial.
Esta lista de fraude y corrupción la prepara el Banco Mundial con base en algún proceso administrativo en el que se haya visto involucrada la compañía o por información cruzada de otros bancos.
A diferencia de la línea 1, en la cual el Estado puso el capital para su financiamiento, en la línea 2 el consorcio que se adjudique la licitación por mejor valor debe buscar el dinero para desarrollar la obra, con previa aprobación del Gobierno. En caso de ser favorecido, el grupo donde participan dos empresas chinas y una española no podría tener financiamiento del Banco Mundial.
Consultado al respecto, la Secretaría del Metro de Panamá informó de que las causales que producen incapacidad legal para contratar se encuentran en el texto único de la Ley 22 de 2006, y no están sujetas a las regulaciones de una entidad bancaria.
Asegura la Secretaría del Metro de Panamá que los proponentes firman una declaración jurada adjunta a la propuesta señalando que no se encuentran dentro de las restricciones que establece la Ley 22. La entidad que dirige el también ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, añadió que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene un registro de las empresas inhabilitadas para participar en licitaciones.
“El proceso de contratación de la línea 2 se da por las normas de Panamá reguladas en la Ley de 22 de 2006 y no por la normativa del Banco Mundial”, recalca.
El artículo 16 de la legislación enumera siete causales que generan incapacidad legal para contratar por parte del Estado. Indica que podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras”, siempre que no se encuentren inhabilitadas o “haber sido condenadas, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”.
Pese a que entre las causales aparece el impedimento de contratar a una empresa que se haya declarado en “quiebra” no se refiere a los casos de compañías que tengan un alto nivel de endeudamiento.
Odebrecht
Norberto Odebrecht, que presentó oferta en conjunto con la española FCC, es mencionada en las investigaciones que se adelantan en Brasil por supuestos sobornos a través de una cuenta en Panamá.
La investigación surge a raíz de la denuncia de Pedro Barusco, exgerente de ingeniería de Petrobras, quien dijo que Odebrecht transfirió $916 mil 697 entre mayo y septiembre de 2009 a una cuenta offshore en Panamá a nombre de Constructora Internacional del Sur, S.A., publicó el diario Folha de Sao Paulo. La empresa con sede en Brasil ha negado estos señalamientos y afirma “no haber hecho ningún pago o depósito a ejecutivos o exejecutivos de la estatal”.
La mexicana ICA
La empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participa en conjunto con Dragados de España y Graña y Montero de Perú en el consorcio denominado UTE Panamá II para la licitación de la línea 2 del Metro.
ICA se asoció con Carso y Alstom para la línea 12 de la ciudad de México donde se denunció que hubo utilización de “recursos no comprobados para otros fines”, sobrecostos y desvío que superan $41 millones.
La Contraloría General del Distrito Federal, por medio de su titular Hiram Almeida, impuso 54 sanciones a 33 funcionarios y exfuncionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo.
De acuerdo con el informe, que fue reproducido por medios de comunicación de México, se autorizaron pagos indebidos por $32 millones , se desviaron recursos por $7.7 millones, se dejaron de cobrar $334 mil y se autorizaron pagos indebidos para ICA.
La española ACS
Entre las empresas que entregaron propuestas está la española Dragados, una de las compañías cabecera de construcción del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, también presidente del club Real Madrid.
En 2012, el diario estadounidense The New York Times advirtió que ACS estaba fuera de control con una deuda de $11 mil millones, casi el 50% de la deuda pública actual de Panamá.
En su jugada financiera más reciente, ACS firmó un préstamo por $2 mil 350 millones con representantes de 40 bancos por una vigencia de 5 años.
Entre los bancos que participaron en este refinanciamiento, la mayoría son extranjeros, entre ellos Crédit Agricole, BNP Paribas, HSBC, UniCredit, Bayern LB, ING, Intesa, Natixis, RBS, Société Générale y Goldman Sachs. “Por primera vez en mucho tiempo, los bancos españoles no son los protagonistas de una refinanciación”, publicó Expansión.com al referirse a la transacción de ACS.
A finales de enero pasado, Vozpopuli, otra publicación española tildaba de “triquiñuela contable” la información financiera al anunciar una de $6 mil 790 millones, que no se corresponde con la real, que es de $11 mil millones.
El truco: tener desde hace dos años “activos no corrientes mantenidos para la venta” por valor de más de 6 mil millones de euros ($6 mil 830 millones) que no es capaz de colocar, pero que le permiten reducir su deuda contable en $4 mil millones. La Comisión Nacional de Mercado de Valores la ha reprendido por ello y le exige que demuestre que realmente los está intentando vender.
Empresarios piden cumplir con los procesos
El Estado debe ser celoso de que las empresas cumplan con los procesos establecidos para la contratación de proyectos donde se invierten grandes sumas de dinero que provienen de los impuestos, advirtió José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
“Todos queremos transparencia y que se cumpla con los procedimientos y leyes panameñas. Que las empresas no estén involucradas en manejos no éticos”, dijo Ford.
Igualmente, añadió que la no presencia de empresas estadounidenses en la licitación se puede atribuir a que desde hace años varias compañías de ese país han dejado de participar en proyectos.
La línea 2 del Metro será de gran beneficio para la movilidad de miles de panameños que residen en lado este de la ciudad, añadió, pero lo importante es que aunque lo inaugure el próximo Gobierno no se le dejen de reconocer los méritos al actual.
La línea 2 tomaría 48 meses de construcción, y según los planes de la Secretaría del Metro si se cumple con los procesos acordados se podría dar la orden de proceder en abril próximo.