Contralor ordena investigar a exministro Vergara

Una auditoría forense para determinar el posible enriquecimiento injustificado del exministro de Salud Franklin Vergara ordenó ayer el contralor de la República, Federico Humbert.

La decisión se tomó tras una investigación de La Prensa, que evidenció que el patrimonio del exministro Vergara aumentó en más de $1 millón en apenas 33 meses que dirigió el Ministerio de Salud (Minsa).

Ello, sin contar las propiedades que adquirió su entorno familiar, incluyendo una casa de playa de más de medio millón de dólares.

Humbert instruyó realizar “diligencias tendientes a reunir los elementos que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y llevar a cabo cualesquiera otras pruebas instituidas por la Ley”.

Vergara –que llegó al Minsa con parte de su salario como médico embargado, hecho que omitió en su declaración de bienes patrimoniales– nombró con jugosos salarios a un grupo de amigos del círculo íntimo de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.  

Candidatura de Marta de Martinelli fue inconstitucional

Las primeras damas de la República no pueden postularse como candidatas a la vicepresidencia del país, debido a que son parientes por afinidad de los mandatarios de turno.

Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 12 de febrero pasado, que declaró inconstitucional la postulación de Marta Linares de Martinelli como candidata a vicepresidenta de la República en las pasadas elecciones.

Linares de Martinelli, esposa del expresidente Ricardo Martinelli, fue postulada el 1 de febrero de 2014 por el Tribunal Electoral como vicepresidenta de la República por los partidos Cambio Democrático (CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Fue compañera de fórmula del candidato presidencial de CD y Molirena, José Domingo Arias, y perdió las elecciones del pasado 4 de mayo.

El fallo, que tuvo como ponente al magistrado Oydén Ortega, fue unánime y resolvió dos demandas de inconstitucionalidad presentadas el 1 y 2 de abril pasado por el abogado Isaac Mendoza, en representación del ciudadano Raúl Figueroa, y otra de los abogados Mario Galindo y Ramón Arias.

Mendoza demandó la postulación por el Molinera, en tanto que Galindo y Arias hicieron lo propio con la postulación de CD.

El fallo

El documento, al que este medio tuvo acceso, concluye que se violó el artículo 193 de la Constitución, que prohíbe la elección de los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Ortega argumentó que aun cuando en el citado artículo no menciona al cónyuge del que está ocupando la Presidencia, debe entenderse que dicho cónyuge sí está comprendido entre los parientes aludidos.

“Si para tales efectos se mencionan, entre otros, a los parientes dentro del segundo grado de afinidad (suegros y cuñados), evidentemente el cónyuge tiene más afinidad con el Presidente de la República, que aquellos”, señala el documento.

Mencionó además que la Constitución prohíbe que los ministros de Estado tengan parentescos con el Presidente de la República.

“No se registra en la historia republicana el caso en que la esposa de un Presidente haya ocupado el cargo de Ministro de Estado mientras ha durado el período presidencial de su esposo, respetándose esa prohibición”, advirtió.

El magistrado consideró que en una elección donde es candidata a vicepresidenta la esposa del presidente de turno, no se garantiza la honradez del sufragio, que prohíbe el apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular.

“La elección debe ser transparente y libre de coacciones, lo que no se logra si se permite el apoyo oficial como podría darse si el candidato a vicepresidente fuera la esposa del presidente en ejercicio”, indica el fallo.

“Si bien es importante el derecho que tiene una persona para ser elegida, tal prerrogativa debe verse en función del derecho del resto de los ciudadanos a elegir a sus funcionarios”, manifestó Ortega.

Ceville, a favor

Las dos demandas fueron acumuladas en un expediente y admitidas el 9 de abril pasado.

En su opinión enviada a la Corte el 25 de abril, el entonces procurador de la Administración Óscar Ceville indicó que la postulación de Linares de Martinelli no era inconstitucional.

Ceville explicó que de acuerdo al Código de la Familia, “los cónyuges entre sí no son parientes por consanguinidad ni por afinidad, lo que significa que entre los esposos no existen ningún tipo de parentesco”.

Agregó que la ex primera dama no tenía ningún impedimento para ser elegida vicepresidenta.

Durante la campaña electoral, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la candidatura de Linares de Martinelli al considerarla “una reelección disfrazada”.

Para defenderse de las críticas, CD divulgó una nota en la que el equipo de Asesoría Legal del Tribunal Electoral manifestó, a solicitud del partido, que los cónyuges no son parientes por afinidad. El fallo está pendiente de notificación.

Alejandro Moncada Luna se declara culpable

Alejandro Moncada Luna, separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), escogió el camino más fácil.

Ayer, lunes, se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó pagar una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional.

La decisión de Moncada Luna quedó establecida en un acuerdo que hizo con el diputado fiscal Pedro Miguel González, que lo investigaba por cuatro delitos: enriquecimiento injustificado, falsedad, corrupción y blanqueo de capitales.

El acuerdo fue firmado por González, Moncada Luna y su abogado, Ramiro Jarvis, a las 6:00 p.m. en la Asamblea Nacional. Luego de esto, González hizo el anuncio oficial en conferencia de prensa. Este pacto lo permite el artículo 220 del Código Procesal Penal.

Además de la condena, Moncada Luna acepta el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.  

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ. El resto de los bienes que le fueron confiscados, $4.6 millones y 3 autos valorados en $63 mil, quedan liberados.

De haber ido a juicio, Moncada Luna hubiese enfrentado penas que superaban los 12 años de prisión.

González remitió el acuerdo a las juezas de la subcomisión de garantías, Katleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez.

Planteó que el entendimiento se dio en función del respeto a los derechos del imputado y al clamor ciudadano que aspira a que en el país opere la institucionalidad. “Todos los ciudadanos estamos sometidos a derechos”.

Por su parte, Ramiro Jarvis, abogado de Moncada Luna, dijo que la decisión se tomó basados en la condición de salud del magistrado separado.

Las juezas deben convocar a una audiencia para aprobar y hacer válido el acuerdo. Desde el 20 de octubre pasado, Moncada Luna cumple un arresto domiciliario en el apartamento del Ocean Sky. Todo ese tiempo que ha estado privado de libertad, se le resta de la condena de cinco años.

Esta investigación se inició luego de que el 7 de octubre pasado, el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentaran una denuncia en la Asamblea contra Moncada Luna. La denuncia surgió después que el 30 de septiembre pasado una publicación de La Prensa reveló que Moncada Luna había comprado y cancelado los dos apartamentos en Coco del Mar, San Francisco.

Antes de ingresar a la CSJ en 2010, Moncada Luna manifestó en su declaración patrimonial de bienes que solo tenía un reloj de oro Rolex tipo presidente y una camioneta 4×4 del año 2005. 

“Caneto” Araúz y Carretero fueron detenidos por caso PAN

 


La madrugada de este martes 24 de febrero, fueron detenidos por parte de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), los empresarios Carlos "Caneto" Araúz y Roberto Carretero.

Araúz y Carretero son investigados por su presunta vinculación en contratos irregulares para la compra de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Hoy se tiene programada en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, la indagatoria al empresario Juan Carlos Marciaga, por los escándalos del PAN.

Marciaga se encuentra detenido desde el pasado 14 de febrero, en una celda de la Dirección de Investigación Judicial.

 

Panamá se examina ante el Gafi

Panamá pasa esta semana una etapa importante en su camino por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El organismo internacional tiene su reunión plenaria en París entre el 22 y el 27 de febrero.

Desde el pasado mes de junio, Panamá forma parte de la denominada lista gris del Gafi, una institución intergubernamental que establece estándares legales y promueve medidas para mejorar la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. En una evaluación ejecutada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2012 se revelaron las deficiencias de la estructura legal del país para combatir estos actos ilícitos, lo que dio pie al Gafi para considerar a Panamá dentro de la lista de observación.

Esto sucedió unos meses antes de que saliera a la luz pública la existencia de cuentas millonarias en bancos locales cuyos fondos supuestamente procedían de actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, hechos que refuerzan las tesis del Gafi y el FMI.

Cuando el Gobierno, todavía durante la pasada administración, supo que Panamá entraría en la lista, pactó un plan de acción con el organismo internacional con miras a fortalecer el marco legal contra el lavado.

A través de la división latinoamericana del Gafi (Gafilat), Panamá presentará en París los avances que ha tenido hasta la fecha en la ejecución de dicho plan.

Representan a Panamá en esta misión el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó a este diario que se elevarán al pleno los resultados de la reunión cara a cara que mantuvo el Gobierno de Panamá con el Gafilat el pasado mes de enero en Miami.

Representan a Panamá en Francia la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Ministerio Público, el MEF y la UAF.

Panamá presentará como avances la reestructuración de la UAF y de la comisión presidencial de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. También conocerá el Gafi las reglamentaciones aprobadas por los reguladores de banca y valores para prohibir en sus sectores el uso de sociedades con acciones al portador si estas no están  inmovilizadas.

Aunque su contenido todavía no se ha completado, Panamá también llevará a París el borrador de la nueva ley contra el lavado de capitales. El texto, que fue revisado por el Gafilat, está circulando entre los gremios empresariales de Panamá que, según De La Guardia, tienen hasta el próximo 25 de febrero para hacer sus comentarios al respecto.

La principal novedad de esta norma es que eleva los niveles de control en una serie de actividades económicas para prevenir el lavado de capitales. Además, crea una unidad dentro del MEF que será la encargada de supervisar el cumplimiento de los estándares en estos sectores. Las superintendencias de bancos, valores y seguros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo seguirán haciendo esta labor en sus respectivas áreas.

Bajo la supervisión del MEF quedarán actividades como la construcción, los promotores y corredores de bienes raíces, la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, casas de cambio y de empeño, así como los casinos y juegos de azar.

Los controles que se impongan a cada actividad dependerán del nivel de riesgo que conlleve el negocio. “No es igual el control que tiene que tener un banco al que tiene que tener una pequeña casa de empeño”, explicó De La Guardia.

Para determinar las políticas de prevención que se deben aplicar a cada actividad, el Gobierno está elaborando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un plan nacional de riesgo.

“Algunas entidades solamente estarán obligadas a enviar reportes sobre transacciones en efectivo o cuasi efectivo, otras tendrán que tener procesos de cumplimiento, identificar personas políticamente expuestas y hacer una diligencia debida ampliada en función del cliente o de la industria”, añadió.

En algunas situaciones, los controles que ya existen se podrían ver ampliados. Los casinos, que según la norma vigente están obligados a declarar transacciones en efectivo y sospechosas a la Junta de Control de Juegos y la UAF, se podrían ver obligados a establecer oficinas de cumplimiento en función de su tamaño, informó el ministro.

Aunque en la plenaria de esta semana se presente el proyecto de ley antilavado, el Gobierno es consciente de que no será tomado en cuenta hasta que no sea aprobado como ley de la República, algo similar a lo que ocurre con dos proyectos de ley presentados por el Ministerio Público. “Lo único que nos hace falta realmente es que los tres proyectos sean aprobados antes del 30 de abril”, reconoció De La Guardia.

La de febrero es la primera plenaria de las tres que celebra el Gafi anualmente. La segunda será en junio, luego de una nueva reunión en mayo entre Panamá y el Gafilat. En la tercera, que tendrá lugar en octubre, Panamá ya debería haber completado todo el plan de acción, incluyendo la evaluación de riesgos. En ese momento, el país estaría en disposición de solicitar la exclusión de la lista gris.

Además del efecto que tiene para la imagen exterior, el hecho de haber sido señalado como un país con una estructura débil en la lucha contra el blanqueo está teniendo consecuencias para la economía real.

Los bancos de Estados Unidos, por mandato de una dependencia del Departamento del Tesoro, están obligados a hacer una diligencia debida ampliada en el caso de hacer negocios con bancos ubicados en los territorios que figuran en la lista gris. Esta medida dificulta las relaciones de corresponsalía de los bancos panameños, una actividad clave en cualquier transacción internacional. Además, el propio De La Guardia reveló recientemente que empresas panameñas de determinados sectores estaban teniendo dificultades para acceder al sistema financiero estadounidense para hacer transferencias de dinero.

Si Panamá no consigue salir airoso de este proceso, las restricciones podrían acentuarse, afectando otras actividades. Por eso, tanto el Gobierno como gremios empresariales han identificado la inclusión en la lista gris como la principal amenaza para la economía.

 

Moncada Luna pone a prueba las fuerzas políticas legislativas

A partir de esta semana, la suerte del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna entra en una especie de ruleta rusa.

Entre hoy y mañana, Moncada Luna podría optar por llegar a un arreglo con el fiscal de la causa, Pedro Miguel González, antes de que éste entregue su informe de acusación a la subcomisión de garantías, integrada por las diputadas Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy.

De no hacerlo —y por las investigaciones que, según el fiscal, ha hecho—, en las próximas semanas la Asamblea Nacional se declararía en sesiones judiciales por segunda vez desde 1989, año del restablecimiento de la democracia en el país, después de 21 años de dictadura.

Las apuestas dentro y fuera de la Asamblea giran en torno a las dos terceras partes de los votos que por orden constitucional se requieren para condenar a un magistrado de la Corte Suprema. Un juicio donde pesa más la suerte política que las pruebas que confirman los delitos.

Mientras hay diputados que alegan que el fiscal no tiene los votos, en el debate surgen interpretaciones sobre si las dos terceras partes se deben tomar a partir de los 71 diputados que componen la Asamblea Nacional o de los 68 diputados que estarán habilitados para votar en el juicio, sin las juezas de garantías Gómez, Rodríguez y Levy, inahabilitadas según el protocolo del procedimiento.

Tampoco pueden habilitar a sus suplentes porque las reemplazan en la decisión que debe tomar la Comisión de Credenciales de enviar el expediente al pleno.

Para Gómez y Rodríguez, las dos terceras partes se conforman partiendo de los 68 diputados habilitados para votar.

El abogado y defensor de los derechos humanos Miguel Antonio Bernal alega, por su parte, que el pleno lo conforman 71 diputados y se pregunta en base a qué norma o ley solo pueden habilitarse 68 diputados.

Cualquier norma o reglamento que se haya aprobado para que solo puedan votar 68 diputados tiene vicios de inconstitucionalidad, agregó.

La Asamblea Nacional está conformada por 26 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), 24 de Cambio Democrático, 16 del Partido Panameñista y tres del Molirena. Además, una diputada independiente (Gómez) y uno del Partido Popular, de la alianza de Gobierno.

De tomar en consideración la cifra de 71 diputados, las dos terceras partes son 47. Ese sería el número de votos necesarios para tomar una decisión —culpabilidad o inocencia—.

En caso de que prevalezca la tesis de los 68, entonces serían 45 los diputados que decidirán el futuro del magistrado separado.

LAS DOS TERCERAS PARTES, EL DILEMA

Las fuerzas políticas están a favor del magistrado separado Alejandro Moncada Luna y todo apunta a los diputados del partido Cambio Democrático, para inclinar la balanza. En caso de un juicio, los panameñistas, con su aliado Partido Popular y los perredés suman 42 votos, tres menos de los 45 y cinco menos de los 47, que hacen las dos terceras partes, respectivamente, de cada una de las dos hipótesis.

De los tres votos del partido Molirena, solo uno estaría dispuesto a favorecer una condena, señaló una fuente legislativa. Aunque los dos diputados se inclinen por una condena, no llegan a las dos terceras partes.

FASE FINAL DE LAS PESQUISAS

El fiscal González entregará a más tardar mañana el informe de la investigación que concluyó el pasado viernes.

González ha dicho que tiene una ‘investigación robusta’ para sustentar la imputación de cuatro delitos a Moncada Luna: enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.

Posteriormente, la subcomisión de garantías debe fijar la fecha de audiencia para sustentar las acusaciones. Hasta esta etapa llega la labor de las juezas de garantías (Gómez, Rodríguez y Levy).

Si la subcomisión de garantías avala el informe del fiscal, el caso pasa a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, donde el Panameñista y el PRD hacen mayoría. A los diputados de esta Comisión les corresponde decidir si envían el expediente al pleno.

Los diputados que votan en esta Comisión no pueden hacerlo en el pleno y ya hay quienes están pensando habilitar a su suplente para participar en la decisión final.

El diputado Elías Castillo (PRD) dijo que habilitará a su suplente para poder estar presente en el pleno, cuando la Asamblea Nacional se declare en sesiones judiciales.

La diputada Gómez consideró que nada impide que sus colegas habiliten a sus suplentes para actuar en la Comisión de Credenciales. Sin embargo, cuestionó esta práctica al considerar que los suplentes no se deben habilitar por razones de conveniencia políticas, sino por motivos que sustenten la ausencia del principal.

Se espera que en los próximos días se decida si Moncada Luna termina su periodo como magistrado o si será enjuiciado. La votación sobre su caso se prevé secreta.

Escándalos rondan el Metro

Las empresas que entregaron ofertas para el diseño y construcción de la segunda línea del Metro tienen una trayectoria conocida en el sector, pero algunas están vinculadas con sobrecostos, tienen un alto nivel de endeudamiento o son investigadas por supuesto fraude o sobornos en otro país.

 En la licitación por mejor valor entregaron propuestas tres consorcios integrados por compañías de China, de España, una de México, una de Brasil y una de Perú. Llama la atención que no hay ninguna de Estados Unidos, uno de los mayores inversionistas en Panamá y donde el Metro es uno de los principales medio de transporte.

China First Highway Engineering Company Limited, holding de China Harbour Engineering and Construction Company, que forma parte de uno de los tres consorcios que presentó propuesta técnica y económica para la segunda línea del Metro, está en una lista de inhabilitación para participar en proyectos del Banco Mundial por fraude y corrupción.

La empresa está inhabilitada para adjudicarse contratos financiados por el Banco Mundial entre el 4 de febrero de 2015 y el 14 de diciembre de 2017, según aparece en la lista de empresas de diferentes países que registra en su página web la entidad multilateral.

“La inhabilitación se hace extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma invalidada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada”, explica el Banco Mundial.

Esta lista de fraude y corrupción la prepara el Banco Mundial con base en algún proceso administrativo en el que se haya visto involucrada la compañía o por información cruzada de otros bancos.

A diferencia de la línea 1, en la cual el Estado puso el capital para su financiamiento, en la línea 2 el consorcio que se adjudique la licitación por mejor valor debe buscar el dinero para desarrollar la obra, con previa aprobación del Gobierno. En caso de ser favorecido, el grupo donde participan dos empresas chinas y una española no podría tener financiamiento del Banco Mundial.

Consultado al respecto, la Secretaría del Metro de Panamá informó de que las causales que producen incapacidad legal para contratar se encuentran en el texto único de la Ley 22 de 2006, y no están sujetas a las regulaciones de una entidad bancaria.

Asegura la Secretaría del Metro de Panamá que los proponentes firman una declaración jurada adjunta a la propuesta señalando que no se encuentran dentro de las restricciones que establece la Ley 22. La entidad que dirige el también ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, añadió que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene un registro de las empresas inhabilitadas para participar en licitaciones.

“El proceso de contratación de la línea 2 se da por las normas de Panamá reguladas en la Ley de 22 de 2006 y no por la normativa del Banco Mundial”, recalca.

El artículo 16 de la legislación enumera siete causales que generan incapacidad legal para contratar por parte del Estado. Indica que podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras”, siempre que no se encuentren inhabilitadas o “haber sido condenadas, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”.

Pese a que entre las causales aparece el impedimento de contratar a una empresa que se haya declarado en “quiebra” no se refiere a los casos de compañías que tengan un alto nivel de endeudamiento.

Odebrecht

Norberto Odebrecht, que presentó oferta en conjunto con la española FCC, es mencionada en las investigaciones que se adelantan en Brasil por supuestos sobornos a través de una cuenta en Panamá.

La investigación surge a raíz de la denuncia de Pedro Barusco, exgerente de ingeniería de Petrobras, quien dijo que Odebrecht transfirió $916 mil 697 entre mayo y septiembre de 2009 a una cuenta offshore en Panamá a nombre de Constructora Internacional del Sur, S.A., publicó el diario Folha de Sao Paulo. La empresa con sede en Brasil ha negado estos señalamientos y afirma “no haber hecho ningún pago o depósito a ejecutivos o exejecutivos de la estatal”.

La mexicana ICA

 

 

La empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participa en conjunto con Dragados de España y Graña y Montero de Perú en el consorcio denominado UTE Panamá II para la licitación de la línea 2 del Metro. 

ICA se asoció con Carso y Alstom para la línea 12 de la ciudad de México donde se denunció que hubo utilización de “recursos no comprobados para otros fines”, sobrecostos y desvío que superan $41 millones.

La Contraloría General del Distrito Federal, por medio de su titular Hiram Almeida, impuso 54 sanciones a 33 funcionarios y exfuncionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo.

De acuerdo con el informe, que fue reproducido por medios de comunicación de México, se autorizaron pagos indebidos por $32 millones , se desviaron recursos por $7.7 millones, se dejaron de cobrar $334 mil y se autorizaron pagos indebidos para ICA.

La española ACS

Entre las empresas que entregaron propuestas está la española Dragados, una de las compañías cabecera de construcción del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, también presidente del club Real Madrid.

En 2012, el diario estadounidense The New York Times advirtió que ACS estaba fuera de control con una deuda de $11 mil millones, casi el 50% de la deuda pública actual de Panamá.

En su jugada financiera más reciente, ACS firmó un préstamo por $2 mil 350 millones con representantes de 40 bancos por una vigencia de 5 años. 

Entre los bancos que participaron en este refinanciamiento, la mayoría son extranjeros, entre ellos Crédit Agricole, BNP Paribas, HSBC, UniCredit, Bayern LB, ING, Intesa, Natixis, RBS, Société Générale y Goldman Sachs. “Por primera vez en mucho tiempo, los bancos españoles no son los protagonistas de una refinanciación”, publicó Expansión.com al referirse a la transacción de ACS.

A finales de enero pasado, Vozpopuli, otra publicación española tildaba de “triquiñuela contable” la información financiera al anunciar una de $6 mil 790 millones, que no se corresponde con la real, que es de $11 mil millones.

El truco: tener desde hace dos años “activos no corrientes mantenidos para la venta” por valor de más de 6 mil millones de euros ($6 mil 830 millones) que no es capaz de colocar, pero que le permiten reducir su deuda contable en $4 mil millones. La Comisión Nacional de Mercado de Valores la ha reprendido por ello y le exige que demuestre que realmente los está intentando vender.

Empresarios piden cumplir con los procesos

El Estado debe ser celoso de que las empresas cumplan con los procesos establecidos para la contratación de proyectos donde se invierten grandes sumas de dinero que provienen de los impuestos, advirtió José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Todos queremos transparencia y que se cumpla con los procedimientos y leyes panameñas. Que las empresas no estén involucradas en manejos no éticos”, dijo Ford.

Igualmente, añadió que la no presencia de empresas estadounidenses en la licitación se puede atribuir a que desde hace años varias compañías de ese país han dejado de participar en proyectos.

La línea 2 del Metro será de gran beneficio para la movilidad de miles de panameños que residen en lado este de la ciudad, añadió, pero lo importante es que aunque lo inaugure el próximo Gobierno no se le dejen de reconocer los méritos al actual.

La línea 2 tomaría 48 meses de construcción, y según los planes de la Secretaría del Metro si se cumple con los procesos acordados se podría dar la orden de proceder en abril próximo.  

 

Situación de Moncada Luna es sumamente comprometida, dice José Álvarez

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), comentó en un medio televisivo, que la situación del magistrado separado Alejandro Moncada Luna es sumamente comprometida.

"Algo que puede ejercer basante presión ese día es una ciudadanía pendiente de lo que suceda allí en la Asamblea", indicó Álvarez.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden, manifestó que es prácticamente imposible que Moncada Luna salga absuelto de los casos que se les investiga.

Hoy viernes 20 de febrero, a las 4:00 p.m. se vence el plazo de entrega del informe sobre la nvestigacion realizada al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.

El diputado fiscal de la causa, Pedro Miguel González, esperará los últimos minutos de hoy para entregar su informe sobre la investigación al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.

Redactan nuevas reglas para ejercer el derecho en Panamá

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Colegio Nacional de Abogados (CNA) elaboran un proyecto de ley para actualizar las regulaciones del ejercicio de la profesión del derecho, con miras a hacerla más ética.

El presidente del CNA, José Alberto Álvarez, explicó que la iniciativa ha sido discutida desde enero del año pasado en varios foros y gremios de abogados, a fin de modificar la Ley No. 9 de 1984 que regula dicha profesión en el país.

Adelantó que el documento indica que para obtener el certificado de idoneidad los abogados deberán aprobar un examen elaborado por la CSJ, el CNA y por representantes de las universidades.

La propuesta, que en este momento está en manos de la procuradora Kenia Porcell, también establece que cada tres años los que ejerzan la carrera deberán realizar un curso de 30 horas, de las cuales 10 horas serán de ética profesional.

Igualmente, estipula que el tribunal de honor del CNA podrá actuar de oficioen contra de los juristas que ventilen sus casos en los medios de comunicación.

“La base de la administración de justicia son los abogados y si tenemos malos abogados habrá mala justicia”, dijo Álvarez.

En ese sentido, indicó que le han pedido a la procuradora Porcell que no le permita a los fiscales que hablen de los casos “ante la palestra pública”. A su juicio, existen muchos “media lawyer”, “que solo anuncian que presentarán algún recurso, pero no lo hacen”.

Aseguró que una vez Porcell presente sus observaciones del proyecto, este será llevado a la Asamblea.

MIL DENUNCIAS

A la fecha existen unas mil quejas presentadas ante el CNA con relación a faltas a la ética y a malas prácticas en el ejercicio.

En el país hay 23 mil abogados, de los cuales 8 mil 850 forman parte del CNA.

 

Las confesiones de Guardia Jaén

El exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia, detenido preventivamente en el centro penitenciario La Gran Joya, se ha declarado confeso de participar en la compra de bienes y servicios varios en los que se estipulaba, según él por órdenes superiores, un sobrecosto que retornaba en efectivo para repartirse entre él y varios funcionarios de alta jerarquía del pasado gobierno.

En su indagatoria, Guardia, detalló que para la adquisición de bienes y servicios las empresas debían estar previamente registradas y autorizadas por el departamento de contrataciones del PAN.

De esta forma, los mismos dueños, pero con diferentes sociedades anónimas que se hacían de los millonarios contratos. Uno de los mecanismos consistía en abrir y cerrar empresas para participar como proveedores.

Entre los proveedores, un testigo protegido que colabora con las Fiscalías Anticorrupción en las investigaciones mencionó al señor Juan Carlos Marciaga, recientemente detenido por las autoridades al momento en que se disponía a abordar un avión en la madrugada del sábado. Marciaga participaba, según el testigo protegido, en los contratos de bolsas de comida. Muchos de ellos, afirmó, no llegaron a concretarse en la entrega de los enseres, a pesar de que se facturaron y la transacción económica se concretó.

En total, la nueva administración del PAN, calculó que en esta institución se efectuaron contratos por más de $1,200 millones.