Salida de Panamá de lista gris pone en contrareloj a diputados

La Asamblea Nacional tiene el reto de discutir y aprobar en lo que resta de abril, dos proyectos para que Panamá no siga siendo considerado un paraíso fiscal por organismos internacionales.

Se trata de los proyectos de ley N° 167 y N° 183, que adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales y busca adelantar la vigencia del régimen de custodias para las acciones al portador, respectivamente.

Hoy a partir de la 1:00 p.m., la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea discutirá el proyecto que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al menos tres actividades confrontan problemas con el pago a proveedores, además de las dificultades que están teniendo los bancos con sus corresponsales y solo una de ellas, pone en riesgo unos 5,000 empleos, indicó a la agencia de noticias ANPanamá el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia.

El ministro de Economía ha señalado que el proyecto contra el blanqueo de capitales completa un 60% de una serie de medidas que debe poner el país en vigor a más tardar este año para cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De La Guardia ha dicho que espera que el proyecto sea aprobado antes de que terminen las sesiones de la Asamblea el 30 de abril, debido a que el GAFI ha llamado a Panamá a cumplir con una serie de acciones para la plenaria de junio próximo. De lo contrario habría que esperar al nuevo periodo legislativo que inicia el 1 de julio de 2015.

De ser aprobado el proyecto de ley por la Asamblea y luego por el Ejecutivo, en la plenaria del GAFI se aprobaría enviar una misión para confirmar que Panamá ha adoptado los cambios, y tal vez, en octubre podría ser excluida de la lista gris donde aparece desde junio de 2014.

PROYECTO 167

Busca reforzar los controles y supervisiones en la banca, la actividad bursátil y otros sectores económicos, con el fin de evitar delitos financieros ampliando a 44 el número de sujetos regulados.

Actualmente, son supervisados el sector bancario, seguros y valores y se incluye actividades de las zonas francas, las promotoras y corredoras de bienes raíces, los juegos de azar, las casas de cambio, casas de empeño y de remesas, financieras, proveedores de tarjetas de crédito, compañías que comercializan metales y piedras preciosas, las que se dedican a la compra de automóviles y al ramo de la construcción, correos y telégrafos.

Además de las asociaciones de ahorro y préstamo, servicios de encomiendas internacionales y la Lotería también deberán establecer controles contra las actividades delictivas de este tipo.

Adicionalmente, serán supervisadas las actividades realizadas por profesionales cuando actúan en nombre de un tercero, como es el caso de los contadores y los abogados. Las empresas que desempeñan estas actividades serán consideradas ‘sujetos obligados’ y deberán profundizar en el conocimiento de sus clientes.

PROYECTO 183

El lunes el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, también presentó un proyecto de ley que busca agilizar la vigencia del régimen de custodia de las accines al portador.

Este proyecto que consta de siete artículos busca modificarían los artículos 4, 5, 23, 25 y 28, de la Ley 47 del 6 de agosto de 2013.

El artículo 4 y 5 se refieren a la entrega de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la vigencia de la ley y los emitidos con posterioridad a la vigencia de la ley, respectivamente.

El artículo 23 se refiere la suspensión de custodio autorizado y el artículo 25 establece que el período de transición de los certiicados de acciones al portador emitidos antes de la vigencia de la ley tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, en la ley actual se extendía el plazo hasta enero de 2018.

Finalmente, el artículo 28 señala que la ley entraría a regir en 10 días despú es de su promulgación.

Juzgado rechaza recurso legal a Ignacio Fábrega

El Juzgado Primero Penal rechazó por improcedente un incidente de controversia presentado por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, acusado de corrupción tras supuestamente revelar información confidencial de la casa de valores Financial Pacific (FP), actualmente prófugo.

Fábrega presentó el recurso a través de su abogado, pidiendo que se anulara la inspección ocular que hizo la Fiscalía Tercera Anticorrupción a las computadoras de FP el 28 de enero de 2015.

En resolución del 25 de marzo pasado, el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, rechazó el recurso.

Fábrega fue detenido por este caso el 26 de febrero pasado y al día siguiente la fiscalía pidió su llamamiento a juicio.

Luego, el 3 de marzo, el juez Quesada Vallespi le dio una medida cautelar de país por cárcel y Fábrega fue liberado de inmediato.

El Segundo Tribunal Superior, en resolución del 26 de marzo, anuló la libertad concedida a Fábrega y ordenó que fuese recapturado. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Fábrega es acusado de lavado de dinero y otros tres delitos en otra querella presentada por FP, que está en la Fiscalía Decimocuarta.

Acelerarán vigencia de régimen de custodia

A partir de enero de 2016, las acciones al portador podrían desaparecer. Esto, luego de que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentara ayer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que adelantará la entrada en vigencia de la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador y reduce el tiempo de transición de las empresas para adaptarse.

La pasada administración aprobó, en agosto de 2013, la norma que terminaría con las acciones al portador tal y como se utilizan hoy día. Las sociedades con acciones emitidas al portador tendrían que entregar los certificados a un custodio autorizado.

El Ejecutivo, que aprobó el proyecto en Gabinete el pasado 31 de marzo, para pasarlo a consideración de la Asamblea Nacional, determinó que la norma comenzará a regir 10 días después de su promulgación.

La regulación también contempla la reducción del periodo de transición que se concedía a las empresas con acciones emitidas al portador para cambiarlas por acciones nominativas o para entregarlas en custodia.

Según la norma original, el periodo de transición sería de tres años, a partir de la entrada en vigor de la ley 47. Y la obligación de inmovilizar las acciones existentes antes de la Ley se aplicaría en el año 2018. El Ejecutivo propone extender el plazo solamente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Se pagan comisiones inexplicables a favor de Cobranzas del Istmo

Tocumen, S.A. pagó en el ejercicio 2013 de manera voluntaria los impuestos morosos que tenía pendientes desde la creación de la empresa estatal. 

En el seno de la entidad que administra el principal aeropuerto del país no se entiende por qué la Dirección General de Ingresos (DGI) pagó una comisión de más de $21 millones a Cobranzas del Istmo, la empresa contratada por el anterior director general de Ingresos, Luis Cucalón, para la gestión de cobros de impuestos morosos.  

Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A., explicó que a finales de 2013 la entidad se dispuso a hacer una emisión de bonos por $650 millones para costear el muelle sur, la ampliación del aeropuerto que se construye en la actualidad.

En ese momento hubo un acuerdo entre la administración de Tocumen, S.A. y la extinta Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) para pagar todos los impuestos pendientes.  

Así consta en el prospecto de la emisión de bonos, documento público que se puede consultar en la Bolsa de Valores de Panamá: “La administración [de Tocumen, S.A.] ha identificado omisiones en reconocimiento de pasivos relacionados con impuestos… incurridos desde su creación como sociedad anónima. De acuerdo a las normas fiscales vigentes, no existe fundamento legal que exonere al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. del pago de dichos impuestos, como sociedad de capital estatal”.  

De los $650 millones que se obtendrían en la emisión, se calculó preliminarmente que $100 millones estarían destinados a cubrir esos impuestos.  

“Por eso es que Tocumen, S.A. paga $72 millones en el año 2013. Esto se pagó al Tesoro Nacional. Nosotros no pagamos a Cobranzas del Istmo. Aquí no hubo gestión de cobro de nadie”, recalcó Rosas, que concedió una entrevista a este diario junto a la gerente de Asesoría Legal de Tocumen, S.A., Rosana Serrano de Sanjur.  

Rosas dijo que si la empresa privada hubiera hecho alguna gestión de cobro, habría registros, “pero no tenemos constancia de que hubo gestión. Aparece que todo el trámite se hizo directamente con la ANIP”. 

En la misma línea se manifestó Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas y presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A. cuando se produjeron los pagos de impuestos pendientes. “Como presidente de la junta directiva de Tocumen S.A., nunca tuve conocimiento del pago de 

comisiones a Cobranzas del Istmo. Nuestro deber fue dar las aprobaciones para que Tocumen, S.A. se pusiera al día con lo que adeudaba al fisco”, apuntó el exministro, 

De Lima insistió: “La junta directiva de Tocumen, S.A., y me incluyo a mí, no tenía idea de que se iba a pagar una comisión sobre esos pagos morosos”. 

Consultado sobre la constancia de gestiones de cobro por las cuentas de Tocumen, S.A. en la DGI, su actual director Publio Cortés contestó que “no nos consta que se haya hecho tal gestión. De todos modos, esperamos que la Contraloría General de la República, como ente independiente, verifique todo y nos acogemos a sus resultados”. 

Según Cortés, en términos generales el trámite de pago de las comisiones estaba basado en un cálculo que hacía el sistema de la DGI con base a las cuentas asignadas a Cobranzas del Istmo.  

“Luego, la empresa presentaba una gestión de cobro que el anterior director refrendaba, posteriormente presentaban dicha gestión de cobro ante la Dirección de Tesorería de la Nación del MEF para que allá le pagaran. Eso es lo que hemos visto”, explicó. 

En una conversación anterior, y sin referirse concretamente a las cuentas de Tocumen, SA., Cortés cuestionó la falta de fiscalización de la administración anterior para verificar, antes de aprobar el pago de comisiones, que las gestiones de cobro presentadas por Cobranzas del Istmo habían sido realizadas efectivamente. 

La Prensa contactó al exdirector de la DGI, Luis Cucalón, para que ofreciera su versión sobre cómo manejó el contrato firmado en 2010, pero dijo que no hablaría hasta una próxima rueda de prensa. 

También se escribieron correos electrónicos a la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos, pero no se obtuvo respuesta. 

La relación entre la DGI y Cobranzas de Istmo comenzó en agosto de 2010 con la firma de un contrato que convertía a la empresa en gestora de cobros de impuestos morosos. Aunque el contrato no establecía exclusividad, Cobranzas del Istmo fue la única compañía autorizada por la DGI para prestar el servicio. 

En el contrato se pactó que cuanto mayor fuera la antigüedad de las cuentas recuperadas, mayor sería la comisión, hasta un máximo de un 30%. 

Una auditoría encargada por la nueva administración del MEF determinó que la empresa recibió comisiones por $47.1 millones entre 2011 y la primera mitad de 2014. De esa cantidad, más de $21 millones corresponderían a comisiones al 30% ganadas por gestionar supuestamente los pagos morosos de Tocumen. S.A. 

Publio Cortés puso estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, que tienen abiertas investigaciones al respecto. 

El pasado miércoles, funcionarios de la DGI y de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción allanaron la sede de Cobranzas del Istmo, donde se incautaron de libros contables y de equipos informáticos. 

La Prensa quiso conocer más detalles sobre estas pesquisas y sobre el allanamiento, pero Cortés dijo que no podía hablar al respecto. 

En los últimos meses Cobranzas del Istmo ya no estaba haciendo gestiones de cobro para el Estado porque el contrato fue primero anulado por la DGI y luego declarado en suspenso por la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe adoptar una decisión final sobre el mismo.

Trabajadores del Metrobús declaran paro indefinido de labores

A partir de las 12:01 de la madrugada de este lunes 6 de abril se iniciará un paro de labores indefinido de los operadores del Metrobús, informó el secretario general del Sindicato de Operadores del Metrobús, Antenor Guadamuz.

El dirigente transportista dijo que la decisión se tomó porque la empresa MiBus no ha cumplido con los acuerdos de indemnizaciones y pagos de horas extras a los trabajadores. "El día 30 de marzo se cumplió el pazo de 30 días acordados. Por la Semana Santa les dimos una semana para reflexionar, pero no hemos tenido respuesta", añadió. 

Guadamuz manifestó que no levantarán la huelga de brazos caídos hasta que la empresa les pague sus respectivas indemnizaciones. 

El dirigente dijo recientemente que la empresa MiBus está intimidando a los trabajadores con la presencia de agentes policiales en los diferentes patios e incumpliendo con el pago de seguro social.

"No entendemos como se está protegiendo a una empresa que está incumpliendo con el Estado, los usuarios y robando a los trabajadores", refutó.

La Prensa intentó contactar al asesor legal de la Presidencia, Francisco Sierra; a Samuel Rivera, secretario general del Mitradel y Milton Heríquez, ministro de Gobierno, pero no respondieron sus teléfonos. 

El secretario de comunicación del Estado, Manuel Domínguez, tuiteó la noche de este domingo que el Gogierno acordó garantizar todas las prestaciones de los operadores y que en febrero pasado se cumplió con la entrega del cálculo de sus prestaciones que oscilan en los 12 millones de dólares. 

Agregó que ese dinero se pagará "30 días después de que "se complete la adquisición de la empresa operadora por parte del Estado".

El Fiscal cierra las sumarias del caso de escuchas telefónicas

El fiscal Ricardo Muñoz de la Fiscalía Especializada contra la delincuencia organizada concluyó el pasado 27 de marzo la instrucción sumarial en el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos.

Esto, según los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega, defensores de Zulay Rodríguez y Álvaro Testa, víctimas en el proceso, sin que se haya tomado declaración a varios exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli.

Según los juristas, el correo electrónico sobre el cual recae la petición, corresponde a una comunicación privada dirigida al político de oposición y expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, y cuyo remitente es una persona identificada como ‘Ricardo Pérez’.

En el correo, se informa según los abogados que el gobierno había comprado un aparato de interceptación telefónica para el Consejo de Seguridad.

Álvarez y Vega sostienen que dicha comunicación privada ingresó a la cuenta de rmartinelli@super99.com a la 1:15 am del 29 de diciembre de 2009 y desde la misma cuenta a las 11:26 a.m. del mismo día, fue redistribuido por el Martinelli a Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia; Gustavo Pérez exdirector de la Policía Nacional; Jaime Trujillo exdirector del Consejo de Seguridad; Olmedo Alfaro exdirector del Consejo de Seguridad y al exvícepresidente, Juan Carlos Varela, y, por segunda ocasión, a dos funcionarios del Consejo, Gustavo Chong y a Santos Pittí.

Estas diligencias, según la firma de abogados, no fueron practicadas por el fiscal quien ha visto sobrepasado el tiempo de investigación.

Entre las últimas peticiones que solicitaron los abogados, es que se cite a Balladares y a Martinelli para que el primero reconozca el correo, y el segundo, explique cómo tenía en su computadora un correo electrónico que no estaba dirigido a él.

‘El ministerio Público admitió la prueba de Ernesto Pérez Balladares’ afirmó Álvarez, pero la segunda no se pudo hacer.

Sobre esta prueba, según los abogados, la fiscalía negó el testimonio del resto de los antes mencionados, lo que daría luces sobre ‘los mecanismos utilizados, la extensión del daño causado, el número total de víctimas y la identificación de los autores y medios utilizados para la ejecución del delito’, se lee en la petición efectuada por Álvarez y Vega a la Fiscalía.

El Ministerio Público está en vísperas de confeccionar la vista fiscal del caso que inició el 30 de enero de 2015.

En el documento en que el Fiscal expresa la conclusión de las investigaciones, detalla que se trata de un expediente con actividad investigativa constante y sin dilaciones encaminadas a descubrir la verdad de los hechos, así como los autores, partícipes o encubridores del mismo.

Punto en el que Álvarez y Vega argumentan que la Fiscalía debió solicitar al juez una prórroga para ampliar la investigación y citar a todos los exdirectores del Consejo de Seguridad para que se aclare el grado de responsabilidad que podría caer sobre cada uno de ellos.

Aunado a esto, solicitaron al Fiscal se determine; salario, pagos, emolumentos, viáticos y beneficios económicos que recibían William Pittí, Roni Rodríguez (con paradero desconocido), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz entre 2009-2014, cuando ocupaban cargos públicos.

‘Solicitamos que se verifique el patrimonio económico de los imputados porque Ronie Rodríguez y William, Pittí además de su salario, por hacer espionaje político recibían pagos extras que alcanzaban hasta los 20 mil dólares mensuales de dinero del Estado’ manifestó Álvarez.

El jurista no especificó de qué partida gubernamental provenía estos dineros.

Según los abogados, en el expediente consta la declaración de la Directora Legal del Consejo que afirma se entregaba a Pittí y a Rodríguez en efectivo 6 mil dólares mensuales.

Investigan posible violación de contrato de gestión de cobros

La asignación de $21.8 millones en comisiones a Cobranzas del Istmo por la gestión de cobro de impuestos morosos de la empresa estatal Tocumen, S.A supondría, según la Dirección General de Ingresos (DGI), una “violación del contrato”.

La entidad puso estos hechos —así como otras supuestas irregularidades halladas— en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, que comenzaron sus investigaciones.

Publio Cortés, director general de Ingresos, dijo a este diario que “la esencia del contrato es supuestamente ayudar a cobrar cuentas con cierta antigüedad y que sean difíciles de cobrar para la DGI. Esa es la ‘filosofía’ que se pregona detrás de la cobranza privada, evidentemente eso no se aplica cuando el deudor es el propio Estado, el cual está en perfecto alcance de comunicación para la DGI”.

El contrato fue firmado en 2010 por el entonces director general de Ingresos, Luis Cucalón, y la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos. En cuatro años, la empresa recibió comisiones por $47.1 millones tras recuperar para el Estado cuentas morosas por un total de $172.9 millones.

Para Cortés, se trata de un contrato “público”, en el que “la interpretación que debe prevalecer es la que favorece a los intereses del Estado. No favorece los intereses del Estado pagar una comisión a un tercero, cuando el propio Estado puede fácilmente lograr el mismo resultado sin sacrificar recursos”.

“El que decide pagar es el mismo Gobierno. El presidente de la directiva de Tocumen es el ministro de Economía y Finanzas (MEF)”.

De la misma opinión es el actual gerente de Tocumen, S.A, Joseph Fidanque III, quien dijo no entender cómo se cobraron comisiones por estos pagos. “El que decide pagar es el mismo Gobierno. El presidente de la directiva de Tocumen es el ministro de Economía y Finanzas (MEF)”, recalcó. 

Esta posición la ocupó en la pasada administración Frank De Lima. El representante legal de Tocumen, S.A, la empresa estatal que pagó los impuestos, ocupaba también la cartera del MEF cuando se hicieron los pagos a Cobranzas del Istmo.

Consultado al respecto, De Lima dijo que “cuando Tocumen S.A. pagó esos impuestos morosos, la DGI no existía porque ya estaba funcionando la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), la cual tenía autonomía y no estaba bajo la esfera de responsabilidad del MEF”. 

Recordó que “Tocumen, S.A debía impuestos de vieja data”, ya que “nunca se había pagado impuesto de inmueble desde que se convirtió en sociedad anónima en el gobierno de Mireya Moscoso”.

De Lima reconoció que sí dio las aprobaciones para que la empresa estatal se pusiera al día en el pago de impuestos, algo que sucedió a finales de 2013. “Como se estaba estructurando la emisión de bonos [para financiar la ampliación del aeropuerto] la calificadora de riesgo recomendó cancelar todos los impuestos viejos que debía Tocumen S.A. Eso lo aprobó la junta directiva de Tocumen en su totalidad”, dijo. 

No obstante, De Lima negó que la directiva tuviera conocimiento de que detrás de esos pagos habría una comisión para Cobranzas del Istmo. “Toda comunicación se daba entre Tocumen, S.A. y la ANIP. La junta directiva de Tocumen y me incluyo a mí, no tenía idea de que se iba a pagar una comisión sobre esos pagos morosos”.

"El ministro debía estar informado, sobre todo cuando se estaba afectando al fisco de esa manera tan burda”.

Fernando Aramburu

Exministro de Economía

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Por su parte, el exministro de Economía Fernando Aramburu dijo que el pago de comisiones a Cobranzas del Istmo por los impuestos atrasados de Tocumen, S.A. “no tiene ni pies ni cabeza. Tanto el director de la ANIP como el ministro y el presidente debieron estar enterados y lo permitieron. El ministro debía estar informado, sobre todo cuando se estaba afectando al fisco de esa manera tan burda”.

 

UN MUY BUEN NEGOCIO A COSTA DEL ESTADO

OPINIÓN. El contrato del Estado con Cobranzas del Istmo, S. A. es una aberración y una inmoralidad. Se violaron todos los principios de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011, que reformó la ley 22 de 2006 por medio de la cual se reguló la contratación pública.

Aun aceptando que la morosidad tributaria contribuyó para que la DGI contratara a un gestor de cobro para “la recuperación de la cartera morosa y no pagada”, en referencia a los impuestos administrados por la DGI, esa contratación de a dedo aún deja muchas interrogantes y dudas.

El referido contrato, identificado con el Nº100 de 25 de agosto de 2010, fue confeccionado, firmado, refrendado por la Contraloría y publicado en la Gaceta Oficial en un tiempo récord. Con un plazo de duración de seis años, fue un muy buen negocio a costa del Estado, lo cual se confirma con las comisiones millonarias que recibió el gestor de cobro por los impuestos, tasas o contribuciones morosas que recibió el Estado, y que posiblemente muchas de ellas ni fueron gestionadas por el gestor.

Otra inmoralidad es la comisión pagada por los impuestos cancelados por una empresa del mismo Estado… ni Tres Patines lo hubiera hecho mejor.

Tribunal ordena que Fábrega vuelva a prisión

El Segundo Tribunal Superior revocó la medida cautelar de país por cárcel dada al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega y ordenó su arresto.

El tribunal superior concluyó que el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, cometió errores al liberar a Fábrega.

El juez ya giró un oficio a la Dirección de Investigación Judicial, para que detenga a Fábrega.

‘Juzgado cometió errores al liberar a Fábrega’

El juez primero de circuito penal, Rolando Quesada Vallespi, cometió errores al revocar la detención preventiva del exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega.

Así lo concluyó el Segundo Tribunal Superior en resolución del 26 de marzo, que declaró nula la medida cautelar de país por cárcel concedida a Fábrega por el juez Quesada Vallespi el 3 de marzo pasado, y ordenó que el exfuncionario sea detenido nuevamente.

El tribunal manifestó que el juez le dio libertad inmediata a Fábrega, sin haber cumplido con el trámite de solicitar la opinión previa al Ministerio Público y a la parte querellante.

Además, ordenó que la solicitud de fianza de excarcelación o reemplazo de medida cautelar que hizo Fábrega sea devuelta al juzgado hasta el momento en que se debe notificar a la Fiscalía Tercera Anticorrupción y a la SMV, como querellantes.

Fábrega es acusado de corrupción, porque en julio de 2014 supuestamente reveló información confidencial a directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) cuando esta era investigada por anomalías administrativas. Fue detenido en La Chorrera el 26 de febrero y estuvo preso por seis días.

Roy Torres, abogado de Fábrega, declaró: “respetamos la decisión del Segundo Tribunal, aunque nos llama la atención que la apelación fue resuelta en menos de 10 días”.

Torres dijo que no sabe cuándo Fábrega acudirá a notificarse al juzgado.

PERMISO PARA CITAS

En tanto, el Juzgado Segundo Penal dio permiso a la exempleada de FP Mayte Pellegrini, para que asista a tres citas médicas con su hematóloga, para tratarse de la enfermedad de Osler Weber, que padece.

En resolución del 25 de marzo, la jueza segunda suplente, Yorlenni Fruto, dio permiso para que Pellegrini, custodiada por la Policía Nacional, acuda a las citas hoy, 31 de marzo; el 6 de abril y el 18 de junio próximo.

Pellegrini, que está llamada a juicio por delitos financieros en perjuicio de FP, goza de una medida cautelar de arresto domiciliario desde el 29 de enero pasado.

Tribunal de Nápoles confirma ilícito

Valter Lavítola corrompió al gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014) a través de la empresa Impregilo, concluyó la primera Sección Penal del Tribunal de Nápoles, Italia.

Dicha conclusión forma parte de los fundamentos de la sentencia a tres años de prisión dictada contra el otrora intermediario entre el Gobierno panameño y el coloso italiano Finmeccanica.

Confirman corrupción en Panamá

La primera Sección Penal del Tribunal en Nápoles –presidida por el magistrado Francesco Pellecchia y las dos juezas Stefania Daniele y Diana Bottillo– ha confirmado que Valter Lavítola corrompió a través de Impregilo al Gobierno de Panamá.

En las motivaciones jurídicas de la sentencia condenatoria, los jueces ratifican que la promesa de Impregilo de sufragar la construcción de un hospital en Veraguas –por más de $20 millones, a cambio de la adjudicación de las obras del Metro de Panamá– era “un modo enmascarado e indirecto” para ofrecer coimas al expresidente Ricardo Martinelli, a través del empresario de origen cubano Rogelio Oruña, vinculado a otro gran contratista del Estado panameño, IBT Group, empresa que ahora niega toda relación con ese empresario.

En el auto, depositado el pasado 3 de febrero de 2015, se detalla que Lavítola recibió de la empresa Impregilo más de $50 mil con los que pagó unas costosas vacaciones al expresidente Ricardo Martinelli y a otros acompañantes, entre ellos, el empresario Gabriel Gaby Btesh, en la isla italiana de Cerdeña, en agosto de 2011.

Este dinero fue transferido por la empresa italiana de manera oculta y fuera de la contabilidad ordinaria hasta una cuenta en el extranjero de Lavítola para pagar el lujoso viaje. La resolución judicial detalla que la justicia italiana ha adquirido “complejos y variados elementos probatorios que aparecen inequívocamente convergentes” y que estipulan que Lavítola se consolidó como intermediario entre Italia y Panamá a través de “prácticas corruptivas”.

Este proceso por corrupción internacional en Panamá es el primero con condena para Lavítola, pero el menor en grado de importancia. La fiscalía de Nápoles imputó a Lavítola este delito durante el proceso judicial por extorsión a Impregilo, a instancias de Martinelli, por el que Lavítola ha sido sentenciado a tres años de cárcel. Altos exdirectivos de Impregilo admitieron en sede judicial que el expresidente Martinelli exigió reconocimientos económicos para garantizar a la empresa italiana futuras adjudicaciones de obras públicas y, en concreto, la licitación del Metro de Panamá.

El fiscal Vincenzo Piscitelli y la defensa legal del único imputado llegaron a un acuerdo de 11 meses de prisión, lo que se traduce en la práctica en una condena en firme. Según explican los magistrados, la pena base eran dos años de prisión, pero fue finalmente reducida a 11 meses porque se aplicaron atenuantes genéricos y porque se procedió con fórmula judicial de un proceso inmediato.

Valter Lavítola suma dos condenas por extorsión y corrupción internacional de 3 y 11 meses de prisión por casos relacionados con Panamá, pero tiene otros procesos abiertos con la justicia italiana.

En el Tribunal de Roma, por el presunto desvío de $25 millones en coimas en las adjudicaciones a la empresa Finmeccanica, está también imputado el ex director comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere. El juicio está convocado para el próximo 14 de mayo.

También enfrenta una investigación en el Tribunal de Nápoles por corrupción internacional en el proceso seguido por las cárceles modulares que iba a construir el consorcio Svemark.

Se espera que los fiscales pidan llamamiento a juicio en las próximas semanas.

Fiscal de Cuentas cita a los acusados

La Fiscalía de Cuentas abrió un proceso por posible lesión patrimonial al Estado y citó a declarar a todos los imputados por el Ministerio Público por peculado, tras la ejecución con supuestos sobreprecios de un contrato por $44.9 millones para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En tanto, la Fiscalía Segunda Anticorrupción programó indagar hoy al exministro de Obras PúblicasFederico Suárez y a la ex viceministra de Desarrollo Social (Mides) Marta Susana de Varela, acusados la semana pasada junto con la ex viceministra de la Presidencia María Fábrega

También están imputados por este caso Lucy Molinar, exministra de Educación; Giacomo Tamburrelli, exjefe del PAN; y Gioconda Torres de Bianchini, excontralora de la República.

Rubén De Ycaza, propietario de Lerkshore International Limited, empresa a la que se le adjudicó el contrato, también fue sindicado.

“Fueron citados los mismos que están asistiendo al Ministerio Público”, reveló una fuente de la Fiscalía de Cuentas ligada al proceso.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la fiscalía, la posible lesión patrimonial en este caso es de más de $30 millones, mientras que la Contraloría General de la República la calcula en $44.9 millones.

Los que hicieron la sopa

Quien se benefició es igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizarán los fondos del Estado, y ambos deben responder por la lesión patrimonial causada al Estado.

A la anterior conclusión llegaron abogados y representantes de la sociedad civil al pronunciarse ayer sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la compra de comida deshidratada –con supuestos sobreprecios–, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De acuerdo con algunos de los consultados, las autoridades deben ordenar la cautelación de bienes de los exfuncionarios vinculados con el contrato –de $44.9 millones–, cuya ejecución supuestamente fraudulenta habría causado una lesión patrimonial al Estado de más de $30 millones.

Hasta ahora, la fiscalía ha imputado cargos por peculado a Giacomo Tamburrelli, exjefe del PAN; Lucy Molinar, exministra de Educación; María Fábrega, ex viceministra de la Presidencia; y Gioconda Torres de Bianchini, excontralora.

Iguales cargos formuló y ordenó indagar (hoy) a Federico Suárez, extitular de Obras Públicas; y a Marta Susana de Varela, ex viceministra de Desarrollo Social.

Todos los anteriores firmaron como miembros de la directiva del PAN, el 10 de diciembre de 2011, el contrato de la comida deshidratada con la empresa Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza, sobre quien pesa una medida cautelar de casa por cárcel.

El expresidente Ricardo Martinelli, aunque no firmó en la directiva del PAN, fue señalado por Tamburrelli como la persona que dio la orden para que se adjudicara el contrato a la empresa Lerkshore International Limited y se fijaran los precios por la nueva comida, destinada a escuelas de bajos estratos socioeconómicos. “Todo fue una pantalla”, declaró Tamburrelli.

De esta manera, el Gobierno llegó a pagar la sopa instantánea más cara del mercado, y el arroz precocido más oneroso. Cada sopa que Lerkshore International le vendió al PAN costó $26.04, cuando el precio regular del producto en cualquier súper del país es de $5.

En el caso de Martinelli, está pendiente que el Tribunal Electoral (TE) autorice o no el levantamiento de su fuero penal, de modo que la Corte Suprema de Justicia proceda a investigarlo.

FISCALÍA DE CUENTAS INVESTIGA

En tanto, la Fiscalía de Cuentas adelanta un proceso tras haber recibido en febrero pasado un informe de la Contraloría, que calcula en $44 millones la lesión patrimonial al Estado.

Una fuente de ese despacho informó que se espera que concluyan las investigaciones del caso, por las que, como se dijo, ya se han citado a declarar a varios de los imputados.

“Se han citado a los mismos que están asistiendo al Ministerio Público”, reveló.

La Fiscalía de Cuentas también hizo un análisis jurídico contable del contrato de la comida deshidratada y basado en este pidió a la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría una auditoría del contrato y los dos desembolsos para su cancelación.

El primer pago se concretó el 2 de marzo de 2011 por 15 millones 582 mil 243 dólares, y el segundo en junio de ese mismo año por 29 millones 411 mil 818 dólares.

CONTRATO LESIVO

Detalles preliminares relacionados con una auditoría que ya efectuó la Contraloría revelan las quejas de los directores de las escuelas, los padres de familia y los estudiantes sobre la mala calidad de la comida, que producía vómitos y diarrea a los chiquillos.

El análisis jurídico que hizo la Fiscalía Segunda Anticorrupción recogió declaraciones de afectados por la ingesta de esta comida y algunas advertencias que se hicieron antes de que se ejecutara el contrato.

En efecto, el Departamento de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación (Meduca) dio en 2010 algunas recomendaciones antes de entregar los alimentos deshidratados.

“Muchos centros educativos en el año 2010 no contaban con agua potable, lo que podía poner en riesgo la inocuidad de los productos, como acontecía en el Colegio Ánimas de Boró (de Veraguas)”.

También se recoge un informe del jefe de Programas de Nutrición del PAN [Ángel Famiglietti, también imputado en el caso], quien advirtió el 7 de septiembre de 2011 sobre la existencia de elementos extraños en los empaques, donde se encontraban los alimentos deshidratados, esto en la Escuela República de Nicaragua, en la provincia de Bocas del Toro. De igual manera, se reportaron productos vencidos y próximos a vencer”.

En la investigación del MP se recoge el testimonio de Lucía Cedeño Gálvez de Brown, funcionaria de la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, quien señaló: “estos alimentos que se proporcionaron no contaban con la buena aceptación por los estudiantes, ya que eran muy concentrados y se recibían quejas constantemente por parte de los padres de familia y docentes de las escuelas, de que no les gustaban los alimentos deshidratados”.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

De acreditarse la responsabilidad penal de los involucrados, lo que corresponde según el ordenamiento jurídico es el decomiso de los bienes hasta por un valor que le haga frente al pago total de la lesión patrimonial causada al Estado. La cautelación se mantiene hasta que se resarza la lesión que se hizo, explicó una fuente penal consultada.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez dijo que es legal el proceso a través de la Fiscalía de Cuentas para reparar el daño patrimonial.

Para el actual vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, todos los que resulten condenados por este caso deben ser “solidarios” en el resarcimiento al Estado.

CASTIGO IGUALITARIO

Si la responsabilidad patrimonial debe ser igual para todos, en la penal tampoco debe haber diferencia, indicaron sectores consultados.

Araúz apuntó que “quien se benefició será igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizaran los fondos del Estado”.

En este sentido, Rodríguez agregó que no ve mayor diferencia entre los autores principales y los cómplices primarios, porque el Código Penal establece que ambos reciben la misma pena.

“Para mí no hay diferencia entre quien tomó la decisión de alguna inteligencia y los cómplices y los que de alguna forma se beneficiaron de eso”, advirtió.

LOS AGACHADOS

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, señaló que los nuevos imputados en el caso –Marta Susana de Varela, Federico Suárez y María Fábrega– abren la posibilidad de que se llame a declarar a todos los que fungieron como directivos del PAN entre 2009 y 2014.

Indicó que se debe ampliar las investigaciones hacia el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez, así como al diputado de Cambio Democrático Fernando Carrillo, quien firmó como representante de la Asamblea Nacional. Carrillo ya está señalado en el caso.

Sobre la posible responsabilidad de Carrillo, el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado explicó que una vez mencionado en el sumario, la fiscalía debe remitir el expediente a la Corte para que lo investigue, previo levantamiento del fuero penal por parte del TE.

Se llamó a Roberto Henríquez, Fernando Carrillo, Federico Suárez, Lucy Molinar y Marta Susana de Varela, pero hasta la hora de cierre de esta edición no habían respondido.