Redactan nuevas reglas para ejercer el derecho en Panamá

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Colegio Nacional de Abogados (CNA) elaboran un proyecto de ley para actualizar las regulaciones del ejercicio de la profesión del derecho, con miras a hacerla más ética.

El presidente del CNA, José Alberto Álvarez, explicó que la iniciativa ha sido discutida desde enero del año pasado en varios foros y gremios de abogados, a fin de modificar la Ley No. 9 de 1984 que regula dicha profesión en el país.

Adelantó que el documento indica que para obtener el certificado de idoneidad los abogados deberán aprobar un examen elaborado por la CSJ, el CNA y por representantes de las universidades.

La propuesta, que en este momento está en manos de la procuradora Kenia Porcell, también establece que cada tres años los que ejerzan la carrera deberán realizar un curso de 30 horas, de las cuales 10 horas serán de ética profesional.

Igualmente, estipula que el tribunal de honor del CNA podrá actuar de oficioen contra de los juristas que ventilen sus casos en los medios de comunicación.

“La base de la administración de justicia son los abogados y si tenemos malos abogados habrá mala justicia”, dijo Álvarez.

En ese sentido, indicó que le han pedido a la procuradora Porcell que no le permita a los fiscales que hablen de los casos “ante la palestra pública”. A su juicio, existen muchos “media lawyer”, “que solo anuncian que presentarán algún recurso, pero no lo hacen”.

Aseguró que una vez Porcell presente sus observaciones del proyecto, este será llevado a la Asamblea.

MIL DENUNCIAS

A la fecha existen unas mil quejas presentadas ante el CNA con relación a faltas a la ética y a malas prácticas en el ejercicio.

En el país hay 23 mil abogados, de los cuales 8 mil 850 forman parte del CNA.

 

Escándalos rondan el Metro

Las empresas que entregaron ofertas para el diseño y construcción de la segunda línea del Metro tienen una trayectoria conocida en el sector, pero algunas están vinculadas con sobrecostos, tienen un alto nivel de endeudamiento o son investigadas por supuesto fraude o sobornos en otro país.

 En la licitación por mejor valor entregaron propuestas tres consorcios integrados por compañías de China, de España, una de México, una de Brasil y una de Perú. Llama la atención que no hay ninguna de Estados Unidos, uno de los mayores inversionistas en Panamá y donde el Metro es uno de los principales medio de transporte.

China First Highway Engineering Company Limited, holding de China Harbour Engineering and Construction Company, que forma parte de uno de los tres consorcios que presentó propuesta técnica y económica para la segunda línea del Metro, está en una lista de inhabilitación para participar en proyectos del Banco Mundial por fraude y corrupción.

La empresa está inhabilitada para adjudicarse contratos financiados por el Banco Mundial entre el 4 de febrero de 2015 y el 14 de diciembre de 2017, según aparece en la lista de empresas de diferentes países que registra en su página web la entidad multilateral.

“La inhabilitación se hace extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma invalidada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada”, explica el Banco Mundial.

Esta lista de fraude y corrupción la prepara el Banco Mundial con base en algún proceso administrativo en el que se haya visto involucrada la compañía o por información cruzada de otros bancos.

A diferencia de la línea 1, en la cual el Estado puso el capital para su financiamiento, en la línea 2 el consorcio que se adjudique la licitación por mejor valor debe buscar el dinero para desarrollar la obra, con previa aprobación del Gobierno. En caso de ser favorecido, el grupo donde participan dos empresas chinas y una española no podría tener financiamiento del Banco Mundial.

Consultado al respecto, la Secretaría del Metro de Panamá informó de que las causales que producen incapacidad legal para contratar se encuentran en el texto único de la Ley 22 de 2006, y no están sujetas a las regulaciones de una entidad bancaria.

Asegura la Secretaría del Metro de Panamá que los proponentes firman una declaración jurada adjunta a la propuesta señalando que no se encuentran dentro de las restricciones que establece la Ley 22. La entidad que dirige el también ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, añadió que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene un registro de las empresas inhabilitadas para participar en licitaciones.

“El proceso de contratación de la línea 2 se da por las normas de Panamá reguladas en la Ley de 22 de 2006 y no por la normativa del Banco Mundial”, recalca.

El artículo 16 de la legislación enumera siete causales que generan incapacidad legal para contratar por parte del Estado. Indica que podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras”, siempre que no se encuentren inhabilitadas o “haber sido condenadas, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”.

Pese a que entre las causales aparece el impedimento de contratar a una empresa que se haya declarado en “quiebra” no se refiere a los casos de compañías que tengan un alto nivel de endeudamiento.

Odebrecht

Norberto Odebrecht, que presentó oferta en conjunto con la española FCC, es mencionada en las investigaciones que se adelantan en Brasil por supuestos sobornos a través de una cuenta en Panamá.

La investigación surge a raíz de la denuncia de Pedro Barusco, exgerente de ingeniería de Petrobras, quien dijo que Odebrecht transfirió $916 mil 697 entre mayo y septiembre de 2009 a una cuenta offshore en Panamá a nombre de Constructora Internacional del Sur, S.A., publicó el diario Folha de Sao Paulo. La empresa con sede en Brasil ha negado estos señalamientos y afirma “no haber hecho ningún pago o depósito a ejecutivos o exejecutivos de la estatal”.

La mexicana ICA

 

 

La empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participa en conjunto con Dragados de España y Graña y Montero de Perú en el consorcio denominado UTE Panamá II para la licitación de la línea 2 del Metro. 

ICA se asoció con Carso y Alstom para la línea 12 de la ciudad de México donde se denunció que hubo utilización de “recursos no comprobados para otros fines”, sobrecostos y desvío que superan $41 millones.

La Contraloría General del Distrito Federal, por medio de su titular Hiram Almeida, impuso 54 sanciones a 33 funcionarios y exfuncionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo.

De acuerdo con el informe, que fue reproducido por medios de comunicación de México, se autorizaron pagos indebidos por $32 millones , se desviaron recursos por $7.7 millones, se dejaron de cobrar $334 mil y se autorizaron pagos indebidos para ICA.

La española ACS

Entre las empresas que entregaron propuestas está la española Dragados, una de las compañías cabecera de construcción del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, también presidente del club Real Madrid.

En 2012, el diario estadounidense The New York Times advirtió que ACS estaba fuera de control con una deuda de $11 mil millones, casi el 50% de la deuda pública actual de Panamá.

En su jugada financiera más reciente, ACS firmó un préstamo por $2 mil 350 millones con representantes de 40 bancos por una vigencia de 5 años. 

Entre los bancos que participaron en este refinanciamiento, la mayoría son extranjeros, entre ellos Crédit Agricole, BNP Paribas, HSBC, UniCredit, Bayern LB, ING, Intesa, Natixis, RBS, Société Générale y Goldman Sachs. “Por primera vez en mucho tiempo, los bancos españoles no son los protagonistas de una refinanciación”, publicó Expansión.com al referirse a la transacción de ACS.

A finales de enero pasado, Vozpopuli, otra publicación española tildaba de “triquiñuela contable” la información financiera al anunciar una de $6 mil 790 millones, que no se corresponde con la real, que es de $11 mil millones.

El truco: tener desde hace dos años “activos no corrientes mantenidos para la venta” por valor de más de 6 mil millones de euros ($6 mil 830 millones) que no es capaz de colocar, pero que le permiten reducir su deuda contable en $4 mil millones. La Comisión Nacional de Mercado de Valores la ha reprendido por ello y le exige que demuestre que realmente los está intentando vender.

Empresarios piden cumplir con los procesos

El Estado debe ser celoso de que las empresas cumplan con los procesos establecidos para la contratación de proyectos donde se invierten grandes sumas de dinero que provienen de los impuestos, advirtió José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Todos queremos transparencia y que se cumpla con los procedimientos y leyes panameñas. Que las empresas no estén involucradas en manejos no éticos”, dijo Ford.

Igualmente, añadió que la no presencia de empresas estadounidenses en la licitación se puede atribuir a que desde hace años varias compañías de ese país han dejado de participar en proyectos.

La línea 2 del Metro será de gran beneficio para la movilidad de miles de panameños que residen en lado este de la ciudad, añadió, pero lo importante es que aunque lo inaugure el próximo Gobierno no se le dejen de reconocer los méritos al actual.

La línea 2 tomaría 48 meses de construcción, y según los planes de la Secretaría del Metro si se cumple con los procesos acordados se podría dar la orden de proceder en abril próximo.  

 

Las confesiones de Guardia Jaén

El exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia, detenido preventivamente en el centro penitenciario La Gran Joya, se ha declarado confeso de participar en la compra de bienes y servicios varios en los que se estipulaba, según él por órdenes superiores, un sobrecosto que retornaba en efectivo para repartirse entre él y varios funcionarios de alta jerarquía del pasado gobierno.

En su indagatoria, Guardia, detalló que para la adquisición de bienes y servicios las empresas debían estar previamente registradas y autorizadas por el departamento de contrataciones del PAN.

De esta forma, los mismos dueños, pero con diferentes sociedades anónimas que se hacían de los millonarios contratos. Uno de los mecanismos consistía en abrir y cerrar empresas para participar como proveedores.

Entre los proveedores, un testigo protegido que colabora con las Fiscalías Anticorrupción en las investigaciones mencionó al señor Juan Carlos Marciaga, recientemente detenido por las autoridades al momento en que se disponía a abordar un avión en la madrugada del sábado. Marciaga participaba, según el testigo protegido, en los contratos de bolsas de comida. Muchos de ellos, afirmó, no llegaron a concretarse en la entrega de los enseres, a pesar de que se facturaron y la transacción económica se concretó.

En total, la nueva administración del PAN, calculó que en esta institución se efectuaron contratos por más de $1,200 millones.

Día clave para el caso Moncada Luna

Mañana viernes 20 de febrero vence el plazo para que el fiscal designado Pedro Miguel González, culmine las investigaciones en contra del magistrado separado de la Corte Suprema, de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna. 

Para mañana según informó la diputada Zulay Rodríguez, una de las juezas de garantía se espera que el fiscal entregue en sobres sellados, el escrito con los resultados de las investigaciones, los cuales, según Rodríguez, deberán ser entregados en el despacho de la subcomisión de garantías. 

En una fecha posterior las juezas de garantías deberán convocar una audiencia para determinar si admiten o no la acusación de González. Si es admitido, deberán remitir el expediente al pleno de la Comisión de Credenciales, Ética y Asuntos Parlamentarios de la Asamblea Nacional. Si los jueces desestiman los cargos, ordenarán el archivo inmediato de la denuncia. 

En este escrito el fiscal González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD determinará si ha encontrado elementos o no para realizar la acusación formal contra Moncada Luna por los delitos por los cuales se le investiga. 

El magistrado separado es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupción de servidores y blanqueo de capitales.  

El proceso inició en octubre del año pasado, tras una denuncia interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, luego de conocerse —a través de una investigación de La Prensa— que Moncada Luna adquirió -desde que accedió al cargo y con un salario de $10 mil mensual- dos apartamentos en Coco del Mar valorados en $1.7 millón, uno en el PH Ocean Sky y otro en el PH Santorini. 

Las dudas sobre la adquisición de estas propiedades surgieron debido a que Moncada durante los cinco años en los que se ha desempeñado como magistrado de la Corte, habría devengado, en salarios, $600 mil. A esta cifra habría que descontarle los descuentos formales como impuestos y sus aportes a la Caja de Seguro Social. Moncada, en diciembre de 2010 declaró bajo juramento que sus únicos bienes eran una camioneta de 2005 y un reloj de oro marca Rolex.

 

‘Hubo blanqueo de capitales’ 

Las investigaciones llevadas a cabo González han estado centradas en demostrar si el magistrado ha recibido dinero o bienes a través de representantes legales de empresas que contrataron con el Órgano Judicial. 

Moncada Luna, en sus argumentos ha planteado que uno de los apartamentos, el del PH Santorini, lo adquirió a través de un préstamo por $700 mil que le hizo el empresario Alejandro “Pipo” Virzi. 

No obstante, este argumento contrasta con la versión que Virzi dio en una entrevista con el fiscal. Afirmó que le prestó $1.8 millón al magistrado separado. 

La fiscalía también duda de la autenticidad del documento sobre el acuerdo de préstamo entre Virzi y Moncada Luna, que fue entregado por el abogado Sidney Sittón, quien fungía como el representante legal del magistrado separado. 

En las diligencias realizadas ya se han aprehendido provisionalmente más de 14 cuentas bancarias que según el propio fiscal tienen alguna vinculación en las investigaciones seguidas en contra del imputado. 

El 29 de noviembre pasado se aprehendió $1 millón a Corporación Luxol, S.A., ligadas al proceso de la investigación. Otros $500 mil corresponden a una trasferencia hecha por la sociedad Reyna y Asociados, S.A. a las cuentas de Corporación Cubemu y a Sarelan Corporation, S.A., todas vinculadas al proceso. 

A la Corporación Cubemu, S.A. se le transfirieron $125 mil y a Sarelan Corporation, S.A., $400 mil dólares. Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que el empresario Felipe “Pipo” Virzi es uno de los principales accionistas. 

Por coincidencia, la fiscalía ha cautelado cuentas, a otras sociedades con alguna relación con Virzi, entre ellas, Summer Venture Inc., la Fundación Ricala y Medipres Investments, S.A.  

Aunque el equipo legal de Virzi, encabezado por José maría Castillo ha negado cualquier vínculo de las sociedades con la investigación a Moncada Luna, el fiscal González cree lo contrario. “Ha quedado claramente demostrada la participación de estas empresas en el  

hecho investigado de enriquecimiento injustificado agravado, y existen señales de que se ha incurrido en el delito de blanqueo de capitales”, sostuvo el perredista en una de las audiencias previamente realizadas. 

En la última audiencia realizada el pasado 30 de enero, el fiscal informó de la aprehensión de otras dos cuentas bancarias por medio millón de dólares en el banco BAC, a nombre de las sociedades PR Solutions, S.A. y Omega Ingeniering. Esta última empresa, que construye la ciudad judicial en Panamá Oeste, habría recibido un adelanto del pago cuando Moncada Luna era presidente de la CSJ.  Tanto el abogado principal de Moncada; Ramiro Jarvis, como el jurista sustituto Enrique Domínguez han negado que las cuentas aprehendidas por González tengan relación con su cliente. 

Entre cuentas bancarias, autos de lujo y los dos apartamentos relacionados con la investigación, el monto de los bienes aprehendidos  

relacionados con el caso suman ya $4.6 millones.

Esperan escrito de acusación  

Para el abogado de Moncada, Enrique Domínguez, en este escrito del fiscal González, no esperan ningún resultado favorable a su cliente. “El fiscal ya ha adelantado conceptos, así que esperamos que su posición sea en contra nuestra. Esta es una de las cosas que le está prohibida a un fiscal, lo más probable es que presentará un escrito de acusación”, sostuvo. Expresó además que luego de la presentación del documento, interpondrán varios recurso legales, además del proceso de presentación de pruebas y contrapruebas de parte y parte. Se estima que esta parte tomará 20 días.  

“Se pueden pedir declaraciones de expertos para que digan si hubo blanqueo de capitales o no, o de un experto en el sistema penal acusatorio para que nos diga si hay nulidades en el caso o no, como en efecto las hay”, precisó. 

El jurista manifestó además que cuestionarán el hecho de que acusen a su cliente de supuesto enriquecimiento injustificado sin tener un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. “Eso debió hacerse y no se hizo, esa es una causa de nulidad, el fiscal puede investigar, pero tiene que respetar las normas.  Este ha sido un craso error acá y que las juezas tampoco advirtieron”, precisó. 

No hay los votos 

Al ser consultada sobre la fecha tope de la investigación, la jueza de garantías Zulay Rodríguez explicó que todavía queda la posibilidad de un acuerdo entre el fiscal con la defensa de Moncada, tal como lo permite el sistema penal acusatorio, o se va a la imputación de  

cargos. De acuerdo con el artículo 220 del Código Procesal Penal un posible arreglo consistiría en la aceptación del imputado de los delitos que se le acusan, o parte de ellos, y de la pena a imponérsele. 

Rodríguez detalló que si se va a la imputación de cargos lo cual se tiene que hacer a través de la Comisión de Credenciales, el caso pasaría al pleno. 

De ir al pleno el proceso, Rodríguez expresó sus dudas de que existan los 47 votos (dos terceras partes de la Asamblea Nacional) para una eventual condena al imputado. La Asamblea Nacional actualmente está conformada así: 26 diputados del PRD, 25 de Cambio Democrático, 16 del Partido Panameñista, 2 diputados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, 1 independiente.

 

Gustavo Pérez confirma existencia de grupo para escuchas

Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional y contra quienes pesa una orden de arresto por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, operaban una subestructura dentro de ese organismo que solo respondía al Presidente de la República.

Lo anterior se desprende de las declaraciones que dio el 4 de este mes el ex secretario ejecutivo del Consejo Gustavo Pérez al ampliar su indagatoria ante la fiscalía adjunta del Ministerio Público que investiga las interceptaciones telefónicas durante el gobierno anterior, caso por el que está preso en La Gran Joya.

De acuerdo con Pérez, a pesar de que Rodríguez era un oficial de rango menor y su subalterno, no respondía a sus órdenes y se manejaba con un grupo separado.

“Ellos estaban trabajando por sí solos en un grupo, separados, con otras órdenes”, dijo. “Ya había un modus operandi de trabajo entre Ronny Rodríguez y la Presidencia. Muchas veces solicitaba verlo, pero no podía y lo mismo sucedía con el resto de las unidades del Consejo”, detalló Pérez.

Todos los jefes de seguridad –agregó– teníamos que ver con el Presidente, pero Rodríguez y Pittí se quedaban en la Presidencia hasta tarde en la noche, sin directrices mías.

Pérez también reveló que Rodríguez recibía su salario como capitán de la Policía Nacional (PN) y otros 6 mil dólares directamente de la Presidencia, y que fue ascendido a subcomisionado en la gestión de Julio Moltó al frente de la PN.

GRUPO FIJABA OBJETIVOS

Al ser preguntado sobre las órdenes para seguir a empresarios, políticos y periodistas –que según un funcionario del Consejo de Seguridad interrogado por la fiscalía eran transmitidas por Rodríguez al jefe de grupo y luego a la jefa de Inteligencia, Carmen Salinas, alias La Profe–, Pérez respondió “desconozco”.

Y con esa misma palabra respondió a preguntas relacionadas con las declaraciones de dicho funcionario, según las cuales entre los objetivos de seguimientos y escuchas estaban el empresario Roberto Eisenmann, la ambientalista Raiza Banfield, los miembros del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson, Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Balladares, Balbina Herrera, Mitchell Doens, Juan Carlos Navarro y Roberto Velásquez; así  como los dirigentes del Suntracs Genaro López y Saúl Méndez; la dirigente magisterial Yadira Pino; y la cacica Silvia Carrera.

Pérez también negó tener conocimiento sobre lo afirmado por el funcionario en cuanto a que los audios y videos producto de los seguimientos eran entregados a la Presidencia en informes, que, más tarde, salían divulgados en noticieros de radio y televisión, en periódicos y redes sociales, en campañas de desprestigio contra las personas objeto de la vigilancia.

Aunque Pérez afirmó desconocer la existencia de estas prácticas, dijo que se trató de labores clandestinas en las que debieron participar varias personas.

Indicó que su teléfono estaba intervenido porque no era “sujeto de confianza”, razón por la cual renunció varias veces hasta que finalmente fue enviado al viceministerio de Gobierno.

Pese a que la fiscalía tiene el registro de su firma, Pérez insistió en que nunca firmó el contrato por $13 millones para comprar uno de los equipos utilizado en las escuchas telefónicas.

A su juicio, en el gobierno anterior existía un gran negociado con la compra de estos equipos, ya que a su despacho llegaban cientos de peticiones y recomendaciones para la adquisición de equipos, pero nunca participó en esas negociaciones.

Interrogado sobre una serie de documentos encontrados en una caja fuerte en su oficina de Panamá Ports, admitió la existencia de informes inherentes a operaciones de seguimiento a narcotraficantes que, sin embargo, nunca consideró como importantes, porque “todo lo pasaba a la Dirección de Investigación Policial (DIP)”.

Aclaró, al mismo tiempo, que las anotaciones manuscritas al reverso de esos documentos, con fechas y detalles, no le  pertenecen.

 

PIDE CASA POR CÁRCEL

Al final, Pérez solicitó al Ministerio Público que le otorgue una medida cautelar de casa por cárcel, ya que dentro de la cárcel La Gran Joya hay narcotraficantes y delincuentes que lo amenazan.

Aseguró que sufre de hipertensión arterial crónica, que debe ser tratada por especialistas, y de claustrofobia, por la que toma medicamentos.

A la vez, opinó que por tratarse de un “reo de alto perfil”, ya que fue director de la Policía Nacional, y debido a que intenta apoyar al Ministerio Público en la investigación de los pinchazos, su seguridad está en peligro, ya que sería muy fácil que atentaran contra él.

Abogada de ‘Chichi’ pide revocar orden de detención

La abogada Edna Ramos, defensa de Aldolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario privado de Ricardo Martinelli, presentó ayer, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un hábeas corpus para revocar la medida de detención preventiva, que ordenó la fiscalía Segunda Anticorrupción, el mes pasado, contra su cliente.

Ramos manifestó que con este recurso procura ‘enderezar los entuertos’ que están cometiendo los fiscales en el Ministerio Público.

En diciembre del año pasado, la abogada había presentado cuatro hábeas corpus, para conocer si habían acusaciones en contra de De Obarrio. Estos fueron declarados no viables en ese momento.

Precisamente, adelantó que va a presentar más de 20 recursos legales tanto en la CSJ como en los juzgados de circuito.

La abogada arguyó, además, que gran parte de las partidas fueron trasladadas al Programa de Ayuda Nacional (PAN) desde otros ministerios, por lo que esos presupuestos no podían utilizarse sin autorización previa de esas entidades.

‘Lo han llamado a responder a solo un día de vencer el término de investigación por cargos de $45 millones, en lo que Adolfo De Obarrio no recibió ni un céntimo’, recalcó.

Recordó las supuestas irregularidades en las que se incurrió en medio de las diligencias ‘violando el debido proceso’, las mismas que la han llevado a presentar las recientes acciones legales a favor de su cliente .

‘En este país debemos aprender a investigar para luego detener, y no detener para luego investigar’, manifestó Ramos en relación a la medida cautelar dictaminada por la fiscal Segunda Vielka Broce.

Reiteró que su defendido no regresará a Panamá, en tanto no existan las garantías constitucionales correspondientes que aseguren un proceso conforme a la ley.

Exnotaria de Colón denuncia a Martinelli de persecución política

Nedelka Navas,  exnotaria Primera del Circuito de Colón denunció al expresidente Ricardo Martinellipor supuestamente de ser el causante de su destitución y de montarle una persecución en su contra por no aceptar una solicitud que le hizo.

Navas, explicó en un medio televisivo todo se dio luego que ella rechazó la propuesta del expresidente Martinelli, de denunciar al entonces vicepresidente Juan Carlos Varela (ahora mandatario de la República) y a causa de esto, el exmandatario inició una persecución en su contra donde ocasionó la pérdida de una de una de su bebé  y su destitución, cuando aún ella se encontraba embarazada.

"Me llamaban por teléfonos, me acosaban todos los días para que yo saliera voluntariamente de la notaria, esto ocasionó la pérdida de mi hija, a quien tuve sin vida en mi vientre por  cuatro meses y medio con la otra bebé viva", dijo Navas, quien en ese entonces esperaba un embarazo de gemelas. 

"Mi familia y yo fuimos víctimas de Ricardo Martinelli", reiteró la exfuncionaria, quien ya presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado panameño.

"Mi daño moral y la pérdida de mi bebé. ¿Eso quién me lo va a reparar?. ¿Dónde quedaron los acuerdos internacionales?", añadió la abogada, quien también mencionó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, debido a que este Órgano del Estado no aceptó el recurso que presentó su abogado para el reintegro, debido a que fue destituida cuando ella estaba incapacitada y embarazada.

 

La ruta del PAN a Monte Oscuro

El aparato político de Ricardo Martinelli orquestó una triangulación de dineros para financiar los últimos gastos del partido Cambio Democrático en la campaña electoral. La estrategia fue falsear los contratos de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), reveló a La Estrella de Panamá un testigo protegido que colabora con la Fiscalía Primera Anticorrupción en las investigaciones por corrupción en esta institución.

‘Empresas amigas’ cobraban los cheques del Estado y entregaban dinero en efectivo al hermano del expresidente, quien se encargaba de las operaciones de campaña de Cambio Democrático (CD), según relata la misma fuente.

Las declaraciones revelan una de las formas en las que, aparentemente, el entonces colectivo oficialista nutría la cuenta bancaria con la que se hizo frente a los compromisos económicos durante los meses previos a las pasadas elecciones.

A través de compras ficticias de bolsas de comida se alimentaba la cuenta bancaria del partido, agregó.

Según la fuente, ‘parte de las supuestas órdenes de compra de bolsas de comida no se entregaban en su totalidad; en ocasiones solo se trataba de facturas. Se efectuaba un acto y los protocolos correspondientes, se asignaba la compra y el proveedor depositaba el cheque en su cuenta de banco. Tres días después, cuando se compensaban los fondos, el proveedor entregaba un retorno de entre el 60% y el 70% del total de la compra, en efectivo y por previo acuerdo con el PAN.

Desdel el PAN, el dinero se le hacía llegar a Mario Martinelli en las oficinas del Súper 99 ubicadas en Monte Oscuro’, indicó el testigo.

El informante precisó que el proveedor se quedaba con un 30% de la supuesta venta, para justificar la presunta compra y los temas fiscales de la empresa.

Un día después de recibir el dinero, Martinelli ponía los fondos en la cuenta del partido en el Banco Panamá, para cubrir los gastos de transporte y otras necesidades de logística’, dijo el testigo protegido.

¿Cómo llegaban los dineros a los que se refiere el testigo al Banco Panamá?

Es una pregunta que solo puede responder Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, accionista y vocal del Banco Panamá, y representante de CD en la Junta Nacional de Escrutinio.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Mario Martinelli para conocer su versión, pero no respondió.

La Fiscalía Anticorrupción inició ya una investigación, pero tuvo que ponerla en pausa posteriormente, ya que Martinelli goza de fuero penal electoral por su participación en el proceso.

Ramón Chiari, gerente de Banco Panamá, señaló a La Estrella de Panamá que el banco que él dirige ‘es una entidad responsable, seria, regulada, y como tal se rige bajo las mejores prácticas bancarias locales e internacionales para cumplir con su rol de intermediación financiera, tal cual dicta la normativa y la ley bancaria.

‘Banco Panamá mantiene con todos sus clientes un riguroso apego a la ley bancaria y a las mejores prácticas de manejo de relaciones bancarias. Nosotros seguimos siempre todas y cada una de las normativas y políticas que son conservadoras. Yo no le puedo dar información de cuentas particulares del banco’, añadió.

EL MEF FACILITABA LAS PARTIDAS

El testigo asegura que estas compras representaban altas sumas de dinero, pero que, no obstante, el ‘Ministerio de Economía y Finanzas se encargaba de proveer las partidas del PAN para estos fines’.

‘Entre marzo y abril de 2014 -apuntó- se efectuaron entre 6 y 8 de este tipo de transacciones, cuyas cantidades variaban entre los $220 mil y $600 mil’.

Las supuestas compras de bolsas de comida se hacían principalmente a través de las empresas de ‘Marciaga —Juan Carlos—, quien vendía y entregaba las compras en algunas ocasiones, pero en otras no’, reseña el testigo.

La versión del exdirector del PAN Rafael Guardia, recluido en el centro penitenciario La Gran Joya, a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción coincide en varios puntos con el relato del testigo protegido.

Según Guardia, Marciaga tenía 16 empresas entre las que él escogía cuáles iban a participar en los diferentes actos. Marciaga reportaba directamente a Adolfo De Obarrio, su entonces jefe y secretario del exmandatario, aseguró.

LA CHEQUERA DE CD

Este diario tuvo acceso a cheques y documentos que parecen respaldar las declaraciones del testigo protegido.

El 30 de abril, el CD, entonces favorito del electorado, según las encuestas, giraba los cheques que sufragarían los gastos de la campaña electoral.

Cada uno de los beneficiados retiraba los fondos del Banco Panamá, entidad en la que el colectivo mantenía una cuenta a nombre de ‘Partido Cambio Democrático – Abogados 359’.

De esta cuenta se emitieron cientos de cheques para diputados, candidatos en general, dirigentes y cuadros políticos enlistados en distintas comisiones, que supuestamente rubricaba —al menos a los que tuvo acceso este diario— Mario Martinelli.

Cuatro cheques, fechados el 30 de abril de 2014 —cuatro días antes de las elecciones generales— tienen la firma de Mario Martinelli identificada por el testigo. Sus beneficiarios están relacionados con las actividades de la campaña. Dos de los documentos bancarios muestran como beneficiario a Rufino Bejarano, por $22,625.

El entonces candidato a diputado por el circuito 12-2, comarca Ngäbe-Bugle, aparece en el listado de ‘casos especiales de la comisión de transporte’.

Uno más está a nombre de la hoy diputada Mariela Vega, del circuito 7-2. El cheque es por $1,000 y aparece en la lista de pagos de ‘seguridad de actas’.

En otros dos cheques se lee ‘Edgardo Palacio’. Uno es por $3,500, en concepto de ‘ seguridad de actas’; el otro, de $10,585, ‘por transporte’.

Según el reporte al que tuvo acceso este diario, en la lista de transporte, una de las más abultadas, se desembolsaron fondos por $172,462.

Por otra parte, en el renglón de ‘carros casas’ se leen los nombres del diputado Noriel Salerno, quien logró su reelección por el circuito 2-4 (Aguadulce), y del exalcalde Rubén Darío Campos. Supuestamente cada uno cobró mil dólares.

El testigo protegido espera aportar estos y otros datos a la Fiscalía, cuando ésta lo requiera para judicializar la información.

Las declaraciones que brindó el testigo protegido en el caso del PAN originaron la vinculación de distintos funcionarios que hoy rinden declaración ante la Fiscalía, como Rafael Guardia y Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio.

Contra éste último, la Fiscalía Segunda emitió recientemente una orden de detención preventiva por la supuesta adjudicación irregular de los contratos del PAN. Su abogada, Edna Ramos, ha manifestado que se encuentra fuera del país y que no volverá hasta que se le garantice, según ella, las condiciones para un proceso sin tintes políticos.

Gustavo Pérez delata a Ronny Rodríguez

Gustavo Pérez, exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que el subcomisionado (retirado) de la Policía Nacional Ronny Rodríguez Mendoza era el encargado de entregar los informes de las escuchas ilegales a la Presidencia de la República.

Una fuente judicial confirmó que Pérez, quien amplió su declaración indagatoria el pasado miércoles, señaló a Rodríguez como el funcionario que conocía de los pinchazos telefónicos y llevaba los informes a sus superiores.

No obstante, Pérez rechazó cualquier tipo de participación en las escuchas y alegó que solo acudía a la Presidencia de la República para firmar documentos.

Ronny Rodríguez y William Pittí, quien también laboraba en el Consejo de Seguridad Nacional, tienen una orden arresto desde el pasado 16 de enero, cuando la Fiscalía Auxiliar empezó la investigación por los pinchazos. 

La investigación revela que unas 150 personas fueron víctimas de escuchas telefónicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Rodríguez –cuyo paradero hoy día es desconocido– ingresó al Consejo de Seguridad Nacional con el rango de teniente en 2009.

En tan solo cinco años fue ascendido a subcomisionado de la Policía Nacional. Con este rango, el gobierno de Martinelli (2009-2014) le otorgó una jubilación especial cuatro días después de las elecciones, aunque esta fue anulada poco después.

 

Detenido trámite en caso contra Martinelli en la Corte Suprema

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, confirmó ayer que la solicitud para despojar del fuero electoral al exmandatario Ricardo Martinelli aún no ha sido enviada al Tribunal Electoral (TE).

Ayú Prado explicó que el documento está en la Secretaría General de la CSJ para las “debidas notificaciones y reconsideraciones” 

El pleno de la institución admitió el pasado 29 de enero el conocimiento de un proceso contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, que guardan relación con supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En relación con los señalamientos que han efectuado grupos de abogados y activistas de la sociedad civil respecto a si el levantamiento del fuero electoral se debió concretar antes o después de la admisión de la denuncia contra Martinelli, Ayú Prado opinó que lo importante es que la CSJ no ha ignorado el tema del fuero electoral.

“Sí, la opinión pública tiene todo el derecho de opinar y cuestionar [pero] la Corte le prestará importancia a que el fuero penal electoral existe y hay que hacer el levantamiento del mismo”, indicó.

En el fallo, aprobado unánimemente por el pleno el 29 de enero pasado, el magistrado Oydén Ortega sustentó la admisión de la denuncia en lo expuesto por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli al rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, como parte del proceso que se le sigue por supuestas anomalías en el contrato de $45 millones para la compra de la comida deshidratada.

Según Tamburrelli, el exgobernante fue quien le ordenó proceder con dicho contrato. “No hubo estudios; eso vino directamente del presidente Ricardo Martinelli, con cantidades y montos”, dijo Tamburrelli, según una de las citas del fallo de la CSJ. “El Presidente me llamó telefónicamente al teléfono de la oficina del PAN y me dijo que ejecutara el proyecto, porque eso va porque va”, precisó.

El magistrado Luis Ramón Fábrega razonó su voto y argumentó que, antes de admitir la denuncia, el pleno debió suspender el proceso hasta que el TE le levantara el fuero a Martinelli.

Ayú Prado, quien también razonó su voto, consideró que no solo se debió suspender el proceso, sino que ni siquiera se debió designar al magistrado fiscal y al juez de garantías hasta que se levantara el fuero.

Los abogados del exgobernante, Rogelio Cruz y Sidney Sittón, se notificaron de la admisión de la denuncia el pasado miércoles y  el mismo día anunciaron que interpondrían un recurso de reconsideraci