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El  abogado Luis Vargas, quien gestionó a nombre del empresario Felipe Pipo Virzi un supuesto contrato de servicios profesionales con Hidalgo & Hidalgo (H&H), reveló que el exvicepresidente era quien le ordenaba hacer los cobros a H&H a través de Porfirio Ellis.

Vargas indicó que Ellis –excandidato a diputado de Cambio Democrático– le dio dos  veces documentos para gestionar cobros ante la empresa H&H, que se adjudicó el contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí, Los Santos, en 2012.

En una declaración ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción –que investiga posibles coimas recibidas de H&H–, Vargas señaló que él no podía autorizar ningún cobro a menos que Pipo Virzi le diera luz verde, aunque también se lo ordenaba a través de Ellis.

Precisó que uno de los trámites que gestionó por orden de Ellis  fue la cesión de los derechos adquiridos en el contrato a favor de la empresa Agroenergía Internacional,  pero luego la empresa H&H no aceptó.

Reveló que posteriormente participó en un cobro de $5 millones, el único que él realizó, y declaró que fue Ellis quien coordinó todo con H&H.

Incluso, dijo que fue el político veragüense quien le presentó a Marco Albán, representante de H&H, y que coordinó con Virzi para que lo contrataran como abogado en  esa transacción.

Vargas aclaró que todos los cobros fueron con base en el contrato de servicios profesionales firmado con H&H y por el cual Virzi recibiría 10% del valor de la bra, $155 millones; es decir, $15 millones.

H&H realizó pocos avances en el proyecto de riego y a pesar de ello recibió $37.1 millones de anticipo por parte del gobierno de Ricardo Martinelli.

En tanto, Marco Alfredo Albán Crespo, ejecutivo de H&H, afirmó en su declaración indagatoria que esa compañía había participado en varias licitaciones anteriormente y en  ninguna  había ganado, por lo que buscó a profesionales que lo contactaron con Ellis, quien le aseguró que podía ayudarlo con el proceso de licitación y este luego le presentó al abogado Vargas.

Reveló que recibía instrucciones tanto verbales como escritas de Ellis, que le decía a quién debía pagarle y qué montos, y además Ricardo Ricky Calvo gestionó otros cobros como parte del contrato de prestación de servicios.

Así mismo, destacó que las órdenes de pago a favor de Virzi fueron dadas por Ellis y de Vargas, por intermedio de Ricky Calvo y de Juan Moreno, de la empresa Agroenergía.

Mientras tanto,  en su declaración indagatoria ante la fiscalía,  Ellis aseguró que  nunca recibió pago alguno de H&H y alegó que el cheque de $319 mil  que supuestamente le fue entregado no fue cobrado por su persona y que incluso nunca lo ha visto; por ende, no lo depositó en ninguna de sus cuentas.

Sostuvo que, como economista y asesor, vio la posibilidad de ayudar a H&H. Por eso tocó la puerta de Virzi  para coadyuvar con la empresa, pero nunca se entrevistó, pagó o entregó dinero a un funcionario.

También refirió que en el año 2012, luego de que había ayudado a la empresa a ganarse la licitación, Virzi le comunicó que ya no estaba en el proyecto y le señaló que  su contribución había sido insignificante y no ameritaba una cuantía significativa del contrato, por lo que se sintió ofendido e indignado.

Detalló que días después lo llamaron del Banco Universal, para decirle que tenía un cheque a su favor relativo al proyecto de riego, pero contestó que no le interesaba y luego lo endosaron a la  cuenta de Summer Venture, vinculada con Calvo y Virzi.

Alegó que no tenía potestad de ordenar pago alguno, ya que no era dueño del contrato  y que no gozaba de jerarquía para dar órdenes a funcionarios.

Esta declaración de Ellis contrasta con la ampliación de indagatoria efectuada por Pipo Virzi, quien aseguró haber ingresado al proyecto de riego por invitación de él.

Precisó que el cheque se endosó a la empresa Summer Venture a través de Ricky Calvo, uno de los firmantes de esa cuenta, y que el segundo pago de $5 millones de H&H se realizó de forma electrónica, aunque el entonces presidente de la República  Ricardo Martinelli  giró instrucciones a través de Calvo y le dio una lista de personas a quienes debía repartir ese dinero.

Asimismo, señaló que Martinelli dijo que a Ellis había que darle un porcentaje del pago producto del contrato.

Ellis está detenido como parte de este caso, mientras que Virzi tiene casa por cárcel. Calvo está fuera del país y no ha sido indagado.

 

Nicolás Corcione Pérez-Balladares, según María Gabriela Reyna, le concertaba las citas de negocios. 

La ampliación de María Gabriela Reyna ante la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sobre la investigación de blanqueo de capitales relacionada a cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, deja al descubierto el mismo modus operandi en diferentes contratos que asignó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es decir, según la versión de Reyna, el empresario Nicolás Corcione Pérez-Balladares era quien le refería a los empresarios que obtenían los contratos de parte de la CSJ durante la presidencia de Moncada Luna, y luego los pagos efectuados por los beneficiados eran depositados en cuentas ligadas a Moncada, Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi, entre otros.

Días después de que Jorge Espino, de la sociedad Concepto y Espacios, delatara a Corcione Pérez-Balladares en una ampliación de su indagatoria, Reyna –detenida preventivamente por este caso– decide contar su verdad a la fiscalía.

Hay que recordar que Espino –quien mantiene detención preventiva junto a su socio Julián París– reveló al fiscal que Corcione Pérez-Balladares le pidió $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcción del Tribunal Marítimo, por $8.9 millones.

Contó que Corcione Pérez-Balladares le dio instrucciones de que tenía que pagar $400 mil a Corporación Cubemu S.A., sociedad ligada a Ricky Calvo, Moncada y Pipo Virzi. Los otros $200 mil los giró a nombre de Cobros G.C., S.A.

Añadió que fue Corcione Pérez-Balladares el que le dio el número de cuenta y el nombre del banco para hacer el depósito a Corporación Cubemu. Era Banco Universal, ligado a la familia Virzi.

En su ampliación, Reyna reveló a la fiscalía que “en octubre de 2014, el señor Nicolás Corcione me dice que me va a referir unas personas, no me dijo para qué y esa persona era Jorge Espino”.

Reyna ayudó a Espino a disfrazar el pago a Corporación Cubemu S.A. a través de unas letras antiguas que cubrirían el pago de los $400 mil y sus intereses.

Omega, el mismo modus operandi

Omega Engineering obtuvo un contrato por $16.4 millones para la construcción de la ciudad judicial en Panamá Oeste, justamente cuando Moncada presidía la CSJ.

Reyna contó al fiscal que fue Corcione el que le refirió a los empresarios ligados a Omega Engineering.

La representante de Reyna y Asociados en su primera declaración había dicho a la fiscalía que conoció a Frankie López, ligado a Omega Engineering, en un restaurante del edificio Splendor para hablar sobre una oferta inmobiliaria para ofrecerles una propiedad en Cañas.

Luego, la empresaria varió un poco su versión y dijo al fiscal: “quiero aclarar que la cita que tuve con el señor Frankie López en el Splendor a mediados de 2012 fue concertada por el señor Nicolás Corcione, pero él no asistió”.

Reyna señala que: “yo me entero de que ellos son contratistas de la Corte durante la investigación hecha por la Asamblea y luego me secuestran mis cuentas”.

“Yo contacté al señor Corcione para que me explicara qué pasaba, porque él me refirió a estas personas…”.

Corcione Pérez-Balladares le contestó a Reyna, según su versión, que no se preocupara por el asunto y que los pagos por la supuesta transacción inmobiliaria que hizo con ellos vendrían del extranjero.

Igual que Reyna, Espino contó a la fiscalía que cuando se enteró de que Corporación Cubemu S.A. estaba ligada a la investigación de Moncada Luna en la Asamblea, él llamó a Corcione Pérez-Balladares para que le explicara y este le respondió que no se preocupara, ya que no le había hecho pagos a un funcionario.

Además de López, aparece como representante legal de Omega Enginieering Óscar Rivera Rivera, ciudadano estadounidense, domiciliado en Puerto Rico. Ambos son requeridos por la fiscalía para ser indagados por este caso, pero están fuera del país.

La fiscalía adelanta un aviso a Interpol para capturar a estos dos últimos ciudadanos y hacerlos comparecer.

Según las investigaciones que realizó el entonces diputado-fiscal Pedro Miguel González por el caso de Moncada Luna en la Asamblea Nacional, de Omega Engineering salió parte de los $2 millones girados al exmagistrado que la Contraloría General de la República comprobó que fueron obtenidos de manera injustificada.

Los pagos

Reyna reveló pagos hechos a cuentas ligadas a Ricky Calvo y a Moncada.

Declaró que, luego de los pagos recibidos en la cuenta de Reyna y Asociados, “de ese dinero hice algunos abonos a una cuenta que me suministró el señor Ricardo Calvo de una sociedad llamada Sarelean y se hicieron otros pagos a terceros… yo nunca tuve conocimiento qué destino le daba el señor Calvo a los dineros que yo le depositaba, así como tampoco tenía conocimiento alguno de qué contratos manejaba la gente que el señor Corcione me trajo para comprar la finca de Cañas. Para mí, ellos solo eran una empresa, una empresa que venía de una multinacional y que venía referida de mi cliente de muchos años, Nicolás Corcione, en el cual yo confiaba”.

El modus operandi

La fiscalía interrogó a Reyna sobre este modus operandi, que se repite con Corcione Pérez-Balladares: “¿Era normal que el señor Corcione le refiriera personas para tales fines, es decir justificaciones relacionadas a pagos?”. La indagada contestó: “En dos ocasiones, anteriormente hice unas para un cuñado de él [Corcione], pero relacionados directamente a unos préstamos del cuñado del señor Corcione, a veces la gente no documenta las transacciones que hace sino hasta después que las hace”.

Reyna, además, es dignataria de la sociedad Traffic Safety, que en 2011 firmó un contrato con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para colocar cámaras de vigilancia de velocidad. Por entonces esta compañía la representaba Ricardo Chanis, presidente de Editora Panamá América, S.A., empresa de la que el expresidente Ricardo Martinelli es accionista.

Expandir ImagenDetalles de la indagatoria de María Gabriela Reyna, en la que señala su relación con Corcione Pérez-Balladares.

Indagarán a gerente

Para hoy el fiscal Murgas tiene programado indagar al gerente del Banco Universal, Alberto Ortega, a quien se le vincula a la investigación porque fue el que hizo los documentos para los depósitos en las cuentas de Cubemu, Serelean y otras relacionadas al caso.

Este medio volvió a llamar en reiteradas ocasiones a Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez-Balladares, pero no contestó.

En un comunicado emitido el viernes pasado, el Grupo Corcione dijo que el nexo que hubo entre Corcione Pérez-Balladares, Julián París y Jorge Espino “es una relación comercial proveniente de la compraventa de apartamentos”. Negó vínculos del empresario con esta investigación por supuesto blanqueo de capitales y aseguró que está en un viaje familiar programado y no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

 

La ley orgánica de la ACP [Ley No. 19 del 11 de junio de 1997] en su artículo 20 establece que “Los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda”.

Además, el directivo de la ACP estaría violando el acuerdo 11 del 6 de mayo de 1999, que le dio vida al Reglamento de Ética y Conducta de la ACP.  

En su artículo 2, esa disposición estipula: "Los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la Autoridad deben respetar la Constitución, las leyes de la República de Panamá y los principios éticos y normas de conducta contenidos en este reglamento, por encima del beneficio privado; lo mismo que evitar cualquier conducta que pueda afectar desfavorablemente a los intereses de la autoridad”.

Corcione Pérez–Balladares llegó a la directiva de la ACP en marzo de 2010, nombrado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. Fue ratificado por la Asamblea Nacional, que en ese entonces estaba presidida por el panameñista José Luis Varela.

Eloy Alfaro, exintegrante de la directiva de la ACP, opina que “es angustioso que un miembro de esta agrupación colegiada esté sujeto a este tipo de situación”.

“Si el director se enfrenta a esta situación tan delicada, no debe descartar la posibilidad de presentar su renuncia a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá”, recalcó.

“Sería una alternativa que debería considerar”, reiteró. También se le consultó sobre el particular a Roberto Roy, presidente de la directiva de la ACP, pero evitó opinar.

Manifestó que trasladaría la inquietud a los miembros de la junta directiva de la vía interoceánica, pero no precisó cuándo se reunirían.

EL CASO

Durante una ampliación de indagatoria, Jorge Espino, directivo de la firma Conceptos y Espacios, S.A., junto con Julián París, aportó a la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada copia de un cheque por $200 mil que giró a Corcione, como parte de un supuesto pago, luego de que su compañía obtuviera el primer desembolso de un contrato [por $8.9 millones] para la construcción del Tribunal Marítimo.

En esa época, el presidente de la Corte Suprema de Justicia era Alejandro Moncada Luna, hoy preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Esta investigación se inició a raíz del caso que adelantó la Asamblea Nacional para juzgar al exmagistrado de la Corte.

Culminado este proceso, el Legislativo envió el expediente al Ministerio Público para que investigara la participación de particulares en las cuentas bancarias ligadas al exmagistrado.

Espino también reveló que recibió una llamada de Corcione Pérez–Balladares, quien presuntamente le solicitó un “pago” si querían obtener el contrato.

De acuerdo con sus declaraciones, al recibir el primer pago del 20% del contrato hicieron dos depósitos: uno por $400 mil a la cuenta de Corporación Cubemu, S.A., ligada a los empresarios Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi,  y desde la cual se giró dinero al entonces magistrado Moncada Luna.

Además, $200 mil a una cuenta de una sociedad ligada al entorno de Corcione Pérez–Balladares.

La fiscalía dispuso indagar a Corcione Pérez–Balladares el próximo 29 de julio, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.

EMPRESA RESPONDE

En un comunicado, el Grupo Corcione defendió al empresario, que, según informaron, se encuentra fuera del país “en un viaje familiar programado y no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

“Está informándose de los pormenores del caso y evalúa sus opciones como corresponde con sus abogados”, agrega.

Además, expresa que el nexo que hubo entre Nicolás Corcione Pérez–Balladares, Jorge Espino y Julián París “es una relación comercial proveniente de compraventa de apartamentos”.

También, que la operación entre la sociedad Raesro, S.A. y Jr. Bocas Investment Inc., se dio hace 10 años y fue una transacción legítima y culminada. 

Estas son las sociedades que, según las declaraciones de María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A. -otra de las implicadas en el caso- le recomendó Ricardo Ricky Calvo para que hiciera el pago a Conceptos y Espacios, S.A., dentro de una operación que adelantaba con Jr. Bocas Investment, la cual realizaba una transacción de compra y venta con Raesro, S.A., representada por Corcione Pérez–Balladares.

La empresa informó que “es completamente falso” que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse a Reyna que tenía “todo arreglado”, tal como lo publicó La Prensa. Sin embargo, esa información fue obtenida de fuentes judiciales vinculadas al caso.

La compañía asegura que “en ningún momento La Prensa llamó a Nicolás Corcione ni a ningún representante del Grupo Corcione (…) a pedir nuestra versión”.

Sin embargo, este medio llamó el pasado jueves a su abogado, Roberto Moreno, quien dio detalles sobre el día de la indagatoria y de paso manifestó que los cargos que se le imputan a su cliente “son falsos”.

 

En espera de sanción por parte del Ejecutivo está el proyecto de ley 149 que modifica el Código Procesal Penal y que restablece los plazos de prescripción para los delitos contra la administración pública, luego de que este fuera aprobado ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto elimina un “camarón legislativo” introducido por diputados de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), durante la pasada Asamblea y sancionado por el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli.

En este “gol” legislativo se modificó el Código Procesal Penal para reducir el término de prescripción para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública a un plazo igual al máximo de la pena para estos delitos, cuando inicialmente la iniciativa buscaba fijar el procedimiento de extradición par ciudadanos extranjeros. La norma se convirtió en la Ley 35 de 2013.

El proyecto 149 propuesto por la diputada independiente Ana Matilde Gómez modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal de la Ley 35 para que se restablezca que la prescripción se da al vencimiento de un plazo igual al doble del máximo de la pena prevista.

Gómez recordó que uno de los resultados del Pacto de Estado por la Justicia fue la aprobación en 2008 de ajustes al Código Penal y la adopción del Código Procesal Penal en el cual se elevaron las penas y se estableció la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo y de lesa humanidad y se fijó plazos de prescripción en los delitos contra la administración pública, por lo que consideró necesarios restablecer los plazos fijados en 2008.

El diputado Leandro Ávila, quien avaló el proyecto, afirmó que quienes aprobaron este proyecto en 2013 para que el plazo de prescripción de la pena fuese igual al mismo término de la pena “se hicieron un saco a la medida".

Además de directivo de la ACP, Nicolás Corcione también fue designado como directivo de la Empresa Nacional de Autopistas. LA PRENSA/Archivo

Otro miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se unió a la lista de los que tienen cuentas pendientes con la justicia. Se trata del directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y empresario de la construcción, Nicolás Corcione Pérez-Balladares.

La Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Nahaniel Murgas, ordenó la indagatoria de Corcione Pérez-Balladares por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con la investigación que adelanta ese despacho a las cuentas vinculadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer luego de que la Asamblea Nacional lo procesara por enriquecimiento injustificado y falsedad.

María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A., actualmente detenida preventivamente mientras se investiga su participación en este proceso, en indagatoria ante la fiscalía manifestó que en octubre de 2014 [en medio del proceso que se le seguía a Moncada Luna] Nicolás Corcione le refirió a Jorge Espino, directivo junto con Julián París, de la empresa Conceptos y Espacios, S. A. Espino, contó Reyna, le llevó una copia de un cheque de Conceptos y Espacios a nombre de la sociedad Corporación Cubemu, S.A.

Resulta que Conceptos y Espacios había obtenido un contrato con el Órgano Judicial para el diseño y construcción del nuevo edificio del Tribunal Marítimo, durante el período en que Moncada Luna presidía la CSJ. En principio, el contrato adjudicado sumó $8.2 millones, pero luego, tras la aprobación de varias adendas, se elevó a más de $10 millones.

Días después de haber recibido un adelanto del dinero, la empresa giró un cheque por $400 mil a Corporación Cubemu, S.A., una de las compañías vinculadas a Moncada Luna y al comerciante Ricardo Ricky Calvo.

Durante la indagatoria, Reyna agregó que Espino, actualmente detenido junto con su socio Julián París, por este proceso, le informó que necesitaba “unas justificaciones relacionadas con ese pago, ya que habían surgido algunos problemas”.

A la vez detalló que a raíz de esta situación conversó con Calvo, otro de los que está implicado en este caso, pero que actualmente se encuentra prófugo.

Calvo, añadió Reyna, le aseguró que ese hecho no era “nada importante” y que lo que ocurría era que una de sus empresas le había prestado dinero al entonces magistrado, pero que el “tío Pipo”, Felipe Alejandro Virzi, en su momento aclararía toda esa situación.

Además detalló que Calvo le recomendó incluir el pago a Conceptos y Espacios dentro de una operación que adelantaba con la empresa JR Bocas Investment, que realizaba una transacción de compra y venta con Rasero S.A., representada por Nicolás Corcione Pérez-Balladares.

Pero, Reyna en principio rechazó la propuesta. Le dijo que “mejor buscara otra forma”. Sin embargo, narró que esa noche saliendo de su oficina y cuando se disponía a cerrar la verja, una persona la agarró, la atacó por la espalda, le dobló el brazo hacia atrás, le tapó la boca y la amenazó. Le exigió “que mejor cooperara con esta vaina”, que había mucha gente implicada en el caso de Moncada Luna. “[Dijo] que mi cabeza tenía precio” añadió.

La firma Reyna y Asociados tenía una cuenta bancaria desde donde transfirió más de medio millón de dólares a otras dos sociedades vinculadas al proceso que terminó con la destitución de Moncada Luna.

En una segunda reunión con Espino, Reyna le informó que iba a cobijar su pago dentro de una operación legítima, sin embargo, contó que ellos querían más documentación que acreditara dicha operación y por ello se canalizaron a través de la empresa JR Bocas Investment.

Mientras que Espino, por su lado, dijo a la Fiscalía que al enterarse que su sociedad (Conceptos y Espacios) se encontraba mencionada en el proceso seguido a Moncada Luna, acude a donde Corcione Pérez-Balladares y este le indicó que fuera donde Reyna que ella tenía “todo arreglado” para justificar la operación, a través de la cual se transfirieron los $400 mil a Corporación Cubemu, S.A.

Ayer, en un careo entre Reyna y Espino, los comerciantes mantuvieron sus posiciones.

Fuentes vinculadas al proceso, manifestaron a este medio que Corcione Pérez-Balladares se encuentra fuera del país desde hace varios días, y que si su abogado [hasta el momento este medio desconoce quien lo representa] no hace que comparezca ante el Ministerio Público por este caso, se solicitará ayuda a Interpol para localizarlo.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, también entregará a Interpol Panamá una solicitud para la ubicación de los empresarios Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz Quezada, dignatarios de la sociedad Constructora P&V, S.A.

De acuerdo con la fiscalía, estos comerciantes habrían sido partícipes de los ilícitos que motivaron el juzgamiento del exmagistrado Moncada Luna.

Constructora P&V, S.A., forma parte del consorcio HPC-Contratas-P&V a la que durante el gobierno de Martinelli se le adjudicó el contrato para la construcción del Centro de Convenciones Amador, a un costo de $193.7 millones.

En esta investigación por lavado de dinero se encuentran detenidos los comerciantes Jorge Espino, Julián París directivos de la sociedad Conceptos y Espacios; la abogada María Gabriela Reyna, de la Firma Reyna y Asociados; además de Óscar Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y Humberto Juárez, vinculados por la fiscalía con las cuentas manejadas por Moncada Luna.

También está detenido Felipe Rodríguez Guardia. Mientras que al exvicepresidente y comerciante Felipe “Pipo” Virzi se le aplicó una medida de casa por cárcel, en tanto que María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado, tiene impedimento de salida del país. También se solicitó a Interpol la ubicación de Ricardo Ricky Calvo, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

En este caso la fiscalía mantiene cauteladas cuentas por más de $1.4 millón, que se presume corresponden a dineros entregados a Moncada Luna por adjudicar proyectos adelantados por la Corte.