Nueva máquina para espiar llegó a Panamá

Una máquina para la recepción, conversión y regeneración de voz entró al país el pasado 12 de febrero a solicitud de una empresa panameña que prefirió no proceder con la revisión aduanera, y dejó la carga por más de un mes en una bodega en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Se trata de un aparato que, según la descripción de carga, se especializa en la

captación de voz, además de imágenes y otra información. Costó $1.8 millón y otros $10 mil por el envío a Panamá. Su compra la realizó la empresa hindú Cadryche Automation and Office Solutions, y la consigna del paquete la efectuó la sociedad china Kingtex Limited.

El equipo debía ser entregado a las oficinas de la firma Offshore Legal Support, con dirección en Plaza Aventura, en la avenida Ricardo J. Alfaro.

El representante de esta sociedad es Steffan Roy Leguísamo, quien en su sitio web se proyecta como especialista en la creación de empresas y en aprovechar las ventajas fiscales que brinda Panamá, de acuerdo con la sugerencia del nombre de la propia empresa. 

 

Una rápida búsqueda realizada por este medio, en el Registro Público, dio cuenta de que Roy Leguisamo aparece en la directiva del al menos, 200 empresas.

RESERVADO

En entrevista con este medio, Roy Leguísamo confesó que una empresa panameña, cuya identidad no quiso revelar, lo contrató para servicio de correspondencia. Es decir, cualquier mercancía para enviar o recibir tendría que realizarse a través de Offshore Legal Support para mantener oculta la identidad de la sociedad.

Según explicó una fuente cercana al trámite carguero del aparato, y que ha preferido el anonimato, la empresa de transporte contactó a Roy Leguísamo para conocer la fecha de retiro de la carga. Sin embargo, el abogado en primera instancia negó que la carga fuera suya.

Una llamada sobre el tema a la empresa china bastó para que la carga fuera aceptada. La fuente explicó que para poder retirar la carga de la bodega, la misma se debe declarar a aduana para que realice una inspección detallada.

UNA EMPRESA EN LA SOMBRA

“Ese es un cliente. No es que sea mío el aparato”, contestó un nervioso Roy Leguisamo al ser cuestionado sobre los propósitos de este artefacto de escuchas.

“Yo les dije [a los dueños] que ese era un aparato de temas sensitivos. Ellos me contrataron para servicio de correspondencia, y cuando la tipa me contrata, pensé que era por papeles, y cuando veo era un aparato de 85 kilos de algo muy raro”, añadió.

Roy Leguísamo explicó que se comunicó con la empresa que lo contrató para desligarse de cualquier responsabilidad, ya que no quería tener nada que ver “con interceptación de voces ni nada por el estilo”.

Aunque decidió no revelar el nombre de la empresa que recibiría el aparato, sí dio algunos detalles de la misma. “Es una empresa que hicieron unos cuantos abogados. Me extraña porque cuando una empresa contrata a unos abogados, los abogados le hacen ese servicio. No me contrataron como abogado, pero sí en correspondencia. Es una empresa panameña, pero los dueños no son panameños”, afirmó.

El día siguiente después de la conversación, la empresa china que envió el aparato a Panamá ordenó que la carga fuera devuelta.

EL ESCÁNDALO DE ESPIONAJE

El aparato, diseñado para captar conversaciones, tiene similitudes técnicas con el que adquirió el expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) por $13.4 millones a una empresa israelí en 2010.

El artefacto permitía intervenir llamadas telefónicas, infiltrar computadoras y captar conversaciones en privado. En 2014, el gobierno de Cambio Democrático adquirió otro equipo más sofisticado que les permitía apoderarse de los teléfonos móviles para rastrearlos y controlarlos desde un punto remoto.

Con ese artefacto, ubicado en el Cerro Ancón según revelaron fuentes vinculadas a su operación, Martinelli intervino al menos 150 personas, entre los que resaltan políticos de gobierno y de oposición, empresarios, periodistas y hasta ciudadanos estadounidenses. El propio presidente, Juan Carlos Varela, fue víctima de esta operación clandestina.

Todos los lunes, de acuerdo a los testimonios, Martinelli recibía un informe semanal de los más importante.

Por este caso, los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz son investigados por el presunto delito contra la violación del secreto y el derecho a la intimidad.  

 

Mientras que Garuz también enfrenta otra investigación por el supuesto delito de peculado, ya que no solo se utilizaron fondos públicos para pagar la operación detectivesca, sino que se calcula un sobrecosto de $11.5 millones en la compra del primer aparato.

 

Recurso ante la Corte trata de impedir que se juzgue a Martinelli

La defensa legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, intenta obstaculizar, con recursos legales, el proceso que pretende adelantar Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su participación en la compra de comida deshidratada por $45 millones a través de un contrato del Programa de Ayuda de Nacional (PAN).

Los abogados de Martinelli —encabezados por Rogelio Cruz— acudieron al palacio Gil Ponce, sede de la Corte a entregar al magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, un memorial en el cual enumeran y detallan supuestas violaciones al debido proceso y defensa en el expediente.

Cruz, además, solicitó una audiencia oral para sustentar los argumentos que presentaron en la Corte, por las supuestas violaciones al debido proceso contra Martinelli, quien está fuera del país desde el pasado 28 de enero.

PROTECCIÓN ELECTORAL

Cruz explicó que en el proceso de levantamiento del fuero penal electoral, el pleno de la Corte Suprema ha violentado las garantías del exmandatario.

La solicitud de levantamiento de fuero penal electoral, la hizo la Corte el pasado lunes. Para tal fin presentó las copias autenticadas del expediente, el cual consta de 11,832 fojas, repartidas en 23 tomos. Se requiere levantar el fuero para iniciar una investigación contra Martinelli, por el supuesto delito contra la administración pública.

Ese es uno de los pasos, que según Cruz, está violando el debido proceso, pues los fallos del 28 de enero y del 2 marzo no son firmes: el primero admite la causa penal y el segundo rechaza un recurso de reconsideración.

Será a partir del martes, sostiene Cruz, cuando se tendrá notificada y ejecutoriada la resolución y será entonces que se podría solicitar, legalmente, el levantamiento del fuero penal electoral.

NOTIFICACIÓN

Más temprano, el TE intentó, por segundo día consecutivo notificar al expresidente Martinelli, de la solicitud de levantamiento de fuero penal a Martinelli.

Para hacerlo, funcionarios del TE acudieron a la sede del partido Cambio Democrático (CD).

Martinelli, quien es diputado del Parlacen, tiene la protección del fuero electoral por ser el presidente del CD.

La notificación en la sede de CD, fue recibida por el abogado del colectivo Hugo Polo, quien solicitó que se respeten las garantías al exmandatario.

Panama refuerza su lucha contra los delitos financieros

Panamá intenta blindar su sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.

En el día de hoy, será presentado a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley que refuerza los controles y supervisiones en la banca, la actividad bursátil y otros sectores económicos, con el fin de evitar los delitos financieros. La iniciativa será respaldada con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia en el foro legislativo.

El proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo el martes de la semana pasada, ampliará a 44 el número de sujetos regulados contra estos flagelos financieros.

Actualmente, son supervisados el sector bancario, seguros y valores, pero, de ser aprobado este proyecto de ley, serán también incluidas las actividades de las zonas francas, las promotoras y corredoras de bienes raíces, los juegos de azar, las casas de cambio, casas de empeño y de remesas, financieras, proveedores de tarjetas de crédito, las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, las empresas dedicadas a la compra de automóviles y al ramo de la construcción, correos y telégrafos, explicó Julio Aguirre, presidente de CSMB Panamá.

Las asociaciones de ahorro y préstamo, servicios de encomiendas internacionales y la Lotería también deberán establecer controles contra las actividades delictivas de este tipo, explicó Isabel M. Fernández, directora de Políticas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Adicionalmente, serán supervisadas las actividades realizadas por profesionales cuando actúan en nombre de un tercero, como es el caso de los contadores y los abogados. Las empresas que desempeñan estas actividades serán consideradas ‘sujetos obligados’ y deberán profundizar en el conocimiento de sus clientes, detalló Fernández.

La norma ‘tiene como objetivo proteger a la economía panameña’, dijo De la Guardia en una conferencia de prensa un día después de que el Consejo de Gabinete del Juan Carlos Varela aprobara el proyecto.

‘La ley está creada para fortalecer el sistema, no para restarle competitividad al país, ni para entorpecer negocios, ni para perjudicar a ningún sector. Queremos trabajar con transparencia’, agregó la jefa de las políticas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La iniciativa es, además, necesaria para que Panamá sea sacada de la lista de jurisdicciones de alto riesgo y de países no cooperantes contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva, en la que fue incluida en junio del año pasado, por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El titular de la cartera de Economía y Finanzas dijo que la nueva norma antiblanqueo contempla el 60% de una serie de medidas que debe poner en vigor el país a más tardar a mitad de este año, con el objetivo de buscar su exclusión de la lista del GAFI.

Pero no todos están convencidos de que este proyecto tendrá el éxito que se espera.

A juicio del economista y analista financiero Ernesto Bazán, ‘la creación de una ley contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo no garantiza la salida de Panamá de la lista del GAFI porque no se han fortalecido las instituciones. Además, la ley requiere ser reglamentada’.

La inclusión del país en esta lista es la principal amenaza a la economía panameña, han señalado las propias autoridades.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) ‘es imperativo alinear el marco de integridad financiera con la norma internacional, considerando los riesgos que representa para la economía panameña’.

El sector financiero, del que forma parte el importantecentro bancario panameño, con 90 entidades y activos valorados en $108 mil millones, ha sido regulado por mucho tiempo; sin embargo, es uno de los más vulnerables.

‘El centro bancario ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas.

Los servicios del sector bancario se han visto afectado como consecuencia de la inclusión del país en la lista discriminatoria del GAFI.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alertó a su sistema bancario sobre el alto riesgo que representa hacer transacciones con entidades financieras panameñas debido a los pobres controles contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo denunciados por el GAFI.

El sistema bancario de los Estados Unidos ha bloqueado transacciones a tres industrias panameñas, tras ser identificadas como casos sospechosos.

‘Las empresas están imposibilitadas de hacer y recibir pagos en bancos estadounidenses’, afirmó el ministro del MEF.

La inclusión de Panamá en la lista del GAFI está afectando los empleos que genera el servicio de comercio exterior, señaló Gustavo Villa, secretario de la Superintendecia de Bancos de Panamá (SBP).

Frente a este panorama, el Gobierno panameño trabaja contrarreloj para salir de la lista del GAFI y proteger a importantes sectores de la economía, cumpliendo al mismo tiempo con los estándares internacionales de transparencia.

Las proyecciones del Gobierno indican que para junio de este año, cuando se celebre la segunda plenaria anual del GAFI, el país debe estar cumpliendo ya con el plan de acción recomendado por el grupo internacional. Para octubre, cuando se realizará la tercera y última reunión anual del GAFI, el país debería estar siendo excluido de la lista.

‘Es de crucial importancia el apoyo político para que la Asamblea Nacional apruebe lo antes posible esta ley, que facilita el cumplimiento de la norma internacional’ en materia de transaferencia financiera, advirtió el FMI

Porcell revisa denuncias contra fiscal electoral

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, desistió de la solicitud de audiencia que había presentado ante el pleno de la Corte Suprema  de Justicia (CSJ), para pedir la acumulación de las dos denuncias presentadas contra el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza. 

Porcell requirió la audiencia en una nota enviada el 10 de febrero pasado y 10 días después el magistrado Harry Díaz fue asignado como juez de garantías. El desistimiento tiene fecha del 6 de este mes y fue entregado en la Secretaría General de la CSJ. 

Mediante resolución del 9 de marzo se archivó la solicitud.  

Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron de que la procuradora Porcell está revisando el expediente para ver lo que procede y dar un dictamen sobre las denuncias, que fueron presentadas por Carlos Rubio, del Partido Popular, y por el Colegio Nacional de Abogados (CNA). 

A su vez, fuentes del Órgano Judicial explicaron que el Código Procesal Penal dice que es el MP el que debe acumular las denuncias. 

Luego, según las fuentes, Porcell puede pedir una audiencia ante la Sala Penal para someter las pruebas a control de legalidad. 

Peñaloza es funcionario con mando y jurisdicción nacional, por lo que es investigado y juzgado bajo las reglas del sistema penal acusatorio.  

Rubio y el CNA acusan a Peñaloza de omisión al no investigar los delitos en la pasada campaña electoral, cuando se usaron recursos del Estado para favorecer a los candidatos del gobierno anterior.  

Peñaloza regresó ayer en la mañana a su puesto.  

Explicó que decidió suspender sus vacaciones –de cuatro meses– luego de lo acontecido el pasado lunes, cuando –entre forcejeos– Ceila Peñalba, fiscal suplente, asumiera el control de las oficinas de la Fiscalía Electoral. 

"No era la forma adecuada para que se posesionara del cargo", dijo Peñaloza. "Se tomó por la fuerza… esto no puede ser", añadió. 

Peñaloza, según una resolución de la Fiscalía, se acogió a vacaciones desde 16 de enero hasta el próximo 15 de mayo. En aquel momento anunció que tomaba vacaciones para asumir su defensa ante las dos denuncias que existen en su contra ante el Ministerio Público. 

Sin embargo, en la mañana de hoy –en entrevista aTelemetro– Peñaloza dijo que se había separado de la institución para resolver "asuntos personales". El pasado viernes 13 de marzo, en declaraciones a La Prensa, indicó que todo este tiempo había permanecido en Panamá Oeste.

SU RETORNO A LA ENTIDAD

A su llegada a la sede de la fiscalía, a eso de las 8:00 a.m., Peñaloza dijo que evaluará las acciones legales que interpondrá para que se determine si hubo o no un delito, luego de que Peñalba fuese juramentada ayer en su oficina.  

Estuvo acompañado de José Félix González, a quien había dejado encargado en sus vacaciones y que ayer mismo debió abandonar la sede de la fiscalía. Peñaloza describió lo sucedido como un “asalto a la Fiscalía Electoral” y “un atentado a la institucionalidad”. Sin embargo, dijo que estaba dispuesto a conversar hoy mismo con Peñalba. "Yo no tengo nada que esconder", comentó.

LA FISCAL SUPLENTE

Tal y como había previsto, Peñalba llegó a las 10:00 a.m. de hoy para conversar con el fiscal electoral, pues ya no puede ejercer el control de la institución pese a que ayer tomara el cargo durante un accidentado acto. 

"No se trata de quién gana y quién pierde aquí, solo cumplo con lo que dice la Constitución", explicó Peñalba, casi en tono molesto, por las amenazas que diera ayer José Félix González.  

González, en entrevista al noticiero nocturno de Telemetro, denunció que le habían sacado del despacho de la fiscalía y obligado a firmar un documento en el cual le traspasaba el mando a Peñalba. 

Incluso amenazó con demandar a la notaria Norma Marlenis Velasco por supuestamente haber presentado una declaración notarial para que se retirara y entregara las oficinas.  

"Eso es totalmente falso", respondió Peñalba.  Contó que ya desde el domingo había acordado previamente una transición sin complicaciones, y que él se regresaría a su puesto como fiscal electoral en la provincia de Chiriquí. 

Incluso, reveló que fue el propio González quien propuso que se estableciera en un documento que ella quedaría a cargo, puesto que "me dijo que la Fiscalía estaba prácticamente paralizada" porque la Contraloría General de la República no le reconocía la firma. 

Por ello, dijo Peñalba, se redactó la declaración notarial "en una firma de abogados" en "concordancia con él". Sin embargo, el acuerdo se complicó luego de que el lunes 16 de marzo, a eso de las 11:50 a.m. llegara Peñalba junto a directivos del Colegio Nacional de Abogados, entre ellos su presidente José Alberto Álvarez.  

El ambiente se puso tenso cuando González, luego de saludar y permitir la entrada exclusiva a Peñalba a la institución, le cerrara abruptamente el paso a Álvarez. Hubo empujones, gritos y amenazas. 

Tras la mediación de algunos miembros del CNA, los asistentes y el fiscal encargado acordaron subir el despacho.  

Como el acuerdo previo, que incluía la firma del declaración notarial, se había caído, la fiscal suplente y los miembros del CNA acordaron llamar a la notaria Norma Marlenis Velasco para que diera fe del ingreso de Peñalba.   

En tanto, al mediodía acabó la reunión entre Peñaloza y Peñalba. Esta última dijo que se acordó pedir que se haga una auditoría a la Fiscalía General Electoral. "Ya salgo de escena", anunció Peñalba, toda vez que el principal en el cargo suspendiera sus vacaciones.

Contraloría inicia auditorías en la Universidad

La Contraloría General de la República comenzó ayer un proceso de auditoría en la Universidad de Panamá (UP), justo cuando se dio inicio al primer semestre de clases y en medio de una protesta por la suspensión por cinco años del profesor Miguel Antonio Bernal.

La investigación surge después de una denuncia presentada por el propio Bernal y ante la exigencia de la ciudadanía de conocer a profundidad el manejo administrativo y financiero de la casa estudios superiores.

La auditoría pretende confirmar o descartar supuestas anomalías en el envío de dinero a la Fundación Universidad de Panamá, la venta de inmuebles, arrendamientos, manejo de planillas especiales, entre otros aspectos administrativos.

Gustavo García de Paredes, rector de la UP desde 2003, manifestó que es la décima auditoría que se realiza durante todos sus períodos.

UP espera notificar hoy a Bernal sobre su suspensión

Un grupo considerable de personas acompañó ayer a Miguel Antonio Bernal a dictar su primer día de clases este año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (UP), y de manera unánime exigir al Consejo Académico de esa casa de estudios revaluar la medida de suspensión de cinco años aplicada en su contra.

Entre aplausos y gritos de consignas, representantes de organizaciones civiles como el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Federación de Asociaciones Profesionales y el Movimiento Renovación Universitaria acudieron a respaldar al catedrático desde las 6:00 a.m.

Entre los asistentes se encontraban el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado y el presidente del CNA, José Alberto Toto Álvarez, quienes calificaron la decisión del Consejo Académico como “intransigente” y violatoria de derechos.

El propio decano de la Facultad de Derecho, Gilberto Boutin, reconoció que “Bernal es un extraordinario catedrático de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional”, y que aunque su personalidad es un poco anárquica y controvertida, “sería una pérdida muy lamentable que fuese expulsado”.

Bernal agradeció a los presentes e indicó que presentará los recursos que la ley le permite para evitar ser suspendido.

El rector, Gustavo García de Paredes, reiteró ayer que la suspensión de Bernal se debió a expresiones irrespetuosas de este en 2004.

Mientras tanto, el secretario de la UP, Miguel Ángel Candanedo, detalló que para hoy se tiene previsto notificar de la medida al catedrático a través de su abogada, Rita Jaén, quien quiso cumplir con dicho trámite ayer, pero no se pudo porque pidió una copia autenticada de la resolución suscrita por el Consejo Académico.

AUDITORÍA

En tanto, funcionarios de de la Contraloría se presentaron ayer en la universidad, para investigar una denuncia sobre supuestos malos manejos administrativos interpuesta por Bernal.

El contralor Federico Humbert informó la semana pasada de que recibió la denuncia, que consta de 13 páginas e incluye señalamientos de supuestos malos manejos de recursos públicos.

En ese sentido, García de Paredes aseguró no tener ningún temor por las investigaciones que se realizarán, ya que, a su juicio, sostener la universidad durante los últimos años “ha sido un milagro”, ya que casi no tiene recursos.

 

Varela no ha designado a magistrados cuyos periodos vencieron

Los adversarios políticos del Gobierno de Juan Carlos Varela lo han caracterizado como el del "tortuguismo", pero el déficit para designar a funcionarios cuyos periodos vencieron desde hace semanas o meses da mucho que pensar sobre esto.

La Estrella de Panamá pudo confirmar que en dos tribunales especializados dos magistrados están listos para decir adiós, pero no pueden retirarse porque desconocen a sus respectivos reemplazos.

En el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) el magistrado Reinaldo Achurra Sánchez debió ser reemplazado desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, ya han pasado más de tres meses y no se vislumbra, desde el Palacio de las Garzas, una decisión para acabar con esta circunstancia irregular.

Se conoció que Achurra Sánchez se llevó todas sus pertenencias personales y solo mantiene un bolígrafo sobre su escritorio. Pese a que este magistrado cobra su quincena de manera periódica, solo ejecuta un mínimo de acciones, lo que retrasa los procesos.

La Ley 8 de 2010, que creó al TAT, establece que dos magistrados deben ser abogados y uno contador público autorizado, que es el caso de Achurra Sánchez. El resto del despacho lo conforman las magistradas Ana Mae Jiménez Guerra e Isis Ortiz Miranda, quienes son abogadas y no conocen nada sobre números.

La falta de designaciones por parte del Gobierno de Varela también llega al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), pues Anabelle Padilla Lozano fue nombrada magistrada durante el gobierno de Ricardo Martinelli y se le venció su término el pasado 4 de febrero. En este caso la funcionaria no ha procedido a retirar del despacho sus objetos particulares.

Desde el 20 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Órgano Ejecutivo el listado con los nombres de los 12 abogados que resultaron elegibles para reemplazar a Padilla Lozano, pero hasta ahora el presidente Varela no ha procedido con la designación.

Padilla Lozano fue también nombrada por Martinelli en el año 2012 para ocupar una de las tres magistraturas de la Sala Quinta de Garantías de la CSJ. Pero ese tribunal fue defenestrado ante la presión de la opinión pública y los disturbios callejeros. 

Tanto el TAT como el TACP son tribunales especiales adscritos a la Presidencia de la República. El primero conoce los recursos de apelación en contra de las decisiones que emanan de la Dirección General de Ingresos (DGI) del MEF. El segundo se dedica a atender las reclamaciones de todos aquellos involucrados en contrataciones públicas.

$2.2 millones sin justificar

En $2.2 millones se calcula el alcance de la auditoría realizada por la Dirección de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría a las propiedades del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, informó una fuente ligada a las investigaciones que se siguen al exfuncionario.

Entre las propiedades que Ferrufino no reconoció como suya figura una casa de campo ubicada en el Valle.  

 

“Tampoco tengo casa en el Valle de Antón. Hay una casa que es una cabaña propiedad de una hermana mía, que con su propio pecunio ella la logró hacer… ¿sabe cuantas veces he ido allí?: dos veces”, declaró en Telemetro el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La casa está ubicada en las faldas de cerro Gaital, a pocos metros del zoológico El Níspero, y desde donde se puede apreciar a los dos océanos que rodean a Panamá. “Esa es la casa de Ferrufino, allí siempre vienen él y sus hijos”, dicen los lugareños cuando se les consulta por la propiedad.

La vida legal de esta casa en el Valle está resumida en esta historia: la finca, registrada bajo el número 15629 era propiedad de Dalila Bellido de Ponce y de Gladys Marina Bellido de Ponce. Fue adquirida por la Fundación Hermanos HEFE, [por $29 mil 616], el 21 de octubre de 2011, según consta en el Registro Público.

La Fundación Hermanos HEFE se creó cinco meses antes de la compra de la finca [20 de mayo de 2011]; su presidenta es Martha Herrera, hermana de Miguel Herrera, cuñado de Ferrufino: está casado con Sonima Ferrufino Benítez, hermana del exministro.

Cuando se realizó la compra, Miguel Herrera figuraba en la planilla del Mides como “Coordinador de Planes y Programas del Despacho Superior”.

Sin embargo, cheques obtenidos por este diario, [ver facsímil] dan cuenta de que la propiedad no costó $29 mil 616, sino $198 mil 400 dólares. La operación fue la misma que el exfuncionario aplicó para pagar una finca en La Chorrera.

Se giraron dos cheques a nombre de Dalila Bellido: el primero se emitió el 19 de enero de 2012 por $150 mil, y salió de la chequera del empresario Fotis Lymberópulos, amigo del expresentador del programa Qué tal si te digo.

El segundo pago, por $48 mil 400, se realizó el 3 de marzo de 2012 y salió de la cuenta de la empresa Helix Craft, cuyo presidente es Lymberópulos.

FINCA EN LA CHORRERA

Empresas de Lymberópulos aparecen en la transacción de la compra de la finca 262419, [24 hectáreas] ubicada en el sector de Santa Cruz, corregimiento de Herrera en La Chorrera, propiedad que está registrada a nombre de Milena Vallarino, esposa de Ferrufino.

Carlos Crespo Marín, expropietario de la finca, recibió tres pagos por las tierras: un cheque por $32 mil, otro por $250 mil y un tercero por $150 mil. Estos últimos dos pagos fueron emitidos por la empresa Heliflight Panama, S.A., propiedad de Fotis Lymberópulos.

Heliflight Panama, S.A. obtuvo contratos del Mides, gestionados por el Programa de Ayuda Nacional, por $3.8 millones. En entrevista con La Prensa, Crespo Marín aseguró que los cheques se los entregó Ferrufino.

Recientemente, la fiscal segunda Anticorrupción Vielka Broce, ordenó la detención preventiva del exministro, luego de que este rindiera indagatoria por los contratos irregulares otorgados a Heliflight Panama, S.A. para el alquiler de helicópteros a través del PAN.

Otra de las propiedades de Ferrufino que están en la mira de las autoridades es una camioneta Toyota Land Cruiser del año 2013.

Aficionado a los carros de lujo y de carrera, el exministro importó el mencionado vehículo a través de la empresa Larosch Panamá en septiembre de 2012. Le costó $110 mil.

“No utilicé la exoneración… tenía los autos del Estado, teléfono y gasolina. Hice una inversión de una camioneta. Eso sí tengo que aceptarlo y lo digo públicamente… y pido disculpas: hicimos una declaración jurada haciendo una excepción, ese vehículo [la Toyota Land Cruiser] lo puse a nombre de la madre de mi esposa”, contestó Ferrufino en noviembre de 2014 cuando en una entrevista en Telemetro se le consultó sobre sus propiedades.

Pero lo que no contó el hombre que un día soñó con ser Presidente de la República fue que parte del costo del carro se pagó con un cheque de $60 mil firmado por Rodrigo Rodríguez, representante legal de la empresa Food Gel, S.A.

Esta empresa, de acuerdo con documentos oficiales, recibió contratos entre 2012 y 2013 por $2.9 millones para el suministro de bolsas con comida, abastecimiento de comedores comunitarios y casas hogares en Panamá, Colón y Darién.

La compañía en cuestión también distribuyó jamones a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Varios de los contratos fueron otorgados a través de convenios establecidos entre el dúo Mides y el PAN.

De acuerdo con información del Registro Público, la empresa [Food Gel S.A.] fue inscrita el 18 de julio de 2011. Tiene como dignatarios a Angel Brennan Rodríguez (presidente); Briceida Buitrago Castillo (Tesorera y Secretaria); y Jaime Camargo (director).

En calidad de agente residente aparece Carmela de Araúz.

Food Gel S.A., que también vendió artículos promocionales al Programa 100/70 por más de $2 millones, está ligada al empresario Carlos Caneto Araúz, actualmente con detención preventiva a raíz de una investigación que se le sigue como parte del expediente inherente a la compra de bolsas de comida, que adelanta la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

En 2013, cuando este diario le consultó sobre los contratos otorgados a esta compañía, un Ferrufino sereno y con la seguridad que otorgaba ser miembro del gabinete de Martinelli contestó: “[Al PAN] Nosotros le hacemos solicitudes simplemente de artículos, bolsas de comida para los adultos mayores, y a veces nos las aprueban”. Argumentó que los adultos mayores “no tienen a veces ni siquiera una tolda donde guarecerse, un paraguas o algo”, dijo, buscando justificar un negocio de millones de dólares con el Estado para un amigo suyo.

En el quinquenio pasado, Ferrufino y Araúz forjaron una amistad al calor de los negocios. Vacacionaron en Aruba, paseaban en yate por las costas panameñas y participaban en ruidosas y costosas fiestas.

Este medio contactó ayer al abogado de Ferrufino, Luis Carlos Cabeza. Se le pidió una reacción sobre estas nuevas revelaciones. Esta fue su respuesta: “Aunque no lo creas, aún no hemos visto el Informe”. Dijo que estudiaría [el expediente] y prometió que invitaría a este periodista a conocer los argumentos de él y otros dos abogados [Eduardo Sequeira y Francisco González] que llevan el caso. “Eso pudiese ser el martes”, afirmó.

PLANILLA Y EMPLEADOS

El pasado sábado 14 de marzo, en la nota periodística titulada El Mides pagó vida secreta de Ferrufino , este diario contó que el exministro utilizó los recursos del Mides para pagarle a trabajadores de sus fincas.

Bernardino Frías, identificado como el administrador de las tres fincas del exministro, estuvo en la planilla del Mides con un salario inicial de $800, pero en 2013 Ferrufino le aumentó el sueldo a mil dólares. También está el caso de Daniel García, quien devengó en el Mides mil 500 dólares mensuales, como jefe de Seguridad; mientras que Javier Chacón, emplanillado en el Mides como asistente (transitorio) de Ferrufino, ganaba $3 mil.

Carlos Espino Villalaz, otro asesor de Ferrufino, traspasó a Chacón el carro que supuestamente fue baleado por el entonces ministro en su fiesta de cumpleaños celebrada el 7 de marzo de 2013 en La Chorrera.

Rector de la UP afirmó que interpondrá demanda en contra de Bernal

El rector de la Universidad de Panamá indicó en TVN que se interpondrá una demanda en contra de Miguel Antonio Bernal por las acusaciones lanzadas.

 

La máxima autoridad de la Casa de Octavio Méndez Pereira explicó que para que un profesor sea nombrado en esa casa de estudios deberá cumplir con ciertos requisitos como: tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, deberá contar con cursos de docencia superior, entre otros factores además afirmo que "yo no soy el que nombra a los profesores yo recibo las recomendaciones que emiten las diferentes facultades".

 

En cuanto a las tierras que fueron vendidas a Tocumen S. A. comentó que esta empresa aun debe la mitad del dinero, por lo que el dinero ya abonado está depositado en el Banco Nacional.

 

García de Paredes explicó que "el profesor Bernal podrá seguir dando clases hasta que él agote todas las vías gubernamentales" y además manifestó que planilla por quincena de la UP es de $5.3 millones. 

Tribunal anula decisión

Un juzgado de circuito penal de Panamá será el encargado de decidir los recursos legales que se presenten en el caso de los pinchazos telefónicos ejecutados por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el gobierno de Ricardo Martinelli.

Lo anterior responde a que el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Panamá declaró la nulidad de un fallo que no admitió solicitudes de fianza a favor de los ex secretarios ejecutivos del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y el subcomisionado retirado Ronny Rodríguez, este último prófugo de la justicia.

Pérez y Garuz –presos en la cárcel la Gran Joya– y Rodríguez son tres de los cuatro acusados por delitos contra la inviolabilidad del secreto por los pinchazos.

Los tres pidieron una fianza de excarcelación que fue negada por el Juzgado Tercero Municipal el 6 de enero pasado.

La decisión fue apelada por los abogados de Pérez, Garuz y Rodríguez, y en resolución del 10 de este mes, firmada por los jueces Enrique Pérez y José Félix Sánchez, el Tribunal de Apelaciones decretó la nulidad de lo decidido por el Juzgado Tercero Municipal y envió a el expediente a un juzgado de circuito en turno, para que resuelva las solicitudes de fianza.

Pérez y Sánchez concluyeron que, debido a que los acusados eran servidores públicos al momento en que se cometió el delito, la pena a imponer es de 3 a 5 años y, por ende, el caso es de competencia de un juzgado de circuito y no municipal.

La investigación de los pinchazos telefónicos está a cargo de un despacho adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Fuentes del Ministerio Público informaron que ayer dicha fiscalía envió a la sede de Interpol-Panamá una petición para que emita una alerta roja a nivel internacional, con el fin de detener a Rodríguez.

Las fuentes precisaron que ahora Interpol-Panamá debe enviar esa petición a la sede central de Interpol en Lyon, Francia.

 

Corte se niega a investigar a 34 diputados

De indignante, fue calificada por Ernesto Cedeño la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar y no investigar a 34 diputados reelectos por el supuesto uso de $403.4 millones en concepto de partidas circuitales, durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Cedeño demandó a los diputados por supuesto delito ‘contra la administración pública’ y adelantó la posibilidad de peculado.

El fallo de no proceder contra los diputados fue unánime por parte de los magistrados, aunque incluyó los votos razonados de los magistrados Oydén Ortega y Harley James Mitchell Dale. Jerónimo Mejía no asistió a la sesión del pleno extraordinario, pero asistió su suplente.

El argumento de los magistrados se fundamenta en la falta de pruebas sumarias como lo exige la Ley 55 que reformó el Código Penal y fue presentada por el diputado Hernán Delgado del CD en el 2012.

‘No existen testimonios directos, informes, documentos o pericias, como un alcance contable particular, informe de auditoría interna, o resultado al menos preliminar de auditoría de la Contraloría General de la República que indique no solo la recepción del dinero, sino la forma y manera en que fueron dispuestos estos fondos.

No hubo prueba idónea de la existencia del delito para entonces entrar a investigar la posible vinculación –individualizada– de los 34 diputados denunciados de manera colectiva’, informó la Corte en una nota de prensa.

El rechazo de la denuncia, se insiste en el comunicado de prensa, se da por no existir prueba idónea que la respalde y no implica tránsito a cosa juzgada, pues solo se ha decidido no iniciar la fase de investigación, evitándose así permitir la violación de garantías fundamentales o patrocinar la impunidad en perjuicio de la sociedad.

REACCIÓN LEGISLATIVA

Los diputados reelectos tomaron distancia de la decisión de la Corte y se limitaron a decir que es una decisión de otro Órgano del Estado.

‘Hay separación de poderes; no puedo opinar sobre las decisiones que tome la Corte, como ellos tampoco lo hicieron cuando juzgamos a un magistrado de la Corte’, aseguró el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós.

El diputado además planteó que cada uno de los Órganos debe jugar su rol. Por supuesto, hay armónica colaboración; sin embargo, eso no tiene que obligar a que haya injerencia de un Órgano en otro y eso debe mantenerse así.

Por su parte, los diputados de Cambio Democrático que fueron sancionados por el Tribunal Electoral por el uso de recursos del Estado, anulando las elecciones, se mantuvieron silencio. Uno de ellos fue Carlos Afú, quien aseguró que no daría declaraciones a los medios de comunicación.

Quienes si se atrevieron a hablar fueron breves. Javier Carrillo, del CD, dijo que el fallo debe emitirse basado en el derecho y esperemos que salgan las explicaciones técnicas y legales de cuáles fueron.

Héctor Aparicio, también del CD, se limitó a manifestar que esa es una decisión exclusiva de la Corte.

INSISTIRÁ

El demandante no se dará por vencido. Una vez reciba la copia autenticada del fallo, solicitará al contralor, Federico Humbert, que haga una auditoría en base a la decisión de la Corte.

Cedeño no descarta que esta decisión de los magistrados sea una respuesta a la advertencia que lanzaron algunos diputados de la Asamblea Nacional cuando culminó el juicio contra el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, con el que enviaron un mensaje indicando que se debería investigar las denuncias que han presentado al resto de los magistrados de la Corte Suprema.

En la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, reposan varias denuncias contra magistrados de la Corte por diversas causales. José Ayú Prado encabeza las denuncias. Por el momento, no hay fecha para su análisis.