15 Regulaciones Para Ley Antilavado

Habrá una reglamentación macro de la ley, una vinculada a congelamiento de activos y 13 reglamentaciones sobre los distintos sectores económicos que serán supervisados en virtud de la nueva ley, dijo la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

Se reglamentarán la aplicación de la ley para bancos, seguros y reaseguros, el mercado de valores, las zonas libres, las compañías de remesas de dinero, la Bolsa de Diamantes y los comerciantes de piedras preciosas, bienes raíces y construcción, entre otros.

Estas normas serán desarrolladas y emitidas por los supervisores de cada uno de estos sectores.

La ley está vigente desde que fue promulgada, pero las reglamentaciones establecerán cómo se aplica en cada uno de los sectores. “Las reglamentaciones se presentaron al Grupo de Acción Financiera (Gafi) y paralelamente se están haciendo presentaciones a los distintos sectores”, dijo la viceministra, para quien “es importante escuchar al sector” para no perder las proporciones ni hacer reglamentaciones que no se puedan aplicar en la práctica.

Además de la ley antilavado, se han aprobado otras seis leyes y se está reforzando la Unidad de Análisis Financiero, cuyo personal se ha triplicado en el último año. Con estas acciones el Gobierno busca reforzar el marco legal para prevenir el lavado de capitales y salir de la lista gris del Gafi, en la que está incluido el país por las debilidades detectadas por el Fondo Monetario Internacional.

A finales de junio vence el plan de acción —pactado con el Gafi hace un año— que marcaba la hoja de ruta a seguir por Panamá para reforzar su marco legal. La mayor parte de este plan ya se ha completado, y el Gobierno espera recibir el visto bueno del Gafi por los avances en la reunión plenaria que celebrará este mes en Australia. 

En la última reunión plenaria del año, que tendrá lugar en París en octubre, Panamá ya habrá culminado el plan de acción y solicitará al Gafi una visita en sitio para comprobar la aplicación del nuevo marco legal. Esa visita se debería efectuar en los meses posteriores y el Gobierno espera que en la plenaria de febrero de 2016 se concrete la salida de Panamá de la lista gris, cuatro meses después de la última fecha que se manejaba (octubre de 2015), pero antes de los dos años que se habían previsto originalmente.

 

Trasladan A Guillermo Ferrufino Al Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, fue trasladado la mañana de este jueves, 11 de junio de 2015, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), para una evaluación médica y psiquiátrica.  

Ferrufino llegó esposado y bajo estrictas medidas de seguridad al Imlcf. No dio declaraciones a los medios de comunicación. 

Fuentes de esta institución precisaron que el exfuncionario estuvo en la institución entre las 10:00 a.m. y 11:30 a.m.  

La diligencia fue solicitada por el equipo legal que defiende al extitular de Desarrollo Social entre 2009-2014, quien permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Policial.  

El pasado 4 de marzo la fiscal segunda Anticorrupción Vielka Broce ordenó la detención preventiva del ministro en la era Ricardo Martinelli por el caso del alquiler irregular de helicópteros a través del Programa de Ayuda Nacional.

En el despacho de la fiscal segunda también hay otra investigación relacionada con Ferrufino. Se trata de la compra de una finca en La Chorrera, que habría sido pagada con cheques –por un monto de $400 mil– de parte de la compañía Heliflight Panama, S.A., cuyo presidente y gerente general es Fotis Lymberópulos, amigo personal de Ferrufino.

Esta empresa fue beneficiada con contratos directos –por el orden de los $4 millones– para el traslado de personal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a áreas de difícil acceso para el pago de los programas Red de Oportunidades y '100 a los 70'.

 

Superintendencia De Valores Podrá Acceder A Información Bancaria

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tendrá acceso a información bancaria y podrá compartirla con otros reguladores cuando se requiera en medio de una investigación internacional que afecte al mercado de valores.

Una modificación a la ley de valores introducida en la Ley 23 de 2015 sobre prevención de lavado de capitales da al superintendente facultad para “requerir de cualquier persona, natural o jurídica, la remisión de información o documentación necesaria para los propósitos de supervisión efectiva, investigación o con el objeto de compartirla con autoridades o entes extranjeros supervisores del mercado de valores”.

La información bancaria será solicitada a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, entidad con la cual la SMV debe firmar un memorando de entendimiento para estos efectos. “La Superintendencia de Bancos estará facultada para solicitar a las entidades bancarias información de pasivos e identidad de los depositantes”, señala la ley.

La superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero, señaló que en virtud de la ley se podrá seguir el rastro de una transacción irregular en el marco de una investigación en la que haya indicios de irregularidades y violaciones al mercado de valores.

Los reguladores extranjeros podrán por tanto solicitar asistencia a su par panameño. No obstante, aunque reciban la información, “tienen la obligación de mantenerla confidencial. No pueden compartirla con terceras personas”, apuntó Quintero.

Con esta medida Panamá aspira a mejorar su posición ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), de la que Panamá es miembro. 

El año pasado, el organismo dejó al país sin derecho de voto precisamente por no poder colaborar con otras jurisdicciones en las investigaciones de delitos financieros internacionales.

“Estas modificaciones son las que nos van a permitir, ojalá sea así, firmar el MMOU con la Iosco".

Para asegurar la adecuada y necesaria cooperación entre reguladores en el combate al fraude internacional, Iosco elaboró en 2002 un memorando de entendimiento multilateral (MMOU), explicó el excomisionado de valores Carlos Barsallo en un artículo anterior.

Como el regulador panameño no tenía acceso a la información bancaria, no estaba en disposición de firmar el memorando, situación que la actual administración espera que cambie. “Estas modificaciones son las que nos van a permitir, ojalá sea así, firmar el MMOU con la Iosco… Eso se viene trabajando desde hace más de una década, sin embargo, no es hasta ahora que vemos la luz en el camino. Esperamos el visto bueno de la organización internacional”, señaló la superintendente.

Si se cumple el objetivo de la Superintendencia, Panamá firmaría el acuerdo y saldría de una lista que actualmente comparte con otros 18 territorios, entre los que se encuentran Zambia, Uzbekistán, Uganda, Filipinas, Argelia, Armenia, Barbados, Bolivia, Brunei, Chile, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Honduras y Kazajastán.

 

 

La Corrupción Obliga A Reformar La Ley De Contrataciones Públicas

La construcción de hospitales como el ‘Luis ‘Chicho' Fábrega' y el ‘Anita Moreno', en el interior del país, y la Ciudad Hospitalaria, en la capital, son algunos de los proyectos que han quedado inconclusos, con sobrecostos, y cuyas licitaciones públicas ganaron compañías extranjeras.

Lo anterior es uno de los cuestionamientos de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), en una carta enviada al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que resalta la cantidad de obras paralizadas, incompletas, con objeciones técnicas y las incontables licitaciones otorgadas a las empresas extranjeras mediante pliegos de cargos ‘hechos a la medida y con adendas dudosas'.

José Javier Rivera, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), aseguró que esta es una práctica injusta que se ha mantenido en las tres últimas administraciones gubernamentales, las cuales han arreglado los pliegos de muchas licitaciones a su gusto y beneficio, excluyendo y en detrimento de las empresas nacionales.

‘Aplaudo la iniciativa de la CAPAC. Es hora de poner un alto a estos actos de corrupción que solo logran reducir las oportunidades de compañías nacionales, afectando la inversión y su crecimiento', enfatizó Rivera.

Para el economista y catedrático Juan Jované, es necesario contar con políticas de Estado que protejan la industria de la construcción nacional, se realicen convenios colectivos que resguarden al recurso humano del país, requisitos de reinversión y se haga cumplir lo especificado en los pliegos de cargo.

‘El problema no es que empresas extranjeras obtengan proyectos de construcción a través de licitaciones públicas, el conflicto es que no se utilice la mano de obra panameña y el dinero obtenido del proyecto sea llevado a otros países, lo que no mueve la economía de Panamá', señaló Jované.

Por su parte, Jorge Pitalúa, arquitecto y exdirector de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas, señaló la necesidad de tener claro que las empresas locales no cuentan con tecnología ni experiencia para la ejecución de megaobras como la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Sin embargo, señala que hay otras licitaciones públicas, como la construcción de carreteras o edificaciones, donde las compañías panameñas pueden participar porque cuentan con amplia experiencia y potencial para su desarrollo.

Según Pitalúa, las empresas extranjeras pueden subcontratar a nacionales en trabajos menos complejos, pero éstas prefieren contratar a los extranjeros, lo que es incorrecto, señala.

Lo positivo de este conflicto es que las empresas nacionales, no solo en la industria de la construcción, ven la necesidad de modernizarse y prepararse para las exigencias del mercado, puntualizó el experto.

En tanto, Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, consideró que el abrir el abanico a empresas internacionales en Panamá, no es malo, ya que aprendemos y evolucionamos. Lo que no es permitido es el incumplimiento de las compañías extranjeras con las obras de nuestro país.

 

 

Hoy Se Practican Nuevas Diligencias En Proceso A Víctor Benavides

Nuevas diligencias ligadas con el proceso que se le sigue al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual, se realizarán la mañana de este miércoles, 10 de junio de 2015, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.  

El diputado Jorge Alberto Rosas, quien actúa como fiscal, entrevistará, en la sede de la Gobernación de Santiago, a cuatro personas que supuestamente habrían tenido contacto sexual con Benavides cuando eran menores de edad. Estas personas ya hoy día tienen más de los 18 años de edad, según han informado fuentes vinculadas al caso.  

Un gran número de comunicadores acudió desde temprano a esta gobernación para cubrir la visita del fiscal Rosas, quien se traslada hoy –junto a sus asesores– por segunda vez a la ciudad de Santiago.  

Ya el pasado 28 de mayo Rosas había acudido a la cárcel pública para entrevistar a Vicente Caballero, principal testigo en el caso. No se descarta la práctica de otras diligencias en el día de hoy, según estas mismas fuentes consultadas. 

Caballero cumple una sentencia de 15 años en la cárcel de Santiago por el secuestro de la madre del magistrado, hecho ocurrido el 15 de octubre de 2010.  

Fue precisamente Caballero quien envió una carta a la Asamblea Nacional, en la que acusó a Benavides de la supuesta venta de fallos y de delitos contra la libertad sexual. 

 

Defensa De Martinelli Busca Dilatar Proceso Penal En La Corte

Nuestra recomendación es que no venga, incluso si le llaman a audiencia de imputación de cargos', ha exteriorizado el abogado Rogelio Cruz, uno de los diez defensores del expresidente Ricardo Martinelli, investigado por anomalías en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y ahora por las escuchas telefónicas del Consejo de Seguridad.

La teoría de los abogados del expresidente es que si éste no comparece personalmente a algunas de las audiencias en la que por obligación legal deba estar en persona, la Corte Suprema tendrá que archivar temporalmente el expediente hasta que regrese voluntariamente o la Policía Internacional lo haga volver al país.

‘Hasta hace poco no creía que hubiera persecución (contra Martinelli), pero ahora sí', insistió Cruz. En caso de que se archivase alguna causa, los plazos que establece el Código Procesal Penal se congelarían.

Pero Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), discrepa profundamente. ‘¿Por qué si en las cárceles hay 13 mil o 14 mil personas y muchas de ellas no han sido condenadas, hay fueros con Martinelli?', pregunta el dirigente.

En los dos últimos meses, la Corte ha analizado diez expedientes contra el exmandatario y ha determinado la apertura de tres investigaciones, dos de ellas ligadas con contratos del PAN, de donde se sospecha que se mal gastaron $1,200 millones, una tercera parte del costo del ensanche del Canal de Panamá. En todas, los magistrados tienen dos meses para investigar.

‘Que la Corte abra las investigaciones es un gran paso', dice Antonio Saad, del Movimiento de Independientes (Movin), para quien es llamativo que en los casos de corrupción que se han destapado ‘todos los caminos terminan conduciendo a Martinelli'.

A su juicio, la distancia física que ha puesto el expresidente es una señal de que ‘siente que el peligro se acerca'. Martinelli vive en Miami desde marzo pasado, desde donde ha visto el encarcelamiento de tres de sus ministros, tres funcionarios de su confianza, y una decena de empresarios que hicieron negocios con su gobierno.

DEFENSA DE MARTINELLI

Con un argumento opuesto a la sociedad civil, sus abogados han advertido este martes a la Corte Suprema que la apertura de la investigación por pinchazos telefónicos constituye violación del fuero penal que le garantizó el Tribunal Electoral (TE) por el llamado a elecciones internas en Cambio Democrático.

Martinelli, en sendos mensajes por Twitter , invocó un artículo constitucional que, a su juicio, lo libra de toda investigación. Se trata del 191, que establece que un presidente sólo puede ser juzgado por extralimitarse de funciones, por obstaculizar el trabajo de la Asamblea o por delitos contra la personalidad internacional del Estado o la administración pública. ‘Eso no le aplica', respondió el abogado Ernesto Cedeño.

‘Soy un perseguido político', insistió Martinelli en otro comentario, en el que despertó cuestionamientos: ‘para ser un verdadero líder se requiere estar ahí con su gente, dando la cara y luchando', espetó un usuario de la red social.

Pero la protección penal no es una obstrucción significativa. Tal como se hizo con el expediente de anomalías en la compra de $60 millones en comida deshidratada para colegios rurales, la Corte debe pedir al TE el levantamiento del fuero.

‘La Corte debió haber pedido el retorno de Martinelli hace mucho tiempo… tiene que pagar por lo que ha hecho al país', exige Chavarría.

 

Corte Abre Proceso A Martinelli Por ‘Pinchazos’

A favor votaron Díaz, Mejía, Abel Zamorano, Harley Mitchell, Oydén Ortega –fiscal en el caso del PAN-, José Ayú Prado –actual presidente de la CSJ- y Secundino Mendieta, suplente de Hernán De León. Ayú Prado y Mendieta presentaron un voto razonado. En contra votó Luis Ramón Fábrega. Víctor Benavides -que actualmente afronta una investigación por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento injustificado y contra la integridad sexual- no acudió al pleno ni habilitó a su suplente Nelly Cedeño.

Como querellantes fueron admitidos los políticos Mitchell Doens, Bernabé Pérez, Javier Ujuleta, Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga; el diputado José Luis Varela –hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela-; el abogado Rosendo Rivera Botello –que en el pasado representó a Martinelli-; el catedrático Miguel Antonio Bernal, y el periodista Rubén Polanco, del diario La Prensa. Cada uno de ellos querelló individualmente a Martinelli. El pleno extraordinario de hoy fue convocado precisamente para decidir qué hacer con las 10 querellas.

Los magistrados desestimaron el delito de revelación de secretos empresariales, atribuido por el diputado Varela en su querella. El pleno argumentó que Varela no acompañó su denuncia con la respectiva “prueba sumaria”, como actualmente exige la Ley 55 de 2012  (“Ley Blindaje”), aprobada precisamente en el gobierno de Martinelli.

Las causas judiciales abiertas a Martinelli deben ser dirimidas en la CSJ, dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que asumió el 1 de julio de 2014, al día siguiente del término de su mandato presidencial.

El exgobernante reaccionó a través de su cuenta en la red social Twitter, como es habitual en él, desde que se marchó de Panamá, el 28 de enero pasado. Dijo considerarse a si mismo un "perseguido político".

El Ministerio Público probó que se interceptaron las comunicaciones de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli. El 17, 18 y 20 de agosto debe  llevarse la audiencia preliminar a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad de secreto y el derecho a la intimidad. También fueron llamados dos exfuncionarios – Ronny Rodríguez y William Pittí-, que  están prófugos.

La investigación inició el 29 de julio pasado por parte del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, y la concluyó el fiscal adjunto Ricardo Muñoz.

Garúz y Pérez están detenidos desde enero pasado. Actualmente se encuentran en El Renacer.

La máquina pinchadora, adquiridad por $13.4 millones a una empresa israelí con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), está actualmente desaparecida. El actual director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, presentó una denuncia al respecto.

 

Abogados Dicen Que En Panamá Hay “Justicia Selectiva”

El abogado Benito Mojica, presentó una denuncia emplazando a la Procuradora General de la Nación, por las medidas cautelares que se están otorgando, ya que a su criterio, éstas violan la ley.

En medio de una entrevista en un noticiero del país, el abogado señaló que hay “justicia selectiva”, ya que a los panameños normales que cometen delitos los conducen a centros penitenciarios como “La Joya” “La Joyita” “La Gran Joya” u otros, mientras que a los investigados por corrupción los envían a la DIJ.

Según Mojica, el fiscal de la causa es quien decide que medida cautelar se le dicta a una persona y el Ministerio de Gobierno (Mingob) ordena donde se va a cumplir con dicha medida.

El abogado Víctor Orobio, coincide con Mojica, al decir que el respondable de decidir donde un imputado va a cumplir con una medida cautelar es el Ministerio de Gobierno.

“La responsabilidad de las medidas cautelares recaen sobre el Ministerio Público (MP)” dijo Orobio, agregó que “el Ministerio de Gobierno tiene la obligación de determinar a que centro penitenciario va el detenido y explicar porque”.

Las medidas cautelares de detención preventiva y casa por cárcel, han causado cierto malestar en la población, debido a que sienten que en el país existen dos clases de justicias: la que “juzga al panameño de a pie” y la que “juzga a los ricos”.

Orobio se hizo eco de este sentir, manifestando que no entiende porqué el Mingob ha creado este ambiente de inconformidad, señaló que la situación se está saliendo de las manos de las autoridades y puede generar un clima de violencia en el país.

“Las personas que están en las celdas de la DIJ, están en un sector que se le llama “Chutra”, que es como en un cuartel especial para ellos, nisiquiera ven la luz del sol” explicó el abogado de Rafael Guardía, seguidamente expresó que los imputados “VIP” “nunca han pisado la Chutra, están en las mismas instalaciones que utilizan la Policía Nacional (PN)”.

Para Orobio la diferencia entre un caso y el otro caso existe en la mente del ministro de Gobierno, asegurando que en Panamá se ha pasado del “trato selectivo” a la “justicia selectiva”.

“Estas personas (empresarios, políticos de alto perfil) tienen influencia y ejercen presión para recibir un mejor trato” manifestó Víctor Orobio.

El abogado finalizó diciendo que para él, "el señor “Pipo” Virzi debería tener otra medida cautelar, pero que para eso se debe hacer un censo en todo el país para saber cuantas personas mayores de 70 años están presas”, “las cárceles están llenas de personas con delitos menores y con más de 70 años”, puntualizó.

 

Caso De Escuchas Telefónicas, Al Pleno

 La Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevará a cabo hoy lunes una reunión extraordinaria del Pleno, para decidir si admite o no las 10 querellas interpuestas contra el expresidente Ricardo Martinelli por las supuestas escuchas ilegales a políticos opositores, periodistas, abogados, sindicalistas y miembros de la sociedad civil en su gobierno (2009–2014).

Fuentes del Órgano Judicial informaron que en el Pleno ordinario del pasado jueves se discutió por segunda vez el proyecto de fallo en el que se decide la admisión de las querellas, las cuales fueron acumuladas en un solo expediente, cuyo magistrado ponente es Harry Díaz.

Las fuentes precisaron que la demora en la admisión de las querellas obedece a discusiones entre los magistrados relacionadas con tecnicismos legales y correcciones al documento final.

El pasado 15 de mayo, en una primera reunión extraordinaria del Pleno, los nueve magistrados de la CSJ debatieron sobre el proyecto de fallo que resolvía la admisión de las querellas, pero en esa ocasión no decidieron hasta que el Tribunal Electoral (TE) confirmara si Martinelli aún gozaba de fuero electoral. El TE ratificó el 18 de mayo que el exmandatario ya no goza de ningún fuero.

Se espera que en el Pleno de hoy se resuelva la admisión del caso de los pinchazos, según las fuentes.

Martinelli también es investigado en la Corte por supuestas anomalías en la compraventa de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional.

 

Diputado De CD, En Manos De Benavides

El futuro de Héctor Aparicio, diputado del circuito 9-2 por el partido opositor Cambio Democrático (CD), está en manos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides.

En el reparto, el 25 de mayo, a Benavides le correspondió las copias remitidas por el Tribunal Electoral en las que se le encontró culpable de usar dineros del Estado en la campaña electoral.

Le corresponderá a Benavides emitir una resolución de fallo si se admite o no la causa penal.

En tanto, otra denuncia contra un diputado de CD llegó a la Corte Suprema de Justicia. A José Ayú Prado, magistrado de la Corte, le correspondió el caso de Samuel Bermet, diputado suplente de Mario Lazaruz, por el circuito 3-1, provincia de Colón.