Erasmo Pinilla: ‘Reformas son totalmente inoportunas’

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, calificó como “totalmente inoportunas” las reformas al Código Electoral que se discuten en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Su posición es más contundente que la del lunes pasado, cuando fue invitado a la primera sesión de la instancia y mostró su aval a las modificaciones.

“Las normas que se han puesto en consideración, a mi juicio, si no fueran aprobadas en este intento de modificación al Código Electoral serían propuestas por el TE”, dijo ese día.

En la sesión de ayer, los invitados fueron representantes de la sociedad civil, que mostraron su preocupación por el momento en que se discuten estos cambios.

La jornada terminó entre gritos, luego de que el diputado perredista Pedro Miguel González no le diera la palabra a un colega de Cambio Democrático.

Caso de los neonatos se traslada a la Asamblea

El caso del envenenamiento masivo en la Sala de Neonatología de la Caja de Seguro Social se traslada a la Asamblea Nacional. La razón es la presentación de una propuesta de ley para que se establezca una ayuda socioeconómica a los sobrevivientes.

Katiuzca Ramos, abogada de los afectados, explicó que para la próxima semana, específicamente el 13 de agosto, se estará dando cortesía de sala a los padres de los bebés afectados con la heparina, para que expongan su situación.

Hasta el momento el último censo que realizó la Fiscalía Décima de Circuito, donde se investiga este caso como homicidio culposo, revela que son cinco los niños que han sobrevivido por este envenenamiento y nueve perdieron la vida.

El Ministerio Público gestionó que los niños recibieran atención médica especializada el mismo día, para que no tuvieran que viajar hasta cinco veces por semana.

Ley que reduce escoltas, a tercer debate

 La Asamblea Nacional aprobó anoche en segundo debate el proyecto de ley que disminuye la cantidad de escoltas a los expresidentes y elimina ese privilegio a sus hijos y esposas.

La iniciativa legislativa cobró vida luego de que en el ocaso del gobierno de Ricardo Martinelli se aprobara de forma rápida e inconsulta una ley que aumentaba a 30 los agentes que el Estado debía proporcionar a los exmandatarios, y le otorgaba cuatro funcionarios a sus esposas e hijos. Esta asignación le representaba un costo al Estado de $6.5 millones anuales.

El presidente del Legislativo, Adolfo Valderrama, afirmó que estaban obligados a pasar esta ley, porque no cumplía con las necesidades del pueblo. “El costo de esto debe ir para agenda social, para los cuatro millones de panameños y no a los cuatro expresidentes”, dijo.

En la sesión legislativa de anoche también se aprobó en segundo debate la ley que modifica la beca universal, y el presupuesto que tendrá la Autoridad del Canal de Panamá en 2015, que asciende a 2 mil 415 millones de dólares.

Admiten casación en proceso a Pérez B.

El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz admitió el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en el proceso que se le sigue al expresidente Ernesto Pérez Balladares y a otras 14 personas desde 2009 por blanqueo de capitales.

Mediante resolución del pasado martes, Díaz admitió la acción presentada el 19 de enero de 2012 por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en ese entonces a cargo de Marcelino Aguilar.

Aguilar recurrió en casación, luego de que el 6 de enero de 2012 el Segundo Tribunal confirmó el archivo definitivo del caso, decretado previamente por el Juzgado Noveno Penal.

La fiscalía pide que se condene a Pérez Balladares y otras 11 personas, y que se cambie el sobreseimiento de definitivo a provisional para las otras tres.

Este diario llamó a Guillermina McDonald, abogada de Pérez Balladares, pero no respondió.

La Sala Penal debe ahora fijar la fecha para la audiencia de casación.

Propuesta de aparcamientos gratuitos, a primer debate

Un anteproyecto de ley que obliga a los propietarios de centros comerciales del país a ofrecer estacionamiento gratis, por tres horas, fue acogido ayer por la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

La iniciativa la presentó el diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien sustentó que los centros comerciales deben brindar facilidades a sus clientes.

Recordó que en estos sitios también existen oficinas públicas, por lo que los contribuyentes no deben pagar por hacer sus trámites.

En tanto, el también perredista y presidente de esa comisión legislativa Quibian Panay, afirmó que es obligación de los centros comerciales ofrecer estacionamientos gratis.

La propuesta, que será discutida en los próximos días en primer debate, elimina las cláusulas que les permiten a los establecimientos evadir su responsabilidad ante cualquier robo o daño al vehículo durante el tiempo que esté en sus aparcamientos.

Cambio de discurso del TE aumenta rechazo a reforma

Como un exabrupto jurídico y un cambio que representa “una imprudencia” de parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE)calificaron diversos sectores de la sociedad y políticos, el aval que estos funcionarios le dieron al proyecto de ley que pretende modificar el Código Electoral que establece un mecanismo para favorecer a diputados del PRD y el Partido Panameñista.

En ese sentido, el abogado Ernesto Cedeñoasegura que este apoyo puede considerarse como “una imprudencia” de parte del Tribunal, porque se apresura a la discusión de las reformas.

“Siento que ellos debieron haber dicho, a mí me agrada el proyecto, pero creo que es extemporáneo porque pudiera interpretarse que es para favorecer a unos candidatos, esa debió ser la posición, respeto su criterio, pero creo que es imprudente”, indicó.

Con Cedeño coincide el abogado Raúl González, miembro del Foro Ciudadano de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, quien plantea que apoyar el cambio a las reglas, resta confianza y transparencia.

“Me parece que no es prudente que el TE en estos momentos opine a favor de esa reforma del Código Electoral. Llevar a cabo reformas paralelas, al margen de la sociedad civil, no es saludable para la democracia” expresó González.

Mientras que Elia López de Tulipano,representante del Foro de Mujeres Políticas, explicó que las reglas que existen son conocidas y así fue que los candidatos aceptaron el reto de participar.

“Estas medidas en que se impugnaba a todos los que forman parte de un circuito plurinominal, todos debieron haberla conocido”, dijo la dirigente.

Mientras que el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado advirtió los posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, porque limita el derecho de participar en una contienda a los candidatos.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño indicó que se deben de dar más argumentos de por qué no se convocarían comicios en los circuitos donde se compruebe delito electoral.

La propuesta es considerada por Cambio Democrático (CD) como un traje hecho a la medida, para favorecer a dos partidos políticos que cogobiernan y busca evitar que se celebren nuevas elecciones y anular la participación de los candidatos impugnados y se proclamen los candidatos de sus partidos de a dedo, con la anuencia del Tribunal Electoral, ignorando la voluntad popular.

“Esta propuesta no puede cambiar las reglas ya establecidas para los comicios del 4 de mayo de 2014, ya que atenta contra la institucionalidad que tanto ha proclamado el presidente de la República, Juan Carlos Varela”, indica un comunicado de CD.

El colectivo opositor señala: “La propuesta constituye un exabrupto jurídico”.

Agrega que en lugar de avalar esta antidemocrática propuesta, “los magistrados del Tribunal deben enfocarse en dar mayor celeridad y que se resuelvan, prontamente, los casos de impugnación de que han sido objeto nuestros candidatos a representantes, alcaldes y diputados del Partido Cambio Democrático”.

En contrapeso a este rechazo, diputados y el TE defienden el proyecto.

Una es la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien asegura que no se trata de un cambio de las reglas del juego, sino que el proyecto viene a decir cómo se atienden las proclamaciones. “La norma no se está cambiando. El hecho ya ocurrió, pero sus efectos están vigentes en el tiempo, el vacío se presenta y no hay respuesta jurídica y no hay respuesta legal para atenderlo. La solución se va a dar en el momento en que la ley lo permita”, explicó.

En esta misma línea, al dar su opinión favorable de esta iniciativa legislativa, el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, consideró la idea como un apoyo.

“Las normas que se han puesto en consideración y los artículos que se han leído aquí, a mi juicio, si no fueran aprobados en este intento de modificación al Código Electoral, sin lugar a dudas serían propuestas por el propio Tribunal Electoral”.

Aparte del comunicado de CD, representantes de este colectivo, el cual sería el mayor afectado con la iniciativa, no se convencen del vacío jurídico que plantean algunos diputados y el propio TE. Para Arturo Vallarino, miembro del equipo legal de ese partido, estas reformas tienen un solo sentido, que es evitar las elecciones para otorgar las 14 curules a candidatos de los partidos Panameñista y PRD, quienes previo al inicio del periodo constitucional firmaron un “pacto de gobernabilidad”.

“Aquí el Tribunal Electoral llamó a un torneo bajo determinada norma y entonces ahora, ya la norma no sirve”, expresó Vallarino y agregó: “realmente me ha sorprendido que los magistrados dijeran que esto ayuda a resolver un vacío legal. Creo que no hay ningún vacío, las reglas del juego se conocen y se han aplicado en todas las elecciones anteriores”.

Otros miembros de este colectivo político que reaccionaron son el exministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega, quien sostiene que el escenario para discutir estas reformas es una Asamblea Constituyente, tal y como se comprometió el presidente Juan Carlos Varela durante la campaña política.

A su vez, el secretario general del CD, Rómulo Roux, cuestionó la posición que ha tomado el Tribunal Electoral en medio de la solución que se busca para sendos procesos de nulidad presentados después de las elecciones generales. “Comentarios sin fundamento y parcializados del magistrado Pinilla. Parece parte de la alianza PRD-Panameñista”, comentó en su cuenta de Twitter.

Pero en medio del debate, el diputado Leandro Ávila, de la bancada del PRD, que propuso este proyecto, dijo que no existe un trasfondo y que lo único que se intenta es resolver el problema de las impugnaciones. “El Tribunal no tiene el instrumento para resolver las impugnaciones y la Asamblea a través de consulta va a intentar resolverlas”.

Denuncian a funcionarios por favorecer a empresa en licitación del Minsa

Tras un mes de la toma de posesión de Juan Carlos Varela, como presidente de la República, ya se presentó la primera denuncia por corrupción en contra de funcionarios de su gobierno.

Se trata de una acción legal interpuesta por el abogado Roberto Sanguillén, en calidad de ciudadano, ante la Procuraduría General de la Nación, en contra de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) y de particulares, representantes de la empresa contratista Auramek Engineering.

La denuncia se sustenta, según Sanguillén, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, ejecutados por los funcionarios, quienes, aprovechándose de sus cargos, suministraron información sensitiva para favorecer a la empresa en mención, con el propósito de lograr verse favorecida en la licitación de la obra de recolección de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, servicio que se da en los hospitales públicos.

Explica la denuncia que los funcionarios del Minsa estaban asignados a la Subdirección General de Salud Ambiental y aprovechaban ser los custodios de las informaciones y datos técnicos de las empresas que participaron en la licitación, para darle ventaja a la empresa señalada.

Destacó el abogado que la denuncia es por los delitos contra la administración pública en las modalidades de corrupción de servidores públicos, en la que se menciona directamente a los particulares, además de tráfico de influencia y violación de los sellos públicos.

El jurista expresó que la empresa señalada tiene antecedentes de haber incumplido contrataciones con el Minsa, por lo que administraciones anteriores les habían cesado los contratos, al demostrar infracciones a las normativas sanitarias.

Destaca la denuncia, que la acción delictiva se cometió por medio de una serie de acercamientos entre representantes de la empresa y los funcionarios.

En estos momentos, el proceso está en la fase de trámite para determinar si la competencia es de este despacho o es trasladado a una fiscalía anticorrupción para que continúen con las investigaciones.

Se trató de conocer una reacción de parte de las autoridades del Minsa, sin embargo, se informó que no habría comentarios por el momento, ya que se desconoce la denuncia.

 

Sistema Penitenciario enfrenta déficit de mil 400 custodios

Uno de los problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario es el déficit de 1,400 custodios para cubrir la demanda en los penales del país.

Así lo confirmó la subdirectora de esta dependencia del Ministerio de Gobierno, Sharon Díaz, quien explicó que ante la ausencia de personal se realiza una convocatoria para 150 custodios.

Planteó que debido a la falta de custodios se hace imposible comenzar la ocupación de la Nueva Joya, construida a un costo de $158.1 millones durante la pasada administración.

Manifestó que para la operación de este centro penitenciario se necesita personal especializado en el manejo de los internos, así como de un equipo interdisciplinario.

Díaz destacó que la cárcel también requiere de algunas evaluaciones técnicas de sus estructuras, en cuanto a sincronización de cerraduras, servicios telefónicos para los reos, entre otras.

Detalló que la ocupación de la Nueva Joya se hará en cinco etapas y reveló que la primera se iniciará con los 150 custodios que deberán estar formados para diciembre próximo.

La funcionaria afirmó que para ello empezará un proceso de reclutamiento hasta el 12 de agosto. En septiembre, dijo, los aspirantes ingresarán a un curso de cuatro meses, en el que recibirán entrenamiento físico, práctica profesional y una pasantía en los centros carcelarios.

Los interesados deberán tener entre 20 y 35 años de edad, sin antecedentes penales ni estar inscritos en partidos políticos y un nivel de educación de premedia en adelante.

Durante la duración del curso recibirán una beca de $400 mensuales y una vez contratados su salario será de $690.

En ese sentido, la subdirectora del Sistema Penitenciario anunció que los interesados pueden entregar su hoja de vida en la Gobernación de las diferentes provincias del país.

Llevarán caso de Prados del Este a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 Una demanda por denegación de justicia contra el Estado panameño se presentará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los residentes de la barriada Prados del Este, inundada en septiembre de 2004.

Por este hecho se abrió un proceso penal contra funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP) y directivos de las promotoras Pronavi y Hogar Ideal.

Candelario Santana, abogado de un grupo de residentes, explicó que transcurridos 10 años de las inundaciones aún el Juzgado Décimo Penal no ha realizado un juicio a los imputados.

Detalló que los afectados debieron buscar otras viviendas, luego de que los terrenos donde estaban sus casas se declararan como no habitables.

En febrero de 2014, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda contencioso administrativa de indemnización de $10 millones contra el BNP, por los daños y perjuicios ocasionados a los residentes de Prados del Este.

Candidatos ocultan a sus donantes

David Murcia Guzmán le aportó dinero a varios políticos de Panamá. Al menos eso dice el colombiano desde la celda, en la que está recluido por constituir pirámides financieras ilegales.

Si el extravagante negociante y dueño de un ramillete de autos y casas de lujo invirtió o no en campañas previas a las elecciones generales de 2009 será un misterio sin resolver, hasta tanto la gran mayoría de los candidatos de entonces se abstenga de revelar su lista de donantes.

La tendencia se sostiene cinco años después. Tras dos meses de haberse celebrado los comicios de 2014, de los 8 mil 850 participantes, tan solo mil 39 candidatos a diputado –entre principales y suplentes– presentaron su informe de donantes, una obligación estipulada en el Código Electoral. Es decir, el 11% de los candidatos cumplió con la norma, pese a que el Tribunal Electoral (TE) extendió del 4 de julio al 2 de agosto el período para la entrega de declaración de donantes.

El artículo 209 de la norma electoral establece que: “Los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campañas. La información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que recauden o registren los partidos políticos o candidatos será manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral (…)”.

El Código Electoral en su artículo 420 castiga el incumplimiento de la norma con multas tope de mil dólares para los partidos y hasta de 500 dólares para los candidatos.

Según el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery, la entrega de la lista de donantes por parte de los candidatos “forma parte de la cultura de rendición de cuentas que nuestras sociedades reclaman”.

En la última campaña electoral iban y venían los millones: publicidad sofocante, conciertos gratuitos y hasta casas de regalo integraron la estrategia de campaña de la mayoría de los candidatos con aspiraciones de ser electos.

“Es un monto tan irrisorio, que si lo comparamos con los posibles montos de donaciones, cualquier aportante preferirá pagar los 500 dólares antes de que revele esa información”, dice Javier Ordinola, exasesor legal del TE.

FALTA TRANSPARENCIA

“La información correspondiente a la identidad de los donantes de los partidos y candidatos es de carácter confidencial y restringido. Solamente tendrán acceso a ella, fuera de las personas que autoricen los partidos y candidatos, y bajo la reserva legal referida, los magistrados, la Dirección Ejecutiva, y los funcionarios de Auditoría, por parte del Tribunal Electoral; y la Fiscalía Electoral, las autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público cuando exista mérito legal para ello. Los partidos políticos y candidatos pueden renunciar a esta confidencialidad”, advierte el artículo 7 del Decreto 38 de 2004 del TE. La norma regula las últimas modificaciones sobre la entrega de la lista de donantes por los candidatos.

Esto, de acuerdo con Ordinola, le resta transparencia al informe, porque el electorado desconoce a quiénes pertenecen los bolsillos que aportaron recursos a las campañas políticas.

“Esta norma debería tener un poder coercitivo. En la pasada Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se establecieron normativas que complementaban esto, y que hasta se hicieran de conocimiento de terceros mediante publicación en la página web del TE. Esto no se logró”, dice Ordinola, quien espera que esta iniciativa se incluya en las próximas reformas del Código Electoral.

Según Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del TE, se debe dar a conocer a los postulantes que incumplen la norma. “La primera medida consiste en publicar la lista de quienes no hayan reportado las donaciones recibidas. Y que el TE vuelva a utilizar esta lista en los comicios siguientes”, indica.

Ignacio Arias, del Partido Popular, señala que la abstención de algunos candidatos de entregar la lista denota que no tienen manera de explicar los fondos recibidos. Y tilda de “irrisoria” la multa impuesta en la norma.

“Por eso no se le toma seriedad a la ley. Hay que subir las multas, ya que que 500 dólares es un chiste”, sostiene.

Ordinola, en tanto, precisa que el TE no tiene mecanismos para cotejar si son completas las listas que se presentan o si los candidatos omitieron revelar el nombre de algún donante.

“Quienes están detrás de estas donaciones son los que más adelante, de ganar al que le donaron, son beneficiados con licitaciones y nombramientos en puestos de alta jerarquía”, manifiesta. “En Panamá hay gente que dona aquí y allá para quedar de todas maneras en la papa, gane quien gane”, agrega.

LOS PELIGROS

En reiteradas oportunidades de su gestión, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino advirtió la infiltración del narcotráfico en la política panameña. Sin embargo, no reveló nombres.

“El peligro que eso representa es que las personas que reciben los dineros pueden obtenerlos de cualquier fuente y por eso no la publican”, asegura Márquez Amado. “Ese peligro se conjura si los ciudadanos sabemos quiénes son los que no cumplen con la norma”, añade el exmagistrado.

En tanto, Ordinola expresa que precisamente la falta de reglamentación para presentar la lista promueve que el dinero de procedencia ilegal penetre las campañas.

“Suenan nombres de candidatos que detrás de ellos había donaciones de organismos delincuenciales que buscan un beneficio en un momento determinado”, manifiesta Ordinola.

“El sistema político de Panamá puede ser invadido por dinero de procedencia ilícita. En otros países ha pasado, y por qué no aquí si no somos ningunos santos”, concluye.

´REFORMAS CON URGENCIA NOTORIA´

El incumplimiento del artículo 209 del Código Electoral por parte de los candidatos es una reflexión que pone sobre la mesa una “reforma electoral con urgencia notoria en los aspectos de transparencia”, manifiesta Fernando Díaz, miembro de la Alianza Pro Ciudad.

A su juicio, una reforma de transparencia con parámetros bien delimitados ayudará a alejar el dinero ilícito de las campañas políticas.

“Es necesario que para la salud de nuestra democracia se tenga acceso a la información de los donantes de todos los candidatos”, acota.

Dice que en 2010 los panameños perdieron la oportunidad de lograr mayor transparencia en los fondos recibidos en las campañas.

Igual opinión manifiesta Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, quien considera que la CNRE insiste en la aprobación del paquete de reformas electorales consensuado en 2010, y rechazado dos años más tarde en la Asamblea Nacional. En 2012 la bancada oficialista se integraba por el partido Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

La reforma “contemplaba los puntos que necesita el país para que haya transparencia en los fondos públicos y privados que se entregan a los candidatos cada cinco años y a los partidos políticos”, señala.

En ese sentido, Arias explica que no se pueden divorciar los temas de transparencia referentes a donantes privados en las campañas y a fondos públicos que obtienen los partidos políticos.

MÁS TRANSPARENCIA

En el 2010, la CNRE, que lidera el TE, entregó a la Asamblea una serie de modificaciones a 97 artículos, en su mayoría relacionados a la transparencia. El proyecto se llevará nuevamente al Órgano Legislativo.

Entre los puntos incluidos en el proyecto se encuentra la obligación de los candidatos y de los partidos políticos de hacer públicas las donaciones privadas, fijar un tope a los gastos de campaña, determinar su límite en el tiempo y la obligatoriedad de los debates presidenciales como un componente del proceso electoral.

Maribel Jaén, secretaria de la Comisión de Justicia y Paz, considera que las reformas se deben considerar por los diputados, pues se busca mejorar la democracia. “Hay puntos muy importantes dentro de las reformas que se deben tomar en cuenta sobre la transparencia”, dijo.