Señalan a exdirectivos de Financial Pacific por anomalías

Una empleada de la Subdirección de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) responsabilizó a los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés por supuestos malos manejos administrativos cometidos en esa empresa, que provocaron pérdidas por unos 12 millones de dólares en 2012.

La funcionaria, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, hizo la acusación al rendir declaración jurada ayer ante la Fiscalía Decimotercera de Circuito, que investiga el caso por denuncia de los propios exdirectivos.

Basada en las conclusiones de las inspecciones practicadas en la casa de valores, la funcionaria detalló que las anomalías fueron cometidas por ejecutivos con licencia expedida por la SMV, entre ellos Clare y Valdés, que niegan los señalamientos.

En las inspecciones se descubrió, entre otras anomalías, que la cuenta usada para el pago a los empleados estaba dentro de la sección de cuentas por cobrar.

Empiezan auditorías de juntas comunales

La contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, remitió una nota a la procuradora, Ana Belfon, en la que le informa que ha girado instrucciones para realizar, con prioridad notoria, auditorías sobre fondos, bienes, valores u otros fondos públicos otorgados a las juntas comunales, municipios, y alcaldías durante los períodos 2004-2009 y 2009-2014, aunque advierte que tiene limitación de auditores.

Una fuente judicial reveló que la respuesta de Torres de Bianchini, remitida a Belfon el pasado 20 de junio, se produce luego que la jefa del Ministerio Público le solicitara verificar la asignación de gastos hecha a las juntas comunales, tras publicaciones en el diario La Prensa de una serie de reportajes en los que se denuncia la transferencia de grandes sumas de dinero poco antes del torneo electoral del pasado 4 de mayo.

En su respuesta, Torres de Bianchini plantea que las auditorías se harán tomando en cuenta la limitación de auditores que tiene esa institución. Y que se realizarán atendiendo a las normas jurídicas respectivas, así como a las normas gubernamentales para la república de Panamá, a fin de determinar la corrección o incorrección que afecte al patrimonio para el período 2004 al 2014.

El pasado 16 de junio la procuradora, Ana Belfon, remitió a la Contralora la nota DPGN 203-2014, en la que le solicita empezar una auditoría a los fondos asignados a las juntas comunales, municipios y alcaldías para los períodos 2004 a 2014.

La investigación de oficio, comenzada por el Ministerio Público, se encuentra en el despacho del fiscal cuarto anticorrupción, William Parodi. Entre 2013 y 2014 se transfirieron $76 millones en concepto de partidas a 113 juntas comunales y 20 municipios para uso de los diputados, revelan documentos del Ministerio de Economía y Finanzas.