¿Cárcel para los evasores de impuestos?

Nadie puede dudar la importancia que tiene un sistema eficiente de recaudación de impuestos que necesita todo Estado para su funcionamiento y llevar a cabo las obras y los servicios que está llamado a brindar, incluyendo ser instrumento de redistribución de la riqueza que mitigue la desigualdad económica y social. Entre nosotros la autoridad facultada para exigir esa obligación, con el poder de sancionar el incumplimiento, ha recaído siempre en una dependencia del Órgano Ejecutivo, según disposiciones legales aplicables a todos los impuestos nacionales.

La ley fiscal enuncia expresamente incumplimientos que, por su gravedad, se califican y castigan como defraudación fiscal, entre ellos: reportar ingresos menores o deducir gastos falsos, ocultar registros contables, aprovechar indebidamente incentivos fiscales, no ingresar al fisco impuestos retenidos a otros contribuyentes y, en general, de cualquier modo tratar de defraudar al fisco. Salvo un par de excepciones, la mayoría de las sanciones consiste en multas aplicadas, como queda dicho, por la administración tributaria. Es curioso que la omisión en la presentación de declaración de ingresos, que es condición esencial para poder calcular el monto del impuesto debido, no es considerada omisión grave y es penada con una multa relativamente baja.

Hace poco, con toda propiedad, la procuradora general de la Nación aseguró que ‘la evasión fiscal no constituye delito’ que competa a la jurisdicción penal y por tanto su investigación no es de competencia del Ministerio Público. A pesar de eso, un experto de la ONUnos aconseja convertir la evasión fiscal en delito penal, con el evidente fin de facilitar las exigencias de organismos internacionales formales e informales —FMI, GAFI, OCDE— para solucionarles a otros países la evasión de impuestos originada en sus propios patios.

Como evidencia de que no es necesario convertir la evasión fiscal en delito penal para ayudar a otros países, el director de Ingresos ha declarado que mantenemos una serie de acuerdos bilaterales que permiten entregar información tributaria a requerimiento en el marco de investigaciones extranjeras por fraude fiscal, aunque aquí no se trate de un delito penal. Se colige entonces que podemos colaborar con otros países en casos que involucren evasión fiscal en sus jurisdicciones, siempre que esa acción se fundamente en acuerdos bilaterales pertinentes.

Si la evasión o defraudación tributaria ha de dejar de ser perseguida por la Dirección General de Ingresos para ser entregada a fiscales del Ministerio Público y de jueces ordinarios del ramo penal del Órgano Judicial, es una decisión que nos compete a los habitantes de la nación panameña. Es un asunto que no puede ser impuesto desde fuera, sin que haya un análisis a conciencia que involucre a toda la sociedad, sobre todo cuando el castigo por la evasión fiscal en esa forma no ha sido afincado en la cultura e idiosincrasia panameña.

Cierto que para algunos la evasión puede ser un juego practicado en la esperanza de que nunca se les descubra. Pero es un asunto que incumbe solo a nosotros y a las conductas que, como nación soberana, decidimos proteger o repudiar sin intervenciones foráneas. Cuando se trate de castigar con la privación de libertad, entramos en terreno que plantea los valores que debemos sopesar como sociedad y decidir por nosotros mismos. No podemos aceptar medidas aventuradas en materia tributaria adoptando un sistema que solo sirva para satisfacer exigencias que nos llegan de otras latitudes y que responden a intereses que no son los nuestros. La privación de la libertad por evasión tributaria todavía no se encuentra en el ADN nacional y, sin la debida preparación, tratar de forzarla sería un despropósito.

Mireya Lasso

 

¿Discrecionalidad o cinismo?

El Pasado miércoles los panameños nos desayunamos con la noticia de que el director del Consejo de Seguridad del Estado, Rolando López, quien recibe un ingreso mensual de 10 mil dólares, fue beneficiado con el pago de una cirugía bariátrica en el mes de marzo por un costo de 17420 dólares en el Hospital Paitilla. Adicionalmente sale a relucir que Franz Weber, secretario de la Asamblea, quien devenga un salario de 7 mil dólares mensuales, fue beneficiado con el pago de una cirugía de piedras en los riñones por un costo de 7787.28 en la Clínica San Fernando, cuando todos sabemos que esta cirugía se hacen con frecuencia en la Caja de Seguro Social. Ambos procedimientos quirúrgicos nos costaron más de 25 mil dólares.

Esa mañana esperábamos una explicación del presidente de la República y el anuncio de que ambos funcionarios devolverían el dinero; sin embargo, el mandatario de la nación, ese que en campaña nos vendió la idea de que en su Gobierno el pueblo recibiría un trato especial con su eslogan ‘El pueblo primero’, sale, lanza en ristre, a restregarnos en la cara que es su facultad como presidente de la República dar ese tipo de apoyos, ya que él ganó las elecciones el 4 de mayo del 2014. Añadió, en un tono y semblante bastante molesto, que no tiene tiempo para contestar esas críticas.

Si en ese momento el mandatario llegó a pensar que sus declaraciones bajarían la intensidad de las críticas, se equivocó, ya que las mismas duplicaron la indignación de la población al ver a un hombre, lleno de soberbia y carente de humildad, hacer gala de su cargo como presidente justificando la metida de pata que habían dado al pagarle esa cirugía a sus amigos.

EL jueves cuando la población esperaba una vez más que Juan Carlos Varela, ya con la cabeza fría, enviara un mensaje tratando de recapacitar, sale nuevamente y, con la misma expresión en su rostro, anuncia que convocará a todos los ciudadanos de este país que tengan una operación pendiente para que se hospeden en un hotel y no se retiren hasta que no se les haga la operación. Evidentemente esta fue la reacción de un hombre atrapado en la crítica ciudadana que, en vez de disculparse, prefiere tratar de desviar la atención con una medida populista que será imposible de cumplir, como muchas otras que prometió en campaña y que a tres años de Gobierno no ha podido o querido llevar adelante.

¿Quién ha dicho que cada cinco años elegimos un rey para gobernar este país? El mandatario es la persona que elige el pueblo para cumplir un mandato. Un mandatario es electo para servir y no para servirse él o sus amigos.

Ya es hora de que los políticos que aspiran a gobernar este país empiecen a respetar al pueblo, pues los recursos que manejan son el producto de nuestros impuestos y no de sus cuentas personales. Las partidas discrecionales fueron creadas en 1995, con el propósito de permitirle al presidente de turno disponer de recursos para hacerle frente a emergencias o ayudas sociales a personas u organizaciones que no cuenten con recursos propios para costear una dificultad. Con el pasar de los años esta partida discrecional se ha convertido en una chequera en blanco para los mandatarios. Ernesto Pérez Balladares usó 25 millones; Mireya Moscoso, 23 millones de dólares; Martín Torrijos, 23.5 millones de dólares; Ricardo Martinelli, rompió el records de sus antecesores, utilizando 54 millones de dólares y Juan Carlos Varela, en menos de tres años, ha utilizado más de 17 millones de dólares.

Con estas partidas se han pagado flores, licor, banquetes, joyas, calzados, trajes lujosos, relojes Cartier, regalos, fiestas de bautizo, quince años, pasajes aéreos, diferentes cirugías, incluyendo estéticas a amigos del presidente.

Llama la atención cómo se destinan 90 mil dólares de la partida discrecional al colegio Javier para su servicio social y luego el ministro Álvaro Alemán señala que ‘El presidente tiene todo el derecho de dar apoyo al servicio social javeriano. Es nuestra alma máter y vamos a apoyar’. Señor Alemán, si realmente usted y el presidente quieren apoyar a su colegio, háganlo con su dinero y no con el mío y el de todos los panameños.

Hago un llamado urgente a la clase política de este país y a la sociedad civil a eliminar lo que considero una partida impregnada de corrupción que permite que el presidente de turno maneje a su antojo los dineros del pueblo.

Álvaro Alvarado

 

Delincuencia, un asunto de todos

La inseguridad se ha convertido en el problema de mayor preocupación para los panameños. Hoy, la población no se siente segura, a pesar de todo el esfuerzo que realiza la Policía Nacional por tratar de controlar la delincuencia en el país.

Datos de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional revelan que, actualmente, en el país existen más de 200 pandillas concentradas en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí.

La pandilla literalmente es un grupo de personas que se asocian con fines delictivos. El pandillero sale de nuestros barrios, de nuestras calles, veredas y de nuestros hogares. El pandillero es ese joven descontento que busca en estos grupos el apoyo que no pudo encontrar en su familia. La falta de comprensión, de amor y de orientación espiritual en casa, la ausencia de padre, madre o de ambos son elementos fundamentales que marcan la vida de un individuo desde su infancia.

Cada cinco años vemos cómo los Gobiernos de turno implementan distintas estrategias con el propósito de frenar la delincuencia durante el período de mandato, con el afán de sacar rédito político, cuando todos los expertos en el tema sostienen que nadie en cinco años va a poder solucionar este problema. La única forma es a través de políticas de Estado a largo plazo, pero para ello se necesita el compromiso de todos los partidos políticos y de todos los sectores de la sociedad.

Nos hemos concentrado durante muchos años en la represión, cuando estudiosos de la materia sostienen que esa no es la única vía.

Hay calles y barrios en este país dominados por la pandilla, donde el adversario no puede transitar, ya que pone en peligro su vida. El rencor, el odio y la venganza controlan el día a día de muchos de estos jóvenes que sueñan con quitarle la vida al que asesinó a su familiar o amigo. Mientras esto no se resuelva por la vía del perdón y la reconciliación, esta guerra continuará en el barrio o en la cárcel, con el peligro de que mueran personas inocentes. Decía Juan Pablo II: ‘La espiral de violencia, solo la frena el milagro del perdón’.

Hay que pensar que la delincuencia es como una tubería donde hay dos extremos, uno de entrada y otro de salida y siempre me pregunto ¿qué estamos haciendo para tapar el agujero de entrada a esa tubería de la delincuencia, cuando cada vez vemos más niños de 8 a 10 años cometiendo delitos y otros miles desertando del sistema educativo?

La principal víctima del mundo moderno en que vivimos ha sido la Familia. Estamos viviendo una era donde la tecnología nos facilitan todo; sin embargo, hemos sacrificado muchas cosas que marcaron positivamente la vida de muchos de nosotros que hoy tenemos más de 50 años. Hay que retomar conductas del pasado que jugaron un rol muy importante en cada uno de nosotros. ¿Quién no recuerda la mirada de papá o mamá cuando irrumpíamos en una conversación de adultos con un comentario inapropiado? La hora de regreso a casa era las 9 de la noche, cuando nos daban permiso para salir a alguna actividad nocturna, si tu comportamiento en la escuela no era adecuado, tus padres eran citados por la maestra o profesora y luego teníamos que atenernos a las consecuencias.

Recuerdo la convivencia con amigos y primos en el barrio alrededor de una pelota de béisbol, jugando el escondió, la tiene, la lata o cualquier otro juego que nos permitiera divertirnos sanamente, reunirnos para escuchar los cuentos del abuelo. En mi caso, tuve la dicha de convivir gran parte de esa infancia con tres de mis abuelos, quienes me inculcaron principios y valores, a pesar de no tener estudios de ninguna naturaleza.

Hemos sido testigos mudos de la desintegración que ha sufrido la familia en los últimos años y de la desconexión que hay de los padres con los hijos.

Este tema no solo debe ser analizado desde el punto de vista policial, ya que es un problema social que debe ser abordado de manera integral desde el Gobierno, con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Cultura, Pandeportes, Inadeh, etc. También deben sumarse a esta tarea la empresa privada, la iglesia y los clubes cívicos, pues si no frenamos esta escalada criminal ahora, dentro de unos años estaremos siendo parte del grupo de países más peligrosos de la región.

Álvaro Alvarado

 

Reforma de la Ley Orgánica de la CSS

El requisito indispensable para resolver un problema consiste en el reconocimiento de su existencia, para lo cual es imprescindible acceder a la mayor y más detallada información disponible. Antes de cualquier debate o diálogo para tratar el tema, es indispensable que se rinda cuenta formal de gestión de fondos públicos y en cuanto a la transparencia, que se facilite toda forma de libre acceso a información pública, objetiva, sustentada y auditada legalmente, no por empresas privadas, y en documentación veraz, por lo menos de los años posteriores a la última reforma a la Ley Orgánica. Necesitamos conocer la morosidad patronal, la retención ilegal de cuotas, el cumplimiento del aporte estatal, la rentabilidad de las inversiones, el informe de gestión del desordenado y crónico sistema de compras, ‘todas urgentes’, lo que inscripta una pluralidad de especies de prevaricatos de corrupción administrativa y a todo nivel de la cadena, etc. Además, debemos conocer informe de la investigación sobre la catástrofe del dietilenglicol, incluyendo a todos los involucrados en la compra del veneno; para evitar ‘accidentes’, como los de la KPC y las muertes neonatales; todas aún sin esclarecer. No podemos perpetuar el error ni pretender cubrir con el manto de la impunidad cualquier probable abuso o lesión patrimonial; sería un crimen y una gran insensatez.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Lo que le dije a Martinelli cuando me destituyó

No puedo pensar que nuestro Gobierno se deja amedrentar por las críticas y amenazas de Venezuela…’.

Desde el 17 de diciembre al 10 de enero pasado estuve en Panamá. Un total de 24 días donde la Cancillería sabía que yo estaba allá. Nunca me pidieron que me reuniera con nadie… Me encontré con el canciller en un centro comercial y no pasó más del saludo y el vicecanciller nunca me dio la cita que le había solicitado. No tengo la culpa de que mi trabajo en la OEA no reciba instrucciones ni directrices de ninguna especie; casi todas mis comunicaciones ni siquiera son respondidas.

Pensé que en estos días, cuando pareciera que todo se centra en la búsqueda de un candidato presidencial para el Gobierno, no había tiempo para discutir mi trabajo. Nunca antes se ha hecho, ha habido una muy marcada falta de instrucciones y guías… Ante esa falta, siempre he actuado de acuerdo a mi mejor criterio democrático y los mejores intereses para mi país.

Mis posiciones a favor de la democracia en Honduras, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Venezuela, en los tres años y medio que llevo en este cargo, producto de la defensa de la Carta Democrática Interamericana y los compromisos panameños de Derecho Internacional, han sido siempre avaladas por ti, lo cual profundamente agradezco. Igual me apoyaste reiteradamente cuando denuncié la falta de transparencia en la OEA, llegando el viceministro Álvarez a sugerirme que ante lo que había descubierto en dicho organismo hablara con el embajador de Chile, para que le pidiera, en nombre de su Gobierno, la renuncia a Insulza.

Cuando te acepté el puesto de embajador ante la OEA, sabías que nombrabas a una persona profundamente comprometida con la democracia, beligerante en ese tema, demostrado en muchos campos de batalla. Sabías de mi preparación en el campo internacional y que mi preocupación por los sucesos mundiales es parte de mi formación política. Esa ha sido una de las características de mi vida pública de 49 años, desde que fui miembro de la Democracia Cristiana y en todos los años que combatí de frente a la dictadura militar, los Gobiernos liberales de antaño y la dañina corrupción que ha existido y existe en el país.

Cuando se tienen valores democráticos, estos no se pueden cambiar por un salario, por más atractivo que sea. Estos valores no tienen precio ni son negociables. Sobre todo por una persona como yo que, sin tener riquezas, solo se enorgullece de los principios que toda su vida ha defendido, inclusive bajo peligro de muerte, como cuando los militares me detuvieron tres semanas antes del 20 de Diciembre de 1989.

Lo que le viene a la América, lo sufrirá también Panamá. Hay que ponerle coto a este avance del nuevo colonialismo ideológico que se avecina, alentado por las profundas diferencias sociales que persisten en nuestros pueblos. No es un secreto que Cuba es quien determina las decisiones políticas de Venezuela; eso ni el actual ‘Gobierno’ de ese país lo niega. ¿Es eso injerencia o no en las relaciones de un país supuestamente libre como Venezuela? ¿Es injerencia o no que el presidente de Nicaragua arremeta contra la oposición venezolana al hablar en ese país el 10 de enero pasado? ¿Será o no injerencia cuando el asesor de la presidenta Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, conocido marxista, asume el rol de interpretar la Constitución de Venezuela?

Ese plan de dominio continental también incluye a Panamá, donde, algunos de las protestantes contra el Gobierno nacional son infiltrados, aupados y financiados con fondos externos, cuyo origen es ampliamente conocido… Todos sabemos de dónde vienen, porque para esos marxistas de pacotilla, y que yo les llamo ‘verdes por el amor que le tienen al dólar’, ‘el fin justifica los medios’.

En lo ocurrido, a pesar de la sacada de tabla de la Cancillería, mi posición ha quedado incólume; diría que hasta fortalecida. He quedado como el Willy Cochez que siempre he sido; un demócrata a carta cabal. Vine a la OEA a defender sus principales pilares: la democracia y los derechos humanos. Poco me importa lo que digan quienes hoy no podrían subsistir sin la ayuda del dinero que Venezuela les proporciona, a pesar de que en su país hay escasez hasta de papel higiénico. Menos me importa lo que diga el embajador de Venezuela en la OEA, a quien conozco de sus tiempos de socialcristiano COPEI en Venezuela, donde su mayor frustración consiste en ser detestado por sus antiguos compañeros, por traidor, y por igual por su actual Gobierno, por considerarlo un advenedizo aprovechador. Lo único que me pudo decir, el ser ‘un patán y un mal pintor’, ha sido motivo de mofa por los despachos internacionales de prensa.

Presidente: A mis 67 años no voy a cambiar de posición. Moriré igual. Si la política del Gobierno de Panamá será la de apoyar los desaciertos e ilegalidades del irregular Gobierno actual de Venezuela u otros Gobiernos del continente, no podrás contar conmigo. Jamás podré apoyar en la OEA, o en otro foro, que mi país apoye, sabrá Dios por qué, el desmadre que existe en Venezuela. Por eso te insto a que, así como me nombraste, te sientas libre para destituirme, al considerarse que ya no represento los mejores intereses del país’.

Guillermo A. Cochez

 

La seguridad ciudadana como derecho

Algunas premisas básicas cuando hablamos sobre seguridad ciudadana: ‘No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio’. Además, ‘No hay sociedad sin crimen o policías’.

Ante este contexto, la seguridad ciudadana está centrada en las personas; representa un derecho. Según, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores, entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los Gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional.

Otros instrumentos internacionales señalan por ejemplo: ‘el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: ‘Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ‘Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales’; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales’.

La emergencia de expresiones criminales, homicidios, robos, hurtos, violencia doméstica, lesionados, entre otras, por mencionar algunas, pone en crisis el cumplimiento de este derecho y la efectividad de las intervenciones unidimensional y centralizada desde la institucionalidad. Es así que encara a través de una ruta crítica conocida y experimentada: los hechos pasamos al músculo institucional, expresiones de dureza e intervenciones puntuales, opinión pública demandando certeza del castigo, encaminando todo el abordaje institucional hacia medidas fundamentalmente de corte ‘populismo penal’; expresadas en el aumento de penas privativas de libertad y enfocadas a determinado grupo poblacional. Cuando los modelos de prevención en campo entran en crisis, deben evaluarse, corregir el componente de escasa efectividad o con deficiencias y nuevamente implementar.

¿Qué situaciones atentan contra el derecho a vivir seguros de los panameños/as? En el contexto nacional, como delito se denunciaron 61 681 hechos en el 2016, una reducción del 8 % con respecto al año anterior. Con respecto a delitos específicos más denunciado y sus respectivas características: la violencia doméstica, de la totalidad de delitos denunciados en el 2016, representó el 32 %; hurto 26 %; robo 12 %; lesionados y maltrato infantil/adolescentes con 4 %. Este conglomerado de delitos representó el 74 % de todos los hechos denunciados. Resultados de la IV Encuesta de Victimización y Percepción Social de la Seguridad Ciudadana, realizada por el Observatorio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, señala que 47 % de los robos ocurre dentro de la vivienda o cerca de esta y 62% se realiza con arma de fuego (revolver o pistola); mientras 34 % de hurtos ocurren dentro de la vivienda.

En Panamá, se registran en promedio 2 homicidios diarios, 78 % de estos se dan con arma de fuego; ello representa no más del 1 % de todos los delitos reportados en el país. Las características, condicionantes y/o factores, sin duda deben ser objeto de estudios y aquellos elementos que levantan la alarma social. Otro aspecto apunta al objeto o bien hurtado o robado, 46 % corresponden a teléfono celular y 30 % dinero, tarjetas y cheques. El principal daño o impacto por el delito apunta a lo económico, con 71 % y emocional o psicológico con 19 %.

Encaminar los esfuerzos hacia mejorar las condiciones de seguridad ciudadana implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana, como el objetivo central de la Política Educativa, de Salud, Social. El derecho a vivir seguros pasa por encarar como Estado aquellas condiciones sociales que afectan a los ciudadanos.

Por el momento, Panamá es un país de violencia doméstica, hurto, robo, lesionados y maltrato infantil y adolescente. Los delitos antes mencionados tienen claros condicionantes sociales; es allí que la integralidad como enfoque debería hacerse operativa. La centralidad policial en el abordaje del hecho, el delito, únicamente encara los resultados; dejando de lado los factores que generan este comportamiento. Garantizar el derecho a vivir seguros, implica apegarnos a la realidad y abordarla con sustento en evidencias. Es allí donde inicia el andar hacia una sociedad segura donde ganemos todos.

Alexander A. Alleyne Botacio

 

Las reformas electorales

Y a lo hemos dicho, las reformas electorales no buscan garantizar un proceso electoral democrático; lo que buscan es crear un saco a la medida de los partidos gobernantes. Y es que justo lo que Panamá necesita es un cambio en la forma de escoger a los diputados, para garantizar que la Asamblea sirva de verdadero contrapeso del Ejecutivo. Hoy todo depende del gobernante de turno y los diputados son una extensión de su poder. En el período pasado, que se reformó el Código Electoral, el Gobierno de Martinelli eliminó el voto plancha. Aduciendo que la elección de los diputados a través del método de que cada cabeza sea un voto, se promovía la democracia, la realidad es que la idea detrás es que el partido gobernante, en este caso el Cambio Democrático, se alzara con la mayor cantidad de curules. Ahora el partido gobernante, el Panameñista, vuelve a la elección de los diputados a través del voto plancha. Lo que hay detrás de este esquema es que el panameñismo se alce con la mayor cantidad de curules en el 2019, para el control del Legislativo. Así las cosas, el presidente Juan Carlos Varela seguirá en deuda con la sociedad panameña, porque las reformas no traerán más transparencia ni más democracia; lo que traerán es mayor control del partido gobernante hacia la próxima asamblea y la repetición de lo que hizo Martinelli en su momento. Hasta que no se independice verdaderamente del Ejecutivo y el Judicial, Panamá seguirá inmersa en el clientelismo y el juegavivo.

Redacción La Estrella de Panamá

La isla donde imperan la ley y el sentido común

En una confirmación más de que el péndulo regresa a la razón y al derecho, las Cortes en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han emitido un fallo que envía un claro mensaje de que los organismos internacionales abusadores como la OCDE y sus paniaguados europeos encontrarán más y más resistencia, ya que el derecho a la privacidad y al debido proceso son sagrados para cualquier nación democrática. En el fallo ‘Quiver Inc. & Friar Tuck Limited vs International Tax Authority’, de 31 de marzo de este año, las Cortes de BVI confirman que el Estado debe mantener un balance al cumplir las obligaciones asumidas en virtud de los tratados de intercambio de información fiscal asegurándose que haya un debido proceso y que se guarden las garantías fundamentales de las personas jurídicas y naturales. Resumiendo, las Cortes de la nación caribeña resolvieron que el Estado no puede bajo el argumento de confidencialidad exigir información de personas jurídicas registradas en BVI sin detallar los motivos en que se fundamenta la petición de la información. Es lógico, es la única manera que se le garantiza el derecho al debido proceso al sujeto objeto de la investigación. Este fallo confirma que los derechos fundamentales a la privacidad y a la confidencialidad son sagrados y deben ser protegidos por el Estado que está obligado a tutelarlos y no solo ser un tramitador sumiso, antes las peticiones de otros países, en virtud de un tratado de intercambio de información fiscal. La firma que representó al cliente ante las Cortes de BVI, Harneys, menciona en su página web que: ‘En la práctica, esto significa que las instituciones estatales de BVI deben entregarle al recipiente (a quien se le pide la información fiscal) suficiente información sobre la solicitud del Estado requirente permitiéndole así, de ser conveniente, presentar los recursos legales apropiados para invalidar la solicitud. Este principio pensamos puede y debe ser extendido a los Common Reporting Stantards (CRS) implementados en BVI. Esto es una victoria fundamental para los derechos constitucionales porque no solo asiste a los directores a ejercer su labor fiduciaria y a los agentes residentes; sino que protege a todas las personas (jurídicas y naturales) de una búsqueda arbitraria (fishing expedition) de países poderosos y al hacerla, reafirma que en BVI hay un Estado de derecho’. En otra acción que confirma que ‘se está volteando la tortilla’, el diario norteamericano The Hill, del día 6 de abril de este año, publica que el senador Rand Paul y el congresista Mark Meadows, ambos republicanos, presentarán legislación para eliminar FATCA, ya que viola los derechos ciudadanos a la privacidad y la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. El Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requiere que las instituciones financieras internacionales reporten las cuentas bancarias de ciudadanos americanos en forma automática sin que medie orden judicial. Le recordamos al lector que la plataforma del Partido Republicano, que llevó a Donald Trump a la Presidencia norteamericana, tenía como una de sus prioridades la eliminación de FATCA. También le recordamos al lector que los Estados Unidos se ha negado a firmar los CRS, ya que ellos tenían FATCA, lo que le dio la excusa perfecta a la OCDE para mirar hacia los países más pequeños y no tener que enfrentarse con los norteamericanos. Pareciera que Panamá debe ser más pausado en la implementación de sus compromisos en vista de que las diversas organizaciones y Estados que promueven la obligación de entregar información financiera y fiscal en forma automática sin cuestionar el fundamento legal están sufriendo algunos reveses judiciales. Recordemos que hasta la Corte Suprema de Justicia francesa rechazó, por inconstitucional, la idea de hacer público el nombre de los accionistas de compañías francesas privadas. San Agustín decía que la paciencia es compañera de la sabiduría. Vamos con calma. La pregunta que debemos hacernos ahora es si los miembros del Órgano Judicial en Panamá entenderán la trascendencia del fallo de BVI y la necesidad de restringir los poderes omnipotentes que han asumido las autoridades nacionales en el afán de cumplirles a los países, que nos atacan constantemente, sus solicitudes de información. Asumir la posición valiente, apoyada en el derecho y proteger las garantías individuales de las personas jurídicas y naturales panameñas, debe primar sobre el llanto ensordecedor de los franceses y de los oficinistas glorificados de la OCDE. Actuar con dignidad y apegado a las leyes es lo que ha demostrado BVI. ¿Qué haremos en Panamá? ¿Aplicar el derecho con agallas o agachar la cabeza ante las presiones internacionales y recibir, con alfombra roja, a los parásitos de la OCDE en junio?.

Álvaro Tomas

 

Lección de los papeles de Mossack & Fonseca

Hace un año que estalló el escándalo por los papeles de Mossack & Fonseca. Aunque no lo quieran reconocer las autoridades, sí ha causado un efecto negativo en el país. Y la información publicada en más de un centenar de medios de todo el mundo, tuvo una intención mortífera contra el Centro Financiero de Panamá. ¿Qué lecciones debemos aprender de este vil atentado? La lógica indica que Panamá debe dejar de ser tan dependiente de los Estados Unidos y abrir espacios a otras economías: la rusa, la china, la japonesa, la europea… El problema de Panamá es que por más de un siglo, ha dependido exclusivamente de Estados Unidos. Panamá tiene que salir de esa burbuja, si realmente quiere avanzar en su desarrollo. Este país es infinitamente pequeño, pero estratégico y no hay razón para que su economía gire solo alrededor de Estados Unidos. No se trata de que ahora seamos enemigos o echemos a un lado al coloso del norte. De lo que se trata es de diversificar nuestra economía, otras monedas, otros mercados… Nuestra economía gira en los servicios y el centro financiero es uno de ellos. Hemos sido exitosos y por ende, tenemos que blindar este servicio no solo dependiendo de Estados Unidos. Hoy fue el golpe con Mossack & Fonseca, no debemos esperar a mañana para experimentar otro golpe tan vil contra nuestro centro financiero. ¡Lección aprendida!

Redacción La Estrella de Panamá

Invasores: precaristas o sinvergüenzas

Comencemos por definir con claridad los conceptos ‘invasor’ y ‘precarista’. Invasor es toda persona o grupo de personas que ocupan ilegalmente un terreno, sea este privado o estatal. Precaristas son grupos sociales marginados que, al no tener recurso o acceso al crédito para una vivienda, establecen asentamientos en lugares inhabitables. Esta práctica no es nueva, como todos recordarán, Loma la Pava, área donde se encuentra ubicado hoy Plaza Edison, fue invadido en los años 40 por personas que, luego en la década del 70, fueron sacadas de allí porque en ese sitio se construiría un Hospital Materno Infantil. Muchos de estos invasores fueron los fundadores de lo que luego se conoció como el ‘distrito especial de San Miguelito’. Loma Cová fue otro lugar invadido por gente de todas partes, algunos de los cuales lotificaron para vender pequeñas parcelas a quienes llegaron posteriormente. Muchas invasiones de tierras han sido promovidas por dirigentes políticos que ven en esta práctica politiquera una forma de conseguir votos jugando con la gente mas necesitada. Yo llegué a la capital en 1985 con grandes limitaciones económicas. Panamá vivía una situación difícil y sin posibilidades de solución a corto plazo, pero jamás se me ocurrió invadir una tierra. En ese momento muchos jóvenes llegamos a la capital con una pequeña maleta con ropa, otra llena de sueños y deseos inmensos de convertirnos en profesionales para lograr generar ingresos que nos permitieran echar adelante y formar una familia. No fue fácil, tuve que trabajar y estudiar duro, ya que no tenía apellido ni influencias; sin embargo, logré abrirme camino para construir todo lo que hoy tengo. Con el pasar de los años la invasión de tierras, que al principio pudo haber tenido una objetivo social, se ha ido convirtiendo en un gran negociado en el que unos pocos ganan, mientras la mayoría pierde. Hoy conocemos personas que identifican terrenos privados o del Estado para invadirlos, lotificarlos y venderlos a gente necesitada que deja lo poco que tiene para caer en esta trampa o estafa. También entran en este juego abogados que le sacan dinero a los invasores, con el cuento de que nadie los va a sacar de estas tierras, a sabiendas de que son tierras privadas que tarde o temprano volverán a mano de sus verdaderos dueños. Hoy, hay más de 300 invasiones de tierras en Panamá y muchas de ellas patrocinadas por representantes, diputados y alcaldes de todo el país. Hemos visto incluso cómo algunas áreas ya se han convertido en barriadas que llevan nombres de políticos que en su momento ayudaron a los invasores desde el Gobierno para que no fueran desalojados de estas tierras. El caso más reciente, en Villalobos de Pedregal, confieso que he sido testigo de cómo un grupo de personas propietarias de 60 hectáreas de tierra fueron víctimas de invasores que llegaron allí en mayo del 2016 a levantar con palos y hojas de zinc sus improvisadas viviendas. En más de cuatro ocasiones, los dueños de estas tierras fueron a mi noticiero, con documentos, tratando de lograr que las autoridades les dieran la mano para recuperar sus fincas, resultando infructuosos sus esfuerzos. En una ocasión los dueños de los terrenos hasta denunciaron haber sido agredidos y amenazados por algunos de los invasores. El pasado jueves, la Policía Nacional, atendiendo órdenes de la corregiduría, procedió a desalojar estas tierras, luego de 10 meses de lucha de los propietarios y gastos de miles de dólares. Luego de la acción policial, organizaciones de izquierda rechazaron la medida por considerarla violatoria a los derechos humanos.Estos grupos que defienden las invasiones sustentan sus argumentos en el artículo 117 de la Constitución que dice: ‘El Estado establecerá un política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social de toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso’. Este artículo es claro al señalar que es el Estado a quien le toca, a través de políticas, garantizar vivienda a los panameños. Aquí no dice por ningún lado que es obligación del Estado promover o apoyar las invasiones de tierras ni mucho menos regalar casas. Estos grupos de izquierda lo que buscan con ese discurso politiquero es allanar el camino para, en caso de acceder al poder, abolir la propiedad privada y dejar todo en manos del Estado. El Gobierno debe, a través de políticas de Estado, procurar que esta gente pueda conseguir un trabajo y aspirar a tener su propia casa. No podemos seguir apoyando las invasiones.

Álvaro Alvarado