Lo que le dije a Martinelli cuando me destituyó

No puedo pensar que nuestro Gobierno se deja amedrentar por las críticas y amenazas de Venezuela…’.

Desde el 17 de diciembre al 10 de enero pasado estuve en Panamá. Un total de 24 días donde la Cancillería sabía que yo estaba allá. Nunca me pidieron que me reuniera con nadie… Me encontré con el canciller en un centro comercial y no pasó más del saludo y el vicecanciller nunca me dio la cita que le había solicitado. No tengo la culpa de que mi trabajo en la OEA no reciba instrucciones ni directrices de ninguna especie; casi todas mis comunicaciones ni siquiera son respondidas.

Pensé que en estos días, cuando pareciera que todo se centra en la búsqueda de un candidato presidencial para el Gobierno, no había tiempo para discutir mi trabajo. Nunca antes se ha hecho, ha habido una muy marcada falta de instrucciones y guías… Ante esa falta, siempre he actuado de acuerdo a mi mejor criterio democrático y los mejores intereses para mi país.

Mis posiciones a favor de la democracia en Honduras, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Venezuela, en los tres años y medio que llevo en este cargo, producto de la defensa de la Carta Democrática Interamericana y los compromisos panameños de Derecho Internacional, han sido siempre avaladas por ti, lo cual profundamente agradezco. Igual me apoyaste reiteradamente cuando denuncié la falta de transparencia en la OEA, llegando el viceministro Álvarez a sugerirme que ante lo que había descubierto en dicho organismo hablara con el embajador de Chile, para que le pidiera, en nombre de su Gobierno, la renuncia a Insulza.

Cuando te acepté el puesto de embajador ante la OEA, sabías que nombrabas a una persona profundamente comprometida con la democracia, beligerante en ese tema, demostrado en muchos campos de batalla. Sabías de mi preparación en el campo internacional y que mi preocupación por los sucesos mundiales es parte de mi formación política. Esa ha sido una de las características de mi vida pública de 49 años, desde que fui miembro de la Democracia Cristiana y en todos los años que combatí de frente a la dictadura militar, los Gobiernos liberales de antaño y la dañina corrupción que ha existido y existe en el país.

Cuando se tienen valores democráticos, estos no se pueden cambiar por un salario, por más atractivo que sea. Estos valores no tienen precio ni son negociables. Sobre todo por una persona como yo que, sin tener riquezas, solo se enorgullece de los principios que toda su vida ha defendido, inclusive bajo peligro de muerte, como cuando los militares me detuvieron tres semanas antes del 20 de Diciembre de 1989.

Lo que le viene a la América, lo sufrirá también Panamá. Hay que ponerle coto a este avance del nuevo colonialismo ideológico que se avecina, alentado por las profundas diferencias sociales que persisten en nuestros pueblos. No es un secreto que Cuba es quien determina las decisiones políticas de Venezuela; eso ni el actual ‘Gobierno’ de ese país lo niega. ¿Es eso injerencia o no en las relaciones de un país supuestamente libre como Venezuela? ¿Es injerencia o no que el presidente de Nicaragua arremeta contra la oposición venezolana al hablar en ese país el 10 de enero pasado? ¿Será o no injerencia cuando el asesor de la presidenta Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, conocido marxista, asume el rol de interpretar la Constitución de Venezuela?

Ese plan de dominio continental también incluye a Panamá, donde, algunos de las protestantes contra el Gobierno nacional son infiltrados, aupados y financiados con fondos externos, cuyo origen es ampliamente conocido… Todos sabemos de dónde vienen, porque para esos marxistas de pacotilla, y que yo les llamo ‘verdes por el amor que le tienen al dólar’, ‘el fin justifica los medios’.

En lo ocurrido, a pesar de la sacada de tabla de la Cancillería, mi posición ha quedado incólume; diría que hasta fortalecida. He quedado como el Willy Cochez que siempre he sido; un demócrata a carta cabal. Vine a la OEA a defender sus principales pilares: la democracia y los derechos humanos. Poco me importa lo que digan quienes hoy no podrían subsistir sin la ayuda del dinero que Venezuela les proporciona, a pesar de que en su país hay escasez hasta de papel higiénico. Menos me importa lo que diga el embajador de Venezuela en la OEA, a quien conozco de sus tiempos de socialcristiano COPEI en Venezuela, donde su mayor frustración consiste en ser detestado por sus antiguos compañeros, por traidor, y por igual por su actual Gobierno, por considerarlo un advenedizo aprovechador. Lo único que me pudo decir, el ser ‘un patán y un mal pintor’, ha sido motivo de mofa por los despachos internacionales de prensa.

Presidente: A mis 67 años no voy a cambiar de posición. Moriré igual. Si la política del Gobierno de Panamá será la de apoyar los desaciertos e ilegalidades del irregular Gobierno actual de Venezuela u otros Gobiernos del continente, no podrás contar conmigo. Jamás podré apoyar en la OEA, o en otro foro, que mi país apoye, sabrá Dios por qué, el desmadre que existe en Venezuela. Por eso te insto a que, así como me nombraste, te sientas libre para destituirme, al considerarse que ya no represento los mejores intereses del país’.

Guillermo A. Cochez

 

La seguridad ciudadana como derecho

Algunas premisas básicas cuando hablamos sobre seguridad ciudadana: ‘No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio’. Además, ‘No hay sociedad sin crimen o policías’.

Ante este contexto, la seguridad ciudadana está centrada en las personas; representa un derecho. Según, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores, entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los Gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional.

Otros instrumentos internacionales señalan por ejemplo: ‘el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: ‘Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ‘Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales’; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales’.

La emergencia de expresiones criminales, homicidios, robos, hurtos, violencia doméstica, lesionados, entre otras, por mencionar algunas, pone en crisis el cumplimiento de este derecho y la efectividad de las intervenciones unidimensional y centralizada desde la institucionalidad. Es así que encara a través de una ruta crítica conocida y experimentada: los hechos pasamos al músculo institucional, expresiones de dureza e intervenciones puntuales, opinión pública demandando certeza del castigo, encaminando todo el abordaje institucional hacia medidas fundamentalmente de corte ‘populismo penal’; expresadas en el aumento de penas privativas de libertad y enfocadas a determinado grupo poblacional. Cuando los modelos de prevención en campo entran en crisis, deben evaluarse, corregir el componente de escasa efectividad o con deficiencias y nuevamente implementar.

¿Qué situaciones atentan contra el derecho a vivir seguros de los panameños/as? En el contexto nacional, como delito se denunciaron 61 681 hechos en el 2016, una reducción del 8 % con respecto al año anterior. Con respecto a delitos específicos más denunciado y sus respectivas características: la violencia doméstica, de la totalidad de delitos denunciados en el 2016, representó el 32 %; hurto 26 %; robo 12 %; lesionados y maltrato infantil/adolescentes con 4 %. Este conglomerado de delitos representó el 74 % de todos los hechos denunciados. Resultados de la IV Encuesta de Victimización y Percepción Social de la Seguridad Ciudadana, realizada por el Observatorio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, señala que 47 % de los robos ocurre dentro de la vivienda o cerca de esta y 62% se realiza con arma de fuego (revolver o pistola); mientras 34 % de hurtos ocurren dentro de la vivienda.

En Panamá, se registran en promedio 2 homicidios diarios, 78 % de estos se dan con arma de fuego; ello representa no más del 1 % de todos los delitos reportados en el país. Las características, condicionantes y/o factores, sin duda deben ser objeto de estudios y aquellos elementos que levantan la alarma social. Otro aspecto apunta al objeto o bien hurtado o robado, 46 % corresponden a teléfono celular y 30 % dinero, tarjetas y cheques. El principal daño o impacto por el delito apunta a lo económico, con 71 % y emocional o psicológico con 19 %.

Encaminar los esfuerzos hacia mejorar las condiciones de seguridad ciudadana implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana, como el objetivo central de la Política Educativa, de Salud, Social. El derecho a vivir seguros pasa por encarar como Estado aquellas condiciones sociales que afectan a los ciudadanos.

Por el momento, Panamá es un país de violencia doméstica, hurto, robo, lesionados y maltrato infantil y adolescente. Los delitos antes mencionados tienen claros condicionantes sociales; es allí que la integralidad como enfoque debería hacerse operativa. La centralidad policial en el abordaje del hecho, el delito, únicamente encara los resultados; dejando de lado los factores que generan este comportamiento. Garantizar el derecho a vivir seguros, implica apegarnos a la realidad y abordarla con sustento en evidencias. Es allí donde inicia el andar hacia una sociedad segura donde ganemos todos.

Alexander A. Alleyne Botacio

 

Las reformas electorales

Y a lo hemos dicho, las reformas electorales no buscan garantizar un proceso electoral democrático; lo que buscan es crear un saco a la medida de los partidos gobernantes. Y es que justo lo que Panamá necesita es un cambio en la forma de escoger a los diputados, para garantizar que la Asamblea sirva de verdadero contrapeso del Ejecutivo. Hoy todo depende del gobernante de turno y los diputados son una extensión de su poder. En el período pasado, que se reformó el Código Electoral, el Gobierno de Martinelli eliminó el voto plancha. Aduciendo que la elección de los diputados a través del método de que cada cabeza sea un voto, se promovía la democracia, la realidad es que la idea detrás es que el partido gobernante, en este caso el Cambio Democrático, se alzara con la mayor cantidad de curules. Ahora el partido gobernante, el Panameñista, vuelve a la elección de los diputados a través del voto plancha. Lo que hay detrás de este esquema es que el panameñismo se alce con la mayor cantidad de curules en el 2019, para el control del Legislativo. Así las cosas, el presidente Juan Carlos Varela seguirá en deuda con la sociedad panameña, porque las reformas no traerán más transparencia ni más democracia; lo que traerán es mayor control del partido gobernante hacia la próxima asamblea y la repetición de lo que hizo Martinelli en su momento. Hasta que no se independice verdaderamente del Ejecutivo y el Judicial, Panamá seguirá inmersa en el clientelismo y el juegavivo.

Redacción La Estrella de Panamá

La isla donde imperan la ley y el sentido común

En una confirmación más de que el péndulo regresa a la razón y al derecho, las Cortes en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han emitido un fallo que envía un claro mensaje de que los organismos internacionales abusadores como la OCDE y sus paniaguados europeos encontrarán más y más resistencia, ya que el derecho a la privacidad y al debido proceso son sagrados para cualquier nación democrática. En el fallo ‘Quiver Inc. & Friar Tuck Limited vs International Tax Authority’, de 31 de marzo de este año, las Cortes de BVI confirman que el Estado debe mantener un balance al cumplir las obligaciones asumidas en virtud de los tratados de intercambio de información fiscal asegurándose que haya un debido proceso y que se guarden las garantías fundamentales de las personas jurídicas y naturales. Resumiendo, las Cortes de la nación caribeña resolvieron que el Estado no puede bajo el argumento de confidencialidad exigir información de personas jurídicas registradas en BVI sin detallar los motivos en que se fundamenta la petición de la información. Es lógico, es la única manera que se le garantiza el derecho al debido proceso al sujeto objeto de la investigación. Este fallo confirma que los derechos fundamentales a la privacidad y a la confidencialidad son sagrados y deben ser protegidos por el Estado que está obligado a tutelarlos y no solo ser un tramitador sumiso, antes las peticiones de otros países, en virtud de un tratado de intercambio de información fiscal. La firma que representó al cliente ante las Cortes de BVI, Harneys, menciona en su página web que: ‘En la práctica, esto significa que las instituciones estatales de BVI deben entregarle al recipiente (a quien se le pide la información fiscal) suficiente información sobre la solicitud del Estado requirente permitiéndole así, de ser conveniente, presentar los recursos legales apropiados para invalidar la solicitud. Este principio pensamos puede y debe ser extendido a los Common Reporting Stantards (CRS) implementados en BVI. Esto es una victoria fundamental para los derechos constitucionales porque no solo asiste a los directores a ejercer su labor fiduciaria y a los agentes residentes; sino que protege a todas las personas (jurídicas y naturales) de una búsqueda arbitraria (fishing expedition) de países poderosos y al hacerla, reafirma que en BVI hay un Estado de derecho’. En otra acción que confirma que ‘se está volteando la tortilla’, el diario norteamericano The Hill, del día 6 de abril de este año, publica que el senador Rand Paul y el congresista Mark Meadows, ambos republicanos, presentarán legislación para eliminar FATCA, ya que viola los derechos ciudadanos a la privacidad y la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. El Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requiere que las instituciones financieras internacionales reporten las cuentas bancarias de ciudadanos americanos en forma automática sin que medie orden judicial. Le recordamos al lector que la plataforma del Partido Republicano, que llevó a Donald Trump a la Presidencia norteamericana, tenía como una de sus prioridades la eliminación de FATCA. También le recordamos al lector que los Estados Unidos se ha negado a firmar los CRS, ya que ellos tenían FATCA, lo que le dio la excusa perfecta a la OCDE para mirar hacia los países más pequeños y no tener que enfrentarse con los norteamericanos. Pareciera que Panamá debe ser más pausado en la implementación de sus compromisos en vista de que las diversas organizaciones y Estados que promueven la obligación de entregar información financiera y fiscal en forma automática sin cuestionar el fundamento legal están sufriendo algunos reveses judiciales. Recordemos que hasta la Corte Suprema de Justicia francesa rechazó, por inconstitucional, la idea de hacer público el nombre de los accionistas de compañías francesas privadas. San Agustín decía que la paciencia es compañera de la sabiduría. Vamos con calma. La pregunta que debemos hacernos ahora es si los miembros del Órgano Judicial en Panamá entenderán la trascendencia del fallo de BVI y la necesidad de restringir los poderes omnipotentes que han asumido las autoridades nacionales en el afán de cumplirles a los países, que nos atacan constantemente, sus solicitudes de información. Asumir la posición valiente, apoyada en el derecho y proteger las garantías individuales de las personas jurídicas y naturales panameñas, debe primar sobre el llanto ensordecedor de los franceses y de los oficinistas glorificados de la OCDE. Actuar con dignidad y apegado a las leyes es lo que ha demostrado BVI. ¿Qué haremos en Panamá? ¿Aplicar el derecho con agallas o agachar la cabeza ante las presiones internacionales y recibir, con alfombra roja, a los parásitos de la OCDE en junio?.

Álvaro Tomas

 

Lección de los papeles de Mossack & Fonseca

Hace un año que estalló el escándalo por los papeles de Mossack & Fonseca. Aunque no lo quieran reconocer las autoridades, sí ha causado un efecto negativo en el país. Y la información publicada en más de un centenar de medios de todo el mundo, tuvo una intención mortífera contra el Centro Financiero de Panamá. ¿Qué lecciones debemos aprender de este vil atentado? La lógica indica que Panamá debe dejar de ser tan dependiente de los Estados Unidos y abrir espacios a otras economías: la rusa, la china, la japonesa, la europea… El problema de Panamá es que por más de un siglo, ha dependido exclusivamente de Estados Unidos. Panamá tiene que salir de esa burbuja, si realmente quiere avanzar en su desarrollo. Este país es infinitamente pequeño, pero estratégico y no hay razón para que su economía gire solo alrededor de Estados Unidos. No se trata de que ahora seamos enemigos o echemos a un lado al coloso del norte. De lo que se trata es de diversificar nuestra economía, otras monedas, otros mercados… Nuestra economía gira en los servicios y el centro financiero es uno de ellos. Hemos sido exitosos y por ende, tenemos que blindar este servicio no solo dependiendo de Estados Unidos. Hoy fue el golpe con Mossack & Fonseca, no debemos esperar a mañana para experimentar otro golpe tan vil contra nuestro centro financiero. ¡Lección aprendida!

Redacción La Estrella de Panamá

Invasores: precaristas o sinvergüenzas

Comencemos por definir con claridad los conceptos ‘invasor’ y ‘precarista’. Invasor es toda persona o grupo de personas que ocupan ilegalmente un terreno, sea este privado o estatal. Precaristas son grupos sociales marginados que, al no tener recurso o acceso al crédito para una vivienda, establecen asentamientos en lugares inhabitables. Esta práctica no es nueva, como todos recordarán, Loma la Pava, área donde se encuentra ubicado hoy Plaza Edison, fue invadido en los años 40 por personas que, luego en la década del 70, fueron sacadas de allí porque en ese sitio se construiría un Hospital Materno Infantil. Muchos de estos invasores fueron los fundadores de lo que luego se conoció como el ‘distrito especial de San Miguelito’. Loma Cová fue otro lugar invadido por gente de todas partes, algunos de los cuales lotificaron para vender pequeñas parcelas a quienes llegaron posteriormente. Muchas invasiones de tierras han sido promovidas por dirigentes políticos que ven en esta práctica politiquera una forma de conseguir votos jugando con la gente mas necesitada. Yo llegué a la capital en 1985 con grandes limitaciones económicas. Panamá vivía una situación difícil y sin posibilidades de solución a corto plazo, pero jamás se me ocurrió invadir una tierra. En ese momento muchos jóvenes llegamos a la capital con una pequeña maleta con ropa, otra llena de sueños y deseos inmensos de convertirnos en profesionales para lograr generar ingresos que nos permitieran echar adelante y formar una familia. No fue fácil, tuve que trabajar y estudiar duro, ya que no tenía apellido ni influencias; sin embargo, logré abrirme camino para construir todo lo que hoy tengo. Con el pasar de los años la invasión de tierras, que al principio pudo haber tenido una objetivo social, se ha ido convirtiendo en un gran negociado en el que unos pocos ganan, mientras la mayoría pierde. Hoy conocemos personas que identifican terrenos privados o del Estado para invadirlos, lotificarlos y venderlos a gente necesitada que deja lo poco que tiene para caer en esta trampa o estafa. También entran en este juego abogados que le sacan dinero a los invasores, con el cuento de que nadie los va a sacar de estas tierras, a sabiendas de que son tierras privadas que tarde o temprano volverán a mano de sus verdaderos dueños. Hoy, hay más de 300 invasiones de tierras en Panamá y muchas de ellas patrocinadas por representantes, diputados y alcaldes de todo el país. Hemos visto incluso cómo algunas áreas ya se han convertido en barriadas que llevan nombres de políticos que en su momento ayudaron a los invasores desde el Gobierno para que no fueran desalojados de estas tierras. El caso más reciente, en Villalobos de Pedregal, confieso que he sido testigo de cómo un grupo de personas propietarias de 60 hectáreas de tierra fueron víctimas de invasores que llegaron allí en mayo del 2016 a levantar con palos y hojas de zinc sus improvisadas viviendas. En más de cuatro ocasiones, los dueños de estas tierras fueron a mi noticiero, con documentos, tratando de lograr que las autoridades les dieran la mano para recuperar sus fincas, resultando infructuosos sus esfuerzos. En una ocasión los dueños de los terrenos hasta denunciaron haber sido agredidos y amenazados por algunos de los invasores. El pasado jueves, la Policía Nacional, atendiendo órdenes de la corregiduría, procedió a desalojar estas tierras, luego de 10 meses de lucha de los propietarios y gastos de miles de dólares. Luego de la acción policial, organizaciones de izquierda rechazaron la medida por considerarla violatoria a los derechos humanos.Estos grupos que defienden las invasiones sustentan sus argumentos en el artículo 117 de la Constitución que dice: ‘El Estado establecerá un política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social de toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso’. Este artículo es claro al señalar que es el Estado a quien le toca, a través de políticas, garantizar vivienda a los panameños. Aquí no dice por ningún lado que es obligación del Estado promover o apoyar las invasiones de tierras ni mucho menos regalar casas. Estos grupos de izquierda lo que buscan con ese discurso politiquero es allanar el camino para, en caso de acceder al poder, abolir la propiedad privada y dejar todo en manos del Estado. El Gobierno debe, a través de políticas de Estado, procurar que esta gente pueda conseguir un trabajo y aspirar a tener su propia casa. No podemos seguir apoyando las invasiones.

Álvaro Alvarado

 

Cuando las oportunidades se escapan

La lógica elemental llamaba a una Asamblea Nacional Constituyente apenas Guillermo Endara Galimany (q. e. p. d.) asumió el poder tras la invasión estadounidense del 20 de Diciembre de 1989. Endara no lo hizo, convencido no se sabe por quién, pero lo cierto es que sigue vigente la Constitución militarista de 1972. Lo más crítico de esto es que quienes aconsejan no hacer cambios constitucionales porque ‘no es el momento’, su convencimiento no gira sobre si las renovaciones constitucionales son buenas para el país, sino que un rompimiento del status que afectaría sus negocios. La necesidad de una nueva Constitución consiste en dotar al país de una Carta Magna acorde con el momento que vivimos; porque corta con esa etapa histórica de la vida republicana que consistió en 21 años de dictadura. Porque es la primera Constitución donde el país no tiene una quinta frontera. Esta nueva Constitución que aspiramos debería traernos cambios esenciales que nos liberen de ese excesivo presidencialismo que nos tiene atados de manos como país. Ese presidencialismo que nos conduce a un desequilibrio, porque no permite el debate de ideas, sino la imposición de las cosas. El presidente Juan Carlos Varela tiene una nueva oportunidad para llamar a esa Constituyente bajo los mecanismos establecidos. Permitir que entremos al 2019 con los mismos vicios que han imperado desde hace años, es no hacer Patria; por el contrario, es condenar el futuro de la Nación.

 

Redacción La Estrella de Panamá

El manejo de la controversia pública

En estos días se han suscitado significativos ‘escándalos’, tanto en el sector gubernamental como en el privado. Mi mentor en Relaciones Públicas, se llamaba Humberto López, un colombiano brillante, orador extraordinario y persona de encantadora personalidad (quien temo que ya pasó a mejor vida, pues era mucho mayor que yo y no he vuelto a saber de él); me iluminó en los años que manejé las comunicaciones públicas de un presidente, una primera dama, una alcaldesa, un director de la CSS, un ministro, un canal de TV y varios políticos (además de ser presidente de la Asociación Panameña de Publirrelacionistas y vicepresidente de la Confederación Interamericana de RR.PP.); Humberto fue quien me entrenó en el ‘Manejo de la controversia pública’, una especialidad de esta profesión. En esta agitada vida cotidiana, de nuestro país (y el mundo), es digno de comentar el excelente manejo que se dio de la controversia suscitada en una pizzería de Costa del Este, por el impedimento de entrada que un gerente puso a miembros a nuestra Selección Nacional (según las redes sociales, por razón de su etnia y condición social), afirmando literalmente que se les rechazó ‘porque no eran su target’ (palabra que implica ‘objetivo’, desde los puntos de vista comerciales y sociales). Primero que todo, los propietarios dieron la cara: a) aceptaron que se equivocó el gerente que hizo semejante desprecio (a nuestros célebres atletas además); b) despidieron al empleado que cometió el lamentable error; c) convocaron a los ofendidos y les pidieron sinceras y públicas disculpas; d) les desagraviaron invitándolos a comer en forma especial y e) les ofrecieron ser parte de sus patrocinadores y los designaron clientes preferenciales. Este es un buen ejemplo del manejo de una controversia pública eficazmente realizado. En abierta oposición notamos, con tristeza y asombro, cómo nuestro actual Gobierno pareciera carecer de profesionales que dominen y apliquen esta especialidad de la Comunicación / Relaciones Públicas en casos tan ferozmente importante como: a) desperdicio y carencia de agua; b) seguridad e integridad personal ciudadana; c) problemas con algunas escuelas que TODAVÍA no han podido funcionar decentemente en sus instalaciones; d) organización (tranques) del tráfico vehicular en la capital (en las carreteras en días festivos, parece que ya hay mejores medidas); e) acceso a los centros de salud y provisión de medicamentos; f) manejo de la basura; g) apagones… Todos ejemplos de controversias públicas relacionadas a necesidades BÁSICAS de los ciudadanos; las cuales diariamente llenan respectivamente los noticieros. Las reacciones y manejo son vergonzosos; van desde la indiferencia (ningún funcionario o vocero acepta que hay problemas, y menos explica los porqués ni los planes para subsanar estas anomalías tan odiosas, insalubres y que atentan contra las necesidades fundamentales de los seres humanos). Hasta las reacciones evasivas fuera de toda realidad ‘percepción de violencia’, absurda sonrisa de una ministra mientras dice ‘No tienen idea la logística que implica resolver este asunto’ (el lenguaje gestual es más fuerte que el verbal); la ausencia de los responsables de tantas calamidades para dar alguna explicación coherente y admitir que hay un problema que se origina por ‘tal y tal razón’ y que ‘se procederá a remediar en tal o cual forma’ y aceptar públicamente que hay una situación que está afectando o creando malestar , para empezar.

En conclusión: cero manejo profesional de ‘la controversia pública’, gran desconocimiento y orfandad de especialistas en esta materia, es la impresión que nos da a los que conocemos el tema y lo hemos vivido en la asesoría a personalidades influyentes en momentos críticos.

Alfredo A. Arango R.

 

Un país dentro de otro país

El espíritu original de crear las comarcas en Panamá fue preservar esas áreas para los compatriotas de etnias originarias, a fin de que no se le alteraran su cultura y su forma de vivir. La realidad es que las comarcas hoy parecen un país dentro de otro país, pues los indígenas aplican sus leyes y hasta sus impuestos. Pero lejos de preservar las comarcas, muchos de sus dirigentes no respetan el espíritu que dio origen a esta división de la República. Muchos de ellos están negociando con la venta de árboles y hasta celebran contratos con empresas extranjeras para la extracción de minerales. Pero la cuestión va más allá, con el cobro de impuestos a las visitas de cualquier panameño o extranjero y, cuando aplican sus leyes, terminan aplicando sentencias de latigazos con ortigas o metiendo a los culpables en el cepo. Aunque reconocemos que sus costumbres tienen que mantenerse, tampoco podemos aceptar que cometan exabruptos inhumanos o que pretendan que su demarcación no puede alcanzarla la justicia ordinaria. Creemos en la preservación de la cultura indígena y que se necesita que esos territorios, que han conservado por años, no sean arrebatados por terratenientes avivatos no indígenas. Lo que no podemos aceptar tampoco es que dentro de la comarca los avivatos internos no los alcance la ley o que se crean dueños y señores, cual feudal, de esas tierras. Una comarca es la reserva de un área para preservar una cultura, no un país dentro de otro país. Ojalá las autoridades dejen esto muy claro y no permitan que esta situación se les escape de las manos.

Redacción La Estrella de Panamá

Memorias de la Comisión Revisora de la Constitution de 1983′

El primero de diciembre de 1982, la Comisión de Reformas a la Constitución de 1972, designada por el presidente: Ricardo de la Espriella, inicio sus labores y las concluyó el 27 de marzo de 1983. Dicha comisión integrada por 16 distinguidos panameños, miembros de partidos políticos existentes en esa época y de sectores independientes. La Presidió: Jorge Fábrega Ponce. Nander Pitty Velazquez, fue su secretario y sus miembros: Emeterio Miller, Campo Elias Munoz, Mario Galindo, Oyden Ortega D., Humberto Ricord, Fernando Manfredo, Guillermo Endara Galimany, ocupando la presidencia de la República posteriormente, Jose Antonio Sossa, Roberto Arosemena Jaen, Roberto Alemán (El Chato) Cesar de León, Carlos Enrique Landau, Carlos Bolivar Pedreschi, Alvaro Arosemena Grimaldo y mi persona: que representaba al Consejo Nacional de Legislación y a la Asamblea Nacional de representantes, de ambas corporaciones era miembro.

La Comisión examinó integralmente las normas establecidas en la constitución vigente de 1972, con toda libertad: aprobó 135 artículos e introdujo 15 nuevos, entre ellos:

1) Se reemplaza la asamblea nacional de representantes de corregimientos; por la: Asamblea Legislativa, que constituíria: el Órgano Legislativo. Y se crea el Consejo Provincial integrado por los representantes de cada provincia. Como corporación mantienen sus funciones para el desarrollo de sus comunidades.

2) Se crea la figura del Legislador: escogido por elección popular directa por cada circunscripción electoral, denominada, circuito electoral: que pueden ser uninominales o plurinominales garantizandose el principio de representación proporcional. Debo señalar que el Circuito Electoral, surge como: un híbrido entre lo que eran los diputados provinciales antes de 1968, como lo establecía la Constitución de1946 y los representantes de corregimientos, creados a partir de la Constitución de 1972 siendo elegidos por votación directa y haciendo énfasis en el principio de residencia obligatoria en su corregimiento para que conviviera con la problemática y así se viera obligado a gestionar su solución a nivel municipal o del gobierno central ya que existía inconformidad con el diputado provincial, que generalmente residía en la capital y su presencia provincial era casi nula.A este tema se le dedicó Muchas discusiones y análisis, especialmente por los que formábamos parte del gobierno en ese momento ya que la figura del representante de corregimiento era un “icono” del proceso de cambios positivos, del proceso torrijista.

3) Se estableció la elección directa del presidente de la república, dándose la primera:en mayo de 1984, con la participación de los partidos existentes: inclusive del partido comunista de Panamá, que se había constituido legalmente. La ultima elección directa para presidente había sido en mayo de 1968, 16 años atrás .Salió electo el Dr Arnulfo Arias Madrid.

4) Todos los temas fueron importantes para los comisionados ,pero el que logró se le dedicará mayor atención, fue el presupuestario. Ante su embargadura el presidente nombro una sub- comisión: presidida por, Mario Galindo, sumándosele básicamente Roberto Alemán (El Chato) y entre ellos y demás miembros elaboraron la mayor parte de las normas que garantizan la aprobación y ejecución del presupuesto de nuestra nación actualmente porque el presupuesto, es el plan anual de gobierno, en números. Lo que ahí no está; no se ejecutará: al menos que se tengan ingresos extraordinarios o muchos ahorros.

Al terminar este escrito de esa experiencia histórica vivida siendo joven político en esa época: deseo señalar, que de darse una constituyente o cambio constitucional, se debe aprovechar para otorgarle la justa participación al Órgano Legislativo actual o al que sea: en la elaboración del presupuesto rentas y gastos de la nación ya que ellos son los representantes directos del pueblo panameño y mucho aportarían para la priorizar la inversión y gasto público. Hoy en base a las normas aprobadas por nuestra comisión: sólo aprueban o desaprueban: el presupuesto nacional totalmente elaborado por el Órgano Ejecutivo. Esto también interesará a líderes independiente y profesionales a integrar el Órgano Legislativo porque a parte de aprobar, modificar las leyes y ejercicios fiscalización en la administración del Estado, participarán en la elaboración del plan de gobierno en números: si presupuesto, como lo hacen en otras latitudes.

Hirisnel Sucre S.