Zamorano pide a Ayú audiencia para Ricardo Martinelli
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Abel Zamorano, en su papel de fiscal, solicitó audiencia de imputación de cargos para el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, en una investigación en su contra por los 353 indultos otorgados en 2014.
La solicitud de Zamorano fue presentada el 16 de marzo de 2017, a través de una carta enviada al presidente de la CSJ, José Ayú Prado.
La máxima magistratura de justicia del país dio a conocer la petición del magistrado fiscal de este caso mediante un comunicado difundido a través de su página web, y en el que adjunta la carta enviada a Ayú Prado.
En ella se lee: ‘nuestra petición tiene su basamento jurídico en el Artículo 280 del Código Procesal Penal, el cual se refiere a la formulación de imputación a través de audiencia ante el juez de garantías’.
‘Debido a que es un hecho público y notorio que el investigado está fuera del país, le solicitamos respetuosamente efectuar todas las gestiones y diligencias necesarias a fin de que efectivamente se ponga en conocimiento del mismo la fecha y hora de la audiencia’.
Martinelli salió del país en enero de 2015 a una reunión en el Parlacen, en Guatemala, donde, según dijo, denunciaría supuestas violaciones a los derechos humanos. El diputado del Parlacen no regresó a Panamá y hoy se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos.
Los indultos a los que se refiere este caso fueron otorgados a través de 18 decretos ejecutivos, que fueron publicados en Gaceta Oficial el 25 y 30 de junio de 2014, a finales de su mandato presidencial.
Los indultos fueron anulados por su sucesor y exvicepresidente de su gobierno, Juan Carlos Varela, mediante el Decreto Ejecutivo 472 del 14 de agosto de 2014, por ser ilegales.
Este proceso llegó a la Corte en septiembre de 2014, por conducto de la Procuraduría General de la Nación, y fue admitido el 2 de julio de 2015, aunque el proceso se inició formalmente el 29 de abril de 2016.
En este proceso, al expresidente Martinelli se le acusa de la comisión de un presunto delito contra la administración pública.
Además de esta causa, el expresidente enfrenta nueve procesos más, por las irregularidades en la compra de comida deshidratada, por los pinchazos telefónicos, por el cobro ilegal de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.,y por manipular las acciones de la compañía minera Petaquilla usando una cuenta bancaria de la casa de valores Financial Pacific, entre otros.
Redacción La Estrella de Panamá
