Vinculan a otras 16 personas a red de corrupción en el Órgano Judicial
La Fiscalía Auxiliar aplicó medidas cautelares a otras 16 personas por su presunta vinculación con una red de corrupción. Que operaba en el Segundo Tribunal Superior Penal y en la Oficina de Descongestión Judicial.
Se trata de los miembros de jurados de conciencia que actuaron de dos audiencias por delitos de homicidio y que en sus indagatorias admitieron que recibieron dinero a cambio de favorecer a los imputados.
Una fuente ligada a la investigación detalló que la fiscalía aplicó medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación periódica a los implicados.
La medida se aplicó a los miembros de jurados de conciencia que participaron en audiencias celebradas en octubre y a inicios de noviembre de 2015. La red de corrupción fue desmantelada el 12 de noviembre pasado tras allanamientos que efectuó la fiscalía en el Órgano Judicial.
JURADOS ADMITEN COIMAS
La Fiscalía Auxiliar indagó y aplicó medidas cautelares de impedimento de salida del país a otras 16 personas que actuaron como jurados de conciencia, en juicios efectuados el 22 de octubre y el 9 de noviembre de 2015, y que habrían recibido “coimas” para favorecer a sindicados por parte de una red de funcionarios del Órgano Judicial.
Una fuente judicial detalló que este grupo rindió indagatoria el lunes y martes pasado, y varios de ellos aceptaron que recibieron “coimas” por parte de la red de funcionarios del Segundo Tribunal Superior Penal y de la oficina de Descongestión Judicial, que están siendo procesados judicialmente.
El escándalo de la red de corrupción estalló el 12 de noviembre pasado, cuando el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, allanó varias oficinas del Órgano Judicial y detuvo, al menos, 10 servidores.
Se informó que el Juzgado Cuarto Penal debe resolver varias solicitudes de fianza de excarcelación de cuatro funcionarios del Segundo Tribunal que se encuentran detenidos.
Ese mismo juzgado debe resolver una petición para que la fiscalía decline la competencia del proceso a la esfera municipal, debido a que la sanción a imponer para algunos funcionarios sería inferior a los cuatro años de prisión.
Esta investigación se inició por la denuncia que presentó el presidente de la Corte, José Ayú Prado. La Sala Penal autorizó a la fiscalía efectuar escuchas telefónicas para obtener pruebas y evidencias.