Víctimas exigen a Martinelli millonaria indemnización
A unos $56 millones ascendería el monto del reclamo económico que efectuaron al expresidente Ricardo Martinelli las víctimas de los pinchazos telefónicos realizados sin autorización judicial durante el periodo 2012-2014.
Balbina Herrera cuantificó un pago de $30 millones en resarcimiento del daño, mientras que Mitchell Doens cifró en $20 millones las afectaciones a su vida profesional, política y familiar.
Por su parte, Rubén Polanco reclama $5 millones por los perjuicios psicológicos sufridos producto de la persecución de la que fue víctima.
El querellante autónomo Rosendo Rivera, por otro lado, tasó en $955 mil el daño sufrido por la violación a su privacidad.
Carlos Herrera hijo, abogado de Mauro Zúñiga, y Nicomedes Castillo, apoderado de Juan Carlos Navarro, no renunciaron al derecho de indemnización, pero dijeron que, de salir culpable el expresidente, presentarán el monto ante la esfera civil.
No obstante, Sidney Sittón, defensa de Martinelli, trasladó el millonario desembolso al Estado panameño, bajo el principio de que las víctimas han identificado a su cliente en la querella en función de presidente de la República cuando ocurrieron los hechos.
‘Establecimos que la responsabilidad civil de los actos cometidos por los agentes de la administración pública tienen que ser demandados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia’, dijo Sittón. Y añadió: ‘Si Ricardo Martinelli llegara a ser responsable de algo, sería el Estado quien tendría que pagarle a las víctimas por razón de que la responsabilidad civil que emerge de los actos de los funcionarios es del Estado’.
No obstante, los demandantes insisten en que el bolsillo de Ricardo Martinelli debe asumir estos reclamos.
Lo acusan de haber utilizado el aparato del Consejo de Seguridad para cometer los presuntos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad por seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. A estos dos se suman contra la administración pública en la modalidad de peculado por sustracción y malversación, y en la modalidad de peculado de uso.
Estos reclamos fueron escuchados ayer por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la audiencia de acusación.
Finalizada la sesión, de tres horas de duración, interrumpida por una cita médica con el oftalmólogo anunciada previamente por la defensa, Martinelli envió una nota a los medios en la que alegaba su inocencia. Escribió que se trata de un proceso político y que si alguien tendría que pagar, sería el Estado.
‘En ese periodo, Ricardo Martinelli ejerció con los estamentos toda la presión; que nos pague él, no el Estado’,
BALBINA HERRERA
VÍCTIMA
Herrera, a través de su apoderado, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la violación a su intimidad ocurrió hasta en su casa, y que a raíz de estas interceptaciones telefónicas ilegales sufrió daños morales irreparables. ‘Es difícil cuantificar el daño a la dignidad personal a la que ha sido expuesta Balbina, pero tiene derecho a exigir el reintegro de la cosa y la reparación de los daños’, dijo su abogado, quien cuantificó en $30 millones la reparación de los daños.
Doens expresó que los pinchazos se ejecutaron en forma continua durante la administración Martinelli. Enseguida reseñó que dos conversaciones suyas fueron difundidas en YouTube mientras fungía como secretario del Partido Revolucionario Democrático y consultor para empresas internacionales. Una, en la que hablaba con su copartidario Francisco Sánchez Cárdenas, sobre temas políticos, y una segunda, ‘en la que conversaba con un dirigente indígena para llamar al diálogo’, en tiempos de intensas protestas contra el gobierno de turno.
La difusión de estos audios en las redes, según Doens, provocó el alejamiento de las empresas o seres queridos por temor a ser grabados, resultando en pérdidas económicas significativas para su economía.
En su exposición de motivos, Doens incluyó como parte de los delitos el de asociación ilícita y abuso de autoridad, pero el juez le solicitó omitir los mismos porque no son parte del texto de la acusación. Doens aceptó.
El abogado del periodista Rubén Polanco explicó, por su lado, que su cliente sufrió trastornos psicológicos moderados de persecución producto del seguimiento y la vigilancia que le hacían los funcionarios del Consejo de Seguridad por órdenes del entonces mandatario. Esto provocó un daño moral y personal que el comunicador cuantificó en $5 millones.
Como sustento, identificó una evaluación psicológica que efectuó a Polanco el psicólogo Joaquín Pardo.
Por último, el querellante autónomo Rosendo Rivera hizo solidariamente responsable al Estado por el monto de $955 mil que solicitó como resarcimiento.
Ilustró que mientras fue presidente y fungió como jefe del Consejo de Seguridad, Martinelli ordenó intervenir sus comunicaciones, siendo él su abogado.
CONCLUYEN ACUSACIONES
La tarde de hoy se reanuda la audiencia. Debe cumplirse con el formalismo de la entrega a la defensa de las últimas correcciones de la acusación de la fiscalía y del querellante autónomo.
El paso que sigue en el proceso es la evaluación de cada una de las pruebas anunciadas por la parte acusadora, testimoniales y documentales, así como las que serán introducidas en el juicio oral, para saber cuáles serán admitidas en el juicio.
Adelita Coriat
