Urgen mejores controles migratorios
No soy xenofóbica. Aclaro esto antes de que se me acuse de chauvinismo, por manifestar mi pensar y el de muchos panameños en esta opinión.
El control migratorio se ha convertido en una necesidad real e imperiosa en nuestro país. En los últimos años hemos visto cómo una descontrolada invasión de inmigrantes se ha instalado aquí en busca de una mejor calidad de vida. Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en el último quinquenio se legalizaron más de 72 mil personas y se expidieron más de 40 mil permisos de residencia y trabajo a extranjeros que se han establecido de forma temporal o permanente. Muchos de ellos poseen visa de turista y una vez dentro del territorio nacional cambian su estatus migratorio. Las naciones que generan más inmigrantes son: Colombia, Venezuela, República Dominicana y Nicaragua.
En Panamá las leyes de inmigración son abiertas y flexibles. Fenómeno que impulsó el programa Crisol de Razas, creado en la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
Mientras que países desarrollados, como Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, etc. tienen políticas de inmigración selectiva, el nuestro prefirió abrirle las puertas a toda clase de extranjeros, sin visa y sin que importara su solvencia económica. Esto, más que un evento favorable para contribuir con el crecimiento económico genera algunos efectos negativos, porque muchos de los que se benefician de estas legalizaciones son personas que poco pueden aportar al progreso del país, mientras que a otras se les relaciona con el mal vivir y traen consigo nuevas modalidades delictivas.
No nos oponemos a que esta nación reciba a inmigrantes, pero debe hacerse con mayores controles y selectividad, considerando los méritos de quienes buscan legalizarse. Sin duda, la inmigración indiscriminada perjudica a numerosos nacionales y se manifiesta en hechos concretos, por ejemplo, contribuye al colapso de los sistemas sanitarios, educativos y de transporte; desplaza la mano de obra local, simple o calificada (soy testigo de que algunos puestos de trabajo los acaparan extranjeros –a pesar de que hay panameños capaces– por una menor oferta salarial y la evasión del pago de obligaciones patronales); introduce nuevas prácticas delictivas; incrementa el costo de la vida; produce un aumento poblacional –no por nacimientos nativos– que supone una carga para el Estado, porque debe disponer más recursos para prestarle los servicios básicos, y algunos de ellos también reciben ciertos subsidios (beca universal) en detrimento de estudiantes panameños.
El proyecto de ley 62, entre cuyos objetivos está la eliminación del programa Crisol de Razas, lejos de tener un tufo xenofóbico procura que haya una mayor seriedad en los controles de ingreso de extranjeros al país. El Estado debe velar para que los ciudadanos de este país sean productivos y mejoren su calidad de vida. Es injusto que se les reduzcan las oportunidades laborales a la vez que se encarece la vida y se saturan los sistemas públicos y que, además, tengan que soportar infortunadas ofensas a través de las redes sociales.
Es inaceptable que grupos de “no nacionales” le exijan a las autoridades panameñas que intervengan en los asuntos internos de sus respectivos países de origen. Además, es abusivo que grupos de extranjeros pretendan influir en nuestros procesos electorales –tal cual sucedió en las pasadas elecciones– manifestando su abierto apoyo a determinados excandidatos o buscando perjudicar a otros (recordemos el caso del grupo de jóvenes detenidos por el trabajo sucio durante el cierre de campaña del actual presidente).
Por otra parte, durante la discusión del mencionado proyecto de ley 62 en la Asamblea Nacional, las declaraciones de la diputada Zulay Rodríguez Lu se tergiversaron, al punto de que la Cancillería colombiana elaborara una carta de rechazo a las supuestas declaraciones discriminatorias contra colombianos.
Sobre este particular, es innegable calificar de “escorias” a aquellas personas que delinquen en otros países. Cuando se vive o se está de visita en otra tierra, se debe respetar las leyes, las costumbres, a los nacionales y tener un comportamiento ejemplar. Si no se es capaz de ello, es mejor regresar a la tierra natal y no importunar a quienes sí tienen el derecho legítimo de estar aquí.