Un modelo a imitar
Las contrataciones públicas suelen ser la vía más socorrida de los funcionarios corruptos para obtener dinero mal habido y, en el proceso, despojar al Gobierno de fondos que de otra suerte serían utilizados para satisfacer las necesidades de salud, educación, agua potable, caminos y carreteras, entre otros servicios públicos. En Panamá hay dos sistemas de contrataciones para la compra de bienes y servicios: uno que privilegia la competencia –Autoridad del Canal de Panamá (ACP)– y otro, en el resto del Gobierno, que privilegió en el pasado quinquenio las contrataciones directas, en detrimento de la competencia.
No soy experto en la materia, pero conozco suficiente para saber que cuando hay competencia (caso de la empresa privada) quien adquiere un bien o servicio obtendrá la mejor calidad al menor costo posible. La competencia da el mejor precio y este es el resultado de las fuerzas del libre mercado. El célebre economista austríaco Friedrich Hayek, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974, la describiría así: “El precio de mercado no será conocido hasta que haya competencia”.
La olímpica corrupción que estableció el Gobierno anterior tuvo su sustento en por lo menos seis enmiendas a la Ley de Contrataciones Públicas de junio de 2006, bajo el falso objetivo de acelerar el proceso de compras para “agilizar” la ejecución de obras públicas. Además introdujo el concepto de “equilibrio contractual” para justificar cláusulas nuevas en un contrato, bajo el pretexto de mantener el equilibrio cuando cambiaran las condiciones del contrato original. El resultado de esta desviación fueron los enormes sobreprecios en contratos pactados directamente con allegados a la pasada administración; esa gente estaba tan desbocada que no había benchmarking en las compras que les sirviera de contención a su codicia. ¡El sistema de contrataciones había sido rediseñado para servir a sus propósitos!
En su plan de gobierno, el presidente Juan C. Varela prometió“un sistema público de compras y contrataciones abierto, competitivo y transparente, con monitoreo público…”. Para lograr que sea eficiente y transparente no tiene que ir muy lejos; le recomiendo que se familiarice con el que rige en la ACP y lo adapte a la realidad gubernamental, para garantizar la competencia y prevenir la corrupción.
El sistema de contrataciones de la ACP se inspira en el que regía bajo administración estadounidense, que se basaba en el Título 41 (Contrataciones Públicas) del Código de Reglamentos Federales. Su objetivo es obtener la mejor calidad, los precios más favorables y la entrega en el plazo más oportuno. Sus elementos clave son: imparcialidad, equidad en la relación con los contratistas, auditoría posterior a los gastos y flexibilidad razonable para decidir situaciones de urgencia. En cuanto a transparencia e integridad, una disposición obliga al personal a presentar informes anuales del estado de sus finanzas personales.
En materia de competencia se aplican cuatro tipos de licitaciones: Con base en el precio más bajo; negociada de precio más bajo; negociada de mejor valor, y licitación pública en dos etapas: 1. Propuestas técnicas, que se aclararán y negociarán conforme al pliego de cargos, y 2. Propuestas de precio recibidas de los proponentes seleccionados en la primera etapa. En la ACP, las contrataciones admiten la excepción de la competencia solo en casos en que se solicite una marca, fabricante o suplidor específico cuando no haya sustituto adecuado. Entonces el oficial de contrataciones emite una resolución motivada en la que expresa el fundamento de la decisión.
No es un sistema a prueba de actos de corrupción; ocurrieron bajo la administración estadounidense, también en la panameña. Bajo la de Estados Unidos fue famoso el conocido “caso Gerard Lavecchia”, quien en 1994 fue sentenciado por un juez de Brooklyn a 27 meses de prisión y a restituir $347,000 a la Comisión del Canal en concepto de sumas recibidas por extorsión y sobornos. Y bajo administración panameña seis colaboradores han sido destituidos por violar el reglamento, y dos de ellos rindieron cuentas ante tribunales penales.
Lo importante es que el sistema es transparente y está diseñado para identificar y perseguir a los funcionarios corruptos, incluso a través de la denuncia anónima ante el fiscalizador general.
Hasta donde tengo entendido, el Ejecutivo aún no ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que reemplace el esperpento que nos dejó como legado el pasado gobierno. Ojalá que esto se haga pronto para poner término al riesgo de que se sigan aplicando las contrataciones directas, algo que sería contrario a la promesa hecha por el presidente Varela. Quienes apoyamos su propuesta lo hicimos confiando en que honraría su plan de gobierno.