Un crimen que no debe quedar impune
De todas las irregularidades ocurridas en el gobierno de Ricardo Martinelli y sus amigos, considero que ninguna ha sido tan obscena, criminal y aberrante como la compra y distribución de comidas deshidratadas para los escolares de limitados recursos económicos que asisten a las escuelas públicas. Alimentos que, además, estaban envenenados pues contenían vidrio molido, según determinaron los análisis clínicos.
¿Cómo es posible que el exgobernante y sus cómplices –que planificaron esa estafa– estén tan tranquilos, a sabiendas de que algunos de los estudiantes se intoxicaron y tendrán secuelas de por vida, y que otros podrían fallecer por envenenamiento?
¿Cómo pueden celebrar los vinculados a esta estafa, quienes por ayudar a su patrón y beneficiarse sacrificaron de por vida a algunos de los jóvenes que ingirieron estos alimentos?
A pesar de que hasta la fecha solo unos pocos de los involucrados han sido imputados, hay muchos que todavía se pasean por el país o están prófugos, debido a la lentitud de nuestra burocracia judicial, ya sea porque recibieron “país por cárcel” o por no haber sido indagados todavía. Por ejemplo, el expresidente de la junta directiva del Programa de Ayuda Nacional de esa época, funcionario que presentó y promovió este proyecto como “la solución a las necesidades alimentarias de los escolares de pocos recursos”, y quien ofreciera un almuerzo oficial en los salones de la Presidencia de la República para demostrar las bondades de estos “alimentos”, que todos los presentes rechazaron por considerarlos desagradables.
Me intriga que el Ministerio de Salud no haya ordenado una investigación para determinar si hubo escolares afectados por ingerir estos alimentos o si falleció alguno a causa de ello.
Recordemos que ya hubo un envenenamiento masivo en Panamá al que se refirió The New York Times –posiblemente el diario más prestigioso y respetado en el mundo– que hizo una investigación para conocer cuántas personas fueron afectadas en los países en los que se distribuyó el jarabe con dietilene glycol, particularmente en el nuestro. Aquí posiblemente hubo un porcentaje de muertes mayor a los casos reportados, de manera que se desconoce el verdadero número de fallecidos por este medicamento, que además causó centenares de muertos en otros países.
El diario investigó que en Panamá la Caja de Seguro Social había distribuido cerca de 260 mil frascos del jarabe contaminado y que, por lo tanto, de acuerdo a las estadísticas registradas en otros países, aquí ha debido ocurrir un número mayor de muertes que lo declarado.
Según el informe oficial, 130 personas fallecieron y 174 se vieron afectadas, casi todas procedentes de la ciudad de Panamá, sin tomar en cuenta a los cientos de pacientes a los que se les recetó y tomaron el jarabe, en el interior del país.
No se investigó cuántos de ellos murieron o fueron afectados, pero se conoce que muchos de los decesos ocurrieron en el interior y fueron registrados como muerte natural por gripe, bronquitis, pulmonía u otras enfermedades respiratorias.
De igual manera, en el caso de la comida deshidratada se desconocen cuántos estudiantes resultaron afectados por su ingesta.
Considero que estamos ante uno de los crímenes más abominables que cometió el gobierno anterior, y es algo que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Salud deben investigar de manera exhaustiva, y actuar con la severidad que merece este crimen.
Una cosa es apropiarse de dineros y otra es atracar al Tesoro Nacional para beneficiarse a costa de la salud y la vida de inocentes escolares, cuyo único pecado fue nacer pobres y asistir a las escuelas públicas.