Tribunal favorece a Javier Pariente en caso de comida deshidratada

El Segundo Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la orden emitida desde noviembre de 2015 por la Fiscalía Primera Anticorrupción de formular cargos de peculado e indagar al empresario Javier Pariente en la investigación relacionada con el contrato de comida deshidratada por $14.5 millones otorgado en 2010 por el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

A pesar de los señalamientos hechos por la fiscal Tania Sterling, en el sentido de que Pariente fue la persona que fungió desde el inicio del contrato como facilitador detrás de la empresa Lerkshore International Limited -que obtuvo el contrato y procuró que el programa de la comida deshidratada entrara al entonces PAN-, el tribunal indicó que “no consta en el proceso ninguna evidencia o indicio que lo ligue [a Pariente] al contrato”.

El fallo, con fecha del 27 de mayo de 2016, lleva la firma de los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia Diego Fernández y Wilfredo Sáenz.

Pariente, exvicepresidente de Ricamar -empresa ligada al expresidente Ricardo Martinelli– es conocido como el artífice de los contratos de la comida deshidratada que se dieron en el gobierno anterior. Se encuentra fuera del país desde agosto de 2015, cuando el Ministerio Público inició las investigaciones por este caso.

Desde el Ministerio Público informaron que la fiscalía analiza a qué medidas legales puede recurrir ante la decisión de los magistrados. 

'NO HAY INDICIOS CONTRA PARIENTE'

El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó un fallo del Juzgado Decimosexto Penal y admitió un recurso legal presentado por la defensa del empresario Javier Pariente que solicitó dejar sin efecto la orden de indagatoria y formulación de cargos (peculado) que emitió en su contra la Fiscalía Primera Anticorrupción en la investigación relacionada con el contrato para la compra de alimentos deshidratados a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN) por $14.5 millones.

En un fallo del 27 de mayo de 2016, que lleva la firma de los magistrados del Segundo Tribunal Diego Fernández (suplente especial) y Wilfredo Sáenz, se revoca el auto No. 9 del 11 de febrero de 2016, mediante el cual el Juzgado Decimosexto Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa de Pariente contra la resolución del 11 de noviembre de 2015, en la cual la Fiscalía Primera Anticorrupción le formuló cargos y ordenó indagarlo en torno a la investigación citada.

“La sala, por el momento, no coincide con los motivos utilizados por la Fiscalía para indagar al señor Javier Pariente, por cuanto no consta en el proceso ninguna evidencia o indicio que lo ligue al contrato donde se le adjudicó a la empresa Lerkshore International Limited la compra de alimentos deshidratados para escuelas oficiales”, dicta el fallo.

Destacan los magistrados que “Javier Pariente no era empleado público del Estado, es decir, del Fondo de Inversión Social o del Programa de Ayuda Nacional [ya disueltos], tampoco representante legal o dueño de la empresa Lerkshore International Limited”.

Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar – empresa ligada al expresidente Ricardo Martinelli-, es considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada. De hecho, la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, lo señaló en su investigación como “la persona que fungió desde el inicio del contrato como facilitador detrás de la empresa Lerkshore International Limited y procuró que el programa de comida deshidratada ingresara al Fondo de Inversión Social, desde la designación de la persona de Ángel Famiglietti, para la ejecución del contrato e incluso aportó el dinero que garantizaría, una vez adjudicado el contrato, la solvencia de dicha empresa, para que la misma resultara beneficiada en contra de los intereses del Estado panameño”.

En cambio, los magistrados concluyeron que el hecho de que Pariente conociera a Giacomo Tamburrelli, exjefe del antiguo PAN; Ángel Famiglietti, exjefe de Nutrición del PAN y a Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited, “no implica que se haya demostrado algún nexo de ejecución que revele que incurrió en la comisión de algún delito, pues no intervino en ninguna forma en la celebración, adjudicación, implementación, cobro o desembolso del contrato relativo a la compra de alimentos deshidratados”.

El tribunal también descartó la vinculación que hizo la fiscalía a Pariente con el delito por el hecho de que, como representante legal de la empresa Productos y Procesos Industriales, S.A., intentó girar fondos a Lerkshore International Limited por $15 mil pocos días después de haberse adjudicado el contrato.

Según el tribunal, “se tiene certeza que ese movimiento bancario no se realizó, pues el banco lo rechazó con base en que se salía del perfil contemplado para el cliente”.

Los magistrados indicaron que De Ycaza declaró a la fiscalía que Productos y Procesos Industriales es propiedad de su amigo Sabas Cordero, y que el depósito que se intentó hacer a la empresa Lerkshore Internacional Limited, por $15 mil, fue en concepto de comisiones, ya que Cordero le pagaba cada vez que conseguía un cliente y que el cliente en este caso era la empresa Intel de Costa Rica.

“Todo lo anterior permite establecer, de manera clara, que el señor Javier Pariente no mantenía conexiones comerciales con el señor Rubén De Ycaza”, destacó el fallo del tribunal.

Por esta investigación la fiscalía imputó cargos a Giácomo Tamburrelli, exjefe del PAN; Ángel Famiglietti, jefe del Departamento de Nutrición del PAN; Rubén De Ycaza, dueño de Lerkshore Internacional Limited y al abogado Amado Arjona.

El 18 de agosto de 2015, la Fiscalía Primera Anticorrupción abrió una nueva investigación por este contrato de 2010.

Las primeras pesquisas de la fiscalía se sustentaron en una publicación de La Prensa del 12 agosto de 2015, que reveló que este negocio se “cuadró” seis meses antes de que el entonces director del Fondo de Inversión Social (FIS, hoy PAN), Giacomo Tamburrelli, licitara el proyecto.

Parte de la ganancia de esta compraventa se depositó en cuentas de sociedades off shore del abogado Amado Arjona Duque, quien había firmado seis meses antes de la “licitación” (noviembre de 2009) un acuerdo para cobrar una comisión de $4.4 millones con la “ganadora”, Lerkshore International Limited, del empresario De Ycaza. La “comisión” equivalía al 30% del contrato.

En esa misma publicación quedó al descubierto la relación de Arjona con Pariente, considerado el artífice de los contratos de la comida deshidratada. 

Arjona y Pariente eran protagonistas del multimillonario negocio de la Cadena de Frío, que adjudicó en noviembre de 2011 el ministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu al Consorcio Panamá Frío, por $75 millones.

Pariente es socio minoritario en ese grupo empresarial, que también pagó $10 millones en “comisiones” a Arjona en “honorarios profesionales” por su asesoría en esa licitación de la comida deshidratada.

Además, Pariente es firmante de una cuenta bancaria de la sociedad Mejores Acabados, S.A., que, junto a Outsourcing de Venezuela, S.A., integra el Consorcio Panamá Frío, de la Cadena de Frío.

También fue favorecido con el contrato de $1.6 millones para construir el parque del polémico terreno de Paitilla que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras –por entonces a cargo de Anabelle Villamonte- le había traspasado de forma gratuita al florista César Segura.

Pariente es dueño de la compañía Klip Financial Investment Corp., receptora de fondos de sociedades de Arjona Duque, cuando este facturó $22 millones en “comisiones” de los dos contratos de la comida deshidratada y de la Cadena de Frío.

Klip Financial Investment Corp. fue constituida por Arjona Duque –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz, hoy llamada AP Partners– el 18 de junio de 2010. Es decir, solo un mes después de que Tamburrelli adjudicara el primer contrato de la comida deshidratada –por $14.5 millones– a Lerkshore Internacional Limited, que también en 2011 logró otro contrato por $44.9 millones.

Justo en esas fechas, Pariente compró un terreno de playa –lote 309– en Buenaventura, Antón, a través de la sociedad Villa Montichiari, S.A., por el que pagó casi $188 mil.

El 2 de febrero de 2013 Pariente traspasa la finca a la sociedad McKenzie Properties, Corp. Un año después la sociedad dona la finca a la Fundación Ching Ying Fa, donde figuró la abogada Mariel Jované, jefa de asesoría legal de Ensa cuando Pariente era jefe allí. 

El 1 de agosto de 2014, la Fundación Ching Ying Fa declaró mejoras en esa finca por casi $1 millón.

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