Tres magistrados interponen denuncia contra Harry Díaz
Los magistrados José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán de León pidieron ayer la destitución de su colega de la Sala Penal Harry Díaz, por supuestas ‘faltas a las normas de transparencia e integridad judicial', tras revelas interioridades políticas de la Corte Suprema de Justicia.
La petición está contenida en una denuncia formal que presentó personalmente Ayú Prado, en nombre de toda la Junta Directiva de la Corte, sobre las 2:00 p.m. ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, y que incorpora una copia de la entrevista con Díaz, que la televisora Telemetro emitió el jueves pasado, autenticada por la Autoridad de los Servicios Públicos.
En la denuncia, los magistrados instan a investigar a Díaz por la supuesta violación a la Ley de Carrera Judicial, que él mismo promovió el año pasado ante el Legislativo.
Según Ayú Prado, De León y Fábrega, el magistrado de lo Penal infringió la norma que establece que es grave que un funcionario falte por ‘palabra, por escrito o de obra el respeto a sus superiores, inferiores o iguales, o censuren injustificadamente su conducta oficial'.
La queja de la directiva de la Corte tomó por sorpresa a los diputados, que unas horas antes se negaban a tomar acciones sobre una carta que el propio Ayú Prado envió a la Comisión de Credenciales para que ésta analizara la conducta de Díaz.
‘Esperamos que la denuncia cumpla con los requisitos formales, porque quienes la remiten conocen la materia de Derecho Procesal Penal', replicó el presidente de esa comitiva legislativa, el oficialista Jorge Iván Arrocha, quien antes había pedido a la Corte no trasladar su show mediático a la Asamblea.
La Asamblea debe investigar al magistrado Díaz en virtud del artículo 160 de la Constitución. Además, el artículo 478 del Código Procesal establece que es competencia del Legislativo juzgar a los magistrados de la Corte ‘por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las leyes'.
HARRY, EL IMPRUDENTE E INDISCRETO
La directiva de la Corte asegura que la Asamblea debe intervenir, porque ‘no es difícil inferir, luego de ver y oír la entrevista que concedió Díaz, que sus actos y aseveraciones no se acercan a la imagen de un magistrado fiscal, de garantías, de juicio, objetivo, centrado, imparcial, prudente, discreto, sereno y con autocontrol'.
La denuncia también presume que las revelaciones de Díaz causaron perjuicio a la tramitación de los procesos que sigue la Corte contra el expresidente Ricardo Martinelli.
El magistrado, quien funge como fiscal de la causa de los pinchazos (la más adelantada de las tres que se investigan contra Martinelli), aseguró que estando en el poder, el entonces presidente le exigió en 2013 renunciar a sus aspiraciones a dirigir la Corte para que lo hiciera Alejandro Moncada Luna, hoy condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito.
La postura de la Corte secunda la de la defensa de Martinelli, que anunció la semana pasada que recusaría a Díaz, porque éste —dice— perdió su imparcialidad.
Movin pidió que, acogida la denuncia, la Asamblea ‘realice una investigación exhaustiva, con imparcialidad, seriedad y responsabilidad'.
El caso ha confirmado que la Corte está en crisis aun después de la estrepitosa salida de Moncada Luna y de Víctor Benavides.
El vicepresidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, explica, por su lado, que el ‘denunciado no está obligado a probar su relato. El denunciante solo debe comunicar la posibilidad de que existe una conducta que requiere ser investigada'.
URGEN CAMBIOS
Díaz, sin embargo, está dispuesto a hablar. En una nota, el martes, pidió a la Asamblea Nacional que lo citasen, aunque Arrocha se negó a abrir esa puerta. Harry Díaz quiere hablar, por ejemplo, del ‘posible peculado por turismo judicial' de Ayú Prado, De León y Fábrega, caso que la Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció el año pasado, y que la Asamblea Nacional ha empantanado.
‘En mi opinión la Asamblea puede hacerlo (citar a Díaz). Pero ya que el magistrado está a disposición, le invitamos a que formalice la denuncia', aseveró el procurador de la Administración, Rigoberto González, para quien la Asamblea se había estado yendo al extremo de la formalidad.
‘¿Cómo quedarnos indiferentes y adoptar una posición pasiva frente a un hecho que para la ciudadanía y para un magistrado es algo grave e irregular?', se increpó el alto funcionario.
‘Ellos (los diputados) se limitan a decir: no me llega la denuncia, no voy a hacer nada, y no proponen cambios. Basta ya, hay que hacer cambios a esta normativa', afirmó Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
La Comisión de Credenciales de la Asamblea espera que en lo que resta de esta semana la Secretaría del Legislativo le remita la denuncia para empezar su trámite el lunes.