Tres exfiscales cuestionan acciones del Ministerio Público
Una investigación por extorsión y otra por trata de personas en la provincia de Herrera tienen varios factores que llaman la atención. Por un lado, se menciona a una empresa; por otra, el despido de dos fiscales y por último, cinco trabajadores extranjeros que pasaron de denunciados a denunciantes.
Esta es la versión de dos fiscales de Herrera y Los Santos, Dalilia Villarreal y Enereida Barría, que fueron separadas de sus respectivos cargos el pasado 8 de marzo, en medio de una investigación por extorsión en contra de la constructora Rodsa y de una denuncia por trata de personas contra la empresa.
Villarreal era fiscal de Circuito y Barría, fiscal Superior. En esta madeja también interviene César Tello, quien era fiscal de ese distrito judicial, pero que fue trasladado a Colón y terminó renunciando.
‘TODAS LAS ACCIONES EN ESTE CASO FUERON AVALADAS POR UN JUEZ DE GARANTÍAS Y EL TRIBUNAL DE APELACIONES’,
ENEREIDA BARRÍA
EXFISCAL SUPERIOR
La trama empezó, narra Tello, cuando su esposa —Katiusca Lee, quien labora como asesora legal de Rodsa— le comentó que dos abogados (Manuel Ávila y Diómedes Corrales) se le habían acercado con la intención de ‘llegar a un acuerdo’ a cambio de no presentar una denuncia por trata de personas en perjuicio de cinco trabajadores extranjeros que laboraban para una empresa subcontratistas de Rodsa en uno de los proyectos que desarrolla.
Los abogados, dice Tello, solicitaron $50,000 por cada extranjero; es decir $250,000 en total, para no presentar la denuncia ante los tribunales.
Esos mismos extranjeros habían presentado una demanda laboral contra Rodsa, pero fue desestimada.
Tello, entonces fiscal, decidió acompañar a su esposa a presentar la denuncia por extorsión, el 10 de agosto. La acción penal fue recibida por Villarreal, en calidad de fiscal de Circuito.
La investigación se inició y Villarreal coordinó con la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Panamá y realizó varias diligencias, entre esas seguimientos a las personas, y una operación encubierta con dinero marcado que se realizó el 24 de agosto de 2017. Durante la operación, se aprehendió a los cinco extranjeros y a los dos abogados. ‘Todo se dio en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado’, dijo Barría a La Estrella de Panamá .
El 26 de agosto se realizó una audiencia ante el juez de garantías que decretó legal la aprehensión, avaló la formulación de cargos y dictó las medidas cautelares de detención preventiva y casa por cárcel.
Al día siguiente de la operación encubierta, el 25 de agosto, se presentó la denuncia por trata de personas, a pesar de que ya estaba preparada desde un mes antes.
Paralelamente, la investigación por extorsión continuó y se inició la de trata de personas.
El 10 de enero de este año, la Fiscalía de Crimen Organizado empezó las primeras diligencias por el delito de trata de personas e hizo entrevistas en la zona.
Habían pasado cinco meses y los extranjeros seguían detenidos. El pleito llegó hasta la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, y luego de varias reuniones con la fiscal Villarreal, entre ambas se decidió solicitar la libertad de los cinco extranjeros con el argumento de que eran víctimas de trata de personas.
‘Eran dos investigaciones separadas y nosotros solo veíamos el caso de la extorsión’, dijo Barría a La Estrella de Panamá .
El 6 de marzo, Villarreal y Barría se volvieron a reunir con Porcell para hablar del tema y se decidió terminar el proceso. Villarreal avanzó el escrito de acusación contra los dos abogados, pero no lo terminó porque dos días después fue destituida.
El 12 de marzo, el nuevo fiscal de Circuito, Héctor Acevedo, solicitó al juez de garantías sobreseimiento para los cinco extranjeros y los dos abogados.
‘Le han querido hacer ver a la procuradora que se trata de un complot entre nosotros para armar un expediente y favorecer a Rodsa, cosa que no es así’, alegan los exfiscales.
José Arcia
