Testigo protegido, la clave para la defensa y la fiscalía
Sidney Sittón, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, solicitó ayer al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la continuación de la audiencia intermedia, que el magistrado fiscal, Harry Díaz, realice varias correcciones al escrito de acusación que presentó el pasado 9 de julio de 2018.
Entre las peticiones, la defensa intentó que Mejía obligara al fiscal a revelar el nombre del testigo protegido, así como el contenido de un sobre con las transcripciones de un disco compacto que tiene información sobre los pinchazos. La defensa pretende atacar esta prueba más adelante en el juicio.
Sittón también requirió al juez Mejía que se le brinde una copia del contenido de las siete carpetillas que guardan el resultado de una diligencia de inspección ocular al correo electrónico del que se recuperó información, que fue entregada por el fiscal al juez en un sobre cerrado en audiencia previa. De no hacerlo, exclamó la defensa, se sentirían en desventaja procesal por desconocer el contenido de los cuadernillos a los que se requiere hacer pruebas periciales para atacar o invalidar la evidencia.
El fiscal se opuso a revelar la identidad del protegido y el contenido del sobre cerrado con la información de las carpetillas con datos sensitivos. No obstante, la defensa insistió en conocer el nombre de esta persona y el objeto del mismo en el caso para establecer una teoría de la defensa. Así se trancaron las posturas.
El juez dio un plazo de cinco días para que las partes puedan acercarse, y que se explique a la defensa la decisión que tome el fiscal en cuanto a corregir la acusación. ‘Yo no quiero hacerlo como juez, prefiero que se comprendan las partes para que se sientan en iguales condiciones en este proceso’, indicó Mejía.
DEFENSA METICULOSA
Una de las observaciones recurrentes de la defensa es que la acusación no cumple con la técnica de la relación precisa y circunstancial de cada hecho que citó el fiscal.
Por tal motivo, solicitó al juez varios reparos: enlazar los hechos con los tipos penales; que le brinde los datos generales del testigo protegido; acceso a un sobre que contiene siete cuadernillos con las transcripciones de los correos de la cuenta ‘bradpty507@gmail.com’, de la que supuestamente los forenses recuperaron información sobre correos, imágenes, textos o archivos y grabaciones de audio, de las víctimas. El apoderado también pidió que se enumeren correctamente las pruebas testimoniales, así como las documentales que presentó el fiscal en la acusación ya que presenta saltos.
El defensor de Martinelli leyó los primeros párrafos de la acusación en los que se relatan, de forma general, los hechos y el tiempo en que ocurrieron los supuestos delitos de interceptaciones, así como los grupos a quienes se les vulneraron sus derechos: sindicalistas, políticos, periodistas, etc. Sobre lo anterior, alegó que la acusación carece de precisión en cuanto a la identificación de los funcionarios del Consejo de Seguridad a los que supuestamente Martinelli dio órdenes de interceptar las comunicaciones, y los nombres de las personas vulneradas.
La técnica de acusación, de acuerdo con Sittón, requiere que se identifique con nombre propio a las víctimas a las que se les vulneró sus comunicaciones, en vez de encasillarlas en grupos sindicales, civiles y políticos, a los que se refiere el fiscal en los primeros párrafos de la acusación.
El fiscal confeccionó la acusación por bloques. Es decir, enumeró una serie de testigos y el delito que pretendía probar con sus declaraciones. No obstante, Sittón pretende que el fiscal enumere cada uno de los testigos y que enlace cada delito. Pidió, en particular, que se detalle para qué se requiere la comparecencia de Gustavo Pérez y de Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad durante el mandato de Martinelli. De esta forma, cuando se acerquen las observaciones de fondo, la defensa pueda aceptarlo como testigo o no.
Luego argumentó que ‘debe haber, hechos, derechos y pruebas que tienen que ir concatenados, pero el fiscal solo habla de dos delitos, que son contra la intimidad, y no de los dos delitos de fraude’, dijo Sittón.
‘O el fiscal suprime en la acusación el delito contra la administración pública, o agrega los hechos que considera que corresponden a esa acusación en cuanto a este delito. También tiene que decir para qué quiere a cada testigo y qué pretende probar con cada uno’, añadió.
En cuanto a la participación delictiva que se le atribuye a su cliente, el defensor reclamó que se debió establecer el aspecto objetivo y subjetivo.
Fue entonces que salió el tema del testigo protegido. ‘En la carpeta existe una nota del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, que establece que no se ha ubicado a esta persona y que su teléfono sonaba apagado’, leyó el abogado. Seguidamente, la defensa recordó que el fiscal revelaría, en la fase intermedia, la identidad de esta persona, razón por la que solicitó conocer las generales del protegido y qué entidad lo ubicaría.
Después de un receso de tres horas, se retomó la audiencia para que la defensa presentara las correcciones del querellante autónomo, Rosendo Rivera, quien acusó a Martinelli por dos delitos, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. En cambio, los querellantes que se adhirieron a la querella del fiscal lo hicieron también por dos delitos contra la administración pública.
Sittón dijo que el escrito de Rivera es una réplica de la acusación del fiscal, que ‘coincide en un 95%’. Narró los mismos errores de la fiscalía.
‘Los alegatos del autónomo no corresponden con la técnica ni la estructura de los elementos de convicción que vinculan al acusado’, manifestó el abogado. Además, adoptó los mismos elementos de prueba que empleó el fiscal en su escrito.
El fiscal respondió que la vinculación de Martinelli a los hechos de los que se le acusa es en calidad de autor.
Hay quienes se preguntan, por los libros que presenta en cada audiencia, si el expresidente participa en un círculo de lectura en el penal ‘El Renacer’. Ayer tenía Los Templarios , de Juan Eslava Galán. Parece que Eslava Galán es uno de los autores preferidos del exgobernante, porque en una audiencia previa llevaba La Primera Guerra Mundial contada para escépticos , también de su autoría.
El juez citó a una nueva audiencia para el martes 24 de julio.
Martinelli dice ‘no’ a un posible acuerdo de pena
A pocos minutos de haber iniciado la audiencia intermedia contra el expresidente Ricardo Martinelli, a las 10:26 a.m., uno de sus colaboradores salió del salón del Segundo Tribunal de Justicia con un papel en la mano en el que se leía: ‘Jamás aceptaré hacer un acuerdo de pena, este juicio es político porque soy inocente, todo es fabricado por Varela’. El texto estaba escrito a mano en una hoja de rayas en la que se leía la firma de Ricardo Martinelli.
El juez apenas había iniciado la sesión en la que la defensa contestaría los argumentos que empleó la fiscalía en su acusación. Sin embargo, para Martinelli era imprescindible mostrar la nota a la prensa, para dejar claro que no haría un arreglo de pena con los querellantes o el fiscal.
La aclaración del exgobernante se debe a los rumores que han surgido en referencia a las vías legales por las que podría optar la defensa del expresidente, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que mantiene la competencia sobre su cliente.
En este sentido, una alternativa es continuar con el proceso como hasta ahora. Pero la otra sería establecer un arreglo de pena con la fiscalía y los querellantes. Una posibilidad que puede estar presente en los procesos de esta naturaleza, pero aunque Martinelli lo niegue, los querellantes hablan de previos acercamientos.
Según Nicomedes Castillo, abogado de Juan Carlos Navarro, los abogados del exgobernante se acercaron al fiscal a mediados de junio, cuando las audiencias estaban a punto de iniciar. ‘Alma Cortés se acercó con el fiscal y los querellantes para explorar la posibilidad de un arreglo de pena, pero no se arribó a nada y por tal razón no se presentó ante el juez de garantías’, indicó el abogado.
Castillo agregó que su cliente no se opondría a un arreglo de pena y que aún no han presentado un monto de resarcimiento que compense el daño que causó la violación a la intimidad de las comunicaciones de Navarro.
El otro lado de la moneda de un acuerdo de pena consiste en que si Martinelli acepta su responsabilidad de haber pinchado los teléfonos de las víctimas, asumiría una culpa que siempre ha negado. El expresidente insiste en que su caso es político, que es inocente y que todo se trata de una venganza del presidente Juan Carlos Varela.
Por otro lado, un arreglo de pena implicaría resarcir a las víctimas monetariamente. Hasta ahora, el único que ha solicitado una compensación es el querellante autónomo Rosendo Rivera, por casi $1 millón.
Martinelli tendría que negociar con el resto de los afectados, en la rama civil y cada uno por separado, lo que corresponde a cada uno, en caso de hacer este trato que hasta ahora niega la defensa.
Adelita Coriat
