Tenemos Barro, No Humo Blanco:
Cuando estamos estancados en una situación sin aparente solución inmediata, se suele decir “aún no hay humo blanco”, haciendo referencia a la conocida práctica para el proceso de elección de un Papa en el cónclave vaticano. De manera semejante, podemos afirmar que esa es la situación que experimenta el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco por el conflicto que enfrenta a la empresa constructora con diversos dirigentes indígenas de la comarca Ngabe-Buglé, y en el que está inmerso el Estado panameño desde hace varios gobiernos.
El espacio de este artículo es insuficiente para siquiera intentar hacer un resumen de las múltiples causas de ese conflicto (y no digamos para plantear alternativas de solución), sin embargo, sí es posible acotar algunos elementos que amplíen nuestra perspectiva.
Entre las causas, podríamos enumerar desde el manejo inadecuado de la empresa en su relación con las poblaciones y los dirigentes comarcales; deficiencias en la elaboración, aprobación y fiscalización del estudio de impacto ambiental; la intransigencia de algunos dirigentes indígenas; la intromisión de intereses políticos, y la represión violenta del gobierno anterior contra los que se oponían al desarrollo del proyecto.
Sin embargo, al escudriñar profundamente el tema encontraremos que, en gran medida, muchas causas derivan de la ausencia de un proceso previo de consulta y participación ciudadana (y comunitaria) para la formulación de una política pública que, además de sus pilares técnicos y económicos, contemple los aspectos socioambientales que le permitan implementarla, de forma efectiva, por parte de los actores involucrados.
Las posiciones e intereses en torno al desarrollo del sector energético y sus proyectos específicos van mucho más allá de la conformación de la matriz de generación eléctrica, la extensión de la electrificación rural o la forma de bajar las tarifas. En el fondo, el tipo de política que elaboremos será un reflejo del modelo de sociedad que queremos en lo económico, político, social y ambiental.
En la actualidad, la Secretaría de Energía de Panamá da los primeros pasos en esa dirección, por lo que es fundamental apoyar y fiscalizar la iniciativa, con el fin de que se formule un proceso amplio y profundo de participación (no solo de consultas) respecto a los objetivos de largo plazo en esa materia y los medios para alcanzarlos, y en el que se fije el desarrollo humano sostenible como base de toda la propuesta, tomando en cuenta no solo la factibilidad técnica de sus alternativas, sino la viabilidad sociopolítica de estas.
Formalizar este compromiso del actual gobierno hacia el futuro serviría como catalizador que suelte el nudo en que se encuentra el conflicto. La forma en que se resuelva nos mostraría el camino a seguir en lo sucesivo. Si hubiéramos desarrollado un proceso como este hace algunos años (aunque en el gobierno anterior habría sido imposible), no hay duda de que ahora no solo tendríamos barro, sino también humo blanco para la tranquilidad de todos los panameños.