Sobre la formación judicial
Hace poco se dio el acto protocolar de entrega de los documentos requeridos por el Ministerio de Educación para elevar la Escuela Judicial a Instituto Superior de la Judicatura de Panamá., al que le han colocado el atinado nombre del insigne maestro, doctor César Quintero Correa. Con este paso, Panamá se ubica al nivel de otros países de Latinoamérica en los que hay centros de estudios destinados a preparar en la ardua tarea de administrar justicia.
La función de juez es una actividad que requiere de una aguda formación, pues, aparte de contar con la licenciatura de derecho, precisa de experiencia profesional en derecho, ya sea en un cargo público o como litigante, sin perder de vista los cursos idóneos y necesarios para prepararlo en la tarea de resolver los conflictos dentro de un proceso penal, civil, de familia, marítimo o laboral.
En España, por ejemplo, para acceder a la posición de juez, el aspirante debe superar una difícil prueba de oposición oral, y una vez lograda, inmediatamente la persona ingresa a una escuela judicial, ubicada en la localidad de Vallvidrera Superior, en Barcelona, donde debe permanecer por un año para afianzar los conocimientos jurídicos obtenidos en la oposición y enfocarlo al rol de juez. Luego de ello, es enviado a las llamadas “adjuntías”, es decir, asignado a un juzgado en donde pondrá en práctica los conocimientos obtenidos en la Escuela de Jueces. Claro, ello con la estricta fiscalización de un juez en funciones, y todo bajo una puntuación minuciosamente revisada.
Después, al completar el mínimo permitido, en un acto presidido por el Rey de España, el aspirante recibe las llaves del tribunal donde administrará justicia y, si el puntaje que obtuvo es elevado, será en un sitio próximo a su residencia.
Algunos países, como Chile, República Dominicana y El Salvador, han seguido, dentro de sus posibilidades, este modelo, siendo trascendental que en el nuevo Instituto Superior de la Judicatura, aprobada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, emule dichos procedimientos para lograr que los más calificados ingresen a la carrera judicial. A mi juicio, la Ley 53, del 27 de agosto de 2015, se acerca un poco a esos cometidos, no obstante, es un gran paso para el perfeccionamiento de la administración de justicia. Resta impulsar los aportes económicos requeridos para lograr que el Instituto Superior de la Judicatura sea la matriz de formación de los jueces y magistrados panameños, con una planta docente excelente. De esa forma podemos lograr que el instituto sea un modelo de enseñanza en la región.