Sin supervisión no hay justicia
Los panameños tenemos diversidad de ideologías y diferencias en cuanto a conceptos de cómo debe funcionar la economía pública, pero es muy poco probable que estemos en desacuerdo en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado de garantizar justicia y seguridad a todos los ciudadanos.
Panamá tiene algunos rasgos propios de estados fallidos, como son la inefectividad de prestar algunos servicios básicos, percepción de la inseguridad como el principal problema del país, y una evidente desproporción entre escándalos de corrupción y funcionarios de alto perfil condenados. La mayor tasa de privados de libertad por 100 mil habitantes, de Latinoamérica, en su mayoría esperando juicio, y por otro lado, el hecho de que ya no parecen ser noticia las constantes denuncias de percepción de justicia selectiva en prácticamente todas las instituciones de control.
A lo largo de las últimas elecciones ha habido diversas denuncias que señalan al crimen organizado como financiador de campañas políticas a diferentes niveles, sin que nada ocurra posteriormente. Por otro lado, se ha vinculado a funcionarios de la Asamblea Nacional con actividades del crimen organizado, sin que hasta el día de hoy se esclarezca si hubo o no participación de los diputados relacionados con esos funcionarios, y sin que parezca haber interés en investigar a mayor profundidad. De igual forma, hemos observado con frecuencia fallos controversiales de jueces y magistrados que despiertan alta suspicacia y duda en cuanto a su integridad, pero resulta aún peor el desinterés de la Asamblea en investigar las múltiples denuncias por corrupción y venta de fallos.
Está ampliamente demostrado que la corrupción es inseparable del crimen organizado. La lucha contra una es inseparable de la lucha contra el otro. Entre el crimen y la corrupción hay sinergia.
Entre ellos se alimentan, se infiltran y se reproducen a todo nivel del aparato estatal y de la sociedad.
No es secreto que en nuestra historia reciente ha habido pactos de mutuo encubrimiento a cambio de apoyo político. No es secreto que la impunidad se ha negociado entre órganos del Estado, entre partidos y entre gobiernos, a cambio de movidas políticas para llegar al poder o para mantenerlo. En Panamá no hay nada que garantice que la justicia continúe los procesos de casos de alto perfil luego de cualquier cambio de gobierno o negociación entre políticos.
Todos sabemos que los sistemas humanos rinden más cuando son vigilados. La sociedad civil panameña, que debe ser una de las principales vigilantes de los procesos, parece dividida, distraída, entretenida, con una población que parece mayormente apática, limitada a comentar entre amigos o criticar en redes sociales, sin tomar acciones de presión con responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de los panameños piensa que las acciones internacionales son justificadas, y dejan expuesta nuestra fragilidad institucional, a la vez que desaprueban el manejo que está dando la justicia panameña a casos de dimensiones internacionales, que han generado grandes escándalos y lastimado la imagen del país.
Cuando una forma de hacer las cosas no ha funcionado es porque tampoco va a funcionar. Es hora de buscar otras opciones. Hermanas naciones americanas han dado ejemplos de activación de su justicia, con la participación y el fortalecimiento de su sociedad civil, como vimos en el desmantelamiento de una red irregular en el Gobierno de Perú, y en lo que parece ser el fin de la tradicional impunidad en la élite brasileña, con más de cien condenas en el caso de Petrobras.
Otro modelo exitoso que podemos considerar, tomando en cuenta nuestra realidad, es el de apelar a ayuda internacional para externalizar la lucha anticorrupción a un ente supervisor, similar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, al Programa Anticorrupción de El Salvador, o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
¿Habrá alguna forma de hacer que nuestra sociedad despierte y exija activamente justicia, para evitar que Panamá siga el camino que tomó Colombia, o México, hasta ubicarse entre los países con peores índices globales de impunidad, y sociedades inmersas en la violencia?
¿O será que sencillamente es hora de convocar a la formación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Panamá?.