Separación de poderes, en entredicho: José Espinosa Riquelme
Ni su sagacidad política como exlegislador, ni su formación académica como abogado, ni siquiera la experiencia adquirida en 10 años como magistrado del Órgano Judicial, le dieron claridad mental y prudencia a Alberto Cigarruista para abstenerse de manifestar que él había conversado con el presidente Juan Carlos Varela sobre la posibilidad de ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Cuentas.
Sin duda, esta revelación hecha pública por el connotado magistrado, durante una entrevista que le concedió al periodista Álvaro Alvarado, comprometió al mandatario y debía ser motivo suficiente para descalificarlo de ocupar la judicatura en el Tribunal de Cuentas, pues demuestra que no actuará con imparcialidad e independencia en tan alto cargo.
Las declaraciones de Cigarruista dejan en claro que la separación de poderes sigue siendo una quimera en Panamá o un sueño romántico de la sociedad civil organizada.
También demuestran hasta dónde el excesivo poder presidencialista es capaz de producir cambios de conductas en algunos miembros de los órganos de poder, a la hora de tomar decisiones. Conducta que cualquier lego en materia de ciencias políticas interpreta como una vulgar intromisión del Ejecutivo en los asuntos que le son propios a otros componentes del Estado.
El mejor ejemplo lo vimos en el reciente escogimiento del magistrado del Tribunal de Cuentas, porque los magistrados del Órgano Judicial favorecieron al candidato oficialista de entre un listado de más de 50 juristas.
La sociedad civil desaprueba que no se consulten las últimas designaciones, pues resiente la falta de relevo generacional y observa, con impotencia, cómo los altos cargos son ocupados por los integrantes de los partidos políticos en el gobierno y sus familiares, gracias a contactos e influencias, al más alto nivel.
Y me pregunto, ¿lo harán para servir a la patria o para servirse de ella?