Seguridad jurídica y escuelas particulares
El servicio de enseñanza particular ha sido satanizado en los últimos años, sin que el Estado salga a la defensa de un sector que coadyuva a la deteriorada educación pública. Administrar una escuela privada es, sin duda, administrar un negocio como cualquier otro. Es decir, se invierte y hay que pagar diferentes servicios públicos, impuestos y otros gastos que detallaré más adelante.
La educación es costosa y cada día el Estado, a duras penas, responde a las necesidades que demandan las escuelas públicas, golpeadas por la carencia de infraestructuras, la ausencia de docentes, la falta de mobiliario y una larga lista de quejas. Es una realidad que los centros particulares sirven de silla de ruedas a la fracturada educación pública, pero es el sector que ve más inseguridad en su inversión.
Las escuelas privadas se subdividen en dos sectores: las que son administradas por las instituciones religiosas y las administradas por particulares. Las primeras son subvencionadas por el Estado y no pagan impuestos; las segundas no reciben ningún aporte y/o incentivo estatal. Brindar el servicio de enseñanza privada conlleva una serie de gastos, como los siguientes:
1. Construcción o renta de una infraestructura apropiada para tal fin, que debe cumplir con las exigencias legales.
2. Contar con personal administrativo, docentes, contador, abogado, psicólogos, enfermería y mantenimiento.
3. Pago de los servicios de electricidad, agua, comunicación e impuestos.
4. Pago de salarios.
5. Equipamiento de aulas, laboratorios, gimnasio, oficina, transporte, jardinería, etc.
6. Compra de materiales didácticos.
7. Capacitación de docentes.
8. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.
9. Implementación de una plataforma informática (que es utilizada para brindar los boletines electrónicos, la agenda del estudiante, el laboratorio de informática, en fin, para mantenernos actualizados).
10. Gastos en la seguridad del plantel que van desde la contratación de un celador hasta la colocación de cámaras. Esto funciona las 24 horas.
11. Instalación y mantenimiento de alarmas contra incendios, extintores y sistema de aire acondicionado.
Todo centro educativo particular, a diferencia de las escuelas públicas, no para de trabajar cuando llega diciembre. Durante los meses de vacaciones de los estudiantes se le sigue dando mantenimiento a la infraestructura; se siguen pagando salarios, se le brinda capacitación a los educadores, se repara o cambia el mobiliario, etc. Durante esos meses no se percibe el ingreso de mensualidades de los padres de familia y, aun así, hay que hacerle frente a los gastos.
Los dueños y administradores de las escuelas particulares ven en riesgo su seguridad jurídica, y se encuentran atados de manos, porque la única forma de afrontar los gastos es ajustando la matrícula, pues de parte del Estado no reciben ayuda alguna. A esto se suma el hecho de que se obliga a que los colegios particulares presenten sus costos, seis meses antes del periodo de matrícula. Esto impide a los inversionistas prever los riesgos de su capital, pues no responde al comportamiento del mercado global (por ejemplo, el alza de luz, aumento de salarios y otros), sino al criterio cercenador de algunas entidades estatales, que pretenden congelar el precio a pagar por recibir una educación privada.
El salario de los docentes representa uno de los tantos rubros en los que se desglosa el gasto de la educación privada y, a consecuencia del aumento salarial anunciado por el Gobierno, se pone en aprietos la existencia de muchas escuelas, que no podrán enfrentar tantos gastos. Otra realidad que afrontarán es la emigración de docentes al sector público, al ver los salarios atractivos, creando un ambiente de competencia y desigualdad laboral. El Estado debe caminar de la mano con el sector privado educativo, porque los gobiernos no han sido ni serán capaces de brindar enseñanza pública digna ni alojar a la cantidad de alumnos que saldrán de las escuelas privadas.
El costo de la educación particular no se puede congelar. Urge hacer aumentos, porque la vida se encarece cada año. Los propietarios de colegios privados son empresarios que invierten para obtener ganancias y poder ofrecer un servicio de calidad a los padres de familia que tienen la libertad de elegir el tipo de educación para sus hijos.
Para no crear un ambiente de zozobra que afecte, tanto a los padres de familia como a los propietarios de escuelas privadas, urge que el Estado subvencione a ese sector. Más se obtiene invirtiendo en la formación educativa de un individuo que dando subsidios, porque estos crean dependientes de por vida, pero no forman a profesionales capaces de trabajar y mantener a sus familias.