Ricardo Martinelli ataca a los magistrados que él mismo designó
El expresidente Ricardo Martinelli, sobre quien pesa una orden de detención provisional para que comparezca en la causa que se le sigue por los pinchazos en su gobierno (2009-2014), ha clamado ser un “perseguido político” y que el proceso judicial obedece a una “venganza” de su sucesor Juan Carlos Varela.
No obstante, la orden de detención girada la noche del lunes, 21 de diciembre, fue adoptada por un pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que cinco de los nueve magistrados fueron designados por Martinelli y ratificados en una Asamblea controlada, en aquel entonces, por la bancada de su partido Cambio Democrático (CD).
Se trata de Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz suplente de Harry Díaz y Secundino Mendieta en remplazo de José Ayú Prado. Los otros cuatro participantes son Harley Mitchell, Nelly Cedeño, Oydén Ortega y Luis Mario Carrasco, todos designados en el gobierno del perredista Martín Torrijos (2004-2009).
Varela tampoco designó a Harry Díaz, el magistrado fiscal de la causa. Lo hizo Martinelli, en cuyo gobierno Díaz actuó por lo menos una docena de veces como viceministro de Finanzas encargado. Díaz es hermano del ministro de Salud de aquel entonces, Javier Díaz.
En lo que respecta a Jerónimo Mejía el juez de garantías que declaró a Martinelli en rebeldía y que tendrá ahora que gestionar la orden de detención llegó a la Corte en el gobierno de Torrijos y no se le conoce relación alguna con Varela o su partido Panameñista.
Los abogados del ex mandatario y él mismo, a través de las redes sociales alegan que se le ha violado el derecho a una legítima defensa y al debido proceso. Su equipo legal en el que figuran ex ministros, ex fiscales y hasta un ex procurador general de la Nación ha interpuesto diferentes recursos legales: desde una solicitud para recusar a cinco de nueve magistrados y una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Constitución. El pleno advirtió que la norma solo permite presentar una advertencia por instancia. La semana pasada la defensa introdujo un amparo de garantías constitucionales contra una decisión adoptada hace más de dos meses por el magistrado fiscal.