Retraso en entrega de proyecto de ley 92
Unos 24 días tardó la Asamblea Nacional en enviar el texto del proyecto de ley 92 a la Presidencia de la República, donde el presidente, Juan Carlos Varela, evaluará su ratificación.
La propuesta fue aprobada por el pleno legislativo el 25 de octubre y no fue hasta el 17 de noviembre que se recibió en el despacho del Ministerio de la Presidencia.
A partir de esa fecha, el presidente tiene treinta días hábiles para tomar una decisión.
La fecha límite es el 4 de enero de 2017, de acuerdo con una nota enviada a La Estrella de Panamá por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
‘LO QUE MENOS NOS IMPORTA EN ESTE MOMENTO ES EL TIEMPO. YA HEMOS ESPERADO 40 AÑOS’,
HÉCTOR ÁVILA
JUBILADO
Según la aplicación ‘google maps’, entre el Palacio Legislativo y el Palacio de Las Garzas, sede de la Presidencia de la República, hay 3.5 kilómetros, y el recorrido tomaría entre 20 a 30 minutos, si el funcionario que fuera a entregar el documento lo hiciera caminando.
Mientras el documento no se reciba en la Presidencia, el equipo de asesores legales no puede iniciar la evaluación del polémico proyecto de ley cuyo veto ha solicitado el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, por la erogación que representaría para el Estado.
Para Héctor Ávila, de la Coordinadora Fecha, el factor tiempo en estos momentos es lo que menos importa, porque él y el grupo que representa han esperado más de cuarenta años por una ley que obligue al Estado a pagar lo adeudado.
Ávila espera que para el 2017, el Estado cumpla con el pago de las partidas de los décimos que corresponden a más de 80 mil jubilados.
El ministro Alemán explicó que el proyecto de ley está siendo evaluado por una comisión conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y el Banco Hipotecario Nacional.
PROPUESTA DE VARELA
El presidente Varela adelantó que propondrá a los diputados que los dineros incautados en los casos de corrupción sean destinados para responder por las partidas de los décimos que se dejaron de pagar entre los años 1972 y 1983.
Al respecto, el mandatario explicó que se debe plantear de dónde se obtendrán los ingresos para enfrentar el pago, porque si el proyecto de ley es sancionado, el Estado deberá pagar $200 millones a los jubilados y, hasta el momento, no se ha identificado de dónde procederán estos dineros.
Guadalupe León B.
