Reforma judicial, una tarea inconclusa
El 24 de octubre del año 2000 se realizó en la ciudad de Panamá el foro titulado: “Reforma Judicial, una tarea inconclusa”, convocado por la Comisión de Justicia y Paz, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Colegio Nacional de Abogados, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Centro de Asistencia legal Popular y la Universidad Santa María La Antigua. En este foro se presentó un diagnóstico ciudadano de la administración de justicia y se anunció la creación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, integrada inicialmente por estas seis organizaciones. A partir de esa fecha nace un movimiento ciudadano por la reforma judicial.
En estos 16 años de existencia de la Alianza Ciudadana se han unido otras organizaciones y algunas dejaron de pertenecer a esta red en algún momento, pero siempre se ha mantenido muy cohesionado este espacio y esfuerzo ciudadano pro reforma de la justicia, que ha contado con el respaldo de integrantes del sistema de justicia, de medios de comunicación y de la cooperación internacional.
La Alianza Ciudadana realizó tres auditorías ciudadanas de la justicia en los años 2003, 2007 y 2011, que consisten en un diagnóstico de los principales problemas de la justicia y las propuestas de mejora. Desde el año 2005 hemos sido parte de la Comisión de Estado por la Justicia, donde se definió una agenda de 30 reformas claves, de las cuales por lo menos 20 no se han logrado todavía.
Lo cierto es que, como sociedad civil, tenemos la oportunidad de llegar hasta cierto punto, podemos impulsar las reformas, pero no nos corresponde implementarlas.
En materia de justicia en estos 16 años hemos impulsado y participado en lo que fue la definición del sistema penal acusatorio, la Ley de Carrera Judicial, el Tribunal de Integridad y Transparencia y en los próximos días participaremos en el debate de la ley que crea la justicia de paz.
Todas estas reformas alcanzadas se encuentran en una fase muy incipiente de ejecución y sin los adecuados recursos, debido a la falta de voluntad política. Por otra parte, persisten los graves problemas de la justicia como la mora judicial, el excesivo número de presos sin condena, la impunidad, la falta de independencia y los escándalos de corrupción que estremecen el poder judicial.
Les corresponde a los tres órganos del Estado implementar las reformas, destinar el presupuesto que se necesita y cumplir con los términos de implementación establecidos en las leyes aprobadas, y a la sociedad civil apoyar en la medida de sus capacidades y posibilidades.
Adicional a que no se han asignado los presupuestos necesarios para la implementación de las reformas, existe desconfianza en que la actual cúpula del poder judicial tenga la capacidad, la transparencia y la voluntad que se requiere para implementar estas tres leyes importantes, y por ello debemos estar vigilantes.
Siguen pendientes reformas en materia civil y de familia e iniciar el debate sobre los cambios constitucionales, entre otros aspectos. En las próximas semanas la Comisión de Estado por la Justicia creará mesas de trabajo para discutir estos temas y ampliar la participación ciudadana.
Como organizaciones ciudadanas participaremos en los espacios de diálogo, como lo son la Comisión de Estado por la Justicia y el Consejo Judicial y nos prepararemos para, en 2017, realizar la cuarta auditoría ciudadana de la justicia en Panamá.
Le corresponde a las instituciones rendir cuentas y responder también ante los organismos internacionales de derechos humanos.