Realidades sobre el puerto de Corozal
Hay grupos que se oponen a que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) otorgue una concesión para la operación de una terminal de trasbordo de contenedores en Corozal, con argumentos carentes de veracidad. Ellos han encontrado eco en algunos residentes del área a quienes han mal informado, a fin oponerse a esta iniciativa.
Sin entrar a explicar las razones que justifican la viabilidad y utilidad innegable de este proyecto para la ACP y el país, considero pertinente referirme a los falsos argumentos que irresponsablemente se señalan. Se ha dicho que la ACP vulnera en su función de operadora del Canal de Panamá y entra en competencias de negocios ajenos, al transgredir la función de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Nada más alejado de la realidad. La Constitución Política de la República y la Ley 19 de 11 de junio de 1997, orgánica de la ACP, expresamente le otorgan la facultad de desarrollar de manera privativa dentro de las áreas del Canal los negocios conexos y complementarios al tránsito de buques, lo que incluye actividades portuarias. Además, la Ley General de Puertos que establece las facultades de la AMP en la materia, reconoce y excluye a la ACP del ámbito de su aplicación y competencia.
Se ha dicho que la construcción del puerto de Corozal tendrá efectos devastadores en 70 hectáreas de mangle y humedales. Falso, la remoción de la poca vegetación del área de Corozal tiene un alcance limitado y restringido, pues no hay zonas protegidas ni bosques protectores. El polígono solo colinda con áreas de tipo comercial, industrial, urbano y de desarrollo marítimo, por ser el reducto de un área intervenida por los estadounidenses hasta 1999. Desde que esta zona revirtió al Canal (hace 15 años) se ha dado una regeneración de la cobertura vegetal, con un mínimo de áreas de mangle –no 70 como se dice– para las que el proyecto contempla un plan de compensación e indemnización ecológica, mediante la tala de árboles en áreas adyacentes. Se dice que la ACP presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para exonerar del pago de impuestos al futuro concesionario del puerto, que la concesión será gratuita y que el beneficiado solo pagaría tres dólares por cada movimiento de carga. El proyecto de ley que presentó el Consejo de Gabinete ante la Asamblea, efectivamente busca otorgarle al futuro concesionario las mismas exoneraciones fiscales de que gozan los actuales operadores portuarios, de forma que todos compitan en igualdad de condiciones, máxime en áreas allende a los extremos del Canal. De hecho, dos meses antes de que la ACP presentara el proyecto, la Asamblea, con la concurrencia de los diputados que han manifestado su rechazo al puerto, le otorgó igual exoneración a PSA Panamá International Terminal de Singapur; y solo dos meses después, la niegan en primer debate al proyecto de Corozal.
Sin perjuicio del derecho de disentir y opinar que tenemos todos, seamos cautos y no nos dejemos utilizar ni sorprender en la lucha de nuestros legítimos intereses, por grupos económicos y políticos que utilizan argumentos falaces para lograr sus objetivos. Esos detractores del proyecto no solo diseminan afirmaciones engañosas, sino que intentan sumar adherentes mediante la desinformación.