Procurador de la Administración avala más consultas ciudadanas
El proceso de selección de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que reemplazarán a Harley Mitchell y Víctor Benavides a partir de enero de 2016, empieza a generar polémica.
Esto es así, luego que ayer el Colegio Nacional de Abogados (CNA) divulgó un comunicado en el que señaló que “con suma preocupación hemos recibido información en la tarde de hoy, que el grupo Movin está llevando consultas a la lista de los 10 candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia de manera paralela a las entrevistas que realizará la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia a partir del próximo lunes”.
Pero eso no es todo, el gremio de abogados también amenazó con retirarse del proceso si se mantiene esta situación, ya que “es posible que los candidatos a magistrado no conozcan que el Órgano Ejecutivo a quien de manera oficial ha consultado es a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia”.
Esta no es la primera vez que el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, manifiesta su rechazo a la participación de Movin en este proceso.
El 22 de octubre, en el diario Panamá América, se publicó una nota en la que el abogado dijo que “si a Movin se le va a equiparar al Pacto de Estado por la Justicia, el Colegio se retira y no vamos a avalar esa consulta” haciendo referencia a una misiva enviada por Movin el 12 de octubre pasado, al procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que solicitaba formar parte de la Comisión de Estado por la Justicia. “Hemos hecho un público llamado a que el Pacto se abra a la participación ciudadana de otras organizaciones y gremios y en ese sentido, […] participar en las reuniones que ya se adelantan”.
CONVOCATORIA DEL EJECUTIVO
La Secretaría de Comunicación del Estado, mediante un comunicado fechado el 11 de octubre, llamó a la participación ciudadana en el proceso de escogencia de los dos nuevos magistrados de la CSJ. En dicho documento expresa que “Una vez se elabore esta lista con un máximo de 10 candidatos, se someterá la misma a un proceso de consultas con la sociedad civil (Pacto de Estado por la Justicia, Movimiento Independiente por Panamá-Movin- y el Colegio Nacional de Abogados) a fin de que den a conocer sus observaciones sobre los respectivos candidatos”.
De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo, el pasado domingo 15 de noviembre, Movin y otras cinco organizaciones ciudadanas, entre ellas, Agentes por la Paz Electoral, el Centro de Incidencia Ambiental, el Centro de Innovación y Acción Social, el Consejo Nacional de Organización Comunitaria, Espacio Encuentro de Mujeres -en una conferencia de prensa- se detallaron que a finales de este mes se harán recomendaciones al Ejecutivo sobre los 10 candidatos a magistrado, basadas en las competencias y criterios del perfil que han propuesto. Entre ellas mencionan: independencia de criterio; firmeza; valentía para atender y resolver temas críticos y comunicarlos de manera efectiva; buen juicio; madurez y balance.
MAYOR APERTURA
Ayer, tras conocer la posición del presidente del CNA, el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, afirmó que los grupos de la sociedad civil que quieran entrevistar a los 10 aspirantes para ocupar el cargo de magistrado “están en la libertad de hacerlo”.
“Si otras agrupaciones dentro de lo que implica un sistema democrático quieran citar o convocar a los candidatos y estos quieran asistir, la Comisión de Estado por la Justicia no puede impedirlo. Eso es parte del sistema democrático”, precisó.
Hizo hincapié en que la Comisión de Estado por la Justicia sí recibió un mandato oficial del Ejecutivo al entregarles la lista de los 10 preseleccionados para ocupar las vacantes en la Corte y para entrevistarlos y “vamos a cumplir ese mandato”.
DEFENSA
En tanto, Annette Planells, de Movin, confirmó que se reunirán con los aspirantes para validar sus capacidades.
Dijo estar sorprendida por la postura del CNA, la cual calificó como una “actitud antidemocrática” al querer limitar la participación de ciudadanos en un proceso abierto por el Ejecutivo y en el que ninguna organización debe tener la voz de decir quién puede o no participar.
Planells informó además que tras reunirse con los candidatos publicarán sus consideraciones y las remitirán al Órgano Ejecutivo.