Presidencia someterá a consulta el proyecto 514
La iniciativa legislativa que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción fue aprobada el pasado 3 de abril.
La iniciativa legislativa que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción fue aprobada el pasado 3 de abril. Archivo
Antes de decidir si sanciona o veta el proyecto de ley 514, inherente a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la Presidencia de la República consultará a las entidades ligadas con el tema respecto a la conveniencia de la propuesta.
Sectores de la sociedad civil piden el veto parcial del proyecto. Otros sugieren que se sancione como está.Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela
Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela
La Asamblea Nacional remitió a la Presidencia de la República el proyecto de ley 514, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el cual fue aprobado por el poder legislativo el pasado 3 de abril.
El viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, informó a este medio que el proyecto ya está en manos del Ejecutivo, órgano que debe determinar si se sanciona o se veta parcialmente, tal como lo han propuesto distintos grupos de la sociedad civil organizada.
En ese sentido, Sánchez explicó que solicitarán opinión a los entes públicos relacionados con el tema.
Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela
La controversia
La iniciativa, impulsada por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Aedusma), el Movimiento Independiente (Movin), entre otras oenegés, sufrió varias modificaciones en segundo debate, pero son tres los cambios que están en el centro de la controversia.
En esa lista está el artículo que modificó la Ley de Contrataciones Públicas para impedir que contraten con el Estado empresas que han hecho acuerdos en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos.
Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela
En segundo lugar, están los cambios que se le hicieron al Código Penal, con el objeto de flexibilizar las sanciones a las empresas involucradas en delitos. Específicamente, se le quitó responsabilidad a las personas jurídicas creadas para cometer delitos cuando no se beneficien de este, y se eliminó el artículo 6 de esa ley, que establece multas a empresas de transporte que introduzcan drogas al país.Todos esos cambios fueron impulsados por diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), bancadas que tienen el control de la Asamblea Nacional por estos días. Sin embargo, diputados como Leandro Ávila, del PRD, y la independiente Ana Matilde Gómez han admitido que fue un error modificar el Código Penal para establecer cambios en las sanciones a las empresas involucradas en delitos. Gómez adelantó que si el presidente Juan Carlos Varela sanciona el proyecto, ella presentará una propuesta de ley para restablecer las disposiciones del Código Penal que sufrieron transformaciones. Ávila se comprometió a apoyar la propuesta de Gómez. Mientras, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, aplaudió que se aprobara la imprescriptibilidad de los delitos, pero cuestionó las modificaciones a las disposiciones relacionadas con los acuerdos y las sanciones a las empresas. “Así como nos dieron esta herramienta, nos han quitado dos”, dijo. Pedro Miguel González, del PRD, dice que la posición de Porcell “es errada”.
Las posiciones Organizaciones como la Alianza Ciudadana pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han solicitado al presidente Varela que vete el artículo 3, que inhabilita para contratar con el Estado a empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz. Sin embargo, agrupaciones como Movin, el Colegio Nacional de Abogados y Juan Diego Vásquez, de Aedusma, piden que se sancione el proyecto tal como fue aprobado por los diputados. “Lo más importante es que el presidente actúe rápido. Creo que debe sancionarlo y si lo de la colaboración eficaz es un avance o retroceso es un debate que la Asamblea Nacional debe tener. Panamá necesita que la imprescriptibilidad entre a regir ya en su normativa penal”, dijo Juan Diego Vásquez ayer.
Otra que se refirió de manera directa a este proyecto fue la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado. “La imprescriptibilidad de los delitos representa un avance en la lucha contra la corrupción, [no obstante] llama mucho la atención la contradicción que representa el ataque hacia la colaboración eficaz. Su aprobación sería para el país un retroceso en esa lucha”, manifestó en su cuenta de Twitter el pasado 5 de abril, tres días después de que el Órgano Legislativo aprobara la propuesta.
La suerte del proyecto está ahora en manos del presidente Varela y de su equipo de asesores.¿Por qué vetar de manera parcial el proyecto?
La Alianza Ciudadana pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestaron en un comunicado que están de acuerdo con que se inhabilite a las empresas y funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción, pero no a las empresas que colaboran de manera eficaz para que se descubra la corrupción. Consideran que esto tendría un impacto negativo al desmotivar a las empresas a colaborar en las investigaciones con el propósito de lograr vincular a otras personas de mayor jerarquía o para aclarar la comisión de otros delitos. “De aprobarse esto, sería un retroceso en materia de lucha contra la corrupción y contrario a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, sustentan. Piden al presidente Juan Carlos Varela que vete de manera parcial el artículo del proyecto que establece esta medida por considerarlo contrario a la Constitución Política del país.
Aminta Bustamante
