¿Por qué no quieren investigar a la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional, tal como se concibe hoy, tiene su origen en 1984, cuando se escoge el primer Órgano Legislativo completo desde el golpe militar de 1968. Formé parte de esa original Asamblea, así como de la siguiente, 1989-94. En el 86, el Gobierno militar, para ‘ayudar ' a sus legisladores inventó aquello nefasto de las partidas circuitales, que el contralor Rubén Darío Carles descubrió en el 90 habían sido irregularmente utilizadas por los oficialistas de esa época (PRD y PALA); muchos expedientes se abrieron por malversación de recursos públicos. Se dieron las exoneraciones de vehículos que por más que quise que la Corte Suprema las declarara inconstitucionales, por los fueros que creaban, no fue posible. Peor es que las mismas, 32 años después, se siguen vendiendo a diestra y siniestra para autos lujosos a quienes carecen de ese privilegio, con la connivencia de las autoridades de Contraloría y Aduanas.

Puntualizo lo anterior para que se vea que la corrupción en la Asamblea no nace en el período de Rubén de León; es endémica. Renace con la misma creación de la Asamblea en aquella época, porque los anteriores diputados eran bastante parecidos. Esto ha sido por aquello de que son inmunes, se consideran al margen de la ley, cayendo sus actos en un mar de impunidad y en las complicidades de quienes, como la Corte Suprema de Justicia, están llamados a ponerle freno.

En este periodo ello no ha sido obstáculo alguno para que se reproduzcan, para mantener el control de la Asamblea por el Ejecutivo, métodos similares de control legislativo; aunque con ello se violente el principio constitucional de la separación de los poderes que cuando juraron el cargo prometieron respetar. En el periodo pasado, al fisco le costó más o menos dos millones de balboas el cambio de partido por cada diputado opositor a Cambio Democrático. Ahora, se usa otra figura diferente al transfuguismo para lograr el mismo objetivo: embajadas, nombramientos, contratos por servicios profesionales a sus allegados, planillas de eventuales que se venden como si fuera mercancía, viajes, nombramiento en la Autoridad del Canal, contratos de obras disfrazadas para pagar eventos políticos, alquiler de vehículos y helicópteros para uso de actividades partidistas. En fin, un despilfarro tal, quizá peor, que se asemeja a lo que se hizo en tiempos de Martinelli y en Gobiernos anteriores.

Pero el problema no está allí. Sabemos el diagnóstico del enfermo, pero nos encontramos que hacen falta médicos que se atrevan a extirpar ese cáncer tan arraigado y que tanto daño hace a la sociedad panameña por lo que supura. Nominalmente los cirujanos existen en organismos como la Contraloría General de la República, encargada de controlar y supervisar el uso correcto de los recursos públicos, la Antai para que esos gastos se hagan con la ética que se requiere dentro del aparato estatal y la Corte Suprema de Justicia.

Se argumenta que, si no se controla la Asamblea mediante ese tipo de onerosos arreglos, peligra la gobernabilidad del país. Que, si se permite que diputados de Cambio Democrático y el PRD controlen la Asamblea, podría conllevar al enjuiciamiento del presidente y un ambiente anárquico en el país. Podría ser cierto, pero ¿ello da pie y justifica que utilicen toda clase de recursos públicos irregularmente en la Asamblea para obtener la consecuencia política que se persigue? ‘O sea, soy pillo porque la Patria me lo exige '.

De ninguna forma ello es justificable y plausible, porque estaríamos frente a la máxima maquiavélica de ‘el fin justifica los medios ' y del principio dictatorial que tanta gala hicieron Torrijos y Noriega de que lo primero que debe hacer un gobernante ‘es impedir que lo tumben, aunque para ello raye en la ilegalidad ', como es lo que hoy se hace para lograr mayoría en la Asamblea Nacional.

Quienes no hagan su trabajo, como es el caso de la Contraloría General de la República, o evadan el mismo, como la Antai, o engaveten expedientes como la Corte Suprema, por cualesquiera que sean sus intereses, se convierten en cómplices de esas ilegalidades que sin tapujo alguno se permiten en la Asamblea Nacional.

Ese no es el país que quiero legar a mis hijos y nietos y no creo que es el que se merecen mis compatriotas panameños.