Políticos, subsidios y corrupción
Los partidos políticos en Panamá van cada día en decadencia porque quienes lideran estas instituciones no aprenden de sus errores. Utilizan las organizaciones políticas como si fuesen empresas personales de gestión de negocios privados y disponen del subsidio electoral para sus caprichos, lujo, derroche y prebentas electoreras. Esto ha degenerado en una cultura de herencia de mandatos, amiguismo y caciquismo familiar, que se repite de gobierno en gobierno sin excepción. No han terminado de entender que la democracia funciona con contrapesos, precisamente por la fragilidad de la naturaleza humana. “El poder cuando se ejerce sin humildad y sabiduría, embrutece, envilece y corrompe”.
Es precisamente dentro de los partidos donde debe estar la esencia de los valores democráticos y, para que funcionen, tienen que elaborarse estatutos democráticos que aseguren plena libertad de participación y controles, para frenar el desacierto, la arbitrariedad, persecución y enquistamiento.
Esta práctica de antivalores ha ido mellando la filosofía política de estas organizaciones que deben estar cimentadas en las libertades ideológicas, transparencia y de profunda convicción democrática. Los magistrados del Tribunal Electoral tienen el deber de influir en forma directa para que la democracia interna de los partidos siempre esté garantizada y no se utilicen estas organizaciones como instrumentos para promover el clientelismo político y servilismo de un CEN (Comité Ejecutivo Nacional) o un Directorio Nacional. Pero, ¿que pensar de un Ejecutivo, Legislativo y Judicial que viven y disfrutan el clientelismo político, las prebendas, los privilegios y toda clase de trueque donde la dignidad del pueblo se negocia con remesas del peculio público?
Los ciudadanos debemos exigir la estricta regulación y uso de estos recursos que deben ser invertidos en la formación cívica de nuevos liderazgos, dando paso a un relevo generacional comprometido con la transparencia, la paz y democracia. El tribunal Electoral, en conjunto con la Contraloría General, debe ordenar a los partidos la publicación, en periódicos de circulación nacional, los informes semestrales del uso del subsidio. Esos fondos son públicos porque salen de los impuestos que pagamos y por tal razón, hay que rendir cuenta de ellos, centavo a centavo. Considero que los dignatarios de los partidos políticos deben gozar de plena facultad administrativa para que, con independencia de criterio y solvencia moral, cuestionen las políticas públicas, haciendo propuestas coherentes, exigiendo y fiscalizando el respeto a las libertades fundamentales, ataque frontal a la corrupción institucional y del sector privado. Los partidos están llamados a emitir votos de censura contra toda política de gobierno que disimule o apruebe abusos, discriminación y promueva fueros y privilegios contraviniendo las normas constitucionales. Pero si los que gobiernan el país son los que dan las ordenanzas de lo que deben o no hacer los partidos, ¿de que independencia política estaríamos hablando?, obvio que de ninguna.
Se debe enviar un mensaje claro a todas las organizaciones políticas, que al igual que en República Dominicana, México y otras naciones, se dé una real separación de poder entre un presidente constitucional que hace su juramento de mandato y el buró de su partido.
En Panamá, a nuestros anteriores mandatarios no les interesó aprender la lección de sus desatinos, porque fueron preconcebidamente en busca de riqueza mal habida. La historia se repite en espiral, donde solo 10 familias enfermas de un ego horroroso son las que determinan nuestro destino, las que cada 5 años giran la ruleta que reparte el premio divino de gobernar con arreglos de recámara y, claro, siempre arrodillados a los intereses del establishment norteamericano.
El presidente Varela debió ser la excepción, desvinculándose del Partido Panameñista, ocupándose de su gobierno a tiempo completo, cumpliendo sus promesas y permitiendo que el partido que lo abanderó y lo llevó al poder, funcione con plena independencia. La regla de la transparencia debe prevalecer por encima de todo para impedir la doble moral política y no alimentar dudas de que la democracia se ejerce con el ejemplo. Solo así, los partidos jugarán su rol fiscalizador. Los cantos de sirena del partido gobernante ya se escuchan, con intenciones de lograr un segundo mandato en 2019, pero el pueblo entre sabiduría y torpezas o por la divina providencia ha demostrado que no repite gobierno con la misma bandera. Si esta decadente clase política no reflexiona, lo más probable es que el cantante y actor de cine Rubén Blades sea el próximo inquilino del Palacio de las Garzas, que, por cierto, goza de todos los méritos.