Política bloquea debate legislativo sobre ley de contrataciones públicas
Casi dos meses después de que el Ejecutivo aprobara el proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y luego de que más de una docena de sectores ofrecieran sus aportes durante las consultas, el pleno de la Asamblea Nacional aún no discute el proyecto en segundo debate.
Este lunes, 11 de abril, cuando se tenía previsto que empezara la discusión del documento aprobado el 16 de febrero pasado por el Gabinete, los diputados no lograron un acuerdo. La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por instrucciones de la dirigencia del partido, p idió devolver a primer debate el proyecto 305, ya aprobado en esa instancia el 31 de marzo pasado.
De esta manera, el gobierno de Juan Carlos Varela mantiene el sistema de contrataciones públicas igual al aplicado durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando se le hicieron al menos siete cambios a la Ley 22 de 2006.
El proyecto, según Carlos Pérez Herrera, secretario general del PRD, fue aprobado de forma apresurada. Mencionó, por ejemplo, que tal y como está redactado, las contrataciones directas podrán hacerse igual que hoy día. Sin embargo, el presidente de la comisión de Economía y Finanzas, Miguel Salas, dijo que el proyecto ya tiene suficiente consenso como para iniciar el debate.
La Asamblea concluye su período de sesiones ordinarias el próximo 30 de abril.
PUGNA POLÍTICA POR LEY
La Asamblea Nacional aún no empieza a discutir en segundo debate el proyecto de ley 305 que reforma la Ley de Contrataciones Públicas, pero la iniciativa ya generó las primeras fricciones entre diputados del oficialista partido Panameñista y del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La disputa política se generó a raíz de que el secretario general del PRD, Carlos Pérez Herrera, comunicara que luego de que los diputados de su partido se reunieran con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, se acordó pedir que el proyecto sea devuelto a primer debate para una mayor consulta.
“Fue aprobado en primer debate de manera apresurada”, añadió el también representante de corregimiento de San Francisco.
Pero, la noticia no fue bien acogida por el panameñista Miguel Salas, presidente de la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, instancia donde la iniciativa recibió el primer debate.
Salas manifestó que “no hay excusa” para no debatir este proyecto en el pleno en segundo y tercer debate. “Todo está prácticamente consensuado”, aseguró el diputado.
EL PRINCIPAL ESCOLLO
Pérez Herrera insiste en que en la propuesta legislativa hay asuntos que deben ser corregidos. Mencionó, por ejemplo, lo que se refiere a las contrataciones directas, modalidad que, dijo, “en la actualidad es usual”, y que “seguirán realizándose de ser aprobado el proyecto 305”. “Eso no ha sido corregido del todo y se puede mejorar mucho más”, añadió.
Otro punto que la bancada perredista exige que se incluya en la iniciativa es la prohibición de participar en actos públicos a aquellas empresas a las que se le haya probado haber cometido ilícitos en Panamá o en cualquier país.
Un aspecto que ha sido motivo de debate por parte de dirigentes de la sociedad civil y de representantes de distintos gremios del país, quienes advierten que si no se incluye este artículo el país pierde mucho.
Tal como está el proyecto, empresas como la constructora brasileña Norberto Odebrecht, cuyo presidente hasta diciembre pasado, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción sistemática en los países donde opera, pueden seguir licitando en el país sin ningún problema.
La constructora Odebrecht tiene proyectos en Panamá que suman más de $9 mil millones y está a un paso de adjudicarse el ambicioso plan de construcción de aceras ($99.5 millones) que promueve la Alcaldía de Panamá.
Otra que se unió a la discusión fue la también perredista Zulay Rodríguez, quien opina que no quieren una “superdirección de contrataciones públicas”, y
explicó que de acuerdo con el proyecto aprobado esta instancia “será juez y parte” en las apelaciones en los actos públicos. La bancada del PRD, dijo Rodríguez, también rechaza que se permita el otorgamiento de las adendas múltiples, tal como ocurre en la actualidad.
Rodríguez comunicó que su copartidaria, la diputada perredista María del Carmen Delgado, “fue la única que se opuso a la aprobación de este proyecto en primer debate”, por lo que se espera que presente un informe de minoría previo al inicio de la discusión de esta propuesta en el pleno.
‘EL PRD ESTÁ EQUIVOCADO’
Salas, por su lado, agregó que “el PRD está equivocado”, y explicó que este proyecto ha sido discutido durante siete meses, en los que se ha conversado con la sociedad civil, los gremios y el Gobierno.
“Y la propuesta estuvo más de un mes en primer debate [en la comisión de Gobierno]”, adujo. “La posición de ellos es obtusa y politiquera. Yo no creo que ese sea el pensar del PRD, en realidad más bien es de un grupo”, precisó.
El proyecto de ley ya fue incluido en el orden del día para su discusión en segundo debate en el hemiciclo legislativo, y según Salas, el inicio de su discusión podría darse hoy, martes.
EL CONTENIDO
La propuesta legislativa 305 llegó al palacio Justo Arosemena el 18 de febrero pasado, luego de que el Ejecutivo le diera las últimas puntadas, y en medio del
clamor ciudadano que exige una reforma a la manera como el Estado contrata, ya que en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) se hicieron, al menos, siete reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
En la sesión del jueves 31 de marzo, donde se aprobó en primer debate la mencionada propuesta, la comisión aprobó 123 artículos, entre los que se destacan la certeza del castigo y multas definidas, así como la eliminación de licitaciones abreviadas, que de acuerdo con algunos diputados permitía la discrecionalidad de funcionarios. Además, se avaló que las consultorías se realicen por licitación y la obligatoriedad de que el funcionario se capacite anualmente, entre otros aspectos.
En un comunicado manifestó, por ejemplo, que si bien el proyecto de ley elimina algunos de los abusos que sirvieron para que fuera mucho más fácil desviar fondos públicos, lo aprobado por la comisión de Economía continúa siendo insuficiente para blindar el sistema de muchas prácticas corruptas, “que seguramente subsistirán, si no se fortalece más el sistema y se establecen mayores mecanismos de transparencia”.