Pérez, el primer funcionario de la era Martinelli condenado
La estrategia legal del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, de acogerse a un proceso abreviado, tuvo resultados.
El exfuncionario fue condenado a 64 meses de prisión (5 años y cuatro meses) por posesión ilegal de armas, delito que tiene una condena mínima de 8 a 10 años.
El juez Oscar Carrasquilla consideró que al acogerse al proceso abreviado, al imputado se le reconoce la rebaja de una tercera parte de la pena, que es de 32 meses, a la pena mínima, que legalmente corresponde a 96 meses.
De esta manera, Pérez se convierte en el primer funcionario del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) en recibir una condena de cárcel.
El juez Carrasquilla también inhabilitó a Pérez para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de la condena. A los 64 meses de cárcel se le debe restar el tiempo que lleva detenido, desde el 12 de enero. Le haría falta cumplir 52 meses: cuatro años y cuatro meses.
Pérez fue detenido en un operativo del Ministerio Público en su residencia, en Amador, por una investigación por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, conocido como escuchas telefónica ilegales.
Durante el allanamiento, a Pérez se le decomisaron tres armas de fuego, incluyendo una minimax y una pistola calibre 38 en su auto.
Por esta causa, se le abrieron dos procesos simultáneos: por escuchas ilegales y por posesión ilegal de armas, este último, a cargo de la Fiscalía Décimo Cuarta Penal.
REGALOS
La defensa, encabezada por la abogada Holanda Polo, argumentó que se trataba de obsequios que Pérez recibió cuando ocupaba el cargo de director de la Policía y una herencia de su padre. Precisó que en el momento del allanamiento, se adelantaban los trámites para la legalización de las armas. También argumentó que el exdirector es un coleccionista de armas.
El juez Carrasquilla consideró que ‘no encuentra causas de justificación que eximan de responsabilidad penal al imputado, del deber de registro de armas no se excluye a ningún ciudadano, aun cuando se ocupen altos cargos en el área de seguridad y orden público…'.
Además, dijo el juez, para coleccionar armas se debe cumplir con las normas que rigen la actividad. ‘La conducta del imputado demuestra que no tenía ánimo ninguno para que la posesión de armas de fuego fuera legal y no transgredir la ley penal', recalca la sentencia.
Durante la investigación también se determinó que una de las armas, de calibre 9 milímetros, pertenecía a la Policía Nacional, incluso tenía inscrito el lema de la entidad, ‘Proteger y Servir', el escudo nacional y el de la Policía Nacional.
La gravedad del delito radica en la falta de registro de las armas, lo que dificulta a los entes de investigación darle seguimiento y, por consecuencia, se complica conocer el responsable, lo que contribuye a la impunidad en caso de ser utilizada, agrega la sentencia.
El juez Carrasquilla consideró que Pérez ‘tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos', y ordenó el decomiso de las armas de fuego.
OTRAS INVESTIGACIONES
En la sentencia, el juez Carrasquilla también ordenó compulsar copias del expediente para que se investigue un posible delito contra la administración pública. Pérez está detenido en El Renacer desde enero en espera del juicio por la investigación por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, audiencia fijada para marzo de 2016.
Por este caso también están llamados a juicio Alejandro Garuz y sus exsubalternos Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes están prófugos de la justicia.
A Pérez y a Garuz se les vincula en el caso de los pinchazos telefónicos, por haber sido secretarios del Consejo de Seguridad, desde donde se intervinieron teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas, entre comunicadores, políticos, empresarios y de la sociedad civil organizada.
A Pérez también se le investiga por la compra y desaparición del equipo de espionaje conocido como Pegasus.