Panamá y los papeles de Mossack y Fonseca

He valorado mucho escribir sobre esta temática que afecta a nuestro país en diversas formas, pero además constituye una inflexión para valorar los caminos del mundo, los sistemas económicos globales y el interés de la población istmeña. Quisiera decir que nuestro sistema de servicios financieros se fundamenta en un modelo de economía abierta, con el que facilitamos los negocios internacionales y servimos de plataforma a la circulación del capital, garantizando, con ello, un centro financiero internacional, un Canal ampliado que requiere más fuentes hídricas, una estructura de reexportación logística y de conectividad, además de una burbuja inmobiliaria que se vincula a un proyecto turístico rentista y no ecológico actualmente.

Por estas razones, las prioridades del modelo de crecimiento no están ligadas al desarrollo agropecuario, ni a inversiones en los servicios ambientales y producción alimentaria; es decir, a un modelo primario de producción, sino a lo que tradicionalmente hemos explotado: un Panamá de tránsito, de economía de servicios y donde el producto interno bruto está determinado por ese impacto del comercio y los servicios. Este sistema económico se asienta en un capitalismo internacional, en el que la conectividad, el emprendimiento y el riesgo son premiados por la ganancia, sin que ello implique un compromiso con los principios de solidaridad, desarrollo social y transparencia.

Desde este contexto y marcados por un capitalismo salvaje, nuestros servicios financieros internacionales y las corporaciones jurídicas ligadas al negocio “societal” offshore, han venido participando agresivamente y han logrado forjar inmensas fortunas, aprovechando las reglas de un mercado aséptico. Por ello, cuestionar la naturaleza legal del comercio de sociedades offshore, sería enfilar contra la naturaleza del modelo capitalista de servicios que tenemos en Panamá. No hay duda de que aquí emerge todo un debate axiológico, que deberemos abordar adecuadamente y que en este momento reclama una propuesta alternativa de interés nacional, frente a este modelo que subyace con una voracidad teratológica.

En ese universo de la competencia y del negocio societario, los países del club de los ricos, han definido los caminos de Panamá, pero además tenemos que aceptar que hay un desafío global del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico internacional. ¿Desmontamos nuestro sistema o establecemos ajustes sin matar ese modelo abierto? ¿Podemos hacerlo bilateralmente con cada país o tenemos que aceptar las reglas del club de los países ricos? Tal parece que ese será nuestro dilema, pues nos movemos en las reglas del mercado y de la centralización del capital. ¿Podemos apuntarnos un cascabel al gato? Solos no podemos, pero además el modelo social económico, no lo permite, pues estamos en mundo global, donde la fuerza del capital, sin valores ni principios, se fundamenta en el consumo irracional y la acumulación desenfrenada.

Los papeles Mossack y Fonseca son una expresión de ese torrencial aparato de acumulación en el que no están presentes los valores de solidaridad, amor a la patria, desprendimiento por los más pobres, sino un juego impuesto por las reglas de un mercado, en el que el riesgo se mide por la capacidad de venta o la pérdida de esa oportunidad.

Todo este escenario nos lleva, a los ciudadanos del norte y del sur, a construir una agenda basada en el derecho internacional y los derechos humanos; proponiendo una fórmula de paz y respeto a la dignidad humana, no solo individual sino de los pueblos. Un derecho contra el cambio climático, un derecho alimentario, un derecho en que el respeto al secreto profesional de los abogados no esté en contradicción con el derecho de los pueblos y de las futuras generaciones. Un derecho internacional para construir procesos basados en principios y valores, tanto en el ámbito interno de cada país, como en el ámbito de conflictos globales.

Destacamos que Panamá ha estado realizando regulaciones en temas del blanqueo de capitales, terrorismo (hasta somos parte de una coalición antiterrorista) y otras medidas. Por ello, impulsar investigaciones respetuosas del debido proceso no debe ser óbice para que el Estado de derecho sea solo una fórmula técnica, sino de compromiso político con la justicia y la verdad.

Debemos construir nuestra estrategia de país, pero no solo para conversar con los sectores de los servicios financieros internacionales, sino a todos los sectores del país; un diálogo que frente los malos nubarrones nos agarren unidos para refrescar la esperanza. Una estrategia que no se agota en los papeles de Mossack y Fonseca, sino en los temas del agua potable para todas las personas del país; nuevos recursos hídricos para el Canal y su impacto a los campesinos de la costa abajo de Colón; un diálogo con los productores enfrentados al exterminio provocado por el cambio climático; una estrategia de seguridad no solo contra el crimen organizado, sino contra los acaparadores de tierra, y de fincas privadas robadas; una rendición de cuentas de instituciones públicas paralizadas y dañadas; un diálogo con la juventud a partir de una transformación educativa. ¿Y dónde quedó la asamblea constituyente? Es decir, un diálogo en el que haya liderazgo y confianza. Una decisión de Estado y de la sociedad, para articular, dentro del modelo imperante, las bases de una alternativa inclusiva, anticorrupción, democrática y con una profunda cultura de paz, respetuosa de los derechos humanos.