Pacto de Estado reitera solicitud a la Corte
La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia está a la espera de que el magistrado José Ayú Prado, presidente de la Cote Suprema de Justicia, explique la designación de 931 funcionarios que forman parte del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en calidad de jueces.
Rigoberto González, procurador de la Administración y coordinador del Pacto de Estado por la Justicia, remitió una nota a Ayú Prado el 3 de agosto en la que pregunta cuál fue el sustento legal que se siguió para no hacer dichos nombramientos conforme a lo previsto en la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.
RIGOBERTO GONZÁLEZ
‘El magistrado presidente de la Corte ha expresado que va a responder'
COORDINADOR DE LA COMISIÓN
En vista de no tener respuesta de parte del magistrado Ayú Prado, González ha reiterado la solicitud.
La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia espera tener, el miércoles 31 de agosto, una respuesta del magistrado presidente de la Corte.
La solicitud se ha hecho tomando en consideración que el SPA empieza a funcionar en el Primer Distrito Judicial –Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas— el próximo 2 de septiembre. Su entrada en vigencia mantiene un retraso.
La Comisión, también está a la espera de información sobre cuántos de los 931 nuevos funcionarios fueron designados por el pleno de la CSJ y cuántos por la Sala Cuarta de Negocios Generales, integrada por Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega.
Igualmente, la Comisión espera conocer cuáles nombramientos recayeron sobre asistentes de los magistrados de la CSJ.
AYÚ PRADO REACCIONA
El presidente de la Corte aseguró que responderá a la misiva de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia en el tiempo que establece la ley, que dispone un plazo de 30 días para hacerlo.
Sin embargo, el magistrado Ayú Prado, en declaraciones a los medios de comunicación social, afirmó que entre enero de 2015 y julio de 2016 el Órgano Judicial ha insistido en solicitar los recursos que se requieren para el funcionamiento de la Carrera Judicial.
Añadió que la Corte no ha recibido los créditos adicionales al presupuesto para implementar la Carrera Judicial.
Ayú Prado rechazó que, como se ha divulgado, la Corte Suprema de Justicia haya recibido en el año 2015 de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, una partida extraordinaria de $10 millones para la aplicación de la Ley 53, la cual incluye la Carrera Judicial.
La Corte Suprema ya anunció que un total de 292 funcionarios, entre jueces de garantías de juicio oral, cumplimiento y comarcales, defensores del imputado y de la víctima, fueron nombrados interinamente por el pleno de la Corte para laborar en el SPA a partir del 2 de septiembre, que ya rige en el resto del país.