Nueva querella penal contra los diputados de Credenciales

En la Corte Suprema de Justicia reposan dos demandas contra los diputados de la Junta Directiva de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

La primera está en manos del magistrado de la Corte Hernán De León Batista, a quien le correspondió el expediente. La segunda llegó del separado juez penal de Adolescentes de Colón, Juan Domingo Ibarra.

LAS DENUNCIAS DE AYÚ PRADO

La Asamblea investiga a los magistrados y estos a los diputados

El magistrado José Ayú Prado ordenó una investigación y concluyó con la separación del cargo del Juez Domingo Ibarra.

Los ocho casos, que presentó entre 2014 y 2015 el juez suspendido Ibarra, en la Asamblea fueron acumulados en un solo expediente y, el miércoles 16 de marzo fue archivado.

Esta última llegó a la Corte, ayer, y fue presentada por el abogado Euclides Castillo.

El representante legal del separado juez querelló a los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha y Katleen Levy, y además al diputado de CD Ronny Araúz.

En la demanda interpuesta por el abogado, se acusa a los diputados, y a quienes salgan responsables, por la supuesta ‘sustracción de documentos públicos, destrucción de pruebas y/o expedientes'.

Además, se señala a los diputados, según el abogado Castillo, de ‘delitos contra la fe pública y/o delitos contra el encubrimiento'.

Ahora la Secretaría del Órgano Judicial debe realizar el reparto de expediente para que uno de los magistrados analice, si se admite o no la denuncia.

Los magistrados de la Corte, establece la Constitución Política de República, deben investigar y procesar a los diputados.

La primera denuncia presentada ante la Corte debe ser analizada por el magistrado De León, según se tiene registrado en el reparto de expedientes.

La denuncia también es contra los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha y Katleen Levy, y contra el diputado del CD Ronny Araúz, por presuntas irregularidades que culminaron con el archivo de las denuncias presentadas contra el magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado.

Dentro de la denuncia, interpuesta en la Corte, se pide investigar y procesar a Arrocha, Levy y Araúz, luego que ‘desaparecieran importantes pruebas dentro de seis de los ocho principales expedientes seguidos contra el magistrado Ayú Prado', aducen los denunciantes.

RECURSO DE NULIDAD

Por otro lado, Ibarra presentó un recurso de nulidad contra la decisión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que archivó una denuncia presentada contra el magistrado de la CSJ, Ayú Prado.

El recurso, que fue interpuesto en la Secretaría General del legislativo, detalla que los diputados desestimaron el recurso sin ver las pruebas originales y sin analizar la documentación, señaló.

El juez Ibarra acusó a Ayú Prado de los delitos de infracción de servidores públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Los ocho casos, que presentó entre 2014 y 2015 el juez suspendido Ibarra, a través de sus abogados David Sittón Burgos y Euclides Castillo, fueron acumulados en un solo expediente y, el miércoles 16 de marzo, fueron archivados por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, alegando falta de pruebas, bajo la figura denominada ‘elementos de convicción.

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