Nepotismo en el Tribunal Electoral
En la actual coyuntura en que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) se encuentran en el ojo de la ciudadanía por casos de nepotismo, es prudente acotar algunos aspectos que subyacen bajo la superficie y que tienen igual o más importancia que el tema en discusión a nivel mediático.
Partiendo de la premisa de que las prácticas de nepotismo y similares deben ser rechazadas y erradicadas en nuestro país, vengan de donde vengan, valoramos que la actitud de los magistrados del TE ha sido la correcta, al reconocer lo errado de esa situación e iniciar los correctivos pertinentes. Frente a esta realidad, podemos señalar que muy diferente a las medidas para aplicar correctivos, ha sido la actitud de los personeros del gobierno de Juan Carlos Varela, que ante estos señalamientos intentaron primero evadir la responsabilidad y no fue hasta que la presión ciudadana los acorraló, que tomaron la decisión de atender el problema, por lo menos superficialmente.
Más allá de esta circunstancia coyuntural, es imprescindible recordar que los magistrados y funcionarios del TE fueron pieza clave para detener la caída al despeñadero que implicaba la reelección disfrazada de Ricardo Martinelli y su camarilla de corruptos. El TE fue una de las pocas instituciones del sistema democrático que no cayó en las garras del régimen anterior, gracias a su valentía, honestidad y capacidad demostrada en múltiples ocasiones, antes y durante las elecciones.
A pesar de que los reclamos a esta entidad electoral respecto al nepotismo son válidos, debemos analizar a fondo la coyuntura y percatarnos de que es utilizada como una estrategia de desacreditación institucional por parte de los alabarderos de Martinelli para minar su credibilidad, en primera instancia, y seguir con el resto de los componentes de nuestro frágil estado de derecho.
La estrategia a largo plazo de Martinelli y sus esbirros, tiene como condición sine qua non, corroer las bases institucionales del sistema democrático (tal como lo materializaron desde el ejercicio autoritario del poder público durante su mandato), pero ahora lo intentan de forma directa desde su conglomerado mediático, más que a través de sus representantes políticos electos.
La estrategia es sencilla: en el corto plazo, desprestigian a las instituciones para restarle autoridad ante la ciudadanía, de forma que las investigaciones en su contra pierdan fuerza y se vean como persecución política. En el mediano plazo, intentan recuperar parte del capital político perdido, con miras a las elecciones del año 2019, aprovechando el ya conocido desgaste gubernamental y el respectivo voto castigo.
No perdamos de vista, en ningún momento, que intereses oscuros vinculados al régimen anterior están al acecho de cualquier oportunidad para aprovechar las válidas exigencias ciudadanas, como fachada para impulsar su estrategia de sobrevivencia y reacomodo político–mediático. Si mantenemos encendida la luz de la transparencia y la rendición de cuentas, pondremos a raya a esas fuerzas oscuras que por todos los medios tratan de recuperarse.