Necesidad de políticas migratorias integrales
Las políticas migratorias son las regulaciones que implementan los Gobiernos frente a las migraciones, o sea al desplazamiento de personas que quieren entrar de un Estado a otro, para quedarse a trabajar y a vivir. Mediante ellas, se establecen si existirán o no límites y controles para el ingreso y permanencia de los inmigrantes.
El reciente ingreso de migraciones masivas, procedentes principalmente de Cuba y del continente africano, de manera eufemística llamados ‘extracontinentales ' ha abierto de nuevo la discusión sobre las políticas migratorias y si estamos, como país, tomando las acciones pertinentes y adecuadas para enfrentar esta problemática.
Parto por decir que el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de controlar su territorio y asegurarse de que los extranjeros que ingresan, pasan y salen del país lo hagan de una manera que no afecte su integridad, su economía y la seguridad de los que aquí habitan. Para nada es una tarea fácil. Por el mundo pululan miles de extranjeros en búsqueda de lugares en donde asentarse y hacer una nueva vida como emigrantes, pero también los hay quienes procuran aprovechar las circunstancias para la comisión de delitos.
La principal falla de Panamá en el ámbito migratorio es que no tenemos una política clara, definida y consensuada sobre cómo resolver los problemas de los que terminan siendo, sin su intención, refugiados en nuestro país y que tendrían que quedarse bajo el amparo humanitario panameño sin legalizarse. Se constituyen, al final, en una pesada carga para el Estado.
El ingreso masivo de cubanos y los procedentes de países del continente africano, en su gran mayoría, no tienen el interés de permanecer en nuestro territorio. Su objetivo es llegar a EE.UU. y asentarse en ese país, que tiene políticas disímiles que promueven migraciones masivas a través de la Ley de Ajuste Cubano y normas que estimulan la emigración de Cuba hacia EE.UU., incluida la política Pies secos-Pies mojados, que ponen en entredicho a miles de cubanos que aspiran establecerse allá, que quedan atascados en su trayecto hacia ese destino, convirtiéndose en refugiados temporales con derecho a la protección humanitaria ordenada por los Convenios Internacionales.
En recientes semanas Costa Rica ha expulsado, de su territorio al nuestro, a decenas de inmigrantes provenientes de África y ha impedido el acceso a los cubanos que intentan seguir viaje hacia EE.UU. La expulsión, a nuestro juicio, constituye una violación a la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin prueba o evidencia alguna, de que los migrantes africanos hubiesen transitado y entrado por suelo panameño, los detuvo y envió a Panamá sin ningún tipo de trámite migratorio y fueron dejados del lado panameño, causando también zozobra a los panameños residentes en el área de la frontera.
Las principales autoridades gubernamentales no han mostrado de manera enfática rechazo a las acciones de Costa Rica. Todo ello sucedió luego de un exitoso puente aéreo de más de mil inmigrantes cubanos hacia México, facilitándose así su viaje hacia EE.UU. Panamá no supo anticipar el efecto de atracción de nuevas migraciones irregulares que surgirían de facilitar esta solución migratoria inicial. Además, se toleró que los inmigrantes acantonados en nuestra frontera occidental asumieran posiciones de fuerza, al tiempo que no hubo medidas efectivas para evitar más ingresos desde la frontera con Colombia.
El Gobierno nacional se encuentra en una coyuntura complicada. No puede ni expulsar ni devolver a los inmigrantes, en aplicación del principio consagrado en Convenios Internacionales de Derechos Humanos de No Devolución forzosa a un país donde su seguridad o supervivencia estén amenazadas. Su responsabilidad pasa por garantizar la admisión segura de los que entran al país en estas corrientes migratorias irregulares, lo que puede llevar al otorgamiento de asilo. Su instalación temporal en el campamento de Gualaca debe ganar tiempo para encontrar una solución definitiva al problema. Ello solo ocurrirá cuando el Gobierno nacional, haciendo gala de su ingenio diplomático, convoque a una Cumbre de los países involucrados para encontrar, entre todos, la solución necesaria en estos momentos.
Hay quienes dicen que todo esto comenzó con las ferias migratorias del Programa Crisol de Razas. No comparto esa opinión. Pero lo cierto es que la población panameña rechazó de manera firme la posibilidad de continuar dicho programa y demandó un ordenamiento en la legislación migratoria. Se adelantaron varias iniciativas, pero no se ha podido llegar a ese fin. Es hora de que ello se enfrente de una manera decisiva.