Magistrados tendrán que enfrentar nueva demanda penal
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, Hernán De León y José Luis Fábrega enfrentan una nueva causa penal por supuesto ‘abuso de autoridad, infracción de deberes de los funcionarios públicos y usurpación de funciones’.
La denuncia, presentada ayer ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, incluye una solicitud de separación del cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los tres jueces, según el recurso legal, rehúsan aplicar la Ley 53 de 2015 que regula la Carrera Judicial.
Magaly Castillo y Rafael Candanedo, quienes firmaron la denuncia, advirtieron que los tres magistrados han ignorado su deber legal e imponiendo su voluntad sobre la ley dirigieron la convocatoria, entrevistaron, seleccionaron y nombraron de forma ilegal e inconstitucional a cerca de seiscientos funcionarios.
Ante esta acción, Castillo y Candanedo solicitan a la autoridad competente, en este caso la Asamblea Nacional, la suspensión del cargo de los tres magistrados mientras transcurra la investigación, ante el peligro de pérdida o destrucción de evidencias.
REPERCUSIÓN LEGAL
‘Estos casi seiscientos nombramientos arbitrarios tienen graves consecuencias porque con ello se compromete la independencia funcional de los magistrados y jueces a cargo de los tribunales y juzgados para los que trabajan funcionarios designados por magistrados integrantes de la Sala Cuarta de Negocios Generales’, se establece en la denuncia.
El documento añade que ‘sobre todo porque el personal de apoyo judicial se integra de subalternos de la Sala Cuarta de Negocios Generales y en su actuar deben naturalmente reportar a quien funge como autoridad nominadora, con lo cual se resquebraja y debilita aún más nuestra institucionalidad’, señala el documento recibido en el Legislativo y que debe ser remitido a la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Jorge Alberto Rosas, para su respectivo trámite.
Los denunciantes añaden que la Sala Cuarta de Negocios Generales termina dictando órdenes al personal que debería ser subalterno y de apoyo de los jueces y magistrados a cargo de los tribunales y juzgados de todo el país. Ello sin olvidar que además ‘esta conducta antijurídica es una clara intromisión en los despachos y funciones que los magistrados y jueces deben realizar con independencia judicial’.
Castillo y Candanedo resaltan que la ‘independencia Judicial es una condición fundamental para el ejercicio de la judicatura’.
CARRERA JUDICIAL
La lucha empezó en 2005 por declaraciones de Adán Arnulfo Arjona
La Ley de Carrera Judicial se aprobó en 2015 luego de varios años de lucha de diversos sectores.
Los magistrados nombraron a los funcionarios alegando que no había dinero.
Consideran los denunciantes y así lo dejaron plasmado en la denuncia, que si los jueces no son independientes, no podrán resolver de acuerdo a la Constitución y la Ley, sino que estarán sometidos a razonamientos y circunstancias que no deben ser causantes de la decisión judicial, como el miedo a la represalia o a perder el empleo.
Castillo dijo que no tienen confianza en una investigación que los diputados vayan a realizar a los magistrados, pero acudieron a la Asamblea por ser éste el Órgano al que constitucionalmente le corresponde tal función.
La Ley de Carrera Judicial fue aprobada en septiembre de 2015.
Los nombramientos de la Carrera Judicial, según el magistrado presidente de la Corte, Ayú Prado, se decidieron por la falta de presupuesto para la implementación de la Carrera Judicial.
Los magistrados Harry Díaz y Ayú Prado se han enfrentado por la implementación de la Carrera Judicial, al punto que el primero acusó al segundo de no querer implementar la norma legal.
